Provinciales
La burocracia de Prefectura en el control de buques frena la actividad fluvial
Los informes técnicos, la demora en la tramitación de expedientes y la metodología de trabajo de la fuerza atentan contra las fuentes de trabajo en los ríos interiores.
POSADAS. La demora en la inspección y otorgamiento de la autorización técnica para que los buques y embarcaciones puedan navegar genera malestar entre armadores, profesionales, navegantes y empresarios que se ven imposibilitados de desarrollar sus tareas, en algunos casos, hasta por 180 días.
Los afectados apuntan directamente a la Prefectura Naval Argentina (PNA), que es la encargada de regular la actividad naval y náutica en el país a través de la Policía de Seguridad de la Navegación (Polinave), órgano que aprueba las condiciones técnico-operativas de las embarcaciones.
La Polinave es la que finalmente debe expedir el Certificado de Navegación que otorga idoneidad al buque para el cumplimiento de funciones con los denominados Elementos Técnicos de Juicio (ETJ), en cada una de las jurisdicciones de la fuerza, en este caso en Misiones.
Sin embargo, desde hace algún tiempo, la autoridad comenzó a exigir los ETJ a los buques mercantes de navegación marítima o fluvial, a fin de contar con información necesaria en caso de accidentes como colisiones, hundimientos e incendios a bordo.
Prefectura, una máquina de impedir
Una de las marañas de la burocracia que afecta al sector está centrado en que la exigencia de los ETJ se aplica también a los buques de más de 90 años de antigüedad y que en mayoría integran el padrón mercante fluvial, pero que no figuraban en los archivos.
A raíz de esa situación, la PNA exigió a los armadores la actualización de la documentación requerida, pero pronto se generalizó la Prohibición de Navegar expedida por la autoridad ante la imposibilidad de presentar los papeles, en casos de buques con más de 70 años de funcionamiento con permisos de la misma fuerza.
La consecuencia inmediata fue una catarata de presentaciones para la “actualización de ETJ”, lo cual desbordó a la División Técnica Naval, desatándose una espiral de demoras en las resoluciones, con el agravante de que los buques deben permanecer en puerto y con prohibición de navegar.
Como contrapartida, ante la acumulación de expedientes, a las demoras les siguió una llamativa celeridad que se caracterizó por una innumerable cantidad de análisis con resultados negativos, ya que se basó en cuestiones cuantitativas y no cualitativas del estado técnico de la embarcación.
Esa operación, además de incrementar el tiempo de inactividad de las embarcaciones, derivó en resultados erróneos que después debieron ser enmendados, dejando en evidencia lo ineficaz del método elegido y en perjuicio de la actividad.
Demoras de hasta 180 días
Un parámetro del problema provocado por la burocracia en cuestión resulta palpable si se tiene en cuenta que, desde el ingreso por mesa de entradas de un expediente hasta la resolución de la División Técnica Naval, pueden transcurrir hasta 180 días.
“En ese lapso el buque continúa amarrado y sin poder operar. Y ni hablar si el trámite en cuestión, o cualquier otro, se origina en alguna de las jurisdicciones de la Prefectura, ya que es evidente que existe una fuerte desconexión entre Buenos Aires y el interior a la hora de iniciar una gestión”, explica un empresario misionero cuyos barcos están parados en los puertos de San Ignacio y Eldorado sin poder trabajar.
“La reserva de los nombres de los empresarios y técnicos armadores es porque todos debemos volver a hacer trámites a la misma oficina. Pero algo tiene que cambiar”, reclamó otro empresario con su buque amarrado en el puerto de Santa Ana.
La lentitud de los trámites parece abonada por la “escasa cantidad de técnicos y, por lo tanto, desbordado en forma permanente mientras se privilegian los mandatos a la distancia de Buenos Aires o en forma dubitativa, debido al desconocimiento de las realidades regionales”, señaló el técnico armador consultado.
Grandes perjuicios
El cuadro descrito, pero desconocido desde el centralismo, “se traduce en perjuicios considerables a la navegación fluvial por ríos interiores, ya que gran parte de las embarcaciones responden a pequeñas pymes o emprendedores de recursos limitados que tienen ahí su medio de vida”, analizó otro empresario del sector de la navegación que mantiene en pie su estructura merced a la gran flota de camiones para transportar arena.
Una alternativa para la problemática planteada por la tramitación de los ETJ o documentaciones similares podría ser el requerimiento gradual por parte de la autoridad, con plazos que no incidan en la actividad que realiza el buque, en los casos que corresponda la actualización.
A pesar de la gravedad de la situación, en el centro de la escena quedan los profesionales o los armadores, “mientras la Prefectura pareciera que no asume su responsabilidad, ya que se encuentra envuelta en una tarea burocrática que atenta contra la subsistencia de la actividad y, en consecuencia, contra la fuente de trabajo de miles de personas”, concluyó el análisis.
En la tarde de hoy, productores yerbateros de distintos puntos de la provincia se reunieron frente a la cooperativa tabacalera de San Vicente, sobre ruta 14, para evaluar medidas de fuerza ante la crisis económica que atraviesa el sector, entre las cuales acordaron declarar la emergencia yerbatera y reducir la cosecha de verano.
Luego de poco más de dos horas de discusión, los productores presentes oriundos de San Pedro, Eldorado, El Soberbio, Fracrán, 25 de Mayo, Pozo Azul, San Vicente, entre otras localidades, aprobaron la propuesta de los legisladores presentes de declarar la emergencia yerbatera en la provincia de Misiones, mediante una sesión extraordinaria.
Al mismo tiempo, decidieron, por mayoría, “cosechar la menor cantidad de kilos posible” de cara a la zafriña (cosecha de verano), en reclamo de un precio justo para la hoja verde, considerando que, si bien el precio de referencia ronda los $423,99, actualmente los secaderos y molinos pagan alrededor de $180 por kilo al productor.
A su vez, ante los numerosos atrasos e intercambios por cheque, solicitaron la inmediata “regularización de pagos y garantía de trabajo digno”, como reclamos directos al sector industrial, aunque también buscan respuestas por parte del Estado.
La asamblea fue convocada para las 15 por la Asociación Misionera de Productores de Yerba Mate (Ampym), y también fueron invitados funcionarios provinciales, de los cuales participaron; el diputado del Partido Agrario y Social, Cristian Castro, el electo Ramón Amarilla, el concejal de Posadas por la Unión Cívica Radical (UCR) Francisco Fonseca, el intendente de Colonia Aurora Carlos Goring, entre otros.
En ese contexto, reclamaron que no estuvieron presentes el intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez, como tampoco el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, por lo que, ante la “inacción de la cartera agraria” no descartan realizar una marcha hacia la Legislatura el próximo 10 de diciembre.
La crisis del sector se desató tras la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia 170/23 impulsado por el presidente, Javier Milei, y terminó por eliminar las facultades y el regular funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
En 2024 fueron varios los proyectos que arribaron a la Legislatura misionera a fin de poner en marcha un instituto provincial de la yerba mate, aunque hasta el momento no hubo ningún tipo de avances.
La situación se agudizó en los últimos meses, ante la falta de cumplimiento del precio de referencia de la hoja verde y la yerba canchada, los cuales no cubren los costos reales de producción ni garantiza la continuidad del trabajo de miles de familias rurales.
Acta firmada por productores yerbateros en San Vicente
Adhesión de autoconvocados
Por su parte, un grupo de productores yerbateros autoconvocados de Jardín América fue más radical al anunciar el paro total de la zafriña.
A través de un breve comunicado, manifestaron: “Las asociaciones y productores firmantes se oponen al levantamiento de la cosecha de verano (zafriña), ya que los precios actuales no aseguran la sustentabilidad mínima para los productores”.
Al mismo tiempo, consideraron que la caída del valor de la hoja verde podría conllevar a la degradación de la calidad del producto, afectando aún más los precios.
“Esta medida podría introducir yerba mate barata, lo que bajaría aún más los precios de la materia prima, generando incertidumbre en el mercado yerbatero. Hacemos un llamado a la unidad de todos los productores para alcanzar los objetivos”, concluyeron.
Ampym convoca a funcionarios a asamblea yerbatera el jueves en San Vicente
Luego de que el gobierno de la provincia de Misiones decretara asueto administrativo para el lunes 1 de diciembre, en el marco del aniversario por el natalicio del prócer misionero Andrés Guacurarí, el Poder Judicial comunicó que no adherirá.
Lo hizo a través de un breve comunicado titulado: “Honrar la labor del Prócer Misionero trabajando”, y resaltó: “El Poder Judicial de Misiones no adherirá al asueto del 1 de diciembre”.
Inicialmente el asueto administrativo alcanzaba al mencionado organismo, junto al Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, entes autárquicos y descentralizados, instituciones bancarias y organismos nacionales con asiento en la provincia.
Si bien el aniversario Nº 247 es el domingo 30 de noviembre, el cese de actividades se hará efectivo el día lunes 1 de diciembre.
La Asociación Misionera de Productores de Yerba Mate (Ampym) convocó a autoridades competentes en materia agropecuaria y yerbatera a la asamblea que se llevará a cabo el próximo jueves a las 15 en ruta 14, frente a la cooperativa tabacalera de San Vicente, con el objetivo de “abordar la grave situación que atraviesa el sector”.
A través de un comunicado, los miembros de Ampym, manifestaron: “Durante los últimos meses, la realidad económica que enfrentan los productores se ha tornado insostenible, producto de la falta de cumplimiento del precio justo de la hoja verde y la yerba canchada, valor que hoy no cubre los costos reales de producción ni garantiza la continuidad del trabajo de miles de familias rurales”.
A lo que añadieron: “La creciente cantidad de cheques rechazados por falta de fondos, situación que está generando endeudamiento, pérdida de liquidez y riesgo de quebranto entre los productores primarios”.
Frente a este escenario, consideraron que “no están dadas las condiciones para iniciar la cosecha de la zafriña durante el mes de diciembre, ni la cosecha gruesa, mientras no exista una respuesta concreta y garantizada respecto al precio oficial y a la normalización inmediata de los pagos adeudados”.
El precio de referencia para la producción -fijado meses atrás por el Inym- es de alrededor de $423,99 por kilo de hoja verde, sin embargo, los productores denuncian que en la práctica están recibiendo solo $180 por kilo en algunas localidades.
Por este motivo, solicitaron formalmente a los representantes legislativos y autoridades del área competente a que participen de la reunión el próximo jueves a las 15 en San Vicente, donde prevén analizar la situación económica y productiva actual del sector yerbatero, plantear medidas inmediatas que garanticen el cumplimiento del precio justo y la cobertura plena de los costos de producción, exigir la cancelación de los cheques pendientes y la restitución de la cadena de pagos y establecer criterios conjuntos sobre el inicio o la postergación de la cosecha.
“La crítica situación amerita la presencia y el compromiso activo de quienes tienen responsabilidad institucional en el diseño y control de las políticas públicas del sector”, enfatiazron desde Ampym.
De esta manera, la reunión será de carácter institucional y tendrá como eje central plantear la crisis yerbatera que comenzó a desatarse desde la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia 170/23, tras la asunción del presidente Javier Milei, lo que afectó el regular funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), acelerando la caída del precio de la hoja verde dentro de uno de los eslabones más bajos de la cadena productiva.
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