Provinciales
La burocracia de Prefectura en el control de buques frena la actividad fluvial
Los informes técnicos, la demora en la tramitación de expedientes y la metodología de trabajo de la fuerza atentan contra las fuentes de trabajo en los ríos interiores.
POSADAS. La demora en la inspección y otorgamiento de la autorización técnica para que los buques y embarcaciones puedan navegar genera malestar entre armadores, profesionales, navegantes y empresarios que se ven imposibilitados de desarrollar sus tareas, en algunos casos, hasta por 180 días.
Los afectados apuntan directamente a la Prefectura Naval Argentina (PNA), que es la encargada de regular la actividad naval y náutica en el país a través de la Policía de Seguridad de la Navegación (Polinave), órgano que aprueba las condiciones técnico-operativas de las embarcaciones.
La Polinave es la que finalmente debe expedir el Certificado de Navegación que otorga idoneidad al buque para el cumplimiento de funciones con los denominados Elementos Técnicos de Juicio (ETJ), en cada una de las jurisdicciones de la fuerza, en este caso en Misiones.
Sin embargo, desde hace algún tiempo, la autoridad comenzó a exigir los ETJ a los buques mercantes de navegación marítima o fluvial, a fin de contar con información necesaria en caso de accidentes como colisiones, hundimientos e incendios a bordo.
Prefectura, una máquina de impedir
Una de las marañas de la burocracia que afecta al sector está centrado en que la exigencia de los ETJ se aplica también a los buques de más de 90 años de antigüedad y que en mayoría integran el padrón mercante fluvial, pero que no figuraban en los archivos.
A raíz de esa situación, la PNA exigió a los armadores la actualización de la documentación requerida, pero pronto se generalizó la Prohibición de Navegar expedida por la autoridad ante la imposibilidad de presentar los papeles, en casos de buques con más de 70 años de funcionamiento con permisos de la misma fuerza.
La consecuencia inmediata fue una catarata de presentaciones para la “actualización de ETJ”, lo cual desbordó a la División Técnica Naval, desatándose una espiral de demoras en las resoluciones, con el agravante de que los buques deben permanecer en puerto y con prohibición de navegar.
Como contrapartida, ante la acumulación de expedientes, a las demoras les siguió una llamativa celeridad que se caracterizó por una innumerable cantidad de análisis con resultados negativos, ya que se basó en cuestiones cuantitativas y no cualitativas del estado técnico de la embarcación.
Esa operación, además de incrementar el tiempo de inactividad de las embarcaciones, derivó en resultados erróneos que después debieron ser enmendados, dejando en evidencia lo ineficaz del método elegido y en perjuicio de la actividad.
Demoras de hasta 180 días
Un parámetro del problema provocado por la burocracia en cuestión resulta palpable si se tiene en cuenta que, desde el ingreso por mesa de entradas de un expediente hasta la resolución de la División Técnica Naval, pueden transcurrir hasta 180 días.
“En ese lapso el buque continúa amarrado y sin poder operar. Y ni hablar si el trámite en cuestión, o cualquier otro, se origina en alguna de las jurisdicciones de la Prefectura, ya que es evidente que existe una fuerte desconexión entre Buenos Aires y el interior a la hora de iniciar una gestión”, explica un empresario misionero cuyos barcos están parados en los puertos de San Ignacio y Eldorado sin poder trabajar.
“La reserva de los nombres de los empresarios y técnicos armadores es porque todos debemos volver a hacer trámites a la misma oficina. Pero algo tiene que cambiar”, reclamó otro empresario con su buque amarrado en el puerto de Santa Ana.
La lentitud de los trámites parece abonada por la “escasa cantidad de técnicos y, por lo tanto, desbordado en forma permanente mientras se privilegian los mandatos a la distancia de Buenos Aires o en forma dubitativa, debido al desconocimiento de las realidades regionales”, señaló el técnico armador consultado.
Grandes perjuicios
El cuadro descrito, pero desconocido desde el centralismo, “se traduce en perjuicios considerables a la navegación fluvial por ríos interiores, ya que gran parte de las embarcaciones responden a pequeñas pymes o emprendedores de recursos limitados que tienen ahí su medio de vida”, analizó otro empresario del sector de la navegación que mantiene en pie su estructura merced a la gran flota de camiones para transportar arena.
Una alternativa para la problemática planteada por la tramitación de los ETJ o documentaciones similares podría ser el requerimiento gradual por parte de la autoridad, con plazos que no incidan en la actividad que realiza el buque, en los casos que corresponda la actualización.
A pesar de la gravedad de la situación, en el centro de la escena quedan los profesionales o los armadores, “mientras la Prefectura pareciera que no asume su responsabilidad, ya que se encuentra envuelta en una tarea burocrática que atenta contra la subsistencia de la actividad y, en consecuencia, contra la fuente de trabajo de miles de personas”, concluyó el análisis.
En la tarde de hoy, la rápida intervención de Bomberos Voluntarios permitió controlar un foco ígneo en una zona rural y evitó que las llamas se propagaran hacia sectores productivos cercanos en un contexto de sequía generalizada y riesgo extremo de incendios en toda la provincia.
El hecho se registró cerca de las 15 en inmediaciones de la ruta 8, kilómetro 4 de Campo Grande, dentro de una chacra de la zona, donde los bomberos desplegaron tareas para contener, controlar y extinguir el principio de incendio forestal.
Si bien realizan las pericias correspondientes a fin de confirmar el origen del foco ígneo, desde el Ministerio de Ecología recordaron que, al igual que la semana pasada, a lo largo y ancho de la provincia las condiciones climáticas continúan caracterizándose por calor sofocante y sequía, debido al bloqueo atmosférico.
Tanto la ola de calor que llevó a temperaturas de 38º en las ciudades misioneras más calurosas, como la ausencia de lluvias en la región, generan condiciones de peligro extremo de incendios.
Por ese motivo, se encuentra prohibida toda quema o actividad que pueda provocar el inicio de focos ígneos. La medida se extiende a las tareas de limpieza de malezas en chacras y los mantenimientos domiciliarios en áreas urbanas, donde queda estrictamente prohibida la quema de basura.
En el mismo sentido, recuerdan no arrojar vidrios, residuos o colillas en áreas verdes y pastizales, ya que estos elementos pueden actuar como iniciadores de fuego bajo el sol intenso.
Asimismo, recomiendan mantener las propiedades limpias de ramas y pastizales altos para reducir la carga de combustible natural ante un posible incidente. De no hacerlo, el incumplimiento de estas normas conlleva sanciones legales severas.
En caso de observar cualquier foco de incendio, se debe dar aviso inmediato a las líneas de emergencia 911 o a los Bomberos, evitando siempre el combate individual del fuego.
Tras impulsar y lograr una ordenanza que le otorgó un marco normativo a la actividad rural en El Soberbio, los productores que integran la flamante asociación bovina Matadero del Alto Uruguay (MAU) avanzan con los acondicionamientos del nuevo establecimiento y buscan conseguir financiamiento para la construcción de la sala de faena.
La sala de faena es una instalación sanitaria específica, diseñada para el sacrificio de animales bajo estrictas normas de higiene, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y el consumo humano.
Debido a los altos costos que implica la construcción del espacio, la asociación elaboró un proyecto, dirigido al gobierno de la provincia, que incluye los planos generales de la edificación con los presupuestos de la mano de obra y los materiales, lo que arroja una inversión de unos 20 millones de pesos.
“Con esa plata, estimamos que el proyecto en el que venimos trabajando se concrete y podamos inaugurar el matadero”, explicó a La Voz de Misiones uno de los productores que impulsa en la iniciativa.
Solicitud
En el documento del proyecto de financiamiento que la asociación busca elevar a las autoridades provinciales, solicita “respetuosamente” al gobierno de Misiones apoyo para la construcción de la sala de faena, destacando que se trata de una iniciativa que no solo beneficiará a sus socios, sino que también impulsará “la economía local y generará empleo en la región“.
“Con terreno propio y permisos en regla, estamos listos para avanzar con este proyecto, pero necesitamos su apoyo para hacerlo realidad”, agregó la asociación en la misiva.
Al mismo tiempo, los productores bovinos de El Soberbio se comprometieron a “devolver el financiamiento en tiempo y forma, según las condiciones establecidas, y a trabajar de la mano con el gobierno provincial para asegurar el éxito de este proyecto”.
“Nuestra asociación tiene capacidad para adquirir deuda, según su estatuto y personería jurídica (PJ 5.580), y cuenta con el respaldo unánime de sus socios para llevar adelante este proyecto”, afirman en el documento.
Los productores bovinos del Alto Uruguay impulsan hace más de ocho meses la iniciativa de levantar un nuevo matadero para la zona, luego de que la Municipalidad dispuso el cierre definitivo del establecimiento que funcionaba desde 1993 en la localidad tras recibir numerosas denuncias de vecinos por las quemas a cielo abierto, en un contexto marcado por el crecimiento poblacional en la zona y la falta de mantenimiento e inversión en el lugar.
Asociación logró una ordenanza que habilita un matadero rural en El Soberbio
Integrantes de la Mesa Asesora Yerbatera y del sector foresto-industrial se reunieron este miércoles por la mañana en la ciudad de Eldorado con diputados de bloques opositores de la Legislatura de Misiones. Del encuentro no participaron representantes de La Libertad Avanza, ni del bloque renovador.
La reunión se llevó a cabo en la sede de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap) y fue impulsada por La Mesa Asesora, el espacio de yerbateros autoconvocados más críticos del gobierno provincial, encabezado por Sergio Delapierre, junto a Ángel Ozeñuk, Víctor Chamula y Waldemar Schwider, entre otros referentes. También participó el presidente de la entidad anfitriona, Enrique Bongers.
Según se informó, el objetivo del encuentro fue “conversar sobre la situación actual del sector, escuchar sus planteos y definir una línea de acción en conjunto”, explicó la diputada Rosy Kurtz (UCR) quien realizó las invitaciones.
La legisladora aclaró, además, que la convocatoria surgió a propuesta del referente yerbatero Sergio Delapierre y que ella estuvo a cargo de cursar la invitación a un grupo determinado de diputados de la Cámara.
Participaron del encuentro los diputados Cristian Castro, Elva Goring y Héctor “Cacho” Bárbaro por el Pays; Ramón Amarilla por el Partido por la Vida y los Valores; la diputada Analía Labandoczka por el PRO; y por la Unión Cívica Radical, Rosy Kurtz, Francisco Fonseca y Santiago Koch.
Durante la primera parte de la reunión, representantes del sector foresto-industrial expusieron la problemática que atraviesa la actividad. Luego, los productores yerbateros presentaron una agenda acotada de reclamos y propuestas, sobre la cual los legisladores coincidieron en avanzar con un planteo conjunto que será elevado al presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías.
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