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La burocracia de Prefectura en el control de buques frena la actividad fluvial

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Los informes técnicos, la demora en la tramitación de expedientes y la metodología de trabajo de la fuerza atentan contra las fuentes de trabajo en los ríos interiores.

 

POSADAS. La demora en la inspección y otorgamiento de la autorización técnica para que los buques y embarcaciones puedan navegar genera malestar entre armadores, profesionales, navegantes y empresarios que se ven imposibilitados de desarrollar sus tareas, en algunos casos, hasta por 180 días.

Los afectados apuntan directamente a la Prefectura Naval Argentina (PNA), que es la encargada de regular la actividad naval y náutica en el país a través de la Policía de Seguridad de la Navegación (Polinave), órgano que aprueba las condiciones técnico-operativas de las embarcaciones.

La Polinave es la que finalmente debe expedir el Certificado de Navegación que otorga idoneidad al buque para el cumplimiento de funciones con los denominados Elementos Técnicos de Juicio (ETJ), en cada una de las jurisdicciones de la fuerza, en este caso en Misiones.

Sin embargo, desde hace algún tiempo, la autoridad comenzó a exigir los ETJ a los buques mercantes de navegación marítima o fluvial, a fin de contar con información necesaria en caso de accidentes como colisiones, hundimientos e incendios a bordo.

Prefectura, una máquina de impedir

Una de las marañas de la burocracia que afecta al sector está centrado en que la exigencia de los ETJ se aplica también a los buques de más de 90 años de antigüedad y que en mayoría integran el padrón mercante fluvial, pero que no figuraban en los archivos.

A raíz de esa situación, la PNA exigió a los armadores la actualización de la documentación requerida, pero pronto se generalizó la Prohibición de Navegar expedida por la autoridad ante la imposibilidad de presentar los papeles, en casos de buques con más de 70 años de funcionamiento con permisos de la misma fuerza.

La consecuencia inmediata fue una catarata de presentaciones para la “actualización de ETJ”, lo cual desbordó a la División Técnica Naval, desatándose una espiral de demoras en las resoluciones, con el agravante de que los buques deben permanecer en puerto y con prohibición de navegar.

Como contrapartida, ante la acumulación de expedientes, a las demoras les siguió una llamativa celeridad que se caracterizó por una innumerable cantidad de análisis con resultados negativos, ya que se basó en cuestiones cuantitativas y no cualitativas del estado técnico de la embarcación.

Esa operación, además de incrementar el tiempo de inactividad de las embarcaciones, derivó en resultados erróneos que después debieron ser enmendados, dejando en evidencia lo ineficaz del método elegido y en perjuicio de la actividad.

Demoras de hasta 180 días

Un parámetro del problema provocado por la burocracia en cuestión resulta palpable si se tiene en cuenta que, desde el ingreso por mesa de entradas de un expediente hasta la resolución de la División Técnica Naval, pueden transcurrir hasta 180 días.

“En ese lapso el buque continúa amarrado y sin poder operar. Y ni hablar si el trámite en cuestión, o cualquier otro, se origina en alguna de las jurisdicciones de la Prefectura, ya que es evidente que existe una fuerte desconexión entre Buenos Aires y el interior a la hora de iniciar una gestión”, explica un empresario misionero cuyos barcos están parados en los puertos de San Ignacio y Eldorado sin poder trabajar.

“La reserva de los nombres de los empresarios y técnicos armadores es porque todos debemos volver a hacer trámites a la misma oficina. Pero algo tiene que cambiar”, reclamó otro empresario con su buque amarrado en el puerto de Santa Ana.

La lentitud de los trámites parece abonada por la “escasa cantidad de técnicos y, por lo tanto, desbordado en forma permanente mientras se privilegian los mandatos a la distancia de Buenos Aires o en forma dubitativa, debido al desconocimiento de las realidades regionales”, señaló el técnico armador consultado.

Grandes perjuicios

El cuadro descrito, pero desconocido desde el centralismo, “se traduce en perjuicios considerables a la navegación fluvial por ríos interiores, ya que gran parte de las embarcaciones responden a pequeñas pymes o emprendedores de recursos limitados que tienen ahí su medio de vida”, analizó otro empresario del sector de la navegación que mantiene en pie su estructura merced a la gran flota de camiones para transportar arena.

Una alternativa para la problemática planteada por la tramitación de los ETJ o documentaciones similares podría ser el requerimiento gradual por parte de la autoridad, con plazos que no incidan en la actividad que realiza el buque, en los casos que corresponda la actualización.

A pesar de la gravedad de la situación, en el centro de la escena quedan los profesionales o los armadores, “mientras la Prefectura pareciera que no asume su responsabilidad, ya que se encuentra envuelta en una tarea burocrática que atenta contra la subsistencia de la actividad y, en consecuencia, contra la fuente de trabajo de miles de personas”, concluyó el análisis.

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Asociación logró una ordenanza que habilita un matadero rural en El Soberbio

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Tras conformar una asociación hace cinco meses, los productores de El Soberbio lograron que el Concejo Deliberante apruebe por unanimidad una ordenanza que establece un marco normativo para la faena en el municipio, y que el Ejecutivo les otorgue una habilitación “tipo permiso” para un matadero rural que impulsaron como respuesta al cierre del establecimiento local, que funcionó durante 30 años en la localidad del Alto Uruguay.

Con la normativa sancionada, la Asociación Matadero del Alto Uruguay (MAU), conformada por más de 70 productores ganaderos, colonos y comerciantes de la zona, consiguieron una constancia de aprobación municipal requerida por organismos provinciales para iniciar el trámite de habilitación definitiva de establecimientos de faena. Este permiso tiene vigencia por 90 días, puede ser prorrogable y cuenta con un registro y numeración municipal, aunque no habilita por sí solo el desarrollo de la actividad.

En el documento aprobado este jueves, en la última sesión ordinaria del Concejo, se aclara que la habilitación definitiva continúa siendo competencia provincial, a través de los ministerios de Ecología, del Agro y de Industria, responsables de autorizar el funcionamiento de mataderos de tipo B y C en Misiones.

Además, la ordenanza establece los requisitos documentales que deberán presentar desde la asociación, entre ellos la información catastral del inmueble, planos del establecimiento y del terreno, detalles edilicios y sanitarios, sistemas de evacuación de efluentes, ubicación de corrales. Una vez presentada la documentación, el municipio realizará la inspección correspondiente.

Uno de los puntos centrales de la ordenanza es la habilitación de mataderos rurales. Ante la ausencia de habilitación provincial para este tipo de establecimientos, y en virtud de la cesión de facultades otorgadas por funcionarios provinciales, el municipio quedó facultado para autorizar su funcionamiento, siempre que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Nacional N.º 4.238 y sus modificaciones, a los que Misiones adhiere.

La normativa también establece que vencido el plazo del permiso otorgado por el Ejecutivo, el mismo será dada de baja y una vez obtenida la habilitación definitiva por parte de los ministerios provinciales, la asociación deberá registrarse en el municipio con la habilitación permanente.

Matadero rural

En abril, la Municipalidad de El Soberbio dispuso el cierre definitivo del matadero tras recibir numerosas denuncias de vecinos por las quemas a cielo abierto, en un contexto marcado por el crecimiento poblacional en la zona y la falta de mantenimiento e inversión en el establecimiento, que funcionaba desde 1993 en el paraje Tararira, sobre la ruta costera 2.

El cierre del predio dejó a los productores bovinos sin un espacio habilitado para la faena, obligándolos a trasladarse a otras localidades e incluso favoreciendo la práctica clandestina de la actividad, con los riesgos sanitarios que ello conlleva.

Frente a este escenario, surgió la idea entre los productores, colonos, comerciantes y vecinos de El Soberbio de impulsar la creación de un nuevo establecimiento, pero esta vez bajo un marco legal, por lo cual crearon la Asociación Matadero del Alto Uruguay (MAU).

La conformación del MAU fue el primer paso para encarar la problemática. El desafío siguiente consistía en obtener la habilitación necesaria para operar bajo los protocolos de seguridad e higiene, una competencia que no recaía en el municipio sino en el ámbito provincial.

Dado que las normativas nacionales y provinciales no contemplan la figura de matadero rural, los impulsores de la iniciativa lograron que el Concejo Deliberante trabajara de manera conjunta con los distintos ministerios para avanzar en una solución.

De este modo, se facultó al municipio a dictar una ordenanza que otorgara un marco normativo para la faena en la localidad, como paso previo a la obtención de una autorización definitiva.

Asociación busca conseguir habilitación para nuevo matadero en El Soberbio

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Passalacqua confirmó la prórroga de los programas Ahora hasta el 31 de marzo

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La continuidad de los programas Ahora venían siendo foco de incertidumbre debido a los recortes presupuestarios realizados en todo el país, pero el gobernador Hugo Passalacqua confirmó su renovación hasta el 31 de marzo de 2026.

El mandatario provincial hizo el anuncio esta tarde, a través de sus redes sociales, donde dio a conocer la esperada novedad dirigida a la familia misionera.

En un breve posteo expresó: “A pesar de las dificultades económicas por todos conocidas, desde el Gobierno provincial hemos sostenido, con un importante esfuerzo fiscal, los programas Ahora como una herramienta clave para amortiguar la crisis”.

Al mismo tiempo, recordó que estos programas -que abarcan diferentes rubros- funcionan como incentivo al consumo interno, por lo que resaltó: “Resultan fundamentales para contrarrestar la caída de la demanda y proteger al comercio, el empleo y el tejido productivo misionero”.

En ese marco, el mandatario provincial ratificó que se prorrogan los programas Ahora desde el 1° de enero hasta el 31 de marzo “en acuerdo con las entidades bancarias y el sector privado participante”.

La extensión alcanza a los programas: Ahora Misiones, Bienes Durables, Mujer, Viajá por Misiones, Estudiantes, Construcción, Carne, Gastronomía, Feria, Mascotas, Pan, Gas, Neumáticos, Remedios y Góndola Bernardo de Irigoyen.

Vuelve el Ahora Fiestas: del 20 al 31 de diciembre, con reintegros de 25%

 

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El vicegobernador inició una colecta para egresados estafados en Eldorado

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Luego de que se nacionalizara el caso de la madre que se quedó con 17 millones de pesos que eran para la fiesta de egresados de la Comercio 19 de Eldorado, el vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, compartió en sus redes un video para “acompañar” a los estudiantes e inició una colecta. También pidió respuestas a Casinos de Misiones, mientras que la acusada es objeto de una incipiente investigación.

El hecho se conoció el 12 de diciembre, cuando un grupo de padres radicó una denuncia en la comisaría local y los alumnos de esa casa de estudios hicieron público el caso.

Todo comenzó cuando los padres encargados de la organización del evento arribaron al salón Pirámide, donde estaba prevista la fiesta el pasado viernes, y se encontraron con la negativa del dueño ante la falta de pago del alquiler.

Luego trascendió que la madre que debía rendir el dinero habría gastado gran parte del mismo en una casa de juegos y que padecería “ludopatía”, mientras que otros descartan esa hipótesis y apuntan a una “estrategia de un abogado” para evadir la responsabilidad de un delito que puede tener una pena de 1 a 6 años de prisión.

Frente a esta situación, el vicegobernador de la provincia se expresó a través de sus redes sociales y explicó: “La ludopatía destruye y se expande en todo el país. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Combatirla es una responsabilidad de todos”.

Al mismo tiempo, señaló que tomó la decisión de acompañar a los egresados de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, impulsando una colecta “para que los chicos, finalmente, puedan afrontar los gastos de su fiesta de recepción”.

Para finalizar, instó al casino “a hacerse cargo y colaborar tras este hecho tan triste y doloroso para los alumnos y sus familias”.

Los montos, la fiesta y la polémica

A lo largo de este año, los padres de los egresados fueron aportando el dinero correspondiente a las tarjetas mediante transferencias a través de una billetera virtual y en ocho meses se habrían reunido 17.500.000 pesos, pero menos del 15% del presupuesto fue abonado.

Frente al riesgo de que la celebración se cancelara, los padres de los 35 estudiantes afectados se reunieron de urgencia y lograron reorganizar los pagos con el apoyo del intendente local.

De esta manera, lograron reunir el faltante estimado en 8.300.000 pesos, lo que permitió desarrollar la fiesta como estaba planeada.

Actualmente la mujer identificada como Romina E. afronta una denuncia y se aguarda que la Justicia defina su situación.

 

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