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La burocracia de Prefectura en el control de buques frena la actividad fluvial

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Los informes técnicos, la demora en la tramitación de expedientes y la metodología de trabajo de la fuerza atentan contra las fuentes de trabajo en los ríos interiores.

 

POSADAS. La demora en la inspección y otorgamiento de la autorización técnica para que los buques y embarcaciones puedan navegar genera malestar entre armadores, profesionales, navegantes y empresarios que se ven imposibilitados de desarrollar sus tareas, en algunos casos, hasta por 180 días.

Los afectados apuntan directamente a la Prefectura Naval Argentina (PNA), que es la encargada de regular la actividad naval y náutica en el país a través de la Policía de Seguridad de la Navegación (Polinave), órgano que aprueba las condiciones técnico-operativas de las embarcaciones.

La Polinave es la que finalmente debe expedir el Certificado de Navegación que otorga idoneidad al buque para el cumplimiento de funciones con los denominados Elementos Técnicos de Juicio (ETJ), en cada una de las jurisdicciones de la fuerza, en este caso en Misiones.

Sin embargo, desde hace algún tiempo, la autoridad comenzó a exigir los ETJ a los buques mercantes de navegación marítima o fluvial, a fin de contar con información necesaria en caso de accidentes como colisiones, hundimientos e incendios a bordo.

Prefectura, una máquina de impedir

Una de las marañas de la burocracia que afecta al sector está centrado en que la exigencia de los ETJ se aplica también a los buques de más de 90 años de antigüedad y que en mayoría integran el padrón mercante fluvial, pero que no figuraban en los archivos.

A raíz de esa situación, la PNA exigió a los armadores la actualización de la documentación requerida, pero pronto se generalizó la Prohibición de Navegar expedida por la autoridad ante la imposibilidad de presentar los papeles, en casos de buques con más de 70 años de funcionamiento con permisos de la misma fuerza.

La consecuencia inmediata fue una catarata de presentaciones para la “actualización de ETJ”, lo cual desbordó a la División Técnica Naval, desatándose una espiral de demoras en las resoluciones, con el agravante de que los buques deben permanecer en puerto y con prohibición de navegar.

Como contrapartida, ante la acumulación de expedientes, a las demoras les siguió una llamativa celeridad que se caracterizó por una innumerable cantidad de análisis con resultados negativos, ya que se basó en cuestiones cuantitativas y no cualitativas del estado técnico de la embarcación.

Esa operación, además de incrementar el tiempo de inactividad de las embarcaciones, derivó en resultados erróneos que después debieron ser enmendados, dejando en evidencia lo ineficaz del método elegido y en perjuicio de la actividad.

Demoras de hasta 180 días

Un parámetro del problema provocado por la burocracia en cuestión resulta palpable si se tiene en cuenta que, desde el ingreso por mesa de entradas de un expediente hasta la resolución de la División Técnica Naval, pueden transcurrir hasta 180 días.

“En ese lapso el buque continúa amarrado y sin poder operar. Y ni hablar si el trámite en cuestión, o cualquier otro, se origina en alguna de las jurisdicciones de la Prefectura, ya que es evidente que existe una fuerte desconexión entre Buenos Aires y el interior a la hora de iniciar una gestión”, explica un empresario misionero cuyos barcos están parados en los puertos de San Ignacio y Eldorado sin poder trabajar.

“La reserva de los nombres de los empresarios y técnicos armadores es porque todos debemos volver a hacer trámites a la misma oficina. Pero algo tiene que cambiar”, reclamó otro empresario con su buque amarrado en el puerto de Santa Ana.

La lentitud de los trámites parece abonada por la “escasa cantidad de técnicos y, por lo tanto, desbordado en forma permanente mientras se privilegian los mandatos a la distancia de Buenos Aires o en forma dubitativa, debido al desconocimiento de las realidades regionales”, señaló el técnico armador consultado.

Grandes perjuicios

El cuadro descrito, pero desconocido desde el centralismo, “se traduce en perjuicios considerables a la navegación fluvial por ríos interiores, ya que gran parte de las embarcaciones responden a pequeñas pymes o emprendedores de recursos limitados que tienen ahí su medio de vida”, analizó otro empresario del sector de la navegación que mantiene en pie su estructura merced a la gran flota de camiones para transportar arena.

Una alternativa para la problemática planteada por la tramitación de los ETJ o documentaciones similares podría ser el requerimiento gradual por parte de la autoridad, con plazos que no incidan en la actividad que realiza el buque, en los casos que corresponda la actualización.

A pesar de la gravedad de la situación, en el centro de la escena quedan los profesionales o los armadores, “mientras la Prefectura pareciera que no asume su responsabilidad, ya que se encuentra envuelta en una tarea burocrática que atenta contra la subsistencia de la actividad y, en consecuencia, contra la fuente de trabajo de miles de personas”, concluyó el análisis.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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Misiones extendió hasta el 30 de junio los programas Ahora

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Previo al vencimiento de los programas Ahora, el próximo 31 de marzo, el gobernador Hugo Passalacqua anunció la continuidad del beneficio en todas sus variantes desde el 1 de abril hasta el 30 de junio del corriente año.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta personal de X, donde señaló: “Los argentinos sabemos que la cosa no está fácil y que cada peso cuenta. Por eso decidí prorrogar los programas Ahora hasta el 30 de junio, con mejores reintegros, plazos y límites de compra“.

Y concluyó: “En síntesis, tratamos de poner los recursos de los misioneros que administra la provincia donde más puedan serte útiles a vos”.

La medida será ejecutada en acuerdo con las entidades bancarias y el sector privado participante de los programas que son clasificados en: Ahora Misiones, Ahora Bienes Durables, Ahora Mujer, Ahora Viajá por Misiones, Ahora Estudiantes, Ahora Construcción, Ahora Carne, Ahora Gastronomía, Ahora Feria, Ahora Mascotas, Ahora Pan, Ahora Gas, Ahora Neumáticos, Ahora Góndola Bernardo de Irigoyen y Ahora Remedios.

La herramienta de alivio fue renovada en un contexto de crisis económica, a fin de continuar motorizando el comercio local facilitando las compras en cuotas y con reintegros.

Al mismo tiempo, desde la cartera de Hacienda señalaron que en el año 2025, fueron inyectados casi $100.000 millones al mercado local, lo que ratifica la decisión de continuar con estas políticas de incentivo al consumo y sostenibilidad de los puestos de trabajo en el sector comercial misionero.

Los programas Ahora en cifras

De acuerdo a un informe publicado por el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, a finales de febrero, los programas Ahora durante los años 2024 y 2025 alcanzaron un récord de ventas por $160.945 millones en los comercios ubicados a lo largo y ancho de la provincia.

En ese sentido, detalla que los últimos datos revelan un “crecimiento exponencial en el consumo interno impulsado por estas herramientas de fomento económico durante los años 2024 y 2025. El impacto económico total en el bienio analizado alcanzó la cifra histórica de $160.945 millones, con un total de ventas en 2024 de $62.287.046.550 y $98.658.577.995 durante 2025″.

Con ese resultado, señala que el crecimiento interanual representó un incremento nominal del 58,4% sobre las ventas totales.

En cuanto a los ingresos por rubro, se destaca el programa Ahora Misiones, que con un total de $44.090 millones en el año 2025 sigue siendo el pilar del consumo, representando el 50% de las ventas totales del sistema; y también los programas Ahora Bienes Durables, que impulsó la compra de electrodomésticos y artículos para el hogar y acumula un volumen de $18.207 millones.

A su vez, los programas especiales (eventos), sumaron un aporte de $4.071 millones; y el programa Ahora Patente, facilitó el cumplimiento de obligaciones fiscales por $6.327 millones.

Los cuatro programas que nuclean el 80% de las ventas son Ahora Misiones, Ahora Bienes Durables, Ahora Construcción y Ahora Neumáticos.

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Ópticas suspenden atención a Pami y solicitan regularizar saldos pendientes

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La Cámara de Ópticas de la Provincia de Misiones instó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) a pagar los saldos pendientes de manera urgente para restablecer el servicio en las ópticas ubicadas a lo largo y ancho de la provincia. 

A través de un comunicado, el Colegio de Ópticas de Misiones explicó que dicha suspensión responde a “los incumplimientos en los plazos de pagos por parte de la obra social Pami”.

Por este motivo, las ópticas de la provincia se vieron obligadas a suspender la atención de las prestaciones a sus afiliados hasta que se cumplan los pagos reclamados.

“Nos vemos forzados a dicha suspensión por la razón de que los prestadores no se encuentran en circunstancias económicas de afrontar la financiación de los insumos entregados a los afiliados de Pami por tanto tiempo”, señalaron en un breve documento.

Se trata de un corte total del servicio a fin de evitar el endeudamiento de los afiliados a la entidad, por lo que concluyeron: “Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta medida genera en nuestros adultos mayores, pero la continuidad de la atención resulta materialmente imposible. Instamos a las autoridades de PAMI a regularizar los saldos pendientes de manera urgente para restablecer el servicio a la brevedad posible”.

Consultado por La Voz de Misiones, una fuente de Pami, señaló que “la suspensión inició hace dos semanas” y también “afecta la distribución de insumos de prótesis”.

Al mismo tiempo, se supo que esta mañana la comisión directiva de la Cámara de Ópticas tuvo una reunión con Pami Misiones y se trataría de “un problema que se replica a nivel nacional”.

Comunicado de Prensa Camara de Opticas

 

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