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La burocracia de Prefectura en el control de buques frena la actividad fluvial

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Los informes técnicos, la demora en la tramitación de expedientes y la metodología de trabajo de la fuerza atentan contra las fuentes de trabajo en los ríos interiores.

 

POSADAS. La demora en la inspección y otorgamiento de la autorización técnica para que los buques y embarcaciones puedan navegar genera malestar entre armadores, profesionales, navegantes y empresarios que se ven imposibilitados de desarrollar sus tareas, en algunos casos, hasta por 180 días.

Los afectados apuntan directamente a la Prefectura Naval Argentina (PNA), que es la encargada de regular la actividad naval y náutica en el país a través de la Policía de Seguridad de la Navegación (Polinave), órgano que aprueba las condiciones técnico-operativas de las embarcaciones.

La Polinave es la que finalmente debe expedir el Certificado de Navegación que otorga idoneidad al buque para el cumplimiento de funciones con los denominados Elementos Técnicos de Juicio (ETJ), en cada una de las jurisdicciones de la fuerza, en este caso en Misiones.

Sin embargo, desde hace algún tiempo, la autoridad comenzó a exigir los ETJ a los buques mercantes de navegación marítima o fluvial, a fin de contar con información necesaria en caso de accidentes como colisiones, hundimientos e incendios a bordo.

Prefectura, una máquina de impedir

Una de las marañas de la burocracia que afecta al sector está centrado en que la exigencia de los ETJ se aplica también a los buques de más de 90 años de antigüedad y que en mayoría integran el padrón mercante fluvial, pero que no figuraban en los archivos.

A raíz de esa situación, la PNA exigió a los armadores la actualización de la documentación requerida, pero pronto se generalizó la Prohibición de Navegar expedida por la autoridad ante la imposibilidad de presentar los papeles, en casos de buques con más de 70 años de funcionamiento con permisos de la misma fuerza.

La consecuencia inmediata fue una catarata de presentaciones para la “actualización de ETJ”, lo cual desbordó a la División Técnica Naval, desatándose una espiral de demoras en las resoluciones, con el agravante de que los buques deben permanecer en puerto y con prohibición de navegar.

Como contrapartida, ante la acumulación de expedientes, a las demoras les siguió una llamativa celeridad que se caracterizó por una innumerable cantidad de análisis con resultados negativos, ya que se basó en cuestiones cuantitativas y no cualitativas del estado técnico de la embarcación.

Esa operación, además de incrementar el tiempo de inactividad de las embarcaciones, derivó en resultados erróneos que después debieron ser enmendados, dejando en evidencia lo ineficaz del método elegido y en perjuicio de la actividad.

Demoras de hasta 180 días

Un parámetro del problema provocado por la burocracia en cuestión resulta palpable si se tiene en cuenta que, desde el ingreso por mesa de entradas de un expediente hasta la resolución de la División Técnica Naval, pueden transcurrir hasta 180 días.

“En ese lapso el buque continúa amarrado y sin poder operar. Y ni hablar si el trámite en cuestión, o cualquier otro, se origina en alguna de las jurisdicciones de la Prefectura, ya que es evidente que existe una fuerte desconexión entre Buenos Aires y el interior a la hora de iniciar una gestión”, explica un empresario misionero cuyos barcos están parados en los puertos de San Ignacio y Eldorado sin poder trabajar.

“La reserva de los nombres de los empresarios y técnicos armadores es porque todos debemos volver a hacer trámites a la misma oficina. Pero algo tiene que cambiar”, reclamó otro empresario con su buque amarrado en el puerto de Santa Ana.

La lentitud de los trámites parece abonada por la “escasa cantidad de técnicos y, por lo tanto, desbordado en forma permanente mientras se privilegian los mandatos a la distancia de Buenos Aires o en forma dubitativa, debido al desconocimiento de las realidades regionales”, señaló el técnico armador consultado.

Grandes perjuicios

El cuadro descrito, pero desconocido desde el centralismo, “se traduce en perjuicios considerables a la navegación fluvial por ríos interiores, ya que gran parte de las embarcaciones responden a pequeñas pymes o emprendedores de recursos limitados que tienen ahí su medio de vida”, analizó otro empresario del sector de la navegación que mantiene en pie su estructura merced a la gran flota de camiones para transportar arena.

Una alternativa para la problemática planteada por la tramitación de los ETJ o documentaciones similares podría ser el requerimiento gradual por parte de la autoridad, con plazos que no incidan en la actividad que realiza el buque, en los casos que corresponda la actualización.

A pesar de la gravedad de la situación, en el centro de la escena quedan los profesionales o los armadores, “mientras la Prefectura pareciera que no asume su responsabilidad, ya que se encuentra envuelta en una tarea burocrática que atenta contra la subsistencia de la actividad y, en consecuencia, contra la fuente de trabajo de miles de personas”, concluyó el análisis.

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Frenan cosecha de yerba hasta que el Inym “recupere facultades y fije precios”

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Durante la asamblea concretada ayer en Campo Viera, los productores firmaron un acta en el que fijaron un plazo de 14 días hábiles para que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) convoque a reunión, defina precios de la materia prima y recupere las facultades del organismo. Paralelamente, realizarán un paro de cosecha por tiempo indefinido hasta obtener respuestas convincentes al petitorio.

El documento fue planteado de manera conjunta por alrededor de 150 productores, referentes de asociaciones, cooperativas y representantes del sector yerbatero de Andresito, San Pedro, San Vicente, Apóstoles, Azara y Concepción de la Sierra, quienes se reunieron durante más de tres horas junto a tres autoridades de Producción del Inym en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad, con la presencia del intendente local Germán Burger.

El encuentro se dio a poco más de un mes de la designación del contador libertario, Rodrigo Correa como presidente del instituto, tras más de dos años de acefalía. Justamente, la tensión del encuentro se desató al observar la ausencia de la autoridad máxima en la instancia que prometía “considerar la problemática que enfrenta el sector y aunar criterios para abordar posibles alternativas de solución”, según la convocatoria realizada por el mismo organismo.

En ese contexto, varios productores plantearon que “todos saben cuál es el reclamo”, aludiendo al valor del precio de la hoja verde que cayó de manera estrepitosa luego de que el presidente Javier Milei firmara el Decreto 70/2023, y eliminó las facultades del Inym, así como también la posibilidad de fijar un precio mínimo por el kilo de hoja verde.

Desde ese entonces, mientras que los productores pedían alrededor de $420 por la materia prima, los secaderos comenzaron a pagar entre $120 y $220, muy por debajo de los costos reales, situación llevó a la toma de medidas que fueron replicadas a lo largo de los últimos dos años en toda la provincia, como el paro de cosecha, cortes de ruta, pedidos de emergencia yerbatera y reuniones con el instituto.

En la reunión concretada ayer, los productores revivieron el contexto que están atravesando, teniendo en cuenta que el pedido de mejores precios “no es un reclamo caprichoso”, sino un estado de alerta ante constantes endeudamientos que, en algunos casos, están obligando a muchos productores a vender sus chacras.

Las voces

Por el Inym, el director de Producción, Jorge Haddad, expuso: “Pudimos dialogar y demostrarle a los productores que los estamos escuchando. Dentro de la crisis que estamos viviendo, estamos tratando de encontrar caminos que nos conduzcan a una mejoría”.

Al mismo tiempo, admitió las limitaciones actuales del instituto: “Con la resolución vigente ya no podemos publicar oficialmente un costo desde la institución, aunque sí lo vamos a hacer de manera privada como agrupación del sector productivo”.

En respuesta, el planteo de las asociaciones de productores fue contundente. Diego Petterson, representante de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, consideró que la reunión terminó por confirmar la falta de herramientas del Inym. “No hay mucha salida. Sabíamos que no iba a haber solución porque hoy el instituto no tiene la facultad de regular precios como antes”.

A su turno, el histórico defensor de los reclamos yerbateros, Hugo Sand preguntó al representante del Inym de qué manera evalúan resolver las demandas del sector productivo: “¿Cómo piensan mejorar la situación del colono en un mercado oligopsonio, imperfecto, con dos empresas con posiciones dominantes como lo es Liebig y Las Marías?. ¿Cómo y cuáles son las herramientas que van a implementar para que el colono cobre los 50 centavos dólar o los 700 pesos que hoy debe valer la hoja verde de yerba mate?. Ya pasaron dos años del gobierno de Javier Milei y estamos en la situación que estamos”.

El acta

Por unanimidad, los productores resolvieron elevar el pedido formal al Inym para que, en un plazo de 14 días, el directorio convoque a una reunión plenaria con la presencia del presidente Rodrigo Correa, a fin de definir un precio justo para la hoja verde.

El segundo punto del petitorio, plantea el paro de cosecha por tiempo indeterminado, hasta obtener una “respuesta convincente” respecto al pedido de los productores relacionado con el valor de la materia prima.

Finalmente, solicitaron recuperar “todas” las facultades del Inym, y ante las autoridades también advirtieron que, de no haber avances concretos en la negociación del precio, estarán “dispuestos a implementar medidas más duras”.

 

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El Inym convocó a productores y asociaciones yerbateras en Campo Viera

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Tras una reunión reducida y calificada como “ilegítima”, directores de Producción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) convocaron a una asamblea de asociaciones yerbateras y productores independientes, prevista para este viernes a las 16 en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Campo Viera.

El anuncio fue realizado por el mismo organismo a través de sus redes sociales, donde expresaron que el encuentro se realizará “a los efectos de considerar la problemática que enfrenta el sector y aunar criterios para abordar posibles alternativas de solución”.

Al mismo tiempo, aclararon que la convocatoria es abierta a todas las asociaciones de productores, tanto las que se encuentran registradas en el Inym, como también productores que no pertenecen a ninguna entidad. 

Consultado por La Voz de Misiones, el productor Jorge Skripczuk, aseguró: “Estaremos presentes las asociaciones de productores que estuvimos el otro día en la reunión con el presidente del Inym, que habíamos solicitado la presencia de todas las asociaciones de la provincia”.

Esto es así porque el pasado 13 de enero, el Inym convocó a una reunión con un grupo reducido de representantes de organizaciones yerbateras, lo que provocó gran rechazo por parte de varios sectores, como la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), desde donde cuestionaron la reunión realizada por el nuevo directorio con la participación de solamente cuatro organizaciones yerbateras.

Tras ese encuentro, tampoco se logró consenso interno debido a críticas sobre la representatividad y el contexto productivo. En ese marco, Apam calificó la convocatoria como “ilegítima” y sostuvo que la exclusión de otras asociaciones “debilitó el valor institucional del debate”.

Es por eso que mañana, viernes, habrá una nueva oportunidad para plantear demandas por parte del sector productivo yerbatero de toda la provincia ante los directivos del Inym, en medio del paro de cosecha de verano y precios que no cubren los costos de poducción.

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Noffal, Guimaraes y Senna, las nuevas autoridades al frente del Samic de Oberá

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Esta semana el hospital Samic de Oberá tendrá en funciones al nuevo equipo directivo, conformado por Gustavo Noffal, Paula Guimaraes y Gabriel Senna, quienes reemplazan a la doctora Miriam Ramonda.

La última directora al frente del mencionado nosocomio asumió en enero de 2024 y dos años más tarde fue desplazada para dar lugar al nuevo equipo directivo.

Al ser consultado por el reciente cambio, el ministro de Salud Pública de Misiones, Héctor González, detalló que: “Es una transición. Ahora se toma la decisión con el Parque de la Salud de poner equipos directivos”, como respuesta a la “alta demanda”.

El acto de puesta en funciones se realizó el pasado viernes y fue encabezado por el ministro González, quien estuvo acompañado por el director de la Zona Centro Uruguay, Horacio Mielniczuk; la jefa del Área Programática X, Dolly Breard; además de personal de salud, familiares y autoridades locales.

 

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