Provinciales
La burocracia de Prefectura en el control de buques frena la actividad fluvial

Los informes técnicos, la demora en la tramitación de expedientes y la metodología de trabajo de la fuerza atentan contra las fuentes de trabajo en los ríos interiores.
POSADAS. La demora en la inspección y otorgamiento de la autorización técnica para que los buques y embarcaciones puedan navegar genera malestar entre armadores, profesionales, navegantes y empresarios que se ven imposibilitados de desarrollar sus tareas, en algunos casos, hasta por 180 días.
Los afectados apuntan directamente a la Prefectura Naval Argentina (PNA), que es la encargada de regular la actividad naval y náutica en el país a través de la Policía de Seguridad de la Navegación (Polinave), órgano que aprueba las condiciones técnico-operativas de las embarcaciones.
La Polinave es la que finalmente debe expedir el Certificado de Navegación que otorga idoneidad al buque para el cumplimiento de funciones con los denominados Elementos Técnicos de Juicio (ETJ), en cada una de las jurisdicciones de la fuerza, en este caso en Misiones.
Sin embargo, desde hace algún tiempo, la autoridad comenzó a exigir los ETJ a los buques mercantes de navegación marítima o fluvial, a fin de contar con información necesaria en caso de accidentes como colisiones, hundimientos e incendios a bordo.
Prefectura, una máquina de impedir
Una de las marañas de la burocracia que afecta al sector está centrado en que la exigencia de los ETJ se aplica también a los buques de más de 90 años de antigüedad y que en mayoría integran el padrón mercante fluvial, pero que no figuraban en los archivos.
A raíz de esa situación, la PNA exigió a los armadores la actualización de la documentación requerida, pero pronto se generalizó la Prohibición de Navegar expedida por la autoridad ante la imposibilidad de presentar los papeles, en casos de buques con más de 70 años de funcionamiento con permisos de la misma fuerza.
La consecuencia inmediata fue una catarata de presentaciones para la “actualización de ETJ”, lo cual desbordó a la División Técnica Naval, desatándose una espiral de demoras en las resoluciones, con el agravante de que los buques deben permanecer en puerto y con prohibición de navegar.
Como contrapartida, ante la acumulación de expedientes, a las demoras les siguió una llamativa celeridad que se caracterizó por una innumerable cantidad de análisis con resultados negativos, ya que se basó en cuestiones cuantitativas y no cualitativas del estado técnico de la embarcación.
Esa operación, además de incrementar el tiempo de inactividad de las embarcaciones, derivó en resultados erróneos que después debieron ser enmendados, dejando en evidencia lo ineficaz del método elegido y en perjuicio de la actividad.
Demoras de hasta 180 días
Un parámetro del problema provocado por la burocracia en cuestión resulta palpable si se tiene en cuenta que, desde el ingreso por mesa de entradas de un expediente hasta la resolución de la División Técnica Naval, pueden transcurrir hasta 180 días.
“En ese lapso el buque continúa amarrado y sin poder operar. Y ni hablar si el trámite en cuestión, o cualquier otro, se origina en alguna de las jurisdicciones de la Prefectura, ya que es evidente que existe una fuerte desconexión entre Buenos Aires y el interior a la hora de iniciar una gestión”, explica un empresario misionero cuyos barcos están parados en los puertos de San Ignacio y Eldorado sin poder trabajar.
“La reserva de los nombres de los empresarios y técnicos armadores es porque todos debemos volver a hacer trámites a la misma oficina. Pero algo tiene que cambiar”, reclamó otro empresario con su buque amarrado en el puerto de Santa Ana.
La lentitud de los trámites parece abonada por la “escasa cantidad de técnicos y, por lo tanto, desbordado en forma permanente mientras se privilegian los mandatos a la distancia de Buenos Aires o en forma dubitativa, debido al desconocimiento de las realidades regionales”, señaló el técnico armador consultado.
Grandes perjuicios
El cuadro descrito, pero desconocido desde el centralismo, “se traduce en perjuicios considerables a la navegación fluvial por ríos interiores, ya que gran parte de las embarcaciones responden a pequeñas pymes o emprendedores de recursos limitados que tienen ahí su medio de vida”, analizó otro empresario del sector de la navegación que mantiene en pie su estructura merced a la gran flota de camiones para transportar arena.
Una alternativa para la problemática planteada por la tramitación de los ETJ o documentaciones similares podría ser el requerimiento gradual por parte de la autoridad, con plazos que no incidan en la actividad que realiza el buque, en los casos que corresponda la actualización.
A pesar de la gravedad de la situación, en el centro de la escena quedan los profesionales o los armadores, “mientras la Prefectura pareciera que no asume su responsabilidad, ya que se encuentra envuelta en una tarea burocrática que atenta contra la subsistencia de la actividad y, en consecuencia, contra la fuente de trabajo de miles de personas”, concluyó el análisis.
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Docentes cortan ruta 12 en reclamo de mejoras salariales en Montecarlo

Un grupo de al menos 50 docentes pertenecientes al Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) cortan la ruta nacional 12 en Montecarlo en reclamo de mejoras salariales.
La medida de fuerza comenzó a las 9.05 y se extenderá por tiempo indeterminado, según manifestaron los organizadores de la medida de fuerza.
En el lugar trabaja el personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), con apoyo de la Policía de Misiones, quienes coordinan desvíos de tránsito por calles alternativas, entre ellas la calle Frida Krausemann en el barrio Palomar y otra por Línea Chica.
La fuerza provincial recomienza a los automovilistas a circular con precaución y utilizar los desvíos mientras dure la protesta docente.
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Mbyas piden la regularización de tierras y servicios con acampe en la plaza 9 de Julio

Pese a las condiciones climáticas adversas que arrojaron descargas eléctricas y lluvias intermitentes desde tempranas horas de la mañana de hoy, referentes de distintas comunidades mbya radicadas a lo largo y ancho de la provincia se concentraron en la plaza 9 de Julio de Posadas, junto a una carpa blanca, donde permanecerán “por tiempo indeterminado” en reclamo de tierras, electricidad, agua, entre otros derechos básicos.
Si bien la convocatoria apunta a reunir caciques de al menos 57 comunidades, en diálogo con La Voz de Misiones el mburuvichá de la comunidad Tuna’i de Puerto Leoni, Ricardo Benítez, detalló que debido a las lluvias “varios caciques decidieron postergar su viaje para mañana” y anticipó que permanecerán en el acampe: “Nos vamos a quedar acá, aguardando la llegada de más hermanos mbya, hasta que el gobierno se comprometa y se siente a negociar con nosotros”.
En cuanto a los reclamos, puntualizó: “Las situaciones son muy diferentes. Hay muchas comunidades que tienen problemas con sus territorios; no tienen título, presentan dificultades con los supuestos dueños y frente a esto no tenemos presencia del Estado para regularizar, acompañar y buscar la forma de solucionar a favor de la comunidad”.
En ese sentido, insistió: “Vamos a pedir una audiencia urgente con el gobernador Hugo Passalacqua y el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez. Hasta que no escuchen nuestros reclamos estaremos acá, no importa que sean meses o un año, nosotros vinimos preparados para eso, queremos que asuman sus responsabilidades con las comunidades mbya guaraníes”.
Por otra parte, exigen la mejora de caminos, viviendas, como también el acceso a energía y agua en condiciones salubres.
Sin embargo, a la falta de regularización de las tierras en las que habitan, se suman otros inconvenientes, en algunos casos la imposibilidad de bajar líneas eléctricas, como también la instalación de pozos perforados para lograr un acceso al agua limpia, directo en sus viviendas, entre otros bienes y servicios que requieren la titularización del espacio.
Mientras tanto, de las 130 comunidades mbya presentes en la provincia, al menos 57 se movilizarán a la plaza 9 de Julio y mañana martes esperan contar con la presencia de al menos 500 referentes, quienes coinciden en que “las gestiones estatales vienen siendo postergadas” y “los reclamos siguen siendo los mismos”, por lo que esta vez realizarán un acampe por tiempo indeterminado.
La última vez que referentes de varias comunidades arribaron a la plaza central de la capital provincial fue a finales de octubre del año pasado, cuando integrantes de la tekoa Mbokajaty reclamaron la titularización de la tierra que habitan con un “mandiocazo”, en alusión a la venta de productos cultivados y elaborados artesanalmente por ellos.
Mbokajaty pidió la titulación de su tierra con un mandiocazo en la 9 de Julio
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Eldorado: brindan contención y empleo a personas en recuperación de adicciones

La Fundación Centro de Atención y Prevención de Adicciones (Capa) realiza la tarea de acompañar y recuperar a personas de todas las edades que atraviesan consumos problemáticos y diversas adicciones en la Capital del Trabajo.
Todo comenzó con un pequeño taller de carpintería, que se transformó en el corazón del proyecto y en una herramienta económica para sostener la estructura de la fundación.
Actualmente, esa carpintería está totalmente equipada y brinda trabajo a 14 personas. Pero la iniciativa continuó y cuentan también con una panadería equipada, y cuya tarea la realizan 9 personas; un lavadero de autos con otros tantos trabajadores, y una huerta comunitaria, que además de producir alimentos, funciona como espacio de aprendizaje y contención.
En ese lugar estuvo el dirigente Martín Sereno (Tierra, Techo y Trabajo), que con su espacio social y político, viene articulando desde hace varios años con la institución.

Rubén Darío Gayoso junto a Martín Sereno
“El trabajo tan noble como imprescindible que llevan adelante Rubén Darío Gayoso, su esposa y todo el equipo es incansable y de tiempo completo, enfocando el tratamiento de las adicciones con una búsqueda en la reinserción social de los jóvenes de la zona Norte. Realizan charlas preventivas en escuelas y barrios, talleres de oficios y la contención cotidiana abre caminos de esperanza y nuevas oportunidades. La enseñanza, el trabajo y el diálogo se convierten en herramientas fundamentales para que cada persona pueda reinsertarse en la sociedad con otra mirada sobre la vida”, sostuvo Sereno.
Y agregó que seguirán acompañando este esfuerzo comunitario con materiales, semillas, insumos y herramientas, “aportando todo lo posible para fortalecer este voluntariado, y esta militancia social que dignifica y transforma vidas”.
Rehabilitación y oportunidades de reinserción laboral
El lugar donde se desarrollan gran parte de estas actividades es un edificio histórico: una de las viviendas más antiguas de Eldorado y alquilada por la Fundación, donde conviven 35 personas en tratamiento con internación permanente.
También ahí están ubicadas las habitaciones de los jóvenes, y funciona el espacio de reciclaje, talleres de panadería, carpintería, lavadero de autos, huertas comunitarias y oficios.
Por ejemplo, el responsable de la casa y la huerta es un joven que atravesó por el proceso de recuperación en la institución y hoy, en el ejercicio de su voluntariado, acompaña a otros.
El servicio que brinda la Fundación Capa se enfoca en Eldorado, Puerto Iguazú, San Vicente, Montecarlo, y Esperanza, entre otras localidades. “Esta cercanía facilita el contacto de los internos con sus familias, algo clave para su rehabilitación”, destacó Gayoso, quien sufrió un largo proceso de adicciones mientras vivió en Buenos Aires, y logró salir adelante.
Cuando llegó a Misiones, junto con su esposa recorrió los barrios, y con la ayuda de la iglesia cristiana organizó la patriada de trabajar en la recuperación de jóvenes y adultos, que en estos tiempos de tantas carencias cobra cada vez más sentido.

Panadería en las instalaciones de Capa
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