Provinciales
La burocracia de Prefectura en el control de buques frena la actividad fluvial
Los informes técnicos, la demora en la tramitación de expedientes y la metodología de trabajo de la fuerza atentan contra las fuentes de trabajo en los ríos interiores.
POSADAS. La demora en la inspección y otorgamiento de la autorización técnica para que los buques y embarcaciones puedan navegar genera malestar entre armadores, profesionales, navegantes y empresarios que se ven imposibilitados de desarrollar sus tareas, en algunos casos, hasta por 180 días.
Los afectados apuntan directamente a la Prefectura Naval Argentina (PNA), que es la encargada de regular la actividad naval y náutica en el país a través de la Policía de Seguridad de la Navegación (Polinave), órgano que aprueba las condiciones técnico-operativas de las embarcaciones.
La Polinave es la que finalmente debe expedir el Certificado de Navegación que otorga idoneidad al buque para el cumplimiento de funciones con los denominados Elementos Técnicos de Juicio (ETJ), en cada una de las jurisdicciones de la fuerza, en este caso en Misiones.
Sin embargo, desde hace algún tiempo, la autoridad comenzó a exigir los ETJ a los buques mercantes de navegación marítima o fluvial, a fin de contar con información necesaria en caso de accidentes como colisiones, hundimientos e incendios a bordo.
Prefectura, una máquina de impedir
Una de las marañas de la burocracia que afecta al sector está centrado en que la exigencia de los ETJ se aplica también a los buques de más de 90 años de antigüedad y que en mayoría integran el padrón mercante fluvial, pero que no figuraban en los archivos.
A raíz de esa situación, la PNA exigió a los armadores la actualización de la documentación requerida, pero pronto se generalizó la Prohibición de Navegar expedida por la autoridad ante la imposibilidad de presentar los papeles, en casos de buques con más de 70 años de funcionamiento con permisos de la misma fuerza.
La consecuencia inmediata fue una catarata de presentaciones para la “actualización de ETJ”, lo cual desbordó a la División Técnica Naval, desatándose una espiral de demoras en las resoluciones, con el agravante de que los buques deben permanecer en puerto y con prohibición de navegar.
Como contrapartida, ante la acumulación de expedientes, a las demoras les siguió una llamativa celeridad que se caracterizó por una innumerable cantidad de análisis con resultados negativos, ya que se basó en cuestiones cuantitativas y no cualitativas del estado técnico de la embarcación.
Esa operación, además de incrementar el tiempo de inactividad de las embarcaciones, derivó en resultados erróneos que después debieron ser enmendados, dejando en evidencia lo ineficaz del método elegido y en perjuicio de la actividad.
Demoras de hasta 180 días
Un parámetro del problema provocado por la burocracia en cuestión resulta palpable si se tiene en cuenta que, desde el ingreso por mesa de entradas de un expediente hasta la resolución de la División Técnica Naval, pueden transcurrir hasta 180 días.
“En ese lapso el buque continúa amarrado y sin poder operar. Y ni hablar si el trámite en cuestión, o cualquier otro, se origina en alguna de las jurisdicciones de la Prefectura, ya que es evidente que existe una fuerte desconexión entre Buenos Aires y el interior a la hora de iniciar una gestión”, explica un empresario misionero cuyos barcos están parados en los puertos de San Ignacio y Eldorado sin poder trabajar.
“La reserva de los nombres de los empresarios y técnicos armadores es porque todos debemos volver a hacer trámites a la misma oficina. Pero algo tiene que cambiar”, reclamó otro empresario con su buque amarrado en el puerto de Santa Ana.
La lentitud de los trámites parece abonada por la “escasa cantidad de técnicos y, por lo tanto, desbordado en forma permanente mientras se privilegian los mandatos a la distancia de Buenos Aires o en forma dubitativa, debido al desconocimiento de las realidades regionales”, señaló el técnico armador consultado.
Grandes perjuicios
El cuadro descrito, pero desconocido desde el centralismo, “se traduce en perjuicios considerables a la navegación fluvial por ríos interiores, ya que gran parte de las embarcaciones responden a pequeñas pymes o emprendedores de recursos limitados que tienen ahí su medio de vida”, analizó otro empresario del sector de la navegación que mantiene en pie su estructura merced a la gran flota de camiones para transportar arena.
Una alternativa para la problemática planteada por la tramitación de los ETJ o documentaciones similares podría ser el requerimiento gradual por parte de la autoridad, con plazos que no incidan en la actividad que realiza el buque, en los casos que corresponda la actualización.
A pesar de la gravedad de la situación, en el centro de la escena quedan los profesionales o los armadores, “mientras la Prefectura pareciera que no asume su responsabilidad, ya que se encuentra envuelta en una tarea burocrática que atenta contra la subsistencia de la actividad y, en consecuencia, contra la fuente de trabajo de miles de personas”, concluyó el análisis.
Ayer por la tarde, productores y empresas acopiadoras con representación en la provincia se reunieron en Leandro N. Alem, donde acordaron elevar el valor del tabaco Burley tipo B1F en un 30% respecto al año anterior, lo que se traduce a $4.062 por kilo de materia prima, monto que superaría la inflación del último año y marca el inicio de la cosecha anual.
El cónclave se desarrolló en la sede de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), en horas de la tarde, donde además de fijar el precio, consensuaron el inicio formal del acopio en la provincia previsto para el lunes 2 de febrero en todos los centros habilitados, según confirmó el presidente de la Cooperativa Agroindustrial de Misiones (CTM) Jorge Kappaum.
Durante el mismo encuentro, el sector productivo destacó que el acuerdo permite dar previsibilidad a la campaña 2026/2027 y sostener la actividad en las chacras, en un contexto de aumento de costos y dificultades económicas para los pequeños productores.
Por su parte, Gustavo Piñero, presidente de la Cámara de Tabaco de Misiones, compartió la conformidad con el acuerdo alcanzado, al señalar que la suba del 30% supera el índice inflacionario del último año en el NEA.
De la reunión participaron el ministro Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori; el subsecretario de Tabaco, Carlos Federico Pereira; el presidente de la Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones, Carlos Knoll; el presidente de la Cámara del Tabaco de Misiones, Gustavo Piñeiro; el presidente de la Asociación Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (A.C.T.I.M.), Isidro Villalba; junto a representantes de empresas y cooperativas tabacaleras: Jorge Kappaun (Cooperativa Agroindustrial de Misiones Ltda.), Julián Dos Santos (Cooperativa Tabacalera de San Vicente Ltda.), Marcos Krysrczuk (C.I.M.A.), Omar Lacerda (Cooperativa Panambí), José Fernández (Alliance One), Luis Gutiérrez (Massalin Particulares) y Ramón Insaurralde.
Reunión entre productores y empresas acopiadoras misioneras
Pedido de una mesa de diálogo amplia
Mientras productores y acopiadoras acordaron un precio para este año, la Comisión de Tabacaleros Autoconvocados de Misiones realizó un reclamo junto a la presentación de un escrito dirigido al gobernador Hugo Passalacqua y a la Legislatura misionera.
En el documento solicitaron “que se establezca un precio de referencia claro y sostenido”, y reclamaron explicaciones sobre el incumplimiento de valores previamente anunciados en campañas anteriores, al considerar que “la falta de un valor definido durante el acopio genera incertidumbre extrema” para los productores, que deben entregar su producción sin conocer el precio real de venta.
En ese sentido, recordaron que en febrero de 2025 se había anunciado un valor oficial que luego no fue respetado en los pagos efectivos, lo que generó perjuicios económicos directos.
Por este motivo, solicitaron la conformación de una mesa de diálogo con participación de productores, gremios, autoridades provinciales y legisladores, con el objetivo de garantizar reglas claras y sostenibilidad para los eslabones más bajos de la cadena productiva tabacalera.
Colono perdió su tabaco valuado en 27 millones de pesos tras un incendio
Una fuerte tormenta que desató esta tarde en Colonia Aurora causó destrozos en edificaciones, voladuras de techos y caída de tendidos eléctricos.
El fenómeno meteorológico, que entremezcló intensas lluvias con fuertes ráfagas de viento, se registró después del mediodía de hoy, provocando múltiples daños en distintos puntos de la localidad.
Según reportaron vecinos del pueblo, como consecuencia del temporal hubo daños en la estructura de una iglesia luterana, como así también voladura de chapas en algunos barrios y caída de tendido eléctrico y árboles sobre una de las principales arterias con boulevard.
La tormenta de Colonia Aurora se da en un contexto de inestabilidad climática que afecta a toda la provincia, con advertencia de lluvias y más fenómenos meteorológicos como ráfagas de viento, actividad eléctrica y la eventual caída de granizo.
De acuerdo al reporte actualizado del servicio de Alerta Temprana de la Municipalidad de Posadas, para la capital provincial se espera un día con “nubosidad variable y caluroso”, con “chaparrones aislados por la tarde, que pueden ser fuertes”, mientras que el jueves la alerta pasa de celeste a amarilla con “chaparrones y tormentas” pronosticadas.
El Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones suspendió preventivamente y sin goce de haberes a Romina Paola Enríquez (42), empleada administrativa en el área de emergencias del hospital Samic de Eldorado, acusada de montar una estafa con la recaudación de dinero para una fiesta de egresados.
La medida, con una duración inicial de 30 días, se formalizó mediante la Resolución 14/2026 y tomó trascendencia pública a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial de la provincia el pasado viernes.
Enríquez, quien se encontraba en licencia médica desde el 16 de diciembre de 2025, fue apartada de su cargo en el marco de una investigación judicial por presunta estafa, donde se la acusa de haber desviado fondos recaudados por padres y egresados de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, destinados a la organización de la fiesta de graduación del curso de su hija.
Según denuncias radicadas por familias afectadas, la suma involucrada rondaría los 2o millones de pesos, dinero que Enríquez habría destinado a apuestas en un casino local. En mensajes de Whastapp que le atribuyen, la mujer reconoció haber incurrido en el hecho por problemas con el juego, justificando que intentó recuperar el monto pero profundizó las pérdidas.
La suspensión administrativa se tomó a pesar del estado de salud de la empleada, quien presentó certificados médicos y psiquiátricos durante el proceso judicial para solicitar eximición de prisión y reposo.
El Ministerio adoptó la medida preventiva en respuesta a las denuncias y al avance de la causa penal a cargo del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado.
El edicto con la medida resulta fue publico el viernes pasado en el Boletín Oficial.
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