Provinciales
La burocracia de Prefectura en el control de buques frena la actividad fluvial
Los informes técnicos, la demora en la tramitación de expedientes y la metodología de trabajo de la fuerza atentan contra las fuentes de trabajo en los ríos interiores.
POSADAS. La demora en la inspección y otorgamiento de la autorización técnica para que los buques y embarcaciones puedan navegar genera malestar entre armadores, profesionales, navegantes y empresarios que se ven imposibilitados de desarrollar sus tareas, en algunos casos, hasta por 180 días.
Los afectados apuntan directamente a la Prefectura Naval Argentina (PNA), que es la encargada de regular la actividad naval y náutica en el país a través de la Policía de Seguridad de la Navegación (Polinave), órgano que aprueba las condiciones técnico-operativas de las embarcaciones.
La Polinave es la que finalmente debe expedir el Certificado de Navegación que otorga idoneidad al buque para el cumplimiento de funciones con los denominados Elementos Técnicos de Juicio (ETJ), en cada una de las jurisdicciones de la fuerza, en este caso en Misiones.
Sin embargo, desde hace algún tiempo, la autoridad comenzó a exigir los ETJ a los buques mercantes de navegación marítima o fluvial, a fin de contar con información necesaria en caso de accidentes como colisiones, hundimientos e incendios a bordo.
Prefectura, una máquina de impedir
Una de las marañas de la burocracia que afecta al sector está centrado en que la exigencia de los ETJ se aplica también a los buques de más de 90 años de antigüedad y que en mayoría integran el padrón mercante fluvial, pero que no figuraban en los archivos.
A raíz de esa situación, la PNA exigió a los armadores la actualización de la documentación requerida, pero pronto se generalizó la Prohibición de Navegar expedida por la autoridad ante la imposibilidad de presentar los papeles, en casos de buques con más de 70 años de funcionamiento con permisos de la misma fuerza.
La consecuencia inmediata fue una catarata de presentaciones para la “actualización de ETJ”, lo cual desbordó a la División Técnica Naval, desatándose una espiral de demoras en las resoluciones, con el agravante de que los buques deben permanecer en puerto y con prohibición de navegar.
Como contrapartida, ante la acumulación de expedientes, a las demoras les siguió una llamativa celeridad que se caracterizó por una innumerable cantidad de análisis con resultados negativos, ya que se basó en cuestiones cuantitativas y no cualitativas del estado técnico de la embarcación.
Esa operación, además de incrementar el tiempo de inactividad de las embarcaciones, derivó en resultados erróneos que después debieron ser enmendados, dejando en evidencia lo ineficaz del método elegido y en perjuicio de la actividad.
Demoras de hasta 180 días
Un parámetro del problema provocado por la burocracia en cuestión resulta palpable si se tiene en cuenta que, desde el ingreso por mesa de entradas de un expediente hasta la resolución de la División Técnica Naval, pueden transcurrir hasta 180 días.
“En ese lapso el buque continúa amarrado y sin poder operar. Y ni hablar si el trámite en cuestión, o cualquier otro, se origina en alguna de las jurisdicciones de la Prefectura, ya que es evidente que existe una fuerte desconexión entre Buenos Aires y el interior a la hora de iniciar una gestión”, explica un empresario misionero cuyos barcos están parados en los puertos de San Ignacio y Eldorado sin poder trabajar.
“La reserva de los nombres de los empresarios y técnicos armadores es porque todos debemos volver a hacer trámites a la misma oficina. Pero algo tiene que cambiar”, reclamó otro empresario con su buque amarrado en el puerto de Santa Ana.
La lentitud de los trámites parece abonada por la “escasa cantidad de técnicos y, por lo tanto, desbordado en forma permanente mientras se privilegian los mandatos a la distancia de Buenos Aires o en forma dubitativa, debido al desconocimiento de las realidades regionales”, señaló el técnico armador consultado.
Grandes perjuicios
El cuadro descrito, pero desconocido desde el centralismo, “se traduce en perjuicios considerables a la navegación fluvial por ríos interiores, ya que gran parte de las embarcaciones responden a pequeñas pymes o emprendedores de recursos limitados que tienen ahí su medio de vida”, analizó otro empresario del sector de la navegación que mantiene en pie su estructura merced a la gran flota de camiones para transportar arena.
Una alternativa para la problemática planteada por la tramitación de los ETJ o documentaciones similares podría ser el requerimiento gradual por parte de la autoridad, con plazos que no incidan en la actividad que realiza el buque, en los casos que corresponda la actualización.
A pesar de la gravedad de la situación, en el centro de la escena quedan los profesionales o los armadores, “mientras la Prefectura pareciera que no asume su responsabilidad, ya que se encuentra envuelta en una tarea burocrática que atenta contra la subsistencia de la actividad y, en consecuencia, contra la fuente de trabajo de miles de personas”, concluyó el análisis.
La ciudad de Apóstoles atraviesa más de 24 horas sin servicio de transporte público de pasajeros luego de que la empresa Río Uruguay decidiera suspender las prestaciones desde las primeras horas del martes. La Municipalidad informó que la medida fue tomada de “manera unilateral” por la firma.
Ante la interrupción del servicio, el Ejecutivo municipal, encabezado por la intendenta María Eugenia Safrán, comunicó que dispuso unidades para garantizar el traslados de estudiantes a los establecimientos educativos mientras se intenta resolver el conflicto.
A través de un comunicado oficial, la Municipalidad señaló que la suspensión del transporte “fue una decisión unilateral de la empresa prestataria”, situación que afectó a numerosos vecinos que utilizan el servicio a diario.
En el mismo mensaje, la comuna aclaró que el problema responde a “cuestiones ajenas a la administración municipal”, ya que la compañía argumenta incumplimientos de carácter nacional y provincial.
Según indicaron, desde el inicio del conflicto el municipio mantiene conversaciones con la firma para lograr la pronta normalización del servicio. Mientras tanto, las autoridades aseguraron que priorizarán el “traslado de los estudiantes para garantizar su asistencia a clases”.
“Vamos a arbitrar los medios necesarios para garantizar el traslado de los estudiantes”, remarcaron desde el Ejecutivo local, al tiempo que reafirmaron su compromiso de “defender los intereses de los vecinos y velar por la continuidad de los servicios esenciales”.
Hasta el momento, el servicio de colectivos en la ciudad continúa suspendido y no se informó cuándo podría retomarse con normalidad.
Recorrido colectivo municipal
Nivel primario
7:00 Los Pinos y Av. Juan Pablo II
7:05 B° Andresito (Dos Mil)
7:08 B° Andresito (por los Pinos parada dirección plaza)
7:10 Rotonda de Av. Brasil y Humada Ramella
7:15 Av. René Favaloro y Juan Pablo II (Cruz del Gallo)
7:20 CIC 200 Viv. (esperanza y José de Urquiza)
Nivel secundario
6:00 Los Pinos y Av. Juan Pablo II
6:05 B° Andresito (Dos Mil)
6:08 B° Andresito (por los Pinos parada dirección plaza)
6:10 Rotonda de Av. Brasil y Humada Ramella
6:15 Av. René Favaloro y Juan Pablo II (Cruz del Gallo)
6:20 CIC 200 Viv. (Esperanza y José de Urquiza)
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A pocos días del cierre de las inscripciones para este ciclo lectivo en las diferentes casas de estudio que integran la Universidad Nacional de Misiones (Unam) en toda la provincia, la rectora Alicia Bohren confirmó que este año fueron preinscritos más de 11.700 estudiantes, cifra que superaría a las matrículas anteriores.
“A pesar de la situación económica, estamos muy felices por la vocación de nuestro equipo docente, no docente y autoridades. Hoy tenemos 11.700 preinscritos, creo que es récord en la historia de la universidad y por esto estamos muy orgullosos de que los jóvenes y sus familias elijan a la Universidad Nacional de Misiones como la casa para cumplir sus sueños”, enfatizó Bohren entrevistada por FM Universidad.
Respecto a la situación presupuestaria, que se vio afectada ante los recortes nacionales, agravados por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la nación y vetada por el presidente Javier Milei para elaborar una nueva legislación, Bohren advirtió sobre los posibles impactos y el rechazo a la nueva ley impulsada por el gobierno.
“Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de manera unánime, rechazamos la nueva ley de financiamiento universitario que intenta modificar una ley que ha sido aprobada y tiene que estar vigente“, expresó.
“La nueva iniciativa limita y desconoce la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, los gastos de mantenimiento de la universidad y las becas”, enumeró y mencionó el incremento en el precio de combustibles, lo que impactará de lleno en los costos de traslados e insumos varios.
Al mismo tiempo, negó acuerdos entre rectores del CIN y las autoridades nacionales: “Desde el CIN presentamos un recurso de amparo a la Justicia para que se cumpla la aplicación de los aumentos correspondientes en la ley de financiamiento aprobada y que se abran inmediatamente las paritarias”.
La nueva ley que propone el gobierno nacional plantea un 12,3% de aumento en tres cuotas, por debajo del 52% establecido por la ley vigente.
Actualmente, la Unam cuenta con más de 60 carreras de grado y pregrado y registra gran demanda en el cursado de carreras a distancia, modalidad que se implementó en los últimos años.
Humanidades registra 2100 preinscriptos y Educación Especial es la más elegida
El reciente evento de camionetas y tractores en el “trompódromo” de Capín Largo, en El Soberbio, casi termina en tragedia cuando uno de los vehículos se salió de la pista en medio de una exhibición y embistió a un grupo de personas que observaba el espectáculo desde la zona de tribunas.
El hecho ocurrió el sábado a la tarde, en una de las dos jornadas del encuentro organizado por el grupo Tropa dos Brutos, que reunió una importante cantidad de participantes y espectadores que además compartieron juegos, música en vivo y baile.
El encuentro tuvo lugar en el trompódromo de barro acondicionado a un costado de la ruta costera 2, en la zona conocida como Capín Largo, donde los participantes ingresan con sus camionetas para dar una exhibición de derrape y otras maniobras de destreza al volante.
En medio del espectáculo, una camioneta Ford Ranger se salió de la pista durante una serie de trompos y se subió al sector del público, embistiendo a un grupo de personas presentes.
El hecho quedó registrado en filmaciones del evento y también se conocieron imágenes posteriores al hecho, donde los propios asistentes buscaban si debajo del rodado quedaron víctimas atrapadas, aunque hasta el momento no se reportaron heridos, ni se conocieron partes policiales al respecto.
Los eventos de este tipo comenzaron a ganar terreno en Misiones en el último tiempo. Ya hubo encuentros similares en Jardín América y San Vicente, mientras que este fin de semana fue el turno de El Soberbio.
En esta ocasión, además de trompódromo para camionetas también hubo una pista exclusiva para tractores y también una “pista de cabo de guerra”, competencia que cosiste en una camioneta estirando a otra.
Las entradas tenían un costo de entre $15.000 y $20.000 por persona, más $10.000 por conservadora, mientras que como premio había $1.000.000 para sortear entre los participantes inscriptos y otro millón para sortear entre el público.
El evento contó con el apoyo y la promoción del intendente de El Soberbio, Ricardo Leiva, y del ex jefe comunal, actual diputado provincial, Roque Soboczinski.
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