Provinciales
La burocracia de Prefectura en el control de buques frena la actividad fluvial
Los informes técnicos, la demora en la tramitación de expedientes y la metodología de trabajo de la fuerza atentan contra las fuentes de trabajo en los ríos interiores.
POSADAS. La demora en la inspección y otorgamiento de la autorización técnica para que los buques y embarcaciones puedan navegar genera malestar entre armadores, profesionales, navegantes y empresarios que se ven imposibilitados de desarrollar sus tareas, en algunos casos, hasta por 180 días.
Los afectados apuntan directamente a la Prefectura Naval Argentina (PNA), que es la encargada de regular la actividad naval y náutica en el país a través de la Policía de Seguridad de la Navegación (Polinave), órgano que aprueba las condiciones técnico-operativas de las embarcaciones.
La Polinave es la que finalmente debe expedir el Certificado de Navegación que otorga idoneidad al buque para el cumplimiento de funciones con los denominados Elementos Técnicos de Juicio (ETJ), en cada una de las jurisdicciones de la fuerza, en este caso en Misiones.
Sin embargo, desde hace algún tiempo, la autoridad comenzó a exigir los ETJ a los buques mercantes de navegación marítima o fluvial, a fin de contar con información necesaria en caso de accidentes como colisiones, hundimientos e incendios a bordo.
Prefectura, una máquina de impedir
Una de las marañas de la burocracia que afecta al sector está centrado en que la exigencia de los ETJ se aplica también a los buques de más de 90 años de antigüedad y que en mayoría integran el padrón mercante fluvial, pero que no figuraban en los archivos.
A raíz de esa situación, la PNA exigió a los armadores la actualización de la documentación requerida, pero pronto se generalizó la Prohibición de Navegar expedida por la autoridad ante la imposibilidad de presentar los papeles, en casos de buques con más de 70 años de funcionamiento con permisos de la misma fuerza.
La consecuencia inmediata fue una catarata de presentaciones para la “actualización de ETJ”, lo cual desbordó a la División Técnica Naval, desatándose una espiral de demoras en las resoluciones, con el agravante de que los buques deben permanecer en puerto y con prohibición de navegar.
Como contrapartida, ante la acumulación de expedientes, a las demoras les siguió una llamativa celeridad que se caracterizó por una innumerable cantidad de análisis con resultados negativos, ya que se basó en cuestiones cuantitativas y no cualitativas del estado técnico de la embarcación.
Esa operación, además de incrementar el tiempo de inactividad de las embarcaciones, derivó en resultados erróneos que después debieron ser enmendados, dejando en evidencia lo ineficaz del método elegido y en perjuicio de la actividad.
Demoras de hasta 180 días
Un parámetro del problema provocado por la burocracia en cuestión resulta palpable si se tiene en cuenta que, desde el ingreso por mesa de entradas de un expediente hasta la resolución de la División Técnica Naval, pueden transcurrir hasta 180 días.
“En ese lapso el buque continúa amarrado y sin poder operar. Y ni hablar si el trámite en cuestión, o cualquier otro, se origina en alguna de las jurisdicciones de la Prefectura, ya que es evidente que existe una fuerte desconexión entre Buenos Aires y el interior a la hora de iniciar una gestión”, explica un empresario misionero cuyos barcos están parados en los puertos de San Ignacio y Eldorado sin poder trabajar.
“La reserva de los nombres de los empresarios y técnicos armadores es porque todos debemos volver a hacer trámites a la misma oficina. Pero algo tiene que cambiar”, reclamó otro empresario con su buque amarrado en el puerto de Santa Ana.
La lentitud de los trámites parece abonada por la “escasa cantidad de técnicos y, por lo tanto, desbordado en forma permanente mientras se privilegian los mandatos a la distancia de Buenos Aires o en forma dubitativa, debido al desconocimiento de las realidades regionales”, señaló el técnico armador consultado.
Grandes perjuicios
El cuadro descrito, pero desconocido desde el centralismo, “se traduce en perjuicios considerables a la navegación fluvial por ríos interiores, ya que gran parte de las embarcaciones responden a pequeñas pymes o emprendedores de recursos limitados que tienen ahí su medio de vida”, analizó otro empresario del sector de la navegación que mantiene en pie su estructura merced a la gran flota de camiones para transportar arena.
Una alternativa para la problemática planteada por la tramitación de los ETJ o documentaciones similares podría ser el requerimiento gradual por parte de la autoridad, con plazos que no incidan en la actividad que realiza el buque, en los casos que corresponda la actualización.
A pesar de la gravedad de la situación, en el centro de la escena quedan los profesionales o los armadores, “mientras la Prefectura pareciera que no asume su responsabilidad, ya que se encuentra envuelta en una tarea burocrática que atenta contra la subsistencia de la actividad y, en consecuencia, contra la fuente de trabajo de miles de personas”, concluyó el análisis.
El Centro de Conservación de Fauna Silvestre Ohana informó el miércoles a la tarde el apartamiento “preventivo” de un biólogo que cumplía funciones como “asesor técnico” en la institución y que ese mismo día fue señalado públicamente a través de redes sociales por hechos de presunto maltrato animal y acoso tanto a estudiantes como a integrantes de Mymba, organización científica fundada y liderada por el profesional apuntado.
“Informamos a la opinión pública y a nuestra comunidad que, ante recientes denuncias públicas que involucran a un asesor externo de nuestra institución, de inusitada gravedad, se ha tomado la decisión de separar preventivamente a dicha persona de todas nuestras actividades y funciones”, expresa el comunicado difundido por Ohana este miércoles 7 de enero por la tarde.
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Si bien la fundación evita mencionar su nombre, el profesional señalado se trata del licenciado Matías Fernández, a quien en octubre le dieron la bienvenida a la institución para que preste funciones como “asesor”.
Según el CV que expusieron en esa presentación, Matías Fernández es “Biólogo con orientación en Zoología por la Universidad Nacional de La Plata -donde se graduó con promedio honorífico-, es director y fundador de Mymba, organización científica dedicada a la Biodiversidad y el Ambiente”.
Acusaciones
Sin embargo, en las últimas horas en el nombre de F. fue asociado a cuestiones mucho más severas. Desde una cuenta de Instagram denominada @exmymba2025 emitieron un “comunicado de advertencia” donde acusaron al biólogo por situaciones de maltrato animal y acoso, e incluso apuntaron que el profesional cuenta con trece expedientes abiertos en la Universidad Nacional de La Plata, donde ejerce la docencia.
En la misma publicación adjuntaron grabaciones de audios de Whatsapp atribuidos a Fernández donde el biólogo supuestamente amenazaba y se jactaba de matar gatos que se aproximen a su vivienda.
“No sé de quién es el gato este negro… da igual. Si es de alguien, que lo tenga encerrado porque yo la próxima vez que entre acá lo hago concha… ya cinco gatos voy matando, olvidate. Encima, los dejo unos días, así mean, sienten el olor otros gatos, se sienten atraídos y después los atrapo”, se oye en los mensajes de audio.
Desde la cuenta denunciante sostuvieron que “25 de los 27 miembros (de Mymba) decidieron abandonar el grupo y radicar denuncias formales”, en tanto que sobre los que decidieron quedarse acusaron que fue “supuestos beneficios personales justificándose así y hacer la vista gorda a estas actitudes”.
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En esa línea, apuntaron los ex integrantes del grupo liderado por Fernández también sufrieron “acoso sexual, extorsión y amenazas constantes”.
“Se nos presionaba a realizar actos impropios bajo la promesa de beneficios en el grupo o amenazas de reprobar materias en la UNLP”, arremetieron.
De acuerdo a la información brindada en su momento por el propio Ohana, Fernández también es “asesor de INTERPOL, la Red Jaguar (PAcCTO), la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación”.
También “ha participado en la elaboración de informes para las Naciones Unidas sobre especies marinas migratorias, y cuenta con una destacada trayectoria como perito ambiental, docente e investigador.
El profesional tiene su cuenta de Instagram cerrada por el momento. Mymba tampoco tiene perfiles activos en las redes sociales.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, resolvió extender hasta el mes de abril próximo la batería de medidas de alivio fiscal orientadas a sostener el trabajo y la actividad productiva en la provincia.
El paquete incluye la continuidad de la bonificación del 30% en Ingresos Brutos para profesionales y la reducción del pago a cuenta de para el sector industrial, así como la suspensión del régimen de autorretención tributaria de la ATM.
Passalacqua informó de estas medidas a través de sus redes sociales y argumentó que el objetivo de su gobierno es continuar acompañando la actividad económica y aliviar la carga tributaria de los distintos sectores productivos de la provincia.
“La decisión -informó el gobierno provincial- apunta a brindar previsibilidad, cuidar la liquidez y acompañar a quienes producen y prestan servicios en la provincia, en un contexto de crisis económica nacional”.
“La reducción de la presión tributaria permite que profesionales e industrias sigan activos, con mayor capacidad de sostener su estructura operativa y cumplir con sus compromisos laborales”, argumentó.
En concreto, las disposiciones extienden la bonificación del 30% en Ingresos Brutos para profesionales de las áreas jurídica, notarial, ciencias económicas, médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos, arquitectos, ingenieros, agrimensores, forestales, agrónomos, veterinarios, psicólogos, guías de turismo y trabajadores sociales, entre otros.
También, prorroga hasta el 30 de abril la suspensión del art. 9 de la RG 18/10, que reduce adelantos y retenciones, lo que impacta de forma directa en la liquidez de quienes desarrollan actividades económicas en Misiones.
Asimismo, mantiene la reducción del pago a cuenta de Ingresos Brutos en 1,50% sobre la base imponible de los anticipos, para aliviar la carga financiera mensual y sostener el flujo de caja de las empresas.
El esquema se complementa con el Padrón de Proveedores Industriales, una herramienta digital disponible en la web de la ATM que permite registrar operaciones de forma ágil y transparente.
El trámite se realiza en atmmisiones.gob.ar, a través de la ruta Trámites, Control Fiscal en Ruta, Padrón de Proveedores Industriales, sin requerir clave fiscal y con comprobante inmediato.
Extendemos hasta abril de 2026 las medidas de alivio fiscal.
Continúa la bonificación del 30% en Ingresos Brutos para profesionales de toda la provincia.
Se prorroga hasta el 30 de abril de 2026 la suspensión del artículo 9 de la RG 18/10 (autorretención).
Se mantiene la…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) January 7, 2026
El gobernador Hugo Passalacqua anunció este viernes la prórroga de la Tarifa Eléctrica Social Provincial, que permanecerá vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2026.
Esta medida beneficia a los usuarios residenciales de Energía de Misiones y de las cooperativas eléctricas de la provincia, manteniendo una tarifa bonificada para consumos mensuales de hasta 450 kWh.
El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial en X del gobernador, donde sostuvo que la medida es “para seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras más vulnerables”.
Para seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras más vulnerables, se prorroga la Tarifa Eléctrica Social Provincial desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2026, tanto para Energía de Misiones como para las cooperativas de la provincia, garantizando el acceso a…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) January 2, 2026
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