El gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, firmó este viernes el Decreto N° 300 que reglamenta el Boleto Oncológico Gratuito Misionero, establecido en el artículo 6 de la Ley XVII N° 153 sancionada por la Legislatura provincial, para garantizar el acceso ininterrumpido al tratamiento médico para el paciente y un acompañante.

El Decreto del Ejecutivo provincial crea, en el ámbito de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud de la provincia, un registro de pacientes oncológicos, y faculta al Ministerio de Hacienda a disponer las medidas complementarias a fin de cubrir los costos del servicio a las empresas prestatarias del beneficio.

Asimismo, establece que las erogaciones que demande la implementación del Boleto Oncológico Misionero serán imputadas a las partidas específicas del Presupuesto 2023 correspondientes a la Jurisdicción 04, aprobado por la Cámara de Representantes de la provincia.

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En sus consideraciones, la medida, firmada también por los ministros de Salud y Hacienda, Oscar Alarcón y Adolfo Safrán, argumenta que “la población de pacientes oncológicos abarca a personas que residen en distintas áreas geográficas de la Provincia”, y que “en la actualidad, hay estudios diagnósticos y tratamientos oncológicos de alta complejidad que se realizan únicamente en la capital provincial”, lo que “implica que los pacientes residentes en los diferentes municipios puedan presentar dificultades para acceder a dichos tratamientos, debido a que no cuentan con el capital social/económico/cultural para poder acercarse al efector y así lograr la ‘permanencia’ en el sistema de salud”.

“Es así como, lo aquí mencionado impacta de forma directa y de manera negativa en la posibilidad de curación, en su calidad de vida, en la atención/rehabilitación, en el control de la enfermedad y en su seguimiento”, señala.

Anuncio que firme el decreto N° 300, que reglamenta el Boleto Oncológico Gratuito Misionero sancionado por Ley de, que promueve el acceso ininterrumpido al tratamiento médico para el paciente oncológico y un acompañante#HagamosQueLaSaludCrezca #BoletoOncológicoMisionero pic.twitter.com/Qy3GaWcfnD

— Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) March 31, 2023

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Más de medio centenar de familias de las tekoas Ara Pyay Renacer, Takyapi Miri y Yvoty Pora de Colonia Delicia, presentaron el 6 de marzo una nota al Ministerio de Derechos Humanos en reclamo de mejores condiciones eléctricas y pozos perforados de agua. 

El documento, compartido en Facebook por uno de los integrantes de las comunidades, aclara que “dejamos en claro que ya hemos presentado un petitorio sobre la misma en la gobernación, en el municipio y en Asuntos Guaraníes de la provincia, que hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta”.

Frente a esto, se subraya que “en caso de algún inconveniente, serán los responsable del caso”.

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La nota conmemora una tragedia ocurrida en Colonia Delicia, kilómetro 4, en donde “vecinos han sufrido y han fallecido 3 personas por descargas eléctricas”.

Con respecto a la Tekoa Ara Pyay Renacer, el documento reza que “padres y niños que están en la comunidad que deben vivir día a día en un estado crítico, vulnerable y peligroso”.

Esto se debe a que la instalación eléctrica “es muy precaria y riesgosa ya que está conectado con alambre San Martín y sin ningún tipo de interruptor de seguridad o corta corriente en caso de algún incidente”.

La presentación añade que la Tekoa Takyapi Miri y Yvoty pora también se encuentran en la misma situación, sin energía eléctrica y sin perforación. 

En relación al agua, el documento expresa que “tenemos animales que también consumen el líquido (gallinas, mascotas etc,)”.

“El agua estamos buscando a 1000 metros de nuestras casas y cada día, todos los días, por la época de mucho calor sufrimos mucho, más los niños”, se lee en la publicación. 

El documento compartido se respalda en leyes nacionales y convenios internacionales: “Tener en claro que la ley nacional 26.160 ampara los derechos de los pueblos originarios defendiendo los recursos naturales y reconoce la tradición ancestrales y culturales”. 

“A esto agregarle el convenio 169 de la OIT qué en el artículo 2 dice que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad”.

Pasados los 15 días expresados en el petitorio, Cleiton Rolando Duarte, en diálogo con La Voz de Misiones expresó: “Nos juntamos la semana que viene, para definir la modalidad de la medida de lucha que realizaremos en caso de no haber respuesta”.

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Luego de 22 años de reclamos, las comunidades mby’a guaraní que habitan el Valle del Cuña Piru: Ka’aguy Poty, Kapi’i Poty, Ka’aguy Miri Rupa, Yby Pyta, y Yvytu Porá, consiguieron la titularización de las tierras ancestrales.

Son unas 6.300 hectáreas de un compacto corredor de selva paranaense que, pese a la cercanía con un centro urbano como Aristóbulo del Valle y la degradación por cuenta del desmonte ilegal y el robo de madera, es una especie de biósfera

El acto de entrega del título de propiedad se realizó esta mañana en la Casa de Gobierno, en Posadas, con la presencia de una nutrida comitiva de las cinco comunidades mby’a de Cuña Pirú, y el acompañamiento de representantes del Equipo Misiones de la Pastoral Aborígen, Emipa.

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Luego del acto, la comitiva mby’a festejó un rato en la plaza con música y cánticos tradicionales, lo que líderes como Juan de Dios Castillo y el cacique de Ka’aguy Poty, Eliseo Chamorro, consideraron “un hecho histórico”.

“Estoy muy orgulloso y también feliz de estar acompañando la firma de este acuerdo, producto de mucho sacrificio, constantemente presionados”, dijo Castillo, en diálogo con los periodistas.

“Por fin se logró el título de propiedad, ahora vamos a poder cuidar mejor nuestra selva”, agregó.

“Nosotros usamos la tierra no para desmontar, sino para vivir y sobrevivir de la pesca, la caza, la medicina nuestra, tradicional”, explicó.

Detrás de él, la comitiva celebraba un logro que, aseguran, mejorará la vida del millar de personas que componen las cinco comunidades indígenas que habitan el territorio.

“Este es un momento histórico, después de mucho se hizo justicia para el pueblo mby’a y para toda las comunidades pre existentes de la Argentina”, señaló el cacique Chamorro.

“Esta lucha arranca antes de la reforma constitucional de 1994”, historió Chamorro.  “Y conseguimos que la Constitución incluyera derechos para los pueblos originarios y tengamos la posibilidad de tener un respaldo jurídico para nuestra lucha”, argumentó.

El líder indígena se refiere al artículo 75 de la Constitución de 1994, especialmente al inciso 17, que consagra la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, y la prohibición de vender, arrendar, embargar o usar como garantía.

“Esto nos pone más fuertes como pueblo originario, como pueblo mby’a guaraní para seguir luchando por las otras necesidades básicas que tenemos”, expresó Chamorro.

“Hoy solo queremos festejar por este hermoso logro. Fueron muchos los mburuvicha, caciques, que ya no están con nosotros pero que también están aquí, espiritualmente, acompañándonos”, añadió.

Selva explotada

Las tierras mby’a del Cuña Pirú estaban en manos de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), que las recibió en donación de la empresa Celulosa Argentina, una vez que esta concluyó la explotación forestal, hace 24 años, y cuyos directivos firmaron hoy la transferencia de la propiedad junto a los líderes indígenas.

El documento de “Reconocimiento de Posesión y Propiedad Comunitaria” lleva la firma del presidente de la UNLP, Martín López Armengol, del escribano General de Gobierno, Alberto Poujade Brañas; el cacique 1° Eliseo Chamorro y el cacique 2°, Omar Duarte (Aldea Ka’aguy Poty); el cacique 1° Roberto Benitez, el cacique 2° Nicolás Acosta (Aldea Ivy Pytá) y del cacique 1° Fabián Cabrera, y el cacique 2° Fabián Vera (Aldea Kapi’í Poty).

“El entorno natural de estas miles de hectáreas está dado por lo que es la última parte de la selva paranaense que queda; hay buena provisión de agua, hay monte todavía, fuerte; es un entorno que les garantiza a las comunidades la pesca, las trampas, sus medicinas, material para sus artesanías”, describió Vasco Baigorri, activista ambiental y miembro del equipo pastoral.

Baigorri, que vive en Aristóbulo del Valle, indicó que la zona registra todavía “mucho robo de madera”, pero consideró que el acto de hoy, que pone el territorio en manos de sus auténticos propietarios, “puede asegurarle a varias generaciones todo lo que es su monte y su medicina, y vivir plenamente en su ser mby’a”.

El activista ambiental señaló que “la vida cotidiana de las comunidades es bastante segura, bastante tranquila, estable”, pero reclamó que “las familias reciben una tarjeta alimentaria de $1.000, que para alcanza solo para dos kilos de yerba”. “Es algo que el gobierno provincial debería revisar”, opinó.

Territorio y espíritu

María Josefa Ramírez, también del equipo de pastoral aborigen, pintó un desolador cuadro de la situación de las comunidades felices por la conquista de hoy.

“En esos territorios siguen registrándose desmontes por parte de empresas y particulares que entran sin autorización; también tenemos episodios de intrusión, de gente que invade”, indicó.

“El tema del territorio es el más grave, la falta de regularización de los territorios indígenas, pese al marco legal muy completo que tenemos”, precisó.

“Sigue muy frágil y lenta la aplicación de la Ley 26.160, que releva los territorios indígenas; todavía no se ha terminado, en Misiones falta más del 50% para que se regularice, hay como una gran resistencia a aplicar la ley”, argumentó.

Destacó, sin embargo, la actuación del actual ministro de Ecología de la provincia que –según dijo- “dentro de todo es un ministro que por lo menos escucha a las comunidades”.

“Los indígenas necesitan territorios con montes, no una tierra arrasada”, afirmó.

Ramírez, apuntó como problemas puntuales la educación y la salud en la zona, ya que pese a que las comunidades tienen acceso a establecimientos educativos desde nivel inicial hasta colegios secundarios, y también puestos sanitarios, “no se respeta la cultura indígena, se desdeña”.

“Hay escuelas, pero no siempre los docentes están preparados para estar con otra cultura, para respetar la lengua; la figura de los Asesores Docentes Indígenas está también muy desdibujada; hay como un debilitamiento de la cultura, que directamente se pierde en las escuelas, no se respeta, no tiene fuerza, no ocupa un lugar relevante”, explicó.

“La educación secundaria les muestra un futuro fuera de sus comunidades, saca a los jóvenes de sus comunidades, pero tampoco le ofrece un lugar en la nueva sociedad que les muestra”, agregó.

“En cuanto a la salud lo mismo”, indicó Ramírez. “Se fortalece poco la salud indígena cuando tendría que haber una visión intercultural”, afirmó, y argumentó: “Los indígenas tienen una visión mucho más integral de la salud, donde se contempla lo espiritual, el territorio, el ambiente; no solo el dolor en sí, sino todo lo que provoca eso”.

Foto: Marcos Otaño.

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