Provinciales
Desalojados en Wanda: “Vivíamos de lo que producíamos en esa tierra”
Norma Segovia (41) no cuenta con un trabajo formal, es madre de cuatro menores y hasta el 5 de julio, cuando fueron desalojados por una orden judicial que involucra a la empresa Arauco, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. “Hoy estamos en la calle con los cuatro chicos. Ni el municipio, ni la provincia se están responsabilizando por eso”, afirmó la mujer en diálogo con La Voz de Misiones.
“Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Nosotros dependíamos únicamente de la tierra, de la producción que salía de ahí, de las legumbres, las verduras, la mandioca, el maíz y los animales que teníamos. Hoy esperamos volver porque en el pueblo es todo gasto y nosotros solo contamos con una pensión por invalidez”, describió.
Mientras Norma se dedica a la crianza de dos nenas de 8 y 14 años y dos varones de 9 y 15, recordó que su esposo: “No puede entrar a ninguna empresa para trabajar porque tiene dislocado un omóplato y tendinitis en un pie, porque perdió los dedos cuando era chico y eso después también derivó en un problema de rodilla, en ningún lado le toman”.
A la limitación laboral, se suma el nivel de estudios: “El creo que tiene hasta segundo año de la secundaria, hizo hasta noveno y yo tengo apenas segundo grado”.
El caso
Todo comenzó hace cuatro meses atrás, cuando la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.
Fue en horas de la mañana cuando la infantería ingresó con camionetas, camiones y máquinas que destrozaron cultivos, árboles e incendiaron viviendas. Mientras que, las familias fueron reprimidas con gases, forcejeos y hubo cuatro detenidos por “desobediencia judicial y resistencia”, quienes finalmente fueron liberados 48 horas más tarde, tras el repudio del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros y el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”.
Incendio de vivienda durante el desalojo
El procedimiento ordenado por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, no solo incluyó el desplazamiento físico de las familias en cuestión, sino que también se vieron perjudicados sus animales e incluso los cultivos anuales y estacionales que producían para la subsistencia.
Presente incierto
A cuatro meses del desalojo, Norma y su esposo Eduardo Garcete, cuentan solamente con el apoyo de parientes que le facilitan un lugar donde parar temporalmente: “Mi cuñada consiguió plata y pudo pagar el alquiler de ella hasta el 5 de diciembre”.
Frente a esta situación, mantuvieron alrededor de cinco reuniones con la intendenta de Wanda, Romina Faccio, en intentos por recuperar ese territorio o algún otro espacio que les permita volver a dedicarse al cultivo de alimentos y la cría de animales para el consumo.
Construcción de horno de barro por Eduardo Garcete cuando residían en el Paraje. La estructura fue destruida durante el desalojo
“Vamos a ver qué solución tenemos el 19 de noviembre cuando volvamos a reunirnos con la intendenta”, dijo con pocas esperanzas tras las constantes peticiones irresueltas.
“Si no se resuelve, lo único que queda es acampar frente a la municipalidad, pero no queremos pasar por eso otra vez”, recordó aludiendo a un anterior desalojo.
En esa línea, agregó: “Pero no queremos eso porque ya pasamos por esa situación una vez con los chicos en la calle, sin baños, sin agua y sin poder darles de comer”.
De extractivismo y territorios
Mientras Norma aseguró residir en ese territorio durante al menos diez años, la empresa Arauco arremetió contra la propiedad sin resquemor.
Al respecto, la damnificada explicó: “Eso es chacra desde 1999, era espacio fiscal y fue pasando por varias familias. En el 2014 mi marido compró la chacra en Paraje San Lorenzo entregando un vehículo, plata y una yunta de bueyes, porque es chacra desde hace 25 años y la empresa Arauco dice que es de ellos”.
Al ser consultada por el título de propiedad, se sinceró: “En Paraje San Lorenzo nadie tiene título por la tierra. Ahí es todo fiscal. Lo que no entendemos es por qué la empresa fue solo a esas 38 hectáreas, a las otras casas que están en el mismo Paraje y durante el mismo tiempo no llegaron”.
Destrucción de vivienda de la familia Segovia- Garcete durante el desalojo
La empresa en cuestión está abocada al cultivo de pinos y eucaliptos desde 1996 en la provincia, contando con varios antecedentes similares. En septiembre de 2023, activistas de Greenpeace e integrantes de las comunidades mbya Guazurarí y Puente Quemado II protestaron contra Arauco, por el avance y desmonte sobre sus territorios.
A través de un comunicado de prensa, señalaron que “la propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná S.A., entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de 20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de seis ciudades de Buenos Aires”.
En cuanto a la legislación, se encuentra vigente -hasta el 31 de diciembre de 2025- la Ley Provincial XII Nº 41, de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.
“Es una ley muy importante porque Misiones tiene una historia de concentración de la tierra desde su nacimiento en 1881 cuando 29 personas se apropian de toda la tierra, entonces queda concentrada desde su génesis. Eso hace que hoy tengamos una irregularidad. A pesar de que se dieran procesos de titularización, hubo momentos altos como la expropiación de Pozo Azul, pero existe un gran porcentaje de la tierra rural productiva que está en la informalidad, entonces tenemos juicios muy grandes que dependen de esa ley”, afirmó el abogado Luis Fuentes consultado por La Voz de Misiones.
La próxima reunión con la intendenta está prevista para el 19 de noviembre cuando la familia Segovia- Garcete acudirá a la municipalidad y espera ser acompañada por su letrado.
Familias aguardan respuestas a cuatro meses de ser desalojadas en Wanda
Con el impulso de más de 23 ONG’s de todo el país -que desde hace varios años trabajan en la investigación y promoción de los diferentes beneficios del cannabis medicinal y el cáñamo industrial-, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, hizo un llamado a un “Pacto del Río Paraná”, con el objetivo de impulsar una ley integral que legalice el producto en Argentina, permitiendo “mejorar la calidad de vida, reducir la violencia y el narcotráfico, generar empleo y fortalecer la economía en la provincia”.
De esta manera, invitó a avanzar en un marco legal inclusivo al que llamó “Pacto del Río Paraná”: “Los invito a ir todos juntos al Congreso y presentar una ley nacional para la legalización del Cannabis en Argentina. No es lo mismo caer preso teniendo recursos que no teniéndolos”.
En cuanto a la legislación provincial, enfatizó: “Debilita el narcotráfico y reduce la violencia, genera empleo y crecimiento económico, incrementa la recaudación fiscal para invertir en salud y educación, y permite un consumo seguro y controlado”.
De esta manera, con la despenalización y regulación pretenden lograr un consumo controlado y seguro, protección a los sectores más vulnerables, educación y prevención para evitar el abuso, y un modelo económico transparente y productivo.
Facundo López Sartori durante el encuentro en San Ignacio
Un encuentro con bandera nacional
La convocatoria fue realizada por el funcionario el domingo pasado en San Ignacio, donde se realizó un encuentro nacional encabezado por la Federación Argentina de Cannabis y Cáñamo, que agrupa alrededor de 23 asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas dedicadas a la investigación, formación, cultivo y producción de derivados del cannabis y el cáñamo, provenientes de Misiones, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Bariloche.
Por Misiones, estuvo presente la Mesa Provincial Interinstitucional de Abordaje del Cannabis desde donde trabajan junto al Ministerio del Agro y la Producción, entre otros ministerios, en un marco normativo que garantice el acceso seguro al cannabis medicinal y promueva la producción del cáñamo como alternativa económica para elaborar derivados como ser: cosméticos, indumentaria, textiles, entre otros, iniciativa que será presentada de cara al inicio de sesiones legislativas prevista para el 1 de mayo.
La anfitriona del evento fue la Asociación Misiones Activa, cuyos representantes expusieron sobre el rol del Estado en la regulación y el impacto del cannabis en la salud pública, además de usuarios, productores, especialistas y funcionarios.
Entre ellos, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreyra; el representante del Instituto Misionero de Biodiversidad, Juan Solari; la diputada Mabel Cáceres, presidenta del bloque del Frente Renovador de la Concordia; el subsecretario de Salud, Héctor Proeza; la directora de Farmacia, Roxana Galeano; el ingeniero Matías Cabral por el Ministerio de Industria; el subsecretario de Turismo, Ramiro Rodríguez Varela; y la licenciada en Genética, Agostina Levroux, de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales.
Baja del Reprocann: “El proyecto provincial ahora tendrá más resonancia”
La reunión prevista para la tarde de hoy entre autoridades del Gobierno provincial y referentes de los distintos eslabones de la cadena productiva de la yerba mate -que conforman la Mesa Yerbatera Permanente-, fue suspendida ante la falta de quórum en la definición de precios por parte de los molinos.
El pasado viernes, cuando se conformó dicho espacio en la sede del Ministerio del Agro y la Producción, el sector industrial se había comprometido en analizar y presentar en la próxima reunión una propuesta de precio. Sin embargo, horas antes de concretar el encuentro, optaron por anticipar que por el momento no había definiciones, por lo que finalmente decidieron posponer para otra fecha.
Actualmente los secaderos pagan entre $180 y $270 por el kilo de hoja verde, mientras que los productores piden, sin éxito, $457, conforme al estudio de costos realizado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), donde consideran que se debería pagar $350 por kilo de materia prima, sumado un 30% de ganancia para el productor.
Hasta no llegar a ese monto, los productores aseguran que continuarán con las medidas de fuerza que incluyen el paro de cosecha desde el 2 de diciembre, además de acampes en distintos puntos de la provincia, siendo las localidades de Oberá, Andresito y San Vicente las que hicieron notar su reclamo durante la jornada de hoy.
En la próxima reunión, se espera que los productores yerbateros de San Pedro y San Vicente establezcan varios plazos y exigencias en cuanto a los costos con las industrias, mientras que el Gobierno provincial impulsará la convocatoria a los legisladores nacionales por Misiones, con el objetivo de trasladar la solicitud a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en abril.
Se conformó la Mesa Yerbatera y elevarán pedidos al Gobierno nacional
La segunda reunión de la Mesa Yerbatera Permanente, tendrá lugar en la tarde de hoy en la sede del Ministerio del Agro, tras el primer encuentro que logró conformar el espacio el jueves pasado. En esta oportunidad, el objetivo será aunar criterios en torno a la solicitud de mejores precios para la hoja verde y elevar el pedido a las autoridades nacionales a través de los legisladores misioneros.
En este sentido, mientras los productores yerbateros de San Pedro y San Vicente buscarán establecer varios plazos y exigencias en el marco del reclamo que llevan adelante por los costos de la materia prima, el Gobierno provincial impulsará la convocatoria de los legisladores nacionales por Misiones a una reunión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en abril, a fin de resolver los problemas que atraviesa el sector.
A nivel nacional, la diputada nacional por Unión por la Patria, Julia Strada, presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución para designar un presidente en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y otro para reponer las facultades que le fueron suspendidas al organismo desde la puesta en vigencia del decreto 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei apenas asumió.
Sin embargo, ante la negativa del Gobierno nacional de reflotar el funcionamiento del Inym, las autoridades provinciales representadas por el Ministerio del Agro y la Producción, buscarán la forma de elevar el reclamo a Nación teniendo en cuenta la realidad que atraviesan los distintos trabajadores de la cadena productiva en Misiones.
Mientras tanto, continúa vigente el paro de cosecha y los acampes en el cruce Karaben, sobre ruta 14, kilómetro 868 de Oberá, sin corte de la arteria nacional. En Andresito, con carpas a la vera de la ruta y varios vehículos, aunque sin entorpecer el tránsito vehicular sobre las rutas 19 y 101. Finalmente, en San Vicente alrededor de 30 manifestantes permanecen alcostado de la ruta sin interrupción del tránsito.
Por otra parte, los manifestantes solicitaron una sesión especial de la Cámara de Diputados para que el cuerpo legislativo avance en el proyecto de ley que permita crear el Instituto Provincial de la Yerba Mate, como posible solución a la desregulación de precios que generaron las políticas de libre mercado.
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