Provinciales
Denuncian que el gobierno provincial autorizó desmonte de bosque nativo
Se trata de un área sagrada para los pueblos originarios que forma parte del territorio protegido por la Ley Nacional 26.160. Las comunidades enviaron un recurso para frenar el daño a la selva.
CAMPO GRANDE. Referentes misioneros del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) denunciaron la terrible situación vivida durante la mañana de este jueves 6 de febrero cuando, utilizando el cuerpo, un grupo de indígenas logró frenar que máquinas avancen sobre una porción de la selva.
El conflicto se vivió en un área ubicada dentro de Campo Grande y que pertenece a la comunidad de Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7.
La discusión por estas tierras en realidad está vigente desde el 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.
En diálogo con la coordinadora provincial de ENDEPA, María Josefa “Kiki” Ramírez, señaló que “en abril se cumple un año desde que se comenzó a dialogar sobre estas tierras.
Resulta que el Ministerio de Ecología junto a una empresa de Buenos Aires avisaron a la comunidad de los trabajos que se harían en la zona. Ese espacio explotado se encuentra dentro del relevamiento territorial en base a la Ley Nacional 26.160, donde se demarcan los territorios protegidos”.
“Ellos poseen una carpeta técnica con una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas donde reconocen que ese territorio es de uso público, actual y tradicional de la comunidad”.
Sobre esta resolución de protección territorial, explicó que “si bien no se trata de un título de propiedad, es una herramienta legal que tiene la comunidad para defender ese espacio. Más adelante quizás consigan una titularidad pero quieren que estos lugares conserven el monte y no sean dañados”.
Por otra parte, indicó que “un grupo de unas 20 comunidades originarias de Misiones, recibieron estas carpetas en diciembre pasado. Sin embargo, este pueblo tiene una carpeta técnica hace cerca de tres años, porque fue una de las primeras relevadas en la provincia”.
Ramírez contó que para evitar que se destruya aún más la selva, “se organizaron grupos de personas a un lado y al otro del camino para de esta forma impedir la entrada de los camiones. Los indígenas se plantaron y no dejaron pasar las máquinas.
Ellos pusieron el cuerpo, prácticamente arriesgando su vida, ya que el Ministerio de Ecología no estaba haciendo nada”. Además de indígenas de la comunidad de Ka’a Kupe, estuvieron presentes también representantes de Yvy Chi y Ko’eju.
Cuando este grupo llegó al área del desmonte y fueron testigos del daño hecho a la naturaleza decidieron actuar: “Llamamos al ministro de Ecología (Mario Vialey) para decirle lo que estaba sucediendo porque el día anterior la abogada de las comunidades estuvo reunida con él para presentar una carta documento, pero las máquinas seguían trabajando”.
“Luego de dar a conocer esta situación se logró suspender el corte de los árboles. Es un parate momentáneo, así que no sabemos qué criterios seguirán de ahora en más y si volverán”, remarcó.
Cintia, otra de las referentes de ENDEPA en la provincia, contó que “cuando llegamos con el grupo mbya hasta esa zona escuchamos cómo cortaban los árboles y fue realmente desgarrador”.
“Lo que se hizo fue sentarse en uno de los pasos de los senderos para que no vuelvan a entrar al monte”. Las comunidades originarias de Ruiz de Montoya y Campo Grande por el momento permanecen atentas a las decisiones que se tomarán desde las autoridades responsables del cuidado de la biodiversidad de Misiones.
“Hace más de una semana que la comunidad se enteró de que el desmonte había comenzado en esa zona y a partir de ahí hemos iniciado un contacto con Ecología para ver porqué nunca hubo una respuesta del recurso administrativo presentado previamente”.
“Sucede que el año pasado, cuando se enteraron que se habilitaría trabajar en estas tierras para sacar madera, se presentó un recurso donde se solicitó que no se ponga en marcha el permiso”, precisó Kiki Ramírez.
Sin embargo, “nunca hubo respuestas de la presentación hecha. Desde el Ministerio de Ecología se excusaron que hubo un recambio de autoridades y no podían encontrar el pedido pero una vez que lo encontraron, dijeron que el área Jurídica estaba de feria.
Eso fue preocupante porque mientras tanto teníamos 10 motosierras derribando árboles todo el tiempo, además de camiones y tractores que ingresaban en esos terrenos”, agregó.
En cuanto al daño hecho, Ramírez señaló que “la comunidad se dio cuenta hace una semana de que las máquinas iniciaron el trabajo pero por lo que está desmontado pareciera que hace varios días. Por lo cual suponemos que inició desde enero”.
Primera Edición
El reciente evento de camionetas y tractores en el “trompódromo” de Capín Largo, en El Soberbio, casi termina en tragedia cuando uno de los vehículos se salió de la pista en medio de una exhibición y embistió a un grupo de personas que observaba el espectáculo desde la zona de tribunas.
El hecho ocurrió el sábado a la tarde, en una de las dos jornadas del encuentro organizado por el grupo Tropa dos Brutos, que reunió una importante cantidad de participantes y espectadores que además compartieron juegos, música en vivo y baile.
El encuentro tuvo lugar en el trompódromo de barro acondicionado a un costado de la ruta costera 2, en la zona conocida como Capín Largo, donde los participantes ingresan con sus camionetas para dar una exhibición de derrape y otras maniobras de destreza al volante.
En medio del espectáculo, una camioneta Ford Ranger se salió de la pista durante una serie de trompos y se subió al sector del público, embistiendo a un grupo de personas presentes.
El hecho quedó registrado en filmaciones del evento y también se conocieron imágenes posteriores al hecho, donde los propios asistentes buscaban si debajo del rodado quedaron víctimas atrapadas, aunque hasta el momento no se reportaron heridos, ni se conocieron partes policiales al respecto.
Los eventos de este tipo comenzaron a ganar terreno en Misiones en el último tiempo. Ya hubo encuentros similares en Jardín América y San Vicente, mientras que este fin de semana fue el turno de El Soberbio.
En esta ocasión, además de trompódromo para camionetas también hubo una pista exclusiva para tractores y también una “pista de cabo de guerra”, competencia que cosiste en una camioneta estirando a otra.
Las entradas tenían un costo de entre $15.000 y $20.000 por persona, más $10.000 por conservadora, mientras que como premio había $1.000.000 para sortear entre los participantes inscriptos y otro millón para sortear entre el público.
El evento contó con el apoyo y la promoción del intendente de El Soberbio, Ricardo Leiva, y del ex jefe comunal, actual diputado provincial, Roque Soboczinski.
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Tras el decreto firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, que trasladó del domingo 8 al lunes 9 de marzo el asueto administrativo por el Día Internacional de la Mujer, el Consejo General de Educación (CGE) adhirió a la medida y por lo tanto ese día no habrá clases en las escuelas misioneras.
La adhesión se confirmó esta mañana, a partir de una circular firmada por autoridades del ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia.
De esta manera, las clases del lunes quedaron suspendidas para todos los niveles educativos.
El traslado del asueto por el Día de la Mujer fue establecido por el gobernador mediante el decreto 328/2026, firmado ayer.
En los considerandos del decreto se señala que se busca posibilitar la participación en actividades vinculadas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y promover instancias de reflexión y concientización sobre sus derechos.
El beneficio alcanza a las mujeres que se desempeñan en la administración pública central, entes autárquicos y organismos descentralizados de la provincia.
Passalacqua trasladó al 9 de marzo el asueto por el Día de la Mujer
La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), como parte del conjunto de las asociaciones de base que conforman la Conadu Histórica, decidieron profundizar su plan de lucha por mejoras salariales, presupuestarias y la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que iniciarán una semana de paro desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo.
A través de un comunicado, detallaron que el Congreso Extraordinario de Conadu Histórica resolvió “profundizar el plan de lucha en forma planificada con paros de duración semanal frente al brutal ajuste instrumentado por el gobierno nacional de Javier Milei y en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”.
Además del paro que iniciará en la semana del 16 de marzo, sumarán otras acciones la semana del 24 de marzo a 50 años del Golpe de Estado de 1976, un paro a partir de la semana del 30 y una evaluación el miércoles 1 de abril “para continuar intensificando el plan de lucha, si no hay respuesta a los reclamos”.
Simultáneamente, resolvieron concretar una nueva marcha nacional de las universidades públicas, “en unidad con todos los sectores universitarios y la sociedad en su conjunto”.
El Congreso Extraordinario de la Conadu también resolvió convocar al paro internacional feminista y transfeminista previsto para el 9 de marzo, “reafirmando el compromiso histórico de la docencia de las universidades con las luchas del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, y con la defensa de los derechos laborales y sociales en perspectiva de género”, apuntaron en el mismo documento.
De esta manera, el nuevo tramo del plan de acción directa se desplegará a partir del 16 de marzo, fecha en la que las actividades académicas estarán en marcha en la mayoría de las universidades públicas de todo el país, incluyendo Misiones.
Reunión del Congreso Extraordinario de la Conadu Histórica
Finalmente, recordaron que en instancias anteriores, fue votada la realización de un paro por 48 horas en caso de que se trate en el Congreso el proyecto de Milei que pretende derogar la Ley de Financiamiento vigente y reemplazarla por un 12,3% de aumento en tres cuotas, por debajo del 52% establecido por la ley vigente.
“El gobierno nacional se niega a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que el Congreso Nacional aprobó, sostuvo cinco veces y también fue ratificada por la justicia”, repudiaron en el comunicado.
Y agregaron: “Esto implica una flagrante violación a las normas básicas de la democracia representativa, la constitución y la institucionalidad de la Nación. El presidente de la Nación está poniendo en riesgo las actividades académicas, perjudicando a 2 millones de estudiantes, casi 200 mil docentes y 50 mil nodocentes”.
“Los salarios han caído por debajo de la línea de pobreza, generando la renuncia de más de 10 mil docentes, cortando las vocaciones académicas y dañando los equipos de cátedra. Este deterioro, a su vez, empuja a las obras sociales a la quiebra, porque dependen del aporte salarial. La universidad pública de calidad es un derecho. Universidad pública siempre, con salarios dignos”, concluyeron.
Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento
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