Provinciales
Denuncian que directivos envían “listas” para descontar a docentes que protestan
En el marco de un paro de 48 hs que se inició ayer por parte de los gremios del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), docentes del BOP 21 de Garupá continuaron la jornada de cese de actividades en la institución en manifestación a los “altos descuentos” sufridos en sus recibos de sueldo.
“Un grupo de docentes nos presentamos en la escuela sin firmar para que se haga visible nuestro reclamo, sobre todo, frente al directivo, la profesora licenciada Sandra Gutiérrez, debido a los salvajes descuentos que recibimos por parte del Consejo”, afirmó el docente Diego Antúnez en diálogo con La Voz de Misiones.
“Nos venden al patrón”
Según aseguraron los docentes, los descuentos en los sueldos oscilaron entre los 20 mil y 65 mil pesos.
“El presidente del Consejo, Alberto Galarza, a través de los supervisores, piden, exigen a los directivos que envíen las listas de los docentes que están en huelga”, expresó Diego.
“Tengo conocimiento porque también conozco a otros directores que se han reunido a sus docentes y han planteado la situación de que ellos no van a enviar la lista, solo los porcentajes que es lo que legalmente corresponde”, agregó.
“En otras escuelas, en cambio, los directivos, en lugar de cuidar justamente a su plantel docente, porque es un reclamo justo y legítimo, mandan la lista”, acusó.
“En lugar de apoyarnos, nos vende frente al patrón”, añadió.
“Los supervisores amenazan a los directivos, y eso me consta porque he visto mensajes de otros directores donde se los presiona con que van a hacerle un sumario administrativo si no cumplen”, señaló.
Al respecto, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza, se refirió al conflicto y expresó que “el grupo que está manifestándose dice que no hay diálogo, sin embargo, tenemos actas firmadas con la mesa que tenemos con ellos, tuvimos reuniones desde enero a abril”.
“Vayan rotando los descuentos”
El docente comentó que son muchos los educadores que recibieron los descuentos a raíz de las jornadas de paro de los meses anteriores.
“Yo, por ejemplo, trabajo en la Comercio 8, de Miguel Lanús, y en esa escuela no se descontó, pero sabemos, mediante la secretaria, que la directora elevó la lista, por lo tanto, estamos a la expectativa de que el mes que viene el Consejo vaya rotando las escuelas con los descuentos”, adelantó.
Asimismo, manifestaron su preocupación por la situación que se encuentran viviendo: “El gobierno no nos recibe en el Consejo, ayer en la jornada de lucha fuimos a presentar las notas, debido a estos descuentos, y nos encontramos con las puertas del Consejo de Educación cerradas, con una barrera con un importante número policías y, dentro del Consejo, un numeroso personal de Infantería”.
“Todo esto siendo que la página del Consejo de Educación plantea que ese tipo de reclamos tienen que hacerse de manera personal”, agregaron.
Sueldos mal liquidados
Con respecto a los descuentos, aseguraron que “algunos fueron mal liquidados porque hay docentes que no hicieron e igual se le descontó, hay docentes que hicieron paros solo algunos días y sufrieron descuentos graves”, y agregó: “Fue variando entre docente y docente, de acuerdo a la antigüedad también”.
Además, los docentes expresaron que, a diferencia de otras ocasiones, en las que recién un día previo a cobrar se habilitan los recibos en su usuario personal de Mi Consejo, esta vez, los haberes estuvieron cargados el feriado 25 de mayo.
“Nunca habilitan para que podamos mirar con tantos días anticipación, es un mecanismo para generar miedo y que veamos los descuentos que se nos hacen”, apuntó Diego.
“Es una forma de generar presión por parte del gobierno para que bajemos los brazos, agachemos la cabeza y dejemos de luchar. Cuanto más nos descuentan, más nos afectan económicamente y eso también perjudica nuestra lucha”, afirmó.
El paro continúa
El personal educativo aseguró que el paro continuará: “Hasta las 11:30 vamos a estar en la escuela, luego vamos a levantar la medida y nos dirigimos al Consejo de Educación porque hay colegas del interior de la provincia que van a venir a entregar de manera personal la nota, solicitando la devolución de lo descontado”, detallaron.
“Nuestra gran pregunta es a dónde va todo el dinero que se nos descontó ahora, al bolsillo de quién, porque es muchísima plata, son millones de pesos”, manifestaron.
“A nosotros nos indigna porque se reúnen solamente con los gremios que son amigos del poder y dónde se ha visto que un gremio, como por ejemplo UDPM, sea oficialista, haga campaña para el gobierno de turno y defienda el trabajador”, fustigaron.
“Tenemos colegas de UDPM que ahora cruzan al lado nuestro y no nos saludan o hacen risas burlonas, como disfrutando del mal momento que estamos pasando”, contaron.
“A ningún docente le gusta estar cortando rutas, en asambleas, marchando, haciendo esto que estamos haciendo ahora, queremos estar en el aula, pero lamentablemente nos obligan a tomar estas medidas” finalizaron.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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