Provinciales
“Una minoría docente no puede imponerse al gobierno”, dijo Alberto Galarza
El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto “Colita” Galarza, se refirió al conflicto que mantiene el gobierno provincial con los gremios del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), luego de las manifestaciones realizadas ayer en el edificio público en Posadas.
“El grupo que está manifestándose dice que no hay diálogo, sin embargo, tenemos actas firmadas con la mesa que tenemos con ellos, tuvimos reuniones desde enero a abril”, indicó el funcionario.
Asimismo, Galarza aseguró que “hay una intencionalidad política de levantarse de la mesa”, debido a que “once días antes de las elecciones (el 7 de mayo) no tuvimos más consenso, cuando en la última reunión estuvo presente quien después fue electo diputado, Cristian Castro, y otros que fueron electos concejales”, dijo en diálogo con FM Show.
No obstante, consultado sobre la continuidad de la protesta a más de un mes de los comicios provinciales, sostuvo que “lo que estamos discutiendo con este sector es el incremento salarial, que ya acordamos para mayo y junio con el sector mayoritario, aunque no les guste a ellos”.
Respecto a las subas de sueldo, postuló que “estamos a junio con un incremento del 41,15% y la inflación hasta abril es del 32%; vinimos dando aumentos salariales acordes a la inflación”.
“Que ellos no estén de acuerdo con esto no les da derecho a generar el caos en la provincia o hacer desmanes, como ayer en el Consejo, donde rompieron vidrios, en su propia casa”, siguió el funcionario.
En esa instancia, recordó que “pedimos al ministro de Gobierno la asistencia de la Policía de Misiones y ha tenido un desempeño ejemplar, hubo muchos policías agredidos que no tuvieron ninguna reacción”.
“Minoritario”
En línea con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, que días pasados definió que “40 docentes no representan a todos el sector”, Colita Galarza adujo que “un sector minoritario, tanto en educación como en política, no puede imponerse al gobierno”.
“Tienen que reconocer ese rol minoritario y construir desde ahí”, siguió y añadió: “Que me digan que no es verdad, hicimos una mesa con ellos a pesar de que son una minoría”.
“No es cierto que no dialoguemos, lo que no estamos es de acuerdo”, fustigó y remató: “Estamos descontando los días que no trabajan, son 21 días de paro”.
“Tenemos los informes de quiénes son los que adhieren a las medidas de fuerza e hicimos los descuentos correspondientes”, tema que ahora se sumó al reclamo por un salario básico de 51.200 pesos exigido desde el FTEL.
“No hay derecho a perjudicar el desarrollo de la economía en la provincia cuando no estamos de acuerdo con algo, tomar rutas y destruir edificios públicos, si tenemos una mesa de diálogo es para dialogar, pero si no tenemos acuerdo, no tenemos acuerdo”, finalizó el presidente del CGE.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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