Provinciales
Materia fecal en El Brete: piden informes en la Legislatura y el Concejo
En la segunda sesión ordinaria de la Cámara de Representantes de Misiones, realizada ayer, la diputada Blanca Álvez, del Partido Agrario y Social (Pays), realizó un pedido de informe sobre el derrame de residuos cloacales en la bahía El Brete de Posadas.
Álvez solicitó que el Ente Provincial de Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac) presente las evaluaciones que haya elaborado en los dos últimos años, en el marco de las auditorias y controles regulares de la fiscalización realizadas sobre los informes de controles del mantenimiento a la red cloacal de la planta depuradora que administra la empresa concesionaria del servicio, Samsa.
“Si se requirieron a Samsa informes técnicos a obras de mantenimiento de la red cloacal y la planta depuradora que se encuentran ejecutadas en el desarrollo del periodo 2022 y el transcurso del 2023”, quiso saber con su pedido la legisladora del Pays.
En esa línea, la parlamentaria también pidió que se informe sobre cuáles fueron las medidas y las evaluaciones del impacto socioambiental que se tomó a raíz del incidente y medidas de la sanción que correspondieron implementar por los incumplimientos de la empresa.
“Esto no solo afecta a los clubes náuticos, sino también a la salud de cientos de chicos que vienen haciendo sus tareas recreativas en la zona de la bahía del Brete”, manifestó en la Cámara.
Y agregó: “También todo lo que ocasiona en los alrededor de lo que es El Brete, por eso pedimos el informe al Eprac, cuáles son las medidas, si se están haciendo las inversiones que se tienen que hacer para poder subsanar esto y que no siga pasando”.
Por su parte, la diputada provincial del bloque PRO, Mikaela González Coria, también presentó un proyecto de pedido de informe sobre los derrames cloacales en la bahía de El Brete.
“Para que la empresa concesionaria de servicio de agua potable y tratamiento desagües cloacales de la ciudad de Posadas Samsa, a través del área que corresponda, informe sobre la presencia de materia fecal por defecto de la tubería en la zona”, sostuvo la diputada macrista.
Seguidamente, la legisladora manifestó que a los posadeños “les genera un gran malestar, están pidiendo una solución”, al tiempo que añadió que desde el bloque “consideramos que también es una decisión política que el Ejecutivo exija a la empresa, que le dé 72 horas hábiles, como corresponde, para que subsane lo que está pasando”.
Por último, Coria pidió que apliquen multas por lo ocurrido a la empresa prestadora del servicio en la capital provincial.
Pedido en el Concejo
En el Honorable Concejo Deliberante de Posadas, también se presentó un proyecto de informe por la materia fecal que apareció el pasado 15 de mayo en la bahía El Brete, por la rotura de un caño, por lo cual las actividades en el río están suspendidas desde entonces.
El concejal Santiago Koch, del bloque Juntos por el Cambio (JxC), pidió que se ponga en conocimiento de los ediles las acciones llevadas adelante por el municipio, en razón de “la liberación de materia fecal humana y aguas residuales en la cuenca del río Paraná”.
En segundo lugar, solicitó las actuaciones de oficio que “debió llevar adelante el Juzgado Municipal de Faltas de turno en el mes de mayo”.
Y por último, en su proyecto de informe, el edil requirió el plan de reparación por “el daño ambiental ocasionado”.
“Hace más de quince días estamos viviendo una situación indeseable, en un lugar muy concurrido, muy importante de nuestra ciudad y que realmente nosotros queremos conocer qué tipos de actividades llevaron adelante el municipio”, manifestó.
Y añadió: “La contaminación es clara y concreta, y hoy en día no hay ninguna información. Es el Ejecutivo municipal quien tiene la potestad por carta orgánica, por ordenanza, por leyes y por nuestra Constitución Nacional de poder exigir el cumplimiento de las normativas vigentes a las empresas que prestan estos servicios”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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