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Paro de trabajadores de Salud: “Nuestro propio gremio no nos representa”

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Paro de trabajadores de Salud: “Nuestro propio gremio no nos representa”

En Eldorado, Iguazú, San Vicente, Oberá y otras localidades de la provincia, trabajadores de la Salud Pública iniciaron un paro de 48 horas en reclamo por un aumento salarial y tras haber agotado las herramientas legales para llegar a un acuerdo entre las partes.

En diálogo con La Voz de Misiones, Marisa Dering, integrante de la Comisión Directiva de la Seccional 30 de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), explicó que la cartera sanitaria y el gremio arrastran con una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Misiones desde octubre.

“Lo establecido son 15 días hábiles o se pueden agregar 5. Hasta el día de hoy vamos por 60 días hábiles aproximadamente. Es decir, se pasaron todos los plazos legales y no se llegó a ningún acuerdo”, precisó Dering.

Dering, que es secretaria y asistente en odontología en el Samic de Eldorado, detalló que los trabajadores de la sanidad perdieron el poder adquisitivo con los altos índices de inflación registrados en diciembre (2023), enero y febrero, lo cual provocó el deterioro del salario.

“Desde el año pasado los trabajadores públicos venimos perdiendo. La inflación era tan alta y a nosotros no nos aumentaron de acuerdo a esas cifras y, ahora, con todo el cambio de gobierno, nos dan lo que es la inflación, que es baja. Realmente venimos postergados hace mucho tiempo”, cuestionó la profesional.

Otro de los reclamos del sector es el incumplimiento al compromiso asumido por la cartera de Salud en equiparar los salarios con el de los trabajadores del Instituto de Prevención Social (IPS).

Sobre esa cuestión, la representante gremial puntualizó: “La equiparación con el IPS nos deben desde agosto. No nos están pagando absolutamente. No es el mismo trabajo, pero ellos cobran muchísimo más que nosotros y dependen del ministerio también. Nosotros estamos expuestos a todo tipo de enfermedades. Los compañeros hacen guardia de 16 horas. Realmente no tienen vida porque no alcanza el sueldo, por eso se había acordado una equiparación con el IPS”.

La dirigencia gremial

El paro de 48 horas comenzó hoy y continuará mañana sin atención médica en los consultorios externos de Oberá, Iguazú, San Vicente, como así también en los Caps provinciales y en los entes de salud en los que trabajan afiliados de la Seccional 30 de ATE Eldorado, que abarca desde la localidad de El Alcázar hasta Bernardo de Irigoyen.

Dicha medida de fuerza fue tomada por las diferentes seccionales de la ATE de Misiones en conjunto con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), sin el acompañamiento del Concejo Directivo Provincial (CDP) de ATE, encabezado por Miriam López, a quien las bases acusan de “complicidad” con el gobierno provincial y de ir en contra de “los derechos de los trabajadores”, apuntó Marisa Dering a LVM.

De acuerdo a lo que manifestó la referente, el último viernes representantes del Ministerio de Salud Pública, el CDP y los secretarios generales de ATE concretaron una mesa de diálogo, en la cual el gobierno propuso una prórroga en la conciliación obligatoria.

“Los secretarios generales se levantaron de esa mesa y dijeron que ellos no iban a firmar una prórroga cuando ya las instancias legales están agotadas y se fueron”, contó la trabajadora del Samic de Eldorado a este medio y acusó: “Tenemos entendido que el CDP sí firmó. Nunca socializaron el acta, no sabemos si firmaron o no firmaron. Nuestro propio gremio no nos representa, no representa a los trabajadores de la salud, esto nunca pasó, este año fue muy difícil”.

Descontento

En esa línea, Marisa cuestionó que desde que La Libertad Avanza (LLA) asumió el gobierno nacional, la dirigencia del gremio no permite a los trabajadores de salud capacitados a formar parte de las mesas técnicas y salariales que mantienen con las autoridades locales como siempre lo hicieron e incluso señaló que en el conflicto que implicó un acampe en el edificio del ministerio de la cartera sanitaria en mayo “ATE acordó entre cuatro paredes” sobre el salario y los reclamos del sector.

“La verdad que son dictadores igual que el gobierno. Yo hablo de los afiliados de esta zona y de las seccionales que somos los que ponemos el lomo en la calle cuando hacemos la lucha y peleamos por nuestros compañeros. Nunca pasó que nuestro propio gremio esté aliado al gobierno, porque eso es lo que vemos, si te esconden un acta, si firmaron una prórroga, si no exigen la liberación de las partes. Al CDP no los vi peleando por salud en la calle”, afirmó la mujer.

En cuanto a un nuevo acuerdo suscripto entre las partes sin las seccionales, Dering remató: “Lo de la conciliación es para dilatar, que no hagamos paro, que no entre ningún tipo de aumento en el aguinaldo que se va a cobrar este viernes, con eso, hablando mal y pronto nos acostaron”.

Por último, la secretaria y asistente odontológica añadió que también reclaman el pase a planta permanente de empleados de la sanidad que prestan servicio en el hospital de Eldorado, por quienes el ministro de Salud, Héctor González, se comprometió a regularizar su situación mediante un acta de acuerdo firmada durante los reclamos multisectoriales de mayo en la provincia.

“En Eldorado le deben el pase a planta de los compañeros, pasó gente a todos lados en planta permanente menos en acá, venimos todos los meses firmando las actas. Tenemos compañeros que hace 17 años están trabajando y no están en planta permanente. Algunos que se tienen que jubilar y siguen en planta temporaria, vergonzoso, el ministro firma las actas y no las cumple, ya no creemos ni en la palabra, ni en la firma, realmente se burlan en la cara de los trabajadores”, cerró la referente de ATE Marisa Dering en diálogo con LVM.

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La Mesa No a las Represas cuestionó la “promoción” de Corpus en la Unam

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El movimiento social y ambiental de Misiones, que se opone a la construcción de grandes represas hidroeléctricas en la región, se expresó luego de que se presentará el proyecto hidroeléctrico Corpus Pindo-í durante las XVI Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión y Vinculación (JIDeTEV 2026), en la Facultad de Ingeniería de Oberá.

El evento fue concretado en el marco de las actividades por los 52 años de la Unam, el pasado 25 de agosto, junto a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip).

En un comunicado al que tuvo acceso este medio, la Mesa Provincial No a las Represas manifestó “preocupación” por el accionar de las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, al “promocionar la construcción de la mega represa de Corpus Christi” junto a las autoridades de la Comip.

En ese sentido, recordaron que dicha represa se encuentra prohibida por la ley provincial XI – Nº 5, que refrenda el resultado del plebiscito de 1996, en el que el electorado misionero rechazó la construcción de cualquier emplazamiento sobre el río Paraná con el 88,63 % de los votos, el 14 de abril de 1996.

Seguidamente, cuestionaron el contenido del nuevo proyecto hidroeléctrico, al considerar que se presenta “erróneamente como generador de energía renovable, siendo que en octubre de 2015 se promulgó en nuestro País la Ley 27191 que en su capítulo 1, artículo 2, inciso b, establece como límite a las hidroeléctricas para ser consideradas renovables los 50 Mw”.

Para finalizar, recordaron que el interés por reflotar la iniciativa no solo proviene de sectores políticos y empresariales de Argentina, sino también del vecino país: “La obra se presenta como un proyecto para el desarrollo de Misiones, cuando en realidad hemos podido corroborar que desde Paraguay existe una fuerte campaña de presión para la construcción de nuevas hidroeléctricas sobre el río Paraná ante la necesidad de energía que les ocasionarían las instalaciones de gigantescos centros de datos para IA acordados con Taiwán”.

De esta manera, enfatizaron “el No a Corpus sigue vigente”.

Presentaron el proyecto Corpus Pindo-í en jornadas de investigación de la Unam

 

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Instalaron un pozo perforado y paneles solares en Puente Quemado II

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Luego de la mesa de diálogo realizada el 31 de julio pasado, en la que Arauco Argentina S.A. se comprometió a invertir en un pozo perforado y la instalación de paneles solares, esta semana las obras fueron concretadas en el predio que habita la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II en Garuhapé.

En ese contexto, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes y Arauco visitaron la comunidad e hicieron efectivas las instalaciones mediante un pozo de 166 metros de profundidad y la distribución y conexión de ocho paneles solares, los cuales garantizarían el funcionamiento de la bomba de extracción de agua. 

Seguidamente, procedieron a capacitar al cacique, Santiago Ramos, y a integrantes de la comunidad “para el correcto uso del sistema” que beneficiará a un total de 46 personas distribuídas en 7 familias.

“En el marco del proceso de diálogo y articulación institucional para acompañar a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones continúa acompañando las acciones y acuerdos alcanzados entre las instituciones involucradas”, expresó la cartera de Derechos Humanos a través de un comunicado institucional.

Y añadió: “En las últimas horas se realizó una nueva prueba del equipamiento, constatándose su correcto funcionamiento y un buen caudal de agua, lo que representa un avance significativo para mejorar el acceso a este recurso esencial para las familias de la comunidad”.

“Estos avances forman parte del trabajo iniciado tras la convocatoria a una mesa de diálogo interinstitucional, con la participación de organismos provinciales y nacionales, autoridades locales e integrantes de la comunidad”, aseguraron.

Al ser consultado sobre la obra, Ramos se mostró agradecido, pero aseguró que aún quedan detalles por ultimar: “Hicieron la obra y ya está funcionando. Pero todavía faltan los tanques y las torres para que el agua llegue a las viviendas”, cuyas tareas se realizarían próximamente bajo la órbita del municipio.

Según consta el mismo comunicado emitido por DDHH, “la Municipalidad de Garuhapé avanzará en las próximas etapas con el relevamiento y posterior instalación de la red de distribución interna, que incluirá tanques y mangueras para garantizar la llegada del agua a los distintos sectores de la comunidad”.

“El acceso al agua constituye uno de los compromisos concretos surgidos de este espacio de trabajo conjunto. El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones reafirma su compromiso de continuar acompañando a Puente Quemado II, promoviendo el diálogo, el respeto y la construcción de soluciones que garanticen y protejan los derechos de las comunidades”, concluyeron.

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Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”

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Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.

En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.

Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.

Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”. 

En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.

Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron. 

Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.

A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.

Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacquaquien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.

Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico

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