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Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza

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El pasado 6 de abril, Adolfo Guirula y Diego Correa, se apostaron con una carpa, elementos indispensables para subsistir, carteles y se encadenaron a las rejas de Casa de Gobierno en reclamo de su reincorporación a la fuerza provincial, luego de ser pasados a disponibilidad y removidos por “episodios de indisciplina” vinculados al conflicto salarial de 2024.

Se trata de dos de los ocho policías que luego de aquella protesta fueron detenidos y meses después liberados en una causa por presunto “intento de sedición y conspiración”. Con el correr de los días, se sumaron a la medida Gerardo Marín, Juan Méndez, Sergio Muchevicz y el sargento primero Nestor Rubén Zarza, quienes hoy superaron los 33 días de acampe en la Plaza 9 de Julio.

A un mes del inicio de esta protesta en reclamo de ser reincorporados a sus puestos de trabajo, los manifestantes aseguran que continúan sin respuestas oficiales, por lo que uno de ellos presentó una denuncia penal ante el juzgado federal de Comodoro Py

A su vez, sostienen el pedido de revisión de sus situaciones administrativas y judiciales, mientras persiste el conflicto sin avances, causa que fue visibilizada por el diputado Ramón Amarilla en dos iniciativas que expuso este jueves ante la Legislatura provincial.

“Acá continuamos sin respuestas por parte del juzgado, pero con una nueva denuncia contra el gobernador Hugo Passalacqua, el ministro Marcelo Perez, el jefe de policía Sandro Martínez y director del 911 Maximiliano Carletti”, aseguró a La Voz de Misiones desde la Plaza 9 de Julio, Diego Correa, al anticipar un nuevo paso en el reclamo. 

Denuncia federal

Ante la “falta de respuestas” por parte de las autoridades provinciales, este jueves 7 de mayo, Correa presentó una denuncia penal con “solicitud de investigación urgente” ante el juzgado federal de Comodoro Py en Buenos Aires.  

La misma apunta contra las autoridades provinciales mencionadas, por: posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas y coacción agravada, hostigamiento sistemático y persecución política, privación ilegítima de la libertad, torturas y apremios ilegales, asociación ilícita, violación de derechos y garantías constitucionales, falsedad ideológica y utilización abusiva de sistemas de inteligencia y seguridad, violencia institucional, persecución política y sindical y posible terrorismo de Estado y actos de amedrentamiento contra civiles.

Según consta el documento, cada uno de estos hechos habrían ocurrido desde la protesta de mayo de 2024 en adelante. A su vez, se respalda en el pedido de restitución del puesto de trabajo, del cual, Correa asegura que fue “apartado de manera ilegal, arbitraria y sin haber podido ejercer debidamente el derecho constitucional de defensa”.

Pedido de desalojo

Si bien la protesta se caracteriza por ser pacífica y “sin obstrucción”, este miércoles la Municipalidad de Posadas se acercó al acampe para notificar una denuncia por parte del Ministerio de Gobierno.

“Según el ministerio de Gobierno nosotros bloqueamos la libre circulación peatonal. Por eso la municipalidad notificó que tenemos un plazo de 24 horas para liberar el lugar, pero no estamos obstruyendo nada así que seguimos acá tranquilos”, añadió Correa en conversación con este medio.

Desde la Legislatura

En la sesión de este jueves, en la Cámara de Representantes de Misiones, el diputado provincial del espacio Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores, Ramón Amarilla, ex cabecilla de la protesta policial que se desató en mayo de 2024, aludió al pase a disponibilidad de los ex policías, lo que calificó como un “castigo silencioso, burocrático y por lo tanto profundamente injusto”.

En ese contexto, el legislador solicitó el tratamiento preferencial de los proyectos de comunicación y declaración C69.872/26 y D69.871/26. Este último refleja “una profunda preocupación ante la brecha entre la institución y sus integrantes”, señaló en su alocución. 

Y continuó: “Debemos remontarnos a mayo de 2024 para entender que lo que ocurrió en la avenida Uruguay frente al Comando Radioeléctrico no fue un acto de indisciplina porque el hambre no conoce de jerarquías. Cuando un oficial o suboficial ve que su sueldo es devorado por una inflación que no da tregua, su vocación de servicio y su carrera entran en disputa con el instinto más básico del ser humano, la protección de su familia y la de su economía”.  

La respuesta administrativa fue el pase a disponibilidad y once meses en una unidad penal. La disponibilidad es en los papeles una medida administrativa, pero en la vida real de un policía misionero corresponde a una crisis que transgrede lo institucional y afecta a lo más profundo del seno familiar”, ahondó Amarilla.

También recordó que al pasar a disponibilidad, el efectivo pierde el derecho al uso del uniforme, su arma reglamentaria y no percibe sus haberes. “Yo no soy abogado, pero conozco los derechos básicos. Tanto la Constitución Nacional, como la provincial, brinda nuestra libertad y dignidad frente a cualquier abuso”.

En ese sentido, aludió a la situación de los policías que hoy reclaman frente a Casa de Gobierno: “Estamos ante personas que no saben si mañana van a tener para darle de comer a sus hijos, que no pueden pagar su alquiler porque sobre su cabeza está la sombra de un sumario que no avanza y de un gobierno que no los escucha”.

Al mismo tiempo, explicó que el proyecto presentado propone visibilizar “que la inestabilidad no terminó cuando se levantaron las carpas de la protesta (en mayo de 2024) o cuando salió el último de la unidad penal. Para muchos el castigo continúa hoy en abril de 2026. Es un castigo silencioso, burocrático y por lo tanto profundamente injusto. Es necesario revisar la situación procesal de los policías acusados de sedición, una de las carátulas más pesadas del Código Procesal Argentino”.

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El Concejo de Oberá respaldó a los yerbateros y reclamó avances judiciales

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En el marco de la sesión ordinaria realizada este martes 23 de junio, el Concejo Deliberante de Oberá dio lectura a una manifestación de apoyo al sector yerbatero denominada “Carta en Apoyo a los Productores Yerbateros”, un documento elaborado en respuesta a la compleja situación que atraviesa la actividad y a los reclamos que vienen sosteniendo los productores por precios justos para la materia prima y mejores condiciones para el desarrollo del sector.

La iniciativa fue presentada durante el espacio de “Expresiones Temáticas de la Actualidad”, uno de los segmentos de la sesión destinado al tratamiento de temas de interés social, económico y productivo. El documento lleva la firma del presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ariel Ullón; de la vicepresidenta del cuerpo Verónica Noguera  y de los concejales Marcelo Luis Sedoff, María Luisa Blum y Maximilian F. Binder, todos del bloque oficialista “Encuentro Misionero”. 

En la carta, los ediles expresaron su acompañamiento a las acciones judiciales impulsadas por distintas organizaciones de productores yerbateros que solicitaron ante la Justicia Federal una medida cautelar y la declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, norma que eliminó facultades clave del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas la de fijar precios para la materia prima.

“Queremos manifestar nuestro apoyo a quienes desempeñan sus tareas laborales dentro de este ámbito”, señala el documento, que además destaca la importancia de garantizar condiciones de equidad y sustentabilidad para una actividad que constituye uno de los principales motores económicos y sociales de Misiones.

El documento conto solo con la firma de los ediles Renovadores

La sesión, que comenzó a las 9 horas, contó con la presencia del histórico dirigente yerbatero Hugo Sand, acompañado por productores de la zona, el dirigente de la CTA Leandro Sánchez, el pastor de la Iglesia Luterana Fabián Paré y otros referentes sociales y productivos de Oberá.

Durante su intervención, Sand agradeció el respaldo institucional brindado por el cuerpo deliberativo y destacó que el reclamo excede a los productores. “Este acompañamiento no es solamente a la lucha de los productores, sino también a la de los trabajadores de la yerba mate”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que la crisis que atraviesa el sector tiene un origen político. “El problema que tenemos en este momento es un problema político. Por eso celebramos que en este ámbito estemos discutiendo estos temas”, expresó.

En otro tramo de su exposición, reiteró el pedido al mentor de Encuentro Misionero, el diputado provincial Carlos Rovira, y a los representantes de los distintos espacios políticos, para que gestionen ante el Gobierno nacional la restitución de las facultades del Inym.

Hugo Sand durante su agradecimiento a los concejales acompañado por sus pares dirigentes de la CTA

“Le pedimos a Rovira, a los funcionarios oficialistas y también a los opositores que hablen con Javier Milei y solucionen esto. Ellos tienen la posibilidad de resolver el problema”, pidió.

Asimismo, reclamó una pronta actuación de la Justicia Federal en las causas promovidas por las asociaciones de productores contra el DNU 70/2023. “Que la Justicia no duerma sobre los expedientes. Hay miles de familias que están sufriendo. ¿Dónde están los jueces que deberían estar resolviendo este problema de inconstitucionalidad de un decreto que de necesidad y urgencia no tiene absolutamente nada?”, cuestionó.

Finalmente, los concejales remarcaron, en el documento expuesto, que la cuestión reviste una trascendencia institucional y colectiva que afecta a miles de familias misioneras, por lo que consideraron necesario que el Poder Judicial analice el planteo con especial atención y celeridad.

Debate sobre la yerba en Oberá: “El problema es político y el impacto, social”

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Concejales denuncian tanque con barro y cuatro días sin agua en Piray

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Dos concejales del bloque Juntos Podemos denunciaron el estado “deplorable” en el que se encuentra el servicio de agua potable en Puerto Piray, ante la presencia de barro en uno de los tanques, el corte del suministro durante al menos cuatro días y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades afines y el gobierno local. 

Todo comenzó en horas de la noche del pasado miércoles 17 de junio, cuando el servicio de agua fue interrumpido debido a una presunta “falla temporal”, que luego terminó convirtiéndose en una emergencia sanitaria y social.

“Con el correr de las horas, los vecinos agotaron las reservas almacenadas en sus tanques domiciliarios y muchos debieron recurrir a juntar agua de lluvia para poder higienizarse o realizar tareas básicas del hogar”, repudiaron los concejales a través de un comunicado.

Y alertaron: “Puerto Piray atraviesa una de las peores crisis de abastecimiento de agua de los últimos años. A pesar de contar con dos plantas potabilizadoras y de administrar un presupuesto millonario, la localidad lleva más de cuatro días consecutivos sin agua potable, dejando a cientos de familias en una situación desesperante”.

En este contexto, apuntaron contra el municipio: “Mientras miles de vecinos sobreviven sin agua potable, la Municipalidad guarda silencio y la crisis expone una grave falta de planificación”. 

Escalada del conflicto

La situación alcanzó un punto crítico durante el fin de semana, cuando los concejales Elizabeth Mercado y Adrián Duarte, recorrieron los sectores afectados para constatar el estado del sistema de abastecimiento y escuchar los reclamos de los vecinos.

En el tanque de almacenamiento, desde donde se distribuye el agua a toda la localidad, hallaron una estructura completamente vacía y con más de un metro de barro acumulado en su interior, además de residuos y animales: “Una imagen que refleja el nivel de abandono y falta de mantenimiento de una infraestructura esencial para la salud pública”, consideraron.

Tanque municipal cubierto con barro en Puerto Piray

La recorrida continuó en la toma de agua sobre el río Paraná, lugar donde se realiza la captación y potabilización del recurso. Allí tampoco encontraron explicaciones ni respuestas concretas sobre cuándo se normalizará el servicio.

Nos preocupa profundamente la nula información brindada por la Intendencia y su gabinete. Los vecinos no saben qué está ocurriendo realmente ni cuánto tiempo más deberán esperar para recuperar un servicio básico y esencial”, manifestó la concejal Mercado.

La edil también cuestionó la falta de previsión de la gestión municipal, ya que tras el recorrido constataron que una de las bombas se encontraba fuera de servicio y la situación se agravó cuando la segunda dejó de funcionar, obligando a enviar ambas a reparación.

“La crisis vuelve a poner bajo la lupa las prioridades de la administración municipal. Mientras el Ejecutivo destinó cerca de 100 millones de pesos a la adquisición de camionetas, no logró garantizar el funcionamiento de un sistema que abastece de agua a toda la comunidad”, concluyeron los ediles.

Repudio vecinal

Durante la jornada del domingo, un grupo de vecinos autoconvocados se manifestó frente al edificio municipal exigiendo soluciones urgentes. Sin embargo, tampoco obtuvieron respuestas oficiales.

Este lunes, pese a las intensas lluvias registradas en la zona, la realidad sigue siendo la misma: “Puerto Piray continúa sin agua y sin explicaciones”, señalaron.

Quienes encabezan el reclamo sostienen que la crisis no puede atribuirse únicamente a una falla técnica, sino que “lo ocurrido deja al descubierto una combinación de falta de planificación, ausencia de mantenimiento preventivo, escasa inversión en infraestructura crítica y una preocupante falta de comunicación con la comunidad”, remarcaron.

 

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Productores de Apam pidieron la renuncia del presidente del Inym

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A través de una nota formal, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam) solicitó la renuncia de Rodrigo Correa al cargo de presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). 

El escrito, fechado el pasado 21 de junio, advierte que desde su asunción a la presidencia en diciembre de 2025 no hubo respuestas concretas ni soluciones reales a las demandas de los productores.

Demostró que no trabaja en beneficio del sector. Y cuando decimos sector, hablamos de tareferos, productores, cooperativas, secaderos y pequeñas y medianas industrias”, detallaron en la misiva.

Al mismo tiempo, recordaron que el precio de la materia prima “está por el piso”, arrojando un valor que ronda los $200 por el kilo de la hoja verde y con cheques a 90 o 180 días en algunos casos.

Por otra parte, alertaron sobre la caída de la producción y el consumo de yerba. Según el propio Inym, la cosecha se desplomó un 43% en dos años de desregulación. Esto es así ya que, entre enero y abril de 2024 se cosecharon 268.297.370 kilos de hoja verde; en el mismo período de 2026, la zafra se redujo a 151.910.206 kilos. 

En tanto, en los primeros meses de 2026, las ventas en el mercado interno retrocedieron hasta convertirse en las más bajas de los últimos cinco años. Entre enero y febrero de 2026, el consumo interno alcanzó los 40,6 millones de kilos, frente a los 43,1 millones registrados en igual período del año pasado, lo que implica una baja del 5,5%.

Otros motivos

Desde Apam también consideraron que con la presidencia de Rodrigo Correa “se menguó el funcionamiento del Inym a su mínima expresión”, lo que se vio reflejado en el despido de 21 personas formadas para el sector, e impactó en áreas claves como Técnica, Registros y Fiscalización, y  restringió el funcionamiento de Comisiones y el Directorio.

Esto, explicaoron,”censuró y limitó la discusión y la resolución del tema yerbatero justo en estos momentos donde más necesitamos debatir cómo salimos de la crisis que provocó la desregulación económica y cómo enfrentamos los altos costos de insumos, de servicios y de vida que nos genera el presidente Javier Milei”.

Y añadieron que Correa “demostró que no se ajusta a las normativas”, aludiendo a que, días atrás, se gestionó el ingreso al Inym de un excandidato a concejal de La Libertad Avanza, Samuel Miño para ocupar la jefatura del Área Técnica, sin informar al Directorio, y obviando los mecanismos establecidos institucionalmente para esos casos, lo que calificaron como “acomodo político”

“Cabe recordar que también “metió” a un amigo/conocido suyo como secretario privado, cuando ya existe una Secretaria para Presidencia y el Directorio del Inym. Además, resulta poco claro la designación de quién está al frente de Recursos Humanos”, remataron.

Para finalizar, recordaron que Correa “no desmintió” el informe periodístico que da cuenta que su objetivo de gestión es transformar la yerba mate en un commodity, y en ese marco, habilitar que la Ilex dumosa y otras hierbas puedan denominarse Yerba Mate.

“Aquí planteamos y preguntamos a Rodrigo Correa si su intención -no la del Directorio- es avanzar con la Ilex Dumosa como yerba mate, tal como se refleja en el informe periodístico.

Se sabe, la eventual sustitución o equiparación de la yerba mate Ilex paraguariensis con otras especies del mismo género, más adaptables pero cualitativamente distintas, no solo implicaría una pérdida de identidad del producto, sino también un deterioro de sus propiedades diferenciales, y de su posicionamiento como alimento funcional de alta calidad”, concluyeron.

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