El avance del modelo extractivista y el despojo de comunidades originarias sumó un nuevo capítulo esta semana tras el desalojo de siete familias mbya guaraní que integran Puente Quemado II, en la localidad misionera de Garuhapé. La medida se cumplió por orden del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena, en respuesta al pedido de restitución de lotes del 71 al 78 de la facción Cañafístola por parte del empresario forestal Alfredo Ruff.

El accionar no solo fue cuestionado por haberse ejecutado sin una orden judicial vigente, sino también por la forma, vulnerando los derechos de los niños, jóvenes y adultos que integran la comunidad e incluso la misma condición de seres humanos, al ser expulsados por la fuerza y trasladados en medio de todas sus pertenencias dentro de un camión jaula no apto para la circulación.

La orden había sido dictada el 17 de julio pasado por el juez Sena, quien autorizó el ingreso de la fuerza pública para concretar el desalojo, aun cuando el mismo fallo reconocía que la titularidad definitiva del territorio no había sido resuelta.

Inicialmente, el operativo estaba previsto para ese mismo día, pero fue suspendido provisoriamente por un amparo presentado por los abogados del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), medida que otorgó un alivio a la comunidad, aunque nunca dejó sin efecto la orden judicial que finalmente se concretó el martes 28 de julio.

A 48 horas del procedimiento la irregularidad del desalojo había llegado a los ojos de organizaciones tanto locales, como nacionales e internacionales ante la violación de los derechos humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que tanto la Justicia como los organismos vinculantes se vieron obligados a dejar sin efecto la medida -ya ejecutada- dando lugar a nuevas mesas de diálogo entre las partes involucradas.

Esta fue la segunda vez en el año que Puente Quemado II es vulnerada por la fuerza. La primera fue en mayo pasado cuando, en un intento de desalojo, fueron demorados en la comisaría local el cacique Santiago Ramos junto a otros siete hombres de la comunidad, quienes fueron trasladados en las carrocerías de camionetas, junto a mujeres y niños, por una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico y ejecutada por efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional IV.

Esa demora se había prolongado por casi doce horas y se efectuó a solo una semana del viaje realizado por la referente mbya Keila Zaya, a Nueva York, donde disertó ante la sede norteamericana de la ONU, junto a la abogada Roxana Rivas, sobre el conflicto territorial entre la comunidad Puente Quemado II y las empresas forestales, Arauco y Forestal Ruff, que acechan la zona hace varios años.

Inicialmente la comunidad contaba con 600 hectáreas, de las cuales casi la mitad fueron ocupadas por las empresas forestales. Hoy quedan 331 hectáreas relevadas por la Ley 26.160

Mesa de diálogo

A 48 horas del desalojo, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones y la Dirección de Asuntos Guaraníes aseguraron que ambos no fueron notificados previamente sobre el desalojo, por lo que solicitaron a las autoridades judiciales un pedido de informe, a fin de conocer los detalles y el alcance de la medida efectuada.

El pasado viernes 31 de julio, se concretó una mesa de diálogo en el predio de la comunidad Puente Quemado II a fin de avanzar en otra disputa, que involucra a la empresa forestal Arauco Argentina S.A., atravesada por el avance de la actividad extractiva en el mismo territorio.

Del encuentro participaron: el cacique Santiago Ramos, la ministra de Derechos Humanos Karina Aguirre, el director de Asuntos Guaraníes Francisco Rodríguez y representantes del Consejo de Caciques, del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), de Arauco Argentina S.A., de la Municipalidad de Garuhapé y del Centro Judicial de Mediación (Cejume) del Poder Judicial de Misiones.

Mesa de diálogo concretada el viernes 31 de julio

Según consta el documento emitido por el organismo provincial “las partes suscribieron un acta en la que se establecieron acciones concretas para garantizar el acceso al agua de las familias que integran la comunidad”.

Y agrega: “Arauco Argentina S.A., en articulación con la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, llevará adelante la perforación de un pozo de agua. Asimismo, la mencionada Dirección y la Municipalidad de Garuhapé avanzarán en la instalación de paneles solares que permitirán el funcionamiento de las bombas de extracción, garantizando un sistema de abastecimiento de agua seguro y sostenible y, además, proveerán energía eléctrica a toda la comunidad, mejorando las condiciones de vida de las familias que la integran”.

Desalojo de comunidad mbya Puente Quemado II el martes 28 de julio

Repercusiones

La Fundación para la defensa del ambiente (Funam), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, calificó de “escándalo judicial” lo sucedido en Garuhapé.

Ante esto, se movilizaron premiados con el Nobel Alternativo de todo el mundo y organismos internacionales para exigir al gobierno de Misiones que se reinstale a la comunidad en el sitio del cual fue desalojada y se repare lo dañado. También solicitan que se denuncie penalmente al empresario Alfredo Ruff, y se promueva juicio de destitución contra el juez Sena, quien ordenó el desalojo.

Simultáneamente, Puente Quemado II recibió el apoyo, entre otras organizaciones mundiales, del Movimiento Cooperativo Internacional (MCI), que tiene su sede en Ginebra, Suiza.

La presidenta del MCI, Florence Nuoffer, y el secretario general de la organización, Aurélien Stoll, reafirmaron “el respaldo incondicional de su organización a la comunidad en la defensa de sus derechos”. En el comunicado, difundido a nivel mundial, la presidenta y secretario general del MCI indicaron que “el despojo territorial y la criminalización de sus integrantes constituyen graves violaciones a las normas nacionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

Por su parte, Raúl Montenegro, profesor e investigador en universidades argentinas y del exterior, quien recibió en Suecia el premio Nobel Alternativo en 2004, consideró que “el escándalo judicial desencadenado por un juez que viola la ley no es un hecho aislado”.

En ese sentido, apuntó contra el gobierno de Misiones, el empresario Alfredo Ruff y la Justicia: “Tratan, con total impunidad, de despojar a las comunidades de sus territorios ancestrales y selva para implantar forestaciones artificiales. No olvidemos la invasión, desmonte y atropellos que ya venía sufriendo la comunidad de Puente Quemado II por parte de la empresa chilena Arauco. Está claro que para el gobierno y para las corporaciones una actividad extractiva que expulsa comunidades y empobrece el frágil suelo laterítico de Misiones es más importante que el llanto de los niños Mbya”.

Luego, continuó: “A nivel internacional causó indignación ver las imágenes de la Policía misionera sacando sin la más mínima humanidad a las familias de sus viviendas, y cargando sus pertenencias en un camión. Cuesta creer que en nombre de la ley se actúe violándola. No debe permitirse que un juez pisotee la constitución y una convención con jerarquía superior a las leyes del país”.

Para finalizar, se preguntó: “¿Por qué la crueldad e ilegalidad institucional pueden coexistir tan impunemente en Misiones?. Si el juez Roberto Antonio Sena, el gobierno de Misiones, el empresario Alfredo Ruff ,y la compañía chilena Arauco creen que sus atropellos a los derechos humanos pasarán desapercibidos, se equivocan. Sus nombres y malas decisiones ya circulan internacionalmente como una cruel muestra del genocidio silencioso que sigue ocurriendo en una provincia de Argentina. Más aún, los consumidores de productos con materias primas producidas por Arauco también castigarán tanta crueldad e impunidad”.

Entre las normativas vigentes que protegen sus derechos se encuentran: la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; Convenio 169 de la OIT; Ley 24.071, instrumento que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada ante medidas que los afecten-; Declaración ONU (2007), así como también convenios y tratados internacionales de jerarquía constitucional.

---

---

---

---

---

---

---