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Centro Nacional de Acceso a la Justicia tomó intervención en conflicto de desalojo a familias agricultoras de Corpus

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Centro Nacional de Acceso a la Justicia tomó intervención en conflicto de desalojo a familias agricultoras de Corpus
ElectroMisiones.com.ar De La Finca Hydro Piscinas

La directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Gabriela Carpineti, estuvo en la provincia para inaugurar la sede del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) en Posadas, y presentar al Superior Tribunal de Justicia de Misiones, un Amicus Curiae, junto al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la legisladora porteña, Ofelia Fernández, acompañada por colectivos feministas, para pedir la libertad de María Ovando -condenada a 20 años- hasta que se dicte la sentencia definitiva.

En la presentación, que califica las vulneraciones que sufrió la víctima, Carpineti reclama que se incorpore la perspectiva de género al análisis del caso de Ovando a quien visitó en la unidad penitenciaria de Villa Lanús, donde está presa.

En su recorrida por la provincia, la funcionaria nacional y su equipo estuvieron en la sede del CAJ de Eldorado, en la que mantuvieron un encuentro con diversos actores sociales de esa localidad.

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“Un entramado complejo, turbio y mafioso”

Posteriormente, la directora nacional del CAJ viajó a Corpus para interiorizarse sobre el desalojo compulsivo que sufrieron tres generaciones de familias campesinas de Colonia Isolina, acompañada por el diputado Martín Sereno (Tierra, Techo y Trabajo); el coordinador del NEA del CAJ, José Luis “Cachorro” Fuentes, y la concejal de Roca, Nidia Pintos (TTT), quien fue denunciada por acompañar a familias expulsadas, y fue imputada por violencia a la autoridad.

Aunque Carpineti estaba al tanto de la situación a través del abogado Fuentes, ahora pudo conocer de primera mano las consecuencias que dejó en las familias el violento desalojo perpetrado el 17 de agosto pasado.

“La primera mirada que tenemos luego de hablar con las familias, es que nuevamente hay una doble vara judicial respecto a este proceso. Supe que la primera denuncia que aparece como un conflicto de familias agricultoras, en realidad es una pantalla que cubre un entramado más complejo, turbio y mafioso. Este es el diagnóstico inicial que me llevo, y sobre el cual vamos a investigar y trabajar con el equipo”.

Agregó que le llama la atención que la denuncia que realizaron estas familias como víctimas de una usurpación es del año 2003 y ningún magistrado ni funcionario provincial se ocupó de impulsar.

“Sin embargo sí se ocuparon cuando a partir del 2015, aparece un supuesto dueño y hace una denuncia que deriva en el terrible desalojo con destrucción de viviendas en manos de las fuerzas de seguridad contra campesinos y campesinas, hostigadas de manera recurrente por el Municipio de Corpus, y por jueces que resuelven desalojar sin investigar el problema real”, advirtió Carpineti.

Relató que en este caso hay más de 50 años de residencia de estas personas en el lote, con adultos mayores, entre ellos Lidia Villagra que es ciega, y su esposo que no sabe leer ni escribir, además de niños y niñas “cuyos derechos fueron vulnerados”, cuestionó la funcionaria nacional.

“Confío en que la provincia logre solución para las familias”

La funcionaria pública nacional de Acceso a la Justicia, señaló que después de haber hablado con la jueza a cargo de la causa, y con las familias agricultoras, “me preocupa lo que está pasando en Misiones. Vamos a tomar cartas en el asunto bajo la línea de investigación de que no se trata de un simple conflicto vecinal, sino que hay otros intereses más”, sostuvo.

Carpineti se comprometió a impulsar el diálogo con la provincia para que el conflicto se resuelva de manera distinta a cómo entiende se quiere solucionar hasta el momento a través de jueces, policías y funcionarios comunales.

“Espero que las autoridades provinciales en la mesa de diálogo que se reunirá el viernes con la Secretaría de Tierras, la coordinación de gabinete, Derechos Humanos, el CAJ, diputados y la Safci Misiones, propongan una resolución alternativa en defensa de las familias, que por lo que vimos en registros audiovisuales y escuchamos sus relatos, son las verdaderas víctimas”, manifestó la funcionaria nacional.

“Es un aliciente que se involucren las instituciones”

El diputado Sereno expresó su satisfacción por la disposición de Gabriela Carpineti de acercarse hasta Corpus, interiorizarse e involucrarse en un proceso de hostigamiento que sufren las familias agricultoras que fueron desalojadas de sus tierras por orden judicial, y trabajan en el lugar desde hace más de 50 años.

Después de ser expulsados tuvieron que distribuirse en varias viviendas de familiares, y ya no pueden trabajar porque el predio donde están sus plantaciones y criaderos quedó cercado por orden del Juzgado Civil y Comercial 4, de Posadas, a cargo de la jueza Nélida S. de Méndez.

“Le transmitimos a Gabriela (Carpineti) nuestra preocupación por este hecho y fuimos a Corpus a reunirnos con las y los damnificados. Al final del encuentro, coincidió con nosotros en que se trata de un gravísimo hecho de injusticia hacia estas agricultoras y agricultores, y se comprometió a trabajar en consecuencia, como lo está haciendo la Dirección de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci), a cargo de la abogada María José Castillo”, indicó.

Otra amenaza de desalojo en Garupá

El legislador también le planteó a la funcionaria nacional, el caso de una mujer 48 años del barrio Ñu Porá, de Garupá, víctima de violencia de género que desde su espacio Tierra, Techo y Trabajo, están acompañando tratando de evitar que sea desalojada.

“Se trata de una madre que hizo la denuncia y logró que expulsen del hogar al violento y padre de uno de sus hijos de 12 años. En represalia, el hombre vendió la propiedad y la Justicia en vez de priorizar los derechos de la víctima y sus hijos, emitió un mandamiento de desalojo”.

Es un problema que “nos preocupa porque vemos la lentitud en algunos jueces que todavía no actuaron en defensa de esta víctima, que vive con sus hijas, hijos y nietos pequeños y que corren el riesgo de quedarse en la calle si son desalojados, porque no tienen otro lugar donde vivir. Estamos a la espera de que se revierta esta injusta situación”, destacó Sereno.

 

 

 

Fotos: Gentileza Julián Athos

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En Bonpland atentaron contra un taller comunitario y productivo del Movimiento Evita

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En Bonpland atentaron contra un taller comunitario y productivo del Movimiento Evita

En la madrugada de este jueves provocaron un incendio en el local del Movimiento Evita de Bonpland, donde se quemó un espacio de trabajo comunitario -con todo lo que había adentro- ubicado en el barrio Las Piedritas. En ese taller, más de 30 familias realizan tareas de carpintería, artesanías y manualidades.

Alertados por el fuego, los vecinos dieron aviso a los Bomberos que tardaron en llegar, y cuando lo hicieron prácticamente todo estaba reducido a cenizas.

La dirigente local del Evita, Cristina Bóveda, arribó al lugar y se encontró con un panorama desolador. Realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría VI y consideró que “fue un atentado hacia una organización social y política como el Evita, contra la militancia y buscando destruir nuestro trabajo”, afirmó.

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Reseñó que desde el 2019 viven situaciones de violencia institucional. En el 2020 incendiaron un vehículo que estaba dentro de su domicilio y que podría haber sido fatal ya que ella estaba durmiendo con toda su familia. “Pasaron tres años y nada se sabe sobre lo sucedido. Nunca me llamaron del Juzgado ni para preguntarme de qué color era el auto que utilizábamos para el trabajo en territorio con las comunidades guaraníes y los barrios populares. La Policía no encontró a los responsables ni continuó con la investigación, aún cuando los peritos oficiales determinaron que el incendio fue intencional”, manifestó la dirigenta.

Persecución política que no cesa

Bóveda agregó que tiempo después del primer atentado, ocurrió lo que considera su injusta destitución como concejal. “Desde ese entonces somos perseguidos políticamente junto con el grupo de militantes con el que trabajamos. Cualquier cosa que sucede en el pueblo, aparecen policías en mi casa a preguntar dónde estuve, si lo puedo corroborar, si tengo testigos, etc”.

Hace un mes intentaron incendiar ese taller, trabajaron los peritos de Santa Ana y corroboraron que fue intencional. No se concretó porque llegaron los trabajadores y pudieron apagar el fuego. “Hicimos la denuncia y no pasó nada”, reclamó.

Lamentó que esta vez pudieron terminar lo que comenzaron. “Prendieron fuego a todo y más de 30 familias se quedaron sin su lugar de trabajo, perdieron sus herramientas, y los muebles listos para entregar. Cuando ocurrió el primer intento de incendio, la policía opinó que podía ser un robo, ahora comprobamos que no lo fue, porque no se llevaron los muebles, los quemaron junto con las herramientas encontradas entre las cenizas”, relató la referente del Evita.

Expresó su desazón. “Nos sentimos devastadas ante esta situación, porque no sabemos hasta qué punto podría llegar la violencia política hacia quienes militamos en el Movimiento Evita; pero aún así no vamos a bajar los brazos porque nos mueve el compromiso hacia nuestro pueblo”, indicó Bóveda.

Movilizadas por justicia y enérgico repudio

Este mediodía la militancia local protagonizó una marcha hacia la Municipalidad de Bonpland y la Comisaría pidiendo protección, esclarecimiento de los hechos y manifestando el repudio generalizado.

Esperan que en este caso haya una reacción activa de parte de las autoridades. “No sabemos quién está detrás de esto ni que espera la Justicia, la Policía local, el Ministerio de Gobierno y la Jefatura provincial para tomar cartas en el asunto”, destacaron en el marco de la marcha.

“Es inadmisible que no se hayan tomado medidas ante las denuncias y ahora tengamos que lamentar esta pérdida tan grande en ese taller que es un lugar de trabajo”, advirtieron.

En el mismo sentido, el diputado Martín Sereno del bloque legislativo Tierra, Techo y Trabajo, exigió que cesen los hechos de violencia. “Exigimos a las autoridades provinciales el inmediato esclarecimiento y dar con los responsables intelectuales y materiales de este nuevo atentado. En Bonpland se destruyó el trabajo de más de 30 compañeras y compañeros que perdieron toda su producción y el taller convertido en cenizas. Nos causa mucha indignación; pero sepan que con violencia no van a detener los procesos populares”, dijo.

Diversas organizaciones sociales y espacios políticos expresaron su solidaridad con Cristina Bóveda y las familias que perdieron su lugar de trabajo y su producción, y destacaron su enérgico repudio la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), la CCC, el Espacio Chacabuco, el Cabildo Abierto de la Militancia Popular, el MNCI, la Cotrum, el PC, la Federación Juvenil Comunista, Somos Barrios de Pie y Movimiento Territorial de Liberación, entre otros.

 

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Cristina Brítez denunció ante el congreso brasileño el lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner

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La Diputada Nacional por el Frente de Todos, y actual presidenta del grupo parlamentario de amistad con Brasil, denunció ante el congreso brasileño el lawfare que sufre la vicepresidenta de la nación, quien declaró ayer por última vez en el juicio por la Causa de Vialidad.

En este sentido, Brítez declaró que “lo que no le perdonan a Cristina, es que haya utilizado su inteligencia, su humildad y su generosidad para unir a todos los espacios políticos del movimiento nacional y popular, y que logró expulsar nuevamente al neoliberalismo de la Argentina.” Además, agregó que el lawfare recargado es una continuidad del plan cóndor en la región, donde la connivencia entre el partido judicial, los medios y el poder hegemónico quieren a Cristina Kirchner “presa o muerta”; tal como lo manifestó la propia vicepresidenta en el zoom del día martes 29 de noviembre, donde comparó al tribunal con un pelotón de fusilamiento, dando continuidad a lo declarado en su primer intervención por este juicio, cuando afirmó que “la condena ya estaba escrita”.

La Diputada Brítez, que estuvo acompañando al presidente electo de Brasil en los episodios más complejos de la historia reciente, está en Brasil como parte de una misión legislativa para conocer el proceso de transición de gobierno, y aprovechó el momento para denunciar ante sus pares brasileros que el lawfare genera “un caldo de violencia y un mensaje de odio en la sociedad que ha desencadenado en el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta”. Luego de esta actividad, la Diputada se reunió con diferentes parlamentarios de Brasil, participó de actividades en el Beijodromo de Brasilia y del lanzamiento de la Red De Lawfare NUNCA MÁS, junto a Federico Montero, Director de Organismos Internacionales y Asuntos Globales de la Cámara de Diputados; en la antesala de la actividad que el grupo parlamentario organiza junto al Embajador en Brasil, Daniel Scioli, por el día de la Amistad Argentino – Brasileña.

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Esta estrategia mediática-política-judicial, que tiene por objetivo el disciplinamiento de los dirigentes políticos, es denunciada desde hace tiempo por el peronismo y otros movimientos en nuestro país, y produjo en Brasil uno de los episodios más trágicos para las democracias latinoamericanas, encarcelando a Luis Ignacio Lula da Silva poco tiempo antes de las elecciones que proclamaron presidente a Jair Bolsonaro en 2018, y declarándolo inocente tras haber culminado el proceso electoral.

 

Cristina Britez denunció ante el congreso brasileño el lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner.

 

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Bonpland: funcionarios nacionales recorrieron tierras donde se desarrollará modelo de ruralidad comunitario

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Bonpland: funcionarios nacionales recorrieron tierras donde se desarrollará modelo de ruralidad comunitario

Unos meses después de la firma del convenio del primer Programa de Acción para el Repoblamiento Comunitario de Argentina (Arca), entre el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Movimiento Evita Misiones, estuvieron en Bonpland, el director nacional de Desarrollo Socio Comunitario de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, Álvaro Llambí; Estefanía Baudino, que forma parte de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario que depende de la Jefatura de Gabinete; los arquitectos, Julio Ignacio Páez y Nicolás Ardiles y varios agrimensores.
Fueron acompañados por el diputado provincial Martín Sereno, del espacio político Tierra, Techo y Trabajo; el coordinador en Misiones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Jorge Páez y Maximiliano Rodríguez, que forma parte de su equipo; las referentes del Movimiento Evita en Bonpland, Cristina Bóveda, y de Mujeres Valientes, en Posadas, Paula Ávalos.

Al inicio de la jornada se reunieron con el intendente local, Juan Carlos Bueno (FR) para ponerlo al tanto del alcance del proyecto, y después recorrieron las tierras donde se desarrollará este modelo de ruralidad basado en la agricultura familiar, campesina e indígena, como la contracara de los agronegocios.

El proyecto establece la creación de pequeñas comunidades en territorios rurales, que por su cercanía a las ciudades cuentan con acceso a los servicios educativos y sanitarios del Estado.

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Construcción y acceso a servicios esenciales

Esta propuesta declarada de Interés Provincial por el bloque legislativo TTT, se realizará en el Municipio de Bonpland, con el asentamiento de 195 familias sin tierras propias y en lotes de aproximadamente 500 metros cuadrados. En ese marco se hará la subdivisión para viviendas populares, generando las condiciones para que las familias puedan construir y tengan acceso a los servicios de agua potable, energía eléctrica, y obras de infraestructura necesarias.

También está prevista la creación de espacios verdes, equipamiento urbano, calles y veredas, y todo lo que se requiere para cumplir con la normativa; por ejemplo la construcción de un centro comunitario que esté al servicio de las necesidades de la comunidad.

Cubrir déficit de acceso a la vivienda y al suelo

El titular nacional de Desarrollo Socio Comunitario de la Secretaría de Integración Socio Urbana, Álvaro Llambí destacó la fuerte inversión nacional de la Secretaría que dirige, para la creación de proyectos que impulsen un mejor hábitat para vecinos y vecinas de barrios Renabap, y también de sectores de otros barrios populares.

“Entendemos que existe un gran déficit en el acceso a la vivienda y al suelo. Por eso, la mitad de los recursos estarán destinados a la creación de nuevos barrios, siguiendo la implementación de una política que evite las tomas, un mecanismo que suele darse porque la gente no tiene acceso a la tierra, y por eso creemos que el Estado debe volver a planificar el acceso al suelo para las y los trabajadores. El Arca es parte de esas políticas a través del programa denominado Lotear”, dijo.

Bonpland, una de las primeras experiencias

Alvaro Llambí ponderó los recursos destinados a la compra de tierras privadas, demarcación de loteos e infraestructura para que las familias puedan vivir dignamente.

Agregó que esto también se hace con tierras públicas, tanto de las provincias como de los municipios en todo el país.

“En este caso, tenemos una línea destinada a cooperativas y organizaciones vecinales para que justamente puedan resolver los problemas de acceso al suelo de localidades y barrios populares”, indicó el director nacional.

Con esa premisa, el caso de Bonpland será una de las primeras experiencias en Misiones donde se destinarán 22 hectáreas para la construcción de 125 lotes con infraestructura; espacios verdes y comunitarios y servicios sociales para el barrio, además de un espacio para salón de usos múltiples, salud, deporte, etc.

“Esto es parte de una política nacional, y así como la Secretaría se encarga de la urbanización de los barrios populares, también pensamos en la generación de suelo para las familias y el crecimiento vegetativo de los barrios con el acceso a la tierra que tiene que ver con la planificación del Estado. Estamos con muchos proyectos similares; pero el del Arca en Misiones es el primero en el país”, sostuvo Llambí.

El arraigo como una política pública

Mientras que Estefanía Baudino, integrante de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitaria que depende de la Jefatura de Gabinete, consideró que el Programa Arca es ambicioso, desde el momento que se trata de trabajar sobre el arraigo de familias de Misiones, muchas de las cuales tienen como proyecto de futuro, desarrollarse y continuar sus vidas en un mismo territorio, sin necesidad de emigrar hacia alguna otra ciudad más grande por trabajo o estudio porque a veces el lugar donde nacen carece de oportunidades”.

Esa es la principal característica del programa -manifestó la joven- más allá de avanzar con la urbanización de los territorios y conseguir que todos puedan tener su tierra y sus viviendas.

“Esto significa el arraigo de las familias, la oportunidad de desarrollarse en el interior de las provincias. Es lo más importante y por eso apuntamos a ese objetivo, sumado a que también se tendrán en cuenta las sustentabilidades de las familias que vivan en el barrio comunitario, porque en las casas que se construyan, podrán producir para uso familiar, y para comercializar de acuerdo a lo que necesiten”, enftizó Baudino.

Solución habitacional y productiva

Para la dirigenta local del Movimiento Evita, Cristina Bóveda, la puesta en marcha del Arca es un sueño hecho realidad para Bonpland, porque las familias postulantes contarán con lotes destinados a la construcción de viviendas dignas.

“La mayoría de estos vecinos y vecinas no tiene otra posibilidad de lograr su tierra -en este caso colectiva y comunitaria-, si no es de esta manera. Nuestro pueblo carece del acceso a la educación, la salud y el techo porque a muchos el fruto de su trabajo, sólo les alcanza para alimentarse, y es muy difícil que adquieran un lote”.

Al respecto enfatizó que desde el Movimiento Evita y el partido político Tierra, Techo y Trabajo, brindarán una solución a 195 familias con ese problema.

“Para avanzar en el Programa nos reunimos con el director nacional de Desarrollo Socio Comunitario y compañeros de Agricultura Familiar de Nación y del Inaes, con los que vamos a articular lo relacionado al sector productivo del proyecto a través de nuestras cooperativas agrarias”.

Sobre el encuentro que mantuvieron con el intendente Bueno para coordinar un cronograma de trabajo en conjunto, subrayó que llegaron a un acuerdo para que el Municipio se ocupe del acceso a la energía eléctrica en los lotes, para abastecer a casi 200 familias.

“Fue una reunión muy productiva; estamos comprometidos con este proyecto y tenemos mucho trabajo por delante”, expresó Bóveda.

 

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