Los datos preliminares del primer relevamiento realizado por el colectivo Jóvenes x el alquiler demostraron que más de la mitad de los estudiantes provienen de otras localidades misioneras, el 54% trabajaba al momento de la encuesta y la mitad de ellos buscó otro trabajo para sostener los costos del alquiler en Posadas, los cuales rondan entre los $200.000 y $350.000.

El relevamiento comenzó en marzo y desde entonces el equipo de estudiantes voluntarios realizó 100 encuestas, aunque el objetivo es llegar a una población total de 400 en los próximos meses.

Desde Jóvenes x el alquiler revelaron que el objetivo de este estudio es “dar cuenta de las condiciones del alquiler universitario en la ciudad de Posadas” y que pueda “servir de insumo para el diseño de políticas públicas que contemplen la perspectiva de los actores más vulnerables en esta problemática”.

Los resultados

En esta primera etapa revelaron que el 74% de los estudiantes consultados tiene entre 17 y 25 años. En cuanto a su lugar de procedencia, el 63% nació en otra localidad misionera, un 18% es de Posadas y un 12% deriva de otra provincia argentina.

A su vez, el 66% de los encuestados son mujeres, el 54% trabajaba al momento de la encuesta y la mitad de ellos buscaba o buscó otro trabajo para poder sostener el alquiler, ya que el 40% de los estudiantes trabajadores percibe ingresos menores a $300.000.

El mismo relevamiento integrado por una muestra de 100 estudiantes, constató que el 68% alquila por dueño directo, frente a un 32% que se encuentra vinculado mediante inmobiliaria.

A su vez, el 60% cuenta con un contrato de alquiler, frente a un 33% que alquila “mediante palabra” y un 5% que tiene una vinculación de tipo comodato.

En cuanto a los montos, el 70% confirmó que tiene aumentos cada seis meses o menos y el 54% abona su alquiler solamente mediante efectivo.

Del total alcanzado hasta el momento, el 54% alquila un departamento de un dormitorio, frente a un 21% que alquila un monoambiente.

Al mismo tiempo, el 44% de los encuestados paga entre $200.000 y $350.000 por mes y el 27% no recibe ayuda (familiar ni estatal) para afrontar estos gastos.

Hasta el momento, un 53% vive solo y un 47% que cohabita su vivienda. De este segundo grupo, el 42% afirma que comparte alquiler por motivos económicos (para dividir gastos).

Finalmente, alrededor del 60% afirmó que su residencia alquilada presenta problemas. Los más comunes son: humedad, filtraciones, sistema eléctrico o costo elevado.

La encuesta

Las encuestas fueron realizadas en las tres unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) con sede en Posadas y algunas corresponden a estudiantes de instituciones privadas, como el Dachary, Cuenca del Plata o el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya.

Por estas horas buscan nuevos voluntarios para completar la muestra. “Para esta segunda parte del año, esperamos poder contar con más compañeros y compañeras encuestando y siendo encuestados.”, afirmaron desde la organización.

Accedé a la encuesta.

Estudiantes universitarios realizarán un relevamiento de alquileres en Posadas

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Para este jueves a las 9, el juez Fernando Escalante, titular del Juzgado Civil y Comercial Cinco, había ordenado desalojar la vivienda de Teresa Álvez Ferreyra (74) en la Chacra 190, del barrio El Laurel, por lo que horas atrás se apersonó en el lugar acompañado por efectivos de la Policía de Misiones, pero finalmente la medida fue suspendida. 

A media mañana, decenas de vecinos se presentaron frente a la vivienda de Teresa para resistir un quinto intento de desalojo en lo que va de los últimos siete años. 

El operativo policial recibió la orden para desalojar en el momento en que arribaron al lugar las autoridades junto a un numeroso grupo de efectivos que, en primera instancia, “intentaron proceder hacia el inmueble”, según fuentes consultadas por La Voz de Misiones. 

Finalmente, con un “fuerte apoyo de los vecinos” la medida terminó siendo suspendida. Consultado por este medio, el abogado Hernán Cansino confirmó que “se realizó un acta donde se dejó constancia que por disposición del juez Fernando Escalante no se llevó a cabo el desalojo por no estar dadas las condiciones”.

Por su parte, Patricia, hija de Teresa, se mostró preocupada ante la situación ya que aseguró que “en cualquier momento pueden sacar otra fecha para desalojar, porque el Juzgado Cinco es el mismo que tiene el expediente y el juez Fernando Escalante no quiere dar el brazo a torcer”. 

Frente a este escenario, expresó que sienten “intranquilidad porque todo quedó en la nada otra vez“.

El caso

Teresa Álvez reside en una vivienda del mencionado barrio desde hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cinco intentos de desalojo, contabilizando el que fue registrado en la mañana de hoy.

La maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas persisten.

La carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998 contiene boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.

Hoy la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.

Antecedentes 

La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.

Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.

Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.

Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.

Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo

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Teresa Álvez Ferreyra (74) se encuentra en estado de alerta, junto a vecinos de la Chacra 190, del barrio El Laurel, ubicado en la capital provincial, tras una nueva notificación por parte del Juzgado Civil y Comercial Cinco, desde donde programaron un desalojo para este jueves a las 9.

El caso fue relevado por integrantes del proyecto de extensión “Investigación Acción Participativa y Periodismo Comunitario” de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHYCS) de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), quienes a través de un comunicado buscan hacer extensiva la situación para intentar revertirla.

En el documento detallaron que Ferreyra reside en una vivienda del mencionado barrio hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cuatro intentos de desalojo. La última notificación daría cuenta de un quinto intento.

Además de señalar el período de tiempo que reside en la zona, la mujer comentó que padece hipertensión y otras enfermedades de base, por lo que lamentó: “No es justo que me quieran desalojar, tengo que hacer valer mis derechos. Son muchos años los que viví acá, no puedo quedarme sin nada. Espero una solución pronta, que consideren mi situación”.

El desalojo

El documento elaborado por un equipo de la mencionada casa de estudios, detalla que la maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas de desalojo persisten.

“La mujer cuenta con documentación que respalda su permanencia, incluyendo certificados del Renabap y haber sido beneficiaria del programa “Mi Pieza” en 2022”, sostiene la misiva.

Por otra parte, la damnificada habría presentado una carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998, como ser: boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.

Según la familia, a pesar de las evidencias, el juez Fernando Escalante, titular del juzgado interviniente, Escalante, ha negado sus presentaciones.

Al mismo tiempo, la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.

La familia rechazó un ofrecimiento de “dos meses de alquiler y un flete”, calificándolo como una burla. “Es como burlarse de la persona, porque cómo la vas a tirar a la calle a una persona mayor”, señaló Patricia, una de las hijas de Teresa.

Por este motivo, Teresa pidió la solidaridad de sus vecinos para acompañarla en el día del desalojo y “hacer entrar en razón a esa gente”.

Antecedentes

La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.

Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.

Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.

Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.

Fuente: Producción informativa realizada desde el proyecto de extensión “Investigación Acción Participativa y Periodismo Comunitario” (Resolución/2025 HCD FHyCS-UNaM)

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