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Montecito de Villa Cabello: la lucha por un espacio junto al río Paraná

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La Voz de Misiones entrevistó a los protagonistas que pujan por el Montecito de Villa Cabello, una franja costera ubicada en la chacra 202, entre las avenidas Kolping y Julio Piró de Posadas.

Es que, en noviembre del 2020, vecinos del populoso barrio posadeño denunciaron públicamente al Club Náutico Pirá Pytá por “crimen ambiental” en la ribera del río Paraná.

La acusación desató un conflicto entre quienes hace décadas utilizaban el espacio y el club náutico, dejando una incógnita para todos los misioneros. ¿A quién le pertenece este tramo de costa natural?

Cronología de los hechos

En diálogo con LVM, Liliana Labbate, vecina del barrio, relató: “Los que siempre veníamos empezamos a notar que alguien, no sabíamos quién, estaba destruyendo todos los árboles del lugar, estaban talando y estaban quemando”.

Tras notar que todos los días, a las 18, talaban y quemaban en el último pulmón verde de Villa Cabello, los vecinos radicaron una serie de denuncias, sin saber que eso les impediría volver a usar la costa.

Después denunciar, “nos habíamos organizado, era una organización muy precaria, de boca a boca que nosotros hacíamos, que de vez en cuando veníamos a limpiar porque la gente siempre deja basura”, contó Liliana.

Además, agregó que ese día “cuando vinimos a limpiar nos encontramos con la Policía que no nos deja entrar al lugar. Esa fue la primera vez que nos impidieron entrar al lugar”.

Propiedad privada

El grupo de vecinos quedó sorprendido cuando la Policía de Misiones los notificó que no podían ingresar a la franja ribereña, por orden del magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos.

La medida había sido solicitada por el entonces presidente del Pirá Pytá, Oscar Bossi, quien denunció a dos vecinos del grupo por vandalismo e intrusión en el predio del club.

Sin embargo, los vecinos lograron entrar al espacio tras persuadir a los agentes con el plano de la chacra 202, que habían sacado de Catastro Municipal.

En el croquis de la Municipalidad de Posadas, la chacra está fraccionada en dos Lotes, el 008 que le pertenece al Pirá Pytá y el 007 que le pertenecería a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

“Hablé con la Policía y le pregunté por qué no nos dejaban entrar, y me dijeron que había una orden del juez porque nos estaban acusando de que queríamos venir a intrusar el lugar”, recordó Labatte.

Entonces, “le explicamos cual era la actividad y sobre todo le explicamos que nosotros no íbamos a entrar por ningún caso al Lote 008”.

En esa línea, la mujer contó que “ese día se hizo la limpieza y a partir de ahí tenemos dos de nuestros compañeros con una causa judicial por intrusión, cuando en ningún momento nosotros hicimos algo parecido a una intrusión”.

En el río

Tras ser señalados por los habitantes del populoso barrio, la Comisión Directiva del Pirá Pytá dio una conferencia de prensa en su sede central, donde se expidió sobre las acusaciones en su contra y expuso que el club estaba siendo víctima de “hechos vandálicos”.

En primer lugar, los responsables del Pirá Pytá se desligaron del “crimen ambiental”, señalando como responsables de las talas y las quemas en el Montecito a los pescadores de la zona.

“Hicimos una limpieza, pero nos desligamos de las quemas”, aseguró Bossi, en la conferencia, y añadió: “Al lugar acuden pescadores que hacen asados y dejan rastros”.

Además, el entonces presidente se encargó de mostrar los “títulos de compra y transferencia” de los terrenos ubicados en la chacra 202.

En referencia al tramo costero que figura en Catastro Municipal como “Afectado Decreto Nacional 1585/82 Entidad Binacional Yacyretá”, las autoridades del club fueron contundentes: “El lote 007 está en el río, es más, el agua avanzó tres metros sobre propiedad del club en esta franja de la avenida Piró”.

En diálogo con La Voz de Misiones, el recientemente electo presidente del Pirá Pytá, Juan Carlos Ríos, echó por tierra la posibilidad de que la entidad náutica estuviera involucrada en las quemas ocasionadas en la franja ribereña, en noviembre del 2020.

Además, sostuvo que “eso que llaman Montecito es una propiedad privada, adquirida en el año el año 1983” por el club.

Los límites

Para el 2021, el conflicto fue en aumento y se agudizó cuando el club náutico comenzó a levantar un muro de hormigón para delimitar su propiedad.
En esa instancia, los vecinos salieron al cruce y denunciaron que la edificación se adentraba en el río e incluso intentaron frenar el avance de la construcción enfrentándose a los obreros.

Uno de los encontronazos ocasionó que la Municipalidad de Posadas se presente en el lugar y clausure la obra, de manera temporal.

Quienes reclaman el Montecito como un espacio público acudieron, entre otros organismos públicos, a la Defensoría del Pueblo en busca de una herramienta que les permita reclamar el tramo costero.

En esa línea, el defensor del pueblo, Alberto Penayo, contó a LVM que en la defensoría se llevaron a cabo audiencias entre todas las partes involucradas, entre ellas, los vecinos.

“Ellos ya lo habían llevado a una instancia judicial antes de venir acá, lo que nosotros tratamos de morigerar y que el diálogo existiera y que fuera real”, comentó.

El funcionario explicó que, en una de esas reuniones, todas las partes quedaron de acuerdo en que existía el terreno que le pertenecía a la EBY y qué parte de él había quedado bajo agua.

Sin embargo, “a la Entidad Binacional Yacyretá le quedó, en esta distinción de este límite, le quedó un suelo seco”, detalló Penayo y agregó que la EBY “dejó plasmado, en el expediente acá, ceder este lugar a los vecinos en comodato”.

Tras acordar con la EBY obtener en comodato los 100 metros de costa que quedan del lote 007, los vecinos conformaron la Asociación Civil Monte y Río (Amor), pero llegar caminando al tramo costero público es imposible por el muro de hormigón que bloquea el único acceso.

El presidente del club, Juan Carlos Ríos, descartó que actualmente exista un conflicto legal entre la EBY y el Pirá Pytá por el Lote 007.

En ese sentido, Ríos remarcó: “Nosotros pagamos agrimensores privados, agrimensores de la EBY, creo que la gente del Montecito pagó sus agrimensores y quedaron todos de acuerdo de que llega el agua, hay un acta firmada por ellos aceptado los límites”.

El abogado de los vecinos de Villa Cabello, Federico Padolski, dijo a LVM que los límites “se habían definido en la Defensoría del Pueblo” y “lo que tendría que explicar el presidente del club es por qué, a pesar de estar delimitado los terrenos, de la EBY y el de ellos, han construido sobre el terreno de la EBY, como se puede ver sobre la Avenida Julio Piró”.

Con respecto al acta que hace referencia el presidente del Pirá Pytá, Padolski sostuvo que fue una reunión en octubre del 2021, que se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción 2, donde se instruye la causa penal contra dos militantes por la causa del Montecito, a quienes representa.

“Yo no sé para que existió esa reunión porque se estaba dando en el marco de un expediente que se investigaba una denuncia que le hicieron a mis clientes… No entiendo por qué se hizo esa reunión en el juzgado, de hecho, un juzgado penal, ¿Cómo un juzgado de instrucción penal va a ser competente para dirimir cuestiones de límite?”, cuestionó el letrado.

Un nuevo espacio

Actualmente, los vecinos están elaborando un proyecto para presentar a la Entidad Binacional para que le cedan en comodato lo que quedó del Lote 007 y, de ser aprobado, buscan que el área ribereña “continúe siendo una costa natural, pública, libre y gratuita”, enfatizó Labatte.

Mientras tanto, el actual presidente del club náutico afirma que la comuna ya autorizó las obras en el lugar y avanzan con un nuevo espacio exclusivo para sus 7.000 socios.

Plano de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) con los límites acordados entre las partes.

Posadas

Vecinos organizan protesta frente a Samsa por sobreprecios el 11 de marzo

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Vecinos autoconvocados, que integran una comisión vecinal del barrio Itaembé Guazú, hicieron extensiva la convocatoria a todos los barrios de Posadas para manifestarse contra Samsa el próximo 11 de marzo, ante facturas con sobreprecios y la falta de acceso al servicio en zonas alejadas del centro. 

La concentración iniciará el miércoles a las 18 en la intersección de avenidas Tambor de Tacuarí y Corrientes para luego marchar hacia la sede de Samsa ubicada en avenida López y Planes casi Mitre. 

¡Los vecinos de Posadas decimos ya basta!”, sostiene el encabezado de la breve convocatoria que comenzó a circular por WhatsApp y redes sociales. 

Luego, detalla: “Samsa nos cobra aire por agua, y nos vienen facturas infladísimas. Nos generan deudas impagables, con cargos de desconexión y reconexión ilegales. Las refinanciaciones tienen intereses altísimos más propios de financieras que de una empresa de servicios públicos”.

“Por eso decimos BASTA DE ROBARNOS. Queremos que nuestro reclamo se haga visible.  Convocamos a toda la ciudadanía de Posadas a sumarse. ¡BASTA DE METER LA MANO EN NUESTRAS BILLETERAS!”, concluye.

Convocatoria a manifiestación contra Samsa en Posadas

Altos precios y falta de acceso al servicio

La reconocida empresa privada concesionaria responsable de la producción, distribución de agua potable y la recolección/tratamiento de efluentes cloacales en las ciudades de Posadas y Garupá, en las últimas semanas fue centro de innumerables críticas. 

En este sentido, algunos vecinos comenzaron a exigir un nuevo cuadro tarifario “porque esto significa un robo mensual, a la fecha de hoy, de $20.000 por cada usuario”.

“Nos obligan a pagar por 15 metros cúbicos cuando la mayoría de los casos, 70 boletas de 100, los usuarios no consumen 15 metros cúbicos”, indicó un usuario consultado por este medio. 

A su vez, se hicieron presentes quienes a la fecha, en barrios periféricos no logran contar con la regularización del servicio y deben abastecerse mediante la recarga en baldes de cinco litros y tanques. 

Asociación reclama por el agua en Posadas: “Nos roban $20.000 a cada usuario”

 

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Posadas

Asociación reclama por el agua en Posadas: “Nos roban $20.000 a cada usuario”

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Asociación

El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios “Defender”, Marcos Contreras, reclamó al Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac) por los problemas en el suministro de agua potable y las “facturas cada vez más impagables” de Samsa.

“Siempre nos dicen, del Eprac y la Defensoría del Pueblo, que no reciben ningún tipo de reclamo, cosa que es una gran falacia porque los vecinos tienen notas y comprobantes”, comentó Contreras.

“Estos dos organismos del Estado no le dan respuestas a la gente, no respetan las leyes, los derechos de los usuarios, que dicen las propias leyes que tienen que prestar”, afirmó.

Contreras señaló que la organización civil que preside impulsa un “reclamo que comprende a todos los ciudadanos de Posadas que se encuentren en la órbita de la empresa Samsa”.

Defender presentó este lunes una extensa nota a la titular del Eprac, Soledad Balán, con copia al gobernador Hugo Passalacqua y al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, donde se exponen detalladamente “irregularidades” y “abusos” de la empresa proveedora de agua provincial, como “cobros por consumos que no se realizan”, “falta de servicio y/o presión”, “cómputo de consumo”, “costos de reconexión extremadamente altos” y “anatocismo, intereses de intereses”, entre otros.

Tarifas

“Nos obligan a pagar por 15 metros cúbicos cuando la mayoría de los casos, 70 boletas de 100, los usuarios no consumen 15 metros cúbicos”, indicó.

En la nota a Balán, Passalacqua y Romero Spinelli, “exigimos que se haga una nueva tarifa, que se mejore el sistema porque esto significa un robo mensual, a la fecha de hoy, de $20.000 por cada usuario”.

“Deberíamos tener una tarifa escalonada y pedimos que se ponga como base mínima 7 metros cúbicos, que se cobre la mitad que es lo que corresponde”, reclamó.

“De este sistema, la manera en que lo llevan adelante, entendemos dos cosas: o son cómplices de que nosotros estemos regalando plata, o nos están incentivando a que despilfarremos el agua”, lanzó.

Contreras responsabilizó a ente a cargo de Balán: “El que ha permitido esto es el Eprac, que tiene el deber, la obligación y las facultades, por la ley, de ver todos estos temas”, acusó.

“La lista de reclamos es larga, tenemos puntos como ‘consumo cero’, donde igual le cobran al usuario una tarifa mínima; los cortes, las reconexiones, los costos impagables; las Carta Documento que les cobran al usuario, pero nunca se envían”, enumeró.

Contreras culpó al Eprac y la Defensoría del Pueblo por “no difundir información sobre la tarifa subsidiada de agua, que por el mecanismo que tiene puede abarcar casi a todos los usuarios de Posadas”.

“La única referencia a esto se encuentra en la página web de la Defensoría en octubre de 2025, y los que deberían difundirlo son el Eprac y la Defensoría, que para eso tienen presupuestos millonarios”, afirmó.

Sobrevivencia

Contreras, incluso, acusó al Eprac, Samsa y la Defensoría del Pueblo de “violar la ley, por acción u omisión”, en lo relacionado a los cortes de suministro de agua en la provincia.

“La ley es clara en todos los aspectos”, aseguró. “En lo formal, para cortarte el servicio tienen que enviarte una notificación del Eprac; después, se abre una instancia de mediación, y después, recién viene la resolución de corte”, explicó y afirmó: “No puede ser unilateral”.

También, aseguró que ni Samsa ni el Eprac cumplen con la legislación vigente que prohíbe a la empresa la interrupción total del servicio en los casos de usuarios morosos.

“La ley dice que tienen que dejar un paso mínimo de agua para abastecimiento y para supervivencia”, dijo Contreras y señaló:” No pueden cortar totalmente, pero tampoco eso cumplen”.

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Posadas

Municipal denuncia despido injustificado y bloquea acceso a planta El Zaimán

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Luego de trabajar durante 16 años en el área de servicios públicos y recolección de basura, a cargo de la Municipalidad de Posadas, Miguel Machado, denunció públicamente su “despido injustificado” con una protesta y bloqueo de camiones en la base del Zaimán. 

La medida comenzó en la mañana de este lunes, alrededor de las 6, en la zona donde funciona el centro operativo centralizado de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, ubicada en la colectora oeste de la ruta 12 a la altura del Zaimán, donde se gestiona el mantenimiento, la higiene urbana, recolección de residuos y talleres.

Al ser consultado por La Voz de Misiones sobre la medida que se extendió a lo largo de dos horas, Machado relató: “Decidí bloquear el ingreso de camiones, motivando al paro de servicios públicos porque me echaron injustamente de mi trabajo y no tengo respuesta del sindicato que nos representa. Llegué a esta instancia porque no me queda otra opción”.

Con estas palabras se refirió al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (Soemp), cuyos referentes, durante el transcurso del corte se apersonaron en el lugar junto a otros trabajadores que se desempeñan durante el turno mañana y conforman un equipo que superaría los 100 empleados. 

Sin embargo, reconoció: “Muchos compañeros también fueron despedidos, pero no se animan a pelear por su trabajo. Yo decidí pelear porque quiero que me reintegren, es lo único que tengo hace 16 años”.

Y añadió: “Es mi única fuente de ingreso con la que mantengo a mi familia, cuando empecé era joven y sano, hoy con casi 40 años estoy enfermo de trabajar con la basura. No es nada fácil. El intendente quiere tapar todo con un dedo diciendo que ganamos bien y es mentira”.

En este sentido, recordó que en su área se desempeñan de lunes a viernes durante seis horas por un salario que oscila entre los 650.000 y 700.000 pesos mensuales. “Eso nos obliga a ir los sábados y feriados para sumar un poquito más, nosotros lo hacemos porque tenemos familia y hay que mantener”, afirmó.

Al mismo tiempo, resaltó que no reciben la indumentaria específica para la tarea que desarrollan. “Siempre estamos expuestos a agachar la cabeza saliendo a trabajar sin los elementos correspondientes, estamos días de sol, de frío y lluvia. Al intendente no le importa nada lo que nosotros pasamos, ni siquiera sabe quiénes somos”.

Respecto a la enfermedad que habría contraído realizando la recolección sin la protección necesaria, detalló: “Por el momento me dijeron que son manchas en la piel por sarpullidos, como respuesta del cuerpo humano a las partículas de agua podrida que se juntan en las bolsas de basura. Al hacer el servicio de recolección eso salpica permanentemente sobre el cuerpo”.

Previamente a esto, recordó: “En el año 2012 tuve un accidente, sufrí una fractura de fémur. En ese tiempo estaba en negro y estuve tirado durante un año con un clavo de 35 centímetros. Aguantar todo eso para llegar así a los 40 años… Hoy en día siento dolores y así y todo sigo trabajando para que hoy me quieran sacar el pan de mi familia de la noche a la mañana, es muy injusto”.

Hasta el momento Machado no obtuvo respuestas y asegura que del lugar fue retirado por la policía “bajo amenaza”.

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