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Montecito de Villa Cabello: la lucha por un espacio junto al río Paraná

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La Voz de Misiones entrevistó a los protagonistas que pujan por el Montecito de Villa Cabello, una franja costera ubicada en la chacra 202, entre las avenidas Kolping y Julio Piró de Posadas.

Es que, en noviembre del 2020, vecinos del populoso barrio posadeño denunciaron públicamente al Club Náutico Pirá Pytá por “crimen ambiental” en la ribera del río Paraná.

La acusación desató un conflicto entre quienes hace décadas utilizaban el espacio y el club náutico, dejando una incógnita para todos los misioneros. ¿A quién le pertenece este tramo de costa natural?

Cronología de los hechos

En diálogo con LVM, Liliana Labbate, vecina del barrio, relató: “Los que siempre veníamos empezamos a notar que alguien, no sabíamos quién, estaba destruyendo todos los árboles del lugar, estaban talando y estaban quemando”.

Tras notar que todos los días, a las 18, talaban y quemaban en el último pulmón verde de Villa Cabello, los vecinos radicaron una serie de denuncias, sin saber que eso les impediría volver a usar la costa.

Después denunciar, “nos habíamos organizado, era una organización muy precaria, de boca a boca que nosotros hacíamos, que de vez en cuando veníamos a limpiar porque la gente siempre deja basura”, contó Liliana.

Además, agregó que ese día “cuando vinimos a limpiar nos encontramos con la Policía que no nos deja entrar al lugar. Esa fue la primera vez que nos impidieron entrar al lugar”.

Propiedad privada

El grupo de vecinos quedó sorprendido cuando la Policía de Misiones los notificó que no podían ingresar a la franja ribereña, por orden del magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos.

La medida había sido solicitada por el entonces presidente del Pirá Pytá, Oscar Bossi, quien denunció a dos vecinos del grupo por vandalismo e intrusión en el predio del club.

Sin embargo, los vecinos lograron entrar al espacio tras persuadir a los agentes con el plano de la chacra 202, que habían sacado de Catastro Municipal.

En el croquis de la Municipalidad de Posadas, la chacra está fraccionada en dos Lotes, el 008 que le pertenece al Pirá Pytá y el 007 que le pertenecería a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

“Hablé con la Policía y le pregunté por qué no nos dejaban entrar, y me dijeron que había una orden del juez porque nos estaban acusando de que queríamos venir a intrusar el lugar”, recordó Labatte.

Entonces, “le explicamos cual era la actividad y sobre todo le explicamos que nosotros no íbamos a entrar por ningún caso al Lote 008”.

En esa línea, la mujer contó que “ese día se hizo la limpieza y a partir de ahí tenemos dos de nuestros compañeros con una causa judicial por intrusión, cuando en ningún momento nosotros hicimos algo parecido a una intrusión”.

En el río

Tras ser señalados por los habitantes del populoso barrio, la Comisión Directiva del Pirá Pytá dio una conferencia de prensa en su sede central, donde se expidió sobre las acusaciones en su contra y expuso que el club estaba siendo víctima de “hechos vandálicos”.

En primer lugar, los responsables del Pirá Pytá se desligaron del “crimen ambiental”, señalando como responsables de las talas y las quemas en el Montecito a los pescadores de la zona.

“Hicimos una limpieza, pero nos desligamos de las quemas”, aseguró Bossi, en la conferencia, y añadió: “Al lugar acuden pescadores que hacen asados y dejan rastros”.

Además, el entonces presidente se encargó de mostrar los “títulos de compra y transferencia” de los terrenos ubicados en la chacra 202.

En referencia al tramo costero que figura en Catastro Municipal como “Afectado Decreto Nacional 1585/82 Entidad Binacional Yacyretá”, las autoridades del club fueron contundentes: “El lote 007 está en el río, es más, el agua avanzó tres metros sobre propiedad del club en esta franja de la avenida Piró”.

En diálogo con La Voz de Misiones, el recientemente electo presidente del Pirá Pytá, Juan Carlos Ríos, echó por tierra la posibilidad de que la entidad náutica estuviera involucrada en las quemas ocasionadas en la franja ribereña, en noviembre del 2020.

Además, sostuvo que “eso que llaman Montecito es una propiedad privada, adquirida en el año el año 1983” por el club.

Los límites

Para el 2021, el conflicto fue en aumento y se agudizó cuando el club náutico comenzó a levantar un muro de hormigón para delimitar su propiedad.
En esa instancia, los vecinos salieron al cruce y denunciaron que la edificación se adentraba en el río e incluso intentaron frenar el avance de la construcción enfrentándose a los obreros.

Uno de los encontronazos ocasionó que la Municipalidad de Posadas se presente en el lugar y clausure la obra, de manera temporal.

Quienes reclaman el Montecito como un espacio público acudieron, entre otros organismos públicos, a la Defensoría del Pueblo en busca de una herramienta que les permita reclamar el tramo costero.

En esa línea, el defensor del pueblo, Alberto Penayo, contó a LVM que en la defensoría se llevaron a cabo audiencias entre todas las partes involucradas, entre ellas, los vecinos.

“Ellos ya lo habían llevado a una instancia judicial antes de venir acá, lo que nosotros tratamos de morigerar y que el diálogo existiera y que fuera real”, comentó.

El funcionario explicó que, en una de esas reuniones, todas las partes quedaron de acuerdo en que existía el terreno que le pertenecía a la EBY y qué parte de él había quedado bajo agua.

Sin embargo, “a la Entidad Binacional Yacyretá le quedó, en esta distinción de este límite, le quedó un suelo seco”, detalló Penayo y agregó que la EBY “dejó plasmado, en el expediente acá, ceder este lugar a los vecinos en comodato”.

Tras acordar con la EBY obtener en comodato los 100 metros de costa que quedan del lote 007, los vecinos conformaron la Asociación Civil Monte y Río (Amor), pero llegar caminando al tramo costero público es imposible por el muro de hormigón que bloquea el único acceso.

El presidente del club, Juan Carlos Ríos, descartó que actualmente exista un conflicto legal entre la EBY y el Pirá Pytá por el Lote 007.

En ese sentido, Ríos remarcó: “Nosotros pagamos agrimensores privados, agrimensores de la EBY, creo que la gente del Montecito pagó sus agrimensores y quedaron todos de acuerdo de que llega el agua, hay un acta firmada por ellos aceptado los límites”.

El abogado de los vecinos de Villa Cabello, Federico Padolski, dijo a LVM que los límites “se habían definido en la Defensoría del Pueblo” y “lo que tendría que explicar el presidente del club es por qué, a pesar de estar delimitado los terrenos, de la EBY y el de ellos, han construido sobre el terreno de la EBY, como se puede ver sobre la Avenida Julio Piró”.

Con respecto al acta que hace referencia el presidente del Pirá Pytá, Padolski sostuvo que fue una reunión en octubre del 2021, que se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción 2, donde se instruye la causa penal contra dos militantes por la causa del Montecito, a quienes representa.

“Yo no sé para que existió esa reunión porque se estaba dando en el marco de un expediente que se investigaba una denuncia que le hicieron a mis clientes… No entiendo por qué se hizo esa reunión en el juzgado, de hecho, un juzgado penal, ¿Cómo un juzgado de instrucción penal va a ser competente para dirimir cuestiones de límite?”, cuestionó el letrado.

Un nuevo espacio

Actualmente, los vecinos están elaborando un proyecto para presentar a la Entidad Binacional para que le cedan en comodato lo que quedó del Lote 007 y, de ser aprobado, buscan que el área ribereña “continúe siendo una costa natural, pública, libre y gratuita”, enfatizó Labatte.

Mientras tanto, el actual presidente del club náutico afirma que la comuna ya autorizó las obras en el lugar y avanzan con un nuevo espacio exclusivo para sus 7.000 socios.

Plano de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) con los límites acordados entre las partes.

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Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”

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acampe casa de gobierno

Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.

Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.

El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.

Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.

“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.

El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.

Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.

La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas. 

Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.

Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.

Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza

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Padres marcharon para pedir al Iprodha la culminación de la Escuela 76 en Posadas

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La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.

Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona. 

Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.

Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.

Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó. 

En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.

Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.

Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio. 

 

Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.

 

La baja natalidad y sus efectos: 29% menos de niños en escuelas misioneras

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