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Gerente de Generación Zoe en Posadas sigue pidiendo aportes a inversionistas

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Generación Zoe

Al igual que el líder de Generación Zoe, el gerente de la filial local, Zoe Coach, Diego Javier Martínez, continúa pidiendo aportes a los inversionistas y los invita a participar de las sesiones de coaching nocturnas de U$S100, que el líder del grupo Leonardo Cositorto, prófugo y con pedido de captura internacional, ofrece por Zoom desde el fin de semana.

Martínez es el administrador de un grupo de Whatsapp que reúne a 240 participantes, creado el 15 de abril de 2021 desde un número telefónico con prefijo de la localidad de Bell Ville, en Córdoba, la provincia donde estalló todo el viernes 18, con los allanamientos simultáneos de la fiscalía en las oficinas de Zoe en Villa María y los domicilios de varios de sus principales interlocutores, que fueron apresados y continúan detenidos.

El grupo de Whatsapp, titulado “Unimos vidas y sueños”, es la única plataforma de información de los inversionistas misioneros con la empresa, luego de que cerraran las oficinas sobre la calle San Luis 1321, de Posadas, ni bien se conocieron los procedimientos y el pedido de captura de Cositorto, y bajaran su página de Facebook el lunes. 

La Voz de Misiones intentó hablar con el gerente de Zoe Coach desde el viernes, hasta que el lunes, después de mucho insistir, Martínez contestó tajante que no haría ningún tipo de declaraciones. “No voy a hablar de nada”, dijo.

Martínez también regentea Vuela Bien Alto, una escuela de coaching que hasta hace poco funcionaba en la misma filial local del grupo investigado, y que estrenó sede sobre la calle Amalia Vera, en El Brete, el 11 de febrero pasado, una semana antes del estallido del viernes, lo que indefectiblemente lleva a suponer que el coach misionero intuía por lo menos lo que podía venir, y se dispuso a desmarcar esta otra organización distinta a la liderada por Cositorto.

Nuevas promesas

LVM accedió a capturas de pantalla de mensajes que Martínez hizo en el grupo desde su número de teléfono en los últimos días, a partir del comienzo de la crisis.

En los mensajes, el gerente de la filial local de Zoe, no hace casi referencia a la investigación fiscal por defraudación y estafa en curso, y prácticamente le cede las explicaciones del caso al líder prófugo al compartir audios y videos de Cositorto desde su escondite caribeño.

El lunes, Martínez informó a “quienes tengan saldo disponible sin cobrar”, y a “los fiduciantes que tenían que cobrar en febrero su primera cuota”, que Zoe pagará “110% de marzo a junio”, duplicando a la vez el capital ese último mes.

En el anuncio ofrece un número telefónico para realizar reinversiones de capital y anuncia la suspensión de las clases de coaching y educación financiera “hasta nuevo aviso”.

El último de sus mensajes es un “Anuncio a la comunidad de Zoe”, donde se informa que “debido a las amenazas recibidas” todas las gestiones, incluyendo los pagos, se atenderán de modo online, y que el 7 de marzo próximo “se reanudará el normal funcionamiento de las operaciones y pagos constantes del 7,5%”.

Martínez reenvía también al grupo un audio de 5:53 minutos, en que desde la clandestinidad Cositorto se reafirma en sus teorías conspirativas contra el grupo, y hace referencia al 7 de marzo como la fecha en que presentará en sociedad su última creación: Zoe 2.0, la estrategia de salida de la crisis, que devolverá la confianza a los inversionistas y los mercados.

Más detenidos

Mientras tanto, en Villa María, Córdoba, hubo otros 7 allanamientos y 4 nuevos detenidos, lo que eleva a 11 el número de apresados en la causa que investiga a Generación Zoe por estafas reiteradas y asociación ilícita.

Estos nuevos procedimientos fueron ordenados por la fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys, quien lleva adelante la causa y comenzaron el pasado viernes en esta localidad y luego se extendieron a la sede central del grupo en Buenos Aires, donde incluso se registraron episodios de violencia con ahorristas que reclamaban su dinero.

En las últimas horas se especulaba con lo que podría revelar el contador del grupo, Norman Próspero, detenido el viernes en su departamento de la calle White en Buenos Aires por la Policía Federal Argentina (PFA) a pedido de la fiscal Companys, que planea interrogarlo la semana que viene.

Según publicaron medios porteños, en el expediente de la causa, la fiscal pudo establecer una “línea directa” entre el contador con base en Buenos Aires y Claudio Álvarez, coach ontológico y líder de Zoe en Villa María, que sigue prófugo hasta hoy.

Próspero, de 51 años, tiene en su haber un fallo adverso del Tribunal de Ética del Colegio de Contadores, y ya se vio involucrado en una investigación de la justicia federal porteña por “falsedad ideológica” en 2010.

 

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Marcha contra reforma en discapacidad: “Condena al sector más vulnerable”

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Al igual que en otros puntos del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de Misiones reunió a personas con discapacidad, familiares, instituciones categorizadas y prestadores precarizados, quienes marcharon al palacio legislativo provincial en rechazo a la reforma de la ley en Discapacidad 27.793. 

La movilización partió luego de las 9 desde la plaza central, y al llegar a destino, los presentes entregaron notas dirigidas al presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, y al diputado renovador Carlos Eduardo Rovira para que, a través de los senadores misioneros, las familias de personas con discapacidad sean escuchadas en los ámbitos de decisión nacional.

Solicitamos el compromiso de la provincia con el modelo social de discapacidad y el rechazo a cualquier medida que mercantiliza prestaciones básicas”, exclamó uno de los manifestantes. 

Según detallaron, la reforma pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales y la calidad de vida de miles de personas: “El viernes nos tomó de sorpresa el ingreso del proyecto de reforma que tiene como título Basta de fraude a las pensiones, algo que es utilizado por el gobierno nacional como pantalla”, expresó Sebastián Calderón, director general del Centro de Día (Cenemi), consultado por La Voz de Misiones.

“Lo que busca la reforma es la reconversión de pensiones por discapacidad y pensiones por invalidez que tiene sus dificultades para las personas que tienen hoy una pensión. Pero en el trasfondo quieren eliminar el nomenclador del sistema de prestaciones básicas, lo que hará que cada financiador ponga los valores que considera oportunos para cada servicio que se brindan en el área de discapacidad, lo que va a generar desigualdad en el derecho de las personas de poder elegir el servicio y los profesionales con quienes quiere trabajar”, añadió.

“Los que van a tener mayores dificultades seguro van a ser quienes tengan el programa federal Incluir Salud porque obviamente los valores ya son bajos con un nomenclador que regula, imaginate si no existiese ese nomenclador y cada financiador ponga su precio”, lamentó.

Luego concluyó: “Actualmente el que puede pagar una prepaga o una obra social muy buena y aquel que está en el programa Incluir Salud, a través del Estado, tienen o acceden a las mismas prestaciones sin ningún tipo de diferencias. Lo que este sistema de prestaciones básicas va a hacer es que no todos puedan elegir y mucha gente quede fuera del sistema”.

Marcha en Posadas

La Ley 27.793, sancionada en 2025 y publicada en el Boletín Oficial, declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable. Busca actualizar aranceles de prestaciones, garantizar la cobertura integral de salud, rehabilitaciones y regularizar pagos, en medio de tensiones por su aplicación y financiamiento.

En este marco y de manera simultánea con las marchas replicadas a lo largo y ancho del país, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en horas del mediodía.

El reclamo también incluye el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cupo laboral del 4%, la restitución de las Pensiones No Contributivas y un aumento inmediato.

Rechazo a la reforma de la Ley 27.793 frente a la Legislatura misionera

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Reclamo nacional: marchan contra reforma de ley de discapacidad en Posadas

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Luego de que el gobierno nacional presentara un proyecto que apunta a depurar pensiones por invalidez y flexibilizar prestaciones; familias, personas con discapacidad, instituciones categorizadas y profesionales, marcharán en distintos puntos del país en rechazo a la reforma de la Ley 27.793 de emergencia nacional en discapacidad. 

En Posadas la concentración iniciará este miércoles a las 8.30 en la plaza 9 de Julio para luego marchar a la explanada de la Cámara de Representantes, donde solicitarán que los legisladores nacionales por Misiones rechacen la normativa que ingresó ayer al Senado de la Nación.

Simultáneamente, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco, contarán con el apoyo de algunas organizaciones políticas, como el Partido Obrero y Tribuna Disca, quienes se sumarán a la jornada de lucha remarcando que “el ajuste en el sector pone en riesgo vidas y trabajos”. 

En ese mismo sentido, exigirán el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cupo laboral del 4%, la restitución de las Pensiones No Contributivas y un aumento inmediato, además de repudiar la nueva modificación de la ley de emergencia, la de salud mental y el cierre de la Andis. 

Cada miércoles, familiares y personas con discapacidad marchan contra el ajuste en Posadas

Los principales cambios

Según el texto oficial, la iniciativa deroga los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que eran los que garantizaban la universalidad de las prestaciones, y retrotrae el sistema al estado previo a la sanción de la emergencia. 

Además, elimina la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por concepto de invalidez laboral o zona geográfica desfavorable, suprime el nomenclador de prestaciones únicas -que fijaba un piso homogéneo de calidad- y desregula la negociación arancelaria por obra social o prepaga.

Uno de los puntos más controvertidos es la “incompatibilidad absoluta” que el proyecto establece entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado. 

De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, e incluso suprime los incisos que referenciaban programas de inclusión laboral y reconocimiento de empresas que contraten personas con discapacidad.

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Estudiantes de la Unam solicitan que Transferencia abra hasta las 23

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Unam transferencia

Estudiantes de tres unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) impulsan un pedido para que las Estaciones de Transferencia de transporte público de Posadas vuelvan a operar hasta las 23. 

Los alumnos que comparten la casa de estudios en el Campus, nucleados en agrupaciones de centros de estudiantes como Tierra Roja y La San Martín, junto a cursantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQYN), aseguraron que la medida afecta directamente a más de 5.ooo estudiantes, más docentes y no docentes, y la seguridad de la comunidad educativa.

Claudio Gutiérrez, estudiante de avanzada de la carrera de Contador público y militante del centro de estudiantes “Tierra Roja”, en diálogo con La Voz de Misiones, explicó por qué es urgente que se resuelva esta medida, a la que atribuyen como el resultado de una decisión política que forma parte del recorte presupuestario. El pedido que reunió más de 500 firmas, fue presentado el pasado 9 de abril al intendente de la ciudad de Posadas, Leonardo Stelatto y con copia al secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín.  

La principal demanda apunta a que se restablezca el horario extendido de las estaciones de colectivos, que el año pasado funcionaba hasta las 23 horas. Actualmente, el servicio corta a las 22, el mismo horario en que finalizan muchas clases.

Somos estudiantes que cursamos hasta las 22 y a esa hora cierra Transferencia. Eso nos obliga a salir antes de clases o a gastar en transporte alternativo”, explicó el militante de Tierra Roja. 

Según detalló, la situación genera múltiples complicaciones: algunos estudiantes deben retirarse una hora antes para poder regresar a sus hogares, mientras que otros optan por pagar servicios como Uber o compartir viajes para reducir costos. 

El reclamo también incluye una preocupación por la seguridad. En el caso del campus universitario, señalo que, si no logran tomar el transporte a tiempo, deben esperar hasta una hora en zonas con escaso resguardo. “Quedás expuesto, sobre la ruta, sin protección”, indicó Claudio.

En relación a la implementación del horario, el estudiante señaló que durante 2025 el sistema de Transferencia con horrio extendido ya estaba operativo desde el inicio del ciclo lectivo, con funcionamiento hasta las 23 horas. “El año pasado empezamos las clases y ya teníamos el horario habitual extendido. Solo se recortó durante el receso, pero después se restableció con normalidad”, señaló.

En ese sentido, Gutiérrez consideró que la situación actual responde a una decisión deliberada. “Entendemos que tiene que ver con un recorte. Hoy vemos que no solo pasa con Transferencias, sino también con la frecuencia de los colectivos en los barrios, donde hay unidades cada una hora”, opinó.

Además, advirtió que la reducción en la frecuencia del transporte genera nuevas dificultades para asistir a clases. “Si tenés que estar a las 16 en el campus, tenés que salir una hora y media antes. Es un problema para todos, incluso para quienes no cuentan con el boleto gratuito y deben pagar un servicio caro con menor frecuencia”, señaló. 

El presidente del centro estudiantil comentó que el sistema de boleto estudiantil permite viajar hasta la medianoche, por lo que considera que la limitación actual responde a una decisión operativa y no técnica.

En cuanto al acompañamiento institucional, sostuvo que no han tenido una intervención activa de las autoridades de las facultades ni respuestas al pedido formal presentado hace más de diez días.

Ante la falta de respuesta, los estudiantes decidieron hacer público el reclamo y comenzar a visibilizar la situación en los medios. “No es un problema aislado, afecta a estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad”. 

Gutierrez explicó que continuarán insistiendo hasta obtener respuestas concretas. “No es solo una cuestión de comodidad, es poder estudiar en condiciones”, concluyó.

 

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