Policiales
El caso Golemba, el “pacto de silencio institucional” y los 16 detenidos
Para la fiscalía que investiga la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, visto por última vez hace 18 años, en el caso hubo un “pacto de silencio institucional” en el que 17 uniformados policiales acordaron un “plan criminal” para asegurar la impunidad del hecho.
Así se desprende de la imputación formulada por la fiscal Silvina Flavia Gutiérrez, titular de la Fiscalía Federal Dos de Posadas, funcionaria que formuló el pedido de detención para los 17 policías, entre activos y retirados, que hoy están bajo la lupa por uno de los casos policiales más emblemáticos de la historia reciente de Misiones.
En su planteo, la fiscal sostiene que el joven agricultor fue víctima de una privación ilegítima de la libertad, seguida de una “permanencia bajo una custodia estatal clandestina” en la comisaría de Dos de Mayo, donde fue objeto de una golpiza y más tarde trasladado hacia un paradero desconocido aún 18 años después.
La acusación reconstruye que, a partir de ahí, se orquestó un “plan criminal” y un “pacto de silencio institucional” en el que, directa o indirectamente, todos los involucrados desplegaron acciones tendientes a impedir que se conociera lo ocurrido, es decir, a asegurar la impunidad.
Plan y silencio
Entre esas acciones, la fiscal Gutiérrez enumera “la negativa sistemática a reconocer la privación de libertad de la víctima, las omisiones en los registros oficiales, la uniformidad de determinadas versiones brindadas por funcionarios policiales, las contradicciones detectadas entre distintas actuaciones administrativas y judiciales y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado la investigación”.
En este punto toma relevancia el hecho que, al tratarse de una desaparición forzada de persona un delito de carácter permanente, la responsabilidad penal no se limita solo a quienes hayan ejercido la violencia en forma directa contra Golemba, sino también a todas aquellas personas que en conocimiento del caso hayan omitido denunciar la situación o adoptar medidas para hacerla cesar.
De esta manera, pidió la detención de 17 personas y la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, hizo lugar. Las medidas se concretaron esta mañana mediante una serie de allanamientos concretados por agentes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
De los 17 sospechosos, 16 fueron arrestados y se encuentran a disposición de las autoridades. Un solo implicado no fue hallado y por estas horas permanece en condición de prófugo, con pedido de captura en su contra. Se trata del radioperador Alfredo Lorenzo Ortiz.

El comisario retirado Ewaldo Katz, uno de los principales apuntados, ahora detenido.
Los detenidos
Entre los detenidos se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, jefe de la comisaría de Dos de Mayo al momento de los hechos y uno de los principales apuntados por la querella encabezada por los letrados Rafael Pereyra Pigerl y María Vannela Vignolles en representación de la familia Golemba.
El resto forma parte del personal que, de manera permanente o transitoria, cumplió funciones en esa dependencia al momento en que sucedieron los hechos investigados.
Los demás arrestados son: los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce -con causa por transporte de estupefacientes- y Liliana Margarita Saft; el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz; el secretario José Roberto Pereyra Da Silva; el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio; Wiliams Gabriel Lunge (quien cumple funciones en Seguridad Vial); los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla; el radioperador Cristian Andrés Silva, retirado; y Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra (retirado), Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer (retirado).
Todos se encuentran ahora a disposición de la Justicia Federal y en las próximas jornadas serán citados a prestar declaración indagatoria como imputados.
Detuvieron a 16 policías por la desaparición de Mario Golemba en 2008
Judiciales
Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente
Este martes, desde las 8.30, el Tribunal Penal Uno de Oberá juzgará a los dos jóvenes acusados de propinar una golpiza que derivó en la muerte de un hombre en situación de calle.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de agosto de 2024 y la víctima fue identificada como Miguel Ángel García (55), un hombre que solía pasar las noches en el edificio de Rentas, ubicada sobre la avenida Sarmiento, entre calles Erasmie y 12 de Octubre de Oberá.
En ese lugar, aproximadamente a las 3 de la madrugada de aquel día, fue atacado a golpes de puños y patadas por dos jóvenes que más tarde fueron identificados como Franco Ezequiel Paz y Sergio Fabián Valenzuela, quienes finalmente fueron detenidos y ahora enfrentarán debate oral.
Como consecuencia de los golpes, García sufrió lesiones gravísimas y una semana después murió en el hospital con cuadro de hemorragia intracraneal.
Los dos acusados están imputados por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Uno de ellos arrastra en su prontuario una condena anterior por robo calificado. Hay nueve testigos citados a declarar.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante). En la fiscalía intervendrá Juan Pablo Fernández Rissi, en tanto que como defensor oficial estará Matías Olivera, que aguarda acuerdo legislativo para ser designado como juez del mismo organismo.
Judiciales
Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”
“Nunca quise hacer daño, fue un accidente y quiero pedir disculpas a la familia”, expresó esta mañana Rodrigo Dias Da Silva (27) en el inicio del juicio oral donde se determinará su responsabilidad por chocar y matar al gendarme Chato Barreto a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando dos años atrás en Santa Ana.
Da Silva llegó a esta instancia detenido y así continuará debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), prorrogó su prisión preventiva.
En la audiencia de hoy se leyó el auto de elevación a juicio del expediente, se resolvieron cuestiones preliminares planteadas por las partes y el tribunal le dio al imputada la posibilidad de declarar. Da Silva rechazó la oportunidad, aunque si aprovechó para dar unas palabras.
“Durante mucho tiempo se habló mucho de mí, pero no soy malo. Sé que el cigarrillo no es un delito mayor, yo nunca tuve quise hacer daño, lo que hice fue un accidente, fue todo muy rápido y salió mal”, expresó el joven oriundo de Oberá, aunque con domicilio en San Vicente ante el tribunal.
Y, entre lágrimas, pidió perdón: “Quiero pedirle disculpas a la familia y mis condolencias. Nunca, jamás, quise hacer daño”.
El debate oral continuará el próximo lunes con la declaración de los primeros testigos citados. En la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que también abogadas representantes de Defensorías Públicas de Víctimas, mientras que Da Silva es defendido por el letrado particular Carlos Luis Ferreyra.

Dias Da Silva no declaró y solo se limitó a expresar disculpas por el hecho.
Fuga, choque y muerte
El hecho que se ventila en debate ocurrió hace exactamente dos años, sobre la ruta provincial 103, poco después del ingreso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana.
Robert David “Chato” Barreto (31) era uno de los gendarmes apostados sobre la ruta cuando Da Silva embistió el control vehicular a toda velocidad.
Según la reconstrucción del hecho, Barreto estaba apostado sobre la doble línea amarilla de la ruta, al lado de un cono vial, y al ver que la camioneta Volkswagen Amarok avanzaba en contramano corrió hacia la banquina para resguardarse.
En esas circunstancias, fue embestido, quedó tendido sobre el capot y fue arrastrado varios metros hasta que se produjo el despiste de la camioneta y fue despedido violentamente.
El gendarme atropellado quedó severamente herido al costado de la ruta y alcanzó a ser asistido, aunque falleció horas después en el hospital.
La camioneta que era conducida por Da Silva tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad bonaerense de Quilmes y en su interior transportaba 20.000 paquetes de cigarrillos Eight valuados en más de 22 millones de pesos.
Contrabandista que chocó y mató a un gendarme irá a juicio el lunes
Policiales
Camioneta de Gendarmería Nacional atropelló y mató a peatón en Pozo Azul
Una persona, que hasta el momento no fue identificada, murió anoche tras ser embestida por una camioneta sobre la ruta 17, a la altura del kilómetro 60, en jurisdicción de Pozo Azul.
El siniestro se registró este domingo alrededor de las 20.30, cuando una Toyota Hilux, conducida por un integrante de Gendarmería Nacional, circulaba en sentido Eldorado-Pozo Azul y, por circunstancias que son materia de investigación, embistió a un peatón.
Tras el impacto, la víctima quedó tendida sobre la cinta asfáltica y, cuando arribó la comisión policial de la Comisaría de Pozo Azul, se constató que ya no presentaba signos vitales.
En la camioneta, que pertenecía a Gendarmería Nacional, viajaban tres integrantes de la fuerza, uno de ellos al mando del rodado. Los ocupantes permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.
Personal de la División Policía Científica realizó las pericias en la escena para establecer la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto. Además, se dispuso que el cuerpo de la víctima sea sometido a una autopsia. En tanto, continúan las diligencias para establecer su identidad.
Imagen ilustrativa
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