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Familia de las niñas misioneras muertas en Paraguay reafirman reclamo de justicia

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Myriam Villalba, madre de Lilian María, y tía de María Carmen, las dos niñas misioneras asesinadas por fuerzas militares paraguayas en el norte del país el 2 de septiembre de 2020, reiteró sus acusaciones contra el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, de impedir la investigación de las muertes, y renovó las exigencias para que Paraguay permita el ingreso del Equipo Argentino de Antropología Forense para una nueva autopsia de los cuerpos.

Villalba estuvo en Posadas este jueves acompañada por el representante legal de la familia en Paraguay, Salvador Sánchez Ocampos, quien lleva la causa por las niñas y también la defensa de Laura Villalba, hermana de Myriam y mamá de María Carmen, detenida el 23 de diciembre de 2020 cuando intentaba salir del teatro de operaciones militares, más de tres meses después del crimen de su hija y su sobrina.

“Estamos fortalecidas, gracias al acompañamiento de tantas organizaciones que nos dan fuerza, y vamos a seguir reclamando justicia para nuestras niñas”, dijo Myriam Villalba a La Voz de Misiones.

La familia vivió por 11 años en Puerto Rico, pero tras el caso dejó la chacra y se mudó a Buenos Aires, donde Myriam Villalba, su mamá y el resto de los niños y niñas, obtuvieron el estatus de “refugiados políticos”

La mujer señaló que la “única esperanza” de la familia es la justicia internacional. Villalba y sus hermanas han presentado ya el caso ante varios organismos multilaterales, como los comités de Derechos Humanos, Derechos de la Niñez, y Desapariciones Forzadas, de Naciones Unidas.

De hecho, en enero de 2021, dos jóvenes de la familia, Tania Tamara, de 19 años, y Tamara Anahí, de 14 años, testimoniaron ante el Comité del Niño y la Relatoría Especial de Ejecuciones Sumarias.

Ambas señalaron que Lilian María y María Carmen estaban con vida cuando fueron llevadas por los militares, desmintiendo así la versión oficial del gobierno paraguayo, de que ambas murieron durante el ataque de esa mañana al campamento del grupo guerrillero conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), donde visitaban a sus padres.

El destino de “Lichita”

Las jóvenes eran parte del grupo que había ido al norte paraguayo a visitar a sus familiares combatientes de la guerrilla, y alcanzaron a escapar de la refriega con las fuerzas militares junto a la hermana de Myriam y otra adolescente, Carmen Elizabeth Villalba, “Lichita”, desaparecida poco después, y cuyo caso está denunciado internacionalmente como “desaparición forzada”.

Precisamente, en febrero del año pasado, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, pidió al gobierno paraguayo agotar todas las instancias de búsqueda de la muchacha, que según testimonios fue capturada por los militares en la huida por el monte.

“Lichita” es hija de la histórica dirigente del EPP, Carmen Villalba, que cumple una condena de 18 años por el secuestro en 2001 de María Edith Bordón de Debernardi, esposa del empresario Enzo Debernardi, y otra, reciente, de 17 años, por intento de asesinato de tres policías cuando se fugó de la cárcel de mujeres en 2004.

La suerte de su hija es un misterio. Organizaciones de varios países impulsan una campaña mundial por su aparición con vida, con el hashtag #DondeEstaLichita.

El abogado Sánchez Ocampo indicó a LVM que “es mentira que el Estado paraguayo esté buscando a esta adolescente como asegura el gobierno”.

En la huida, Laura Villalba y sus sobrinas que después declararon a los organismos internacionales vagaron varios meses por los montes del Departamento de Concepción, intentando romper el cerco militar y regresar a Misiones.

Tania y Anahí lo consiguieron. Su tía fue apresada y hoy guarda reclusión en el penal de Itapúa, procesada en dos causas, por los delitos de terrorismo, asociación criminal y tentativa de homicidio; y violación de los deberes de cuidado, en el caso de la muerte de su hija en el supuesto enfrentamiento de hace un año y cinco meses en el campamento guerrillero.

Sánchez Ocampos señaló que la acusación “no tiene el más mínimo sustento probatorio”, pero que esto en Paraguay “no tiene mucha importancia, por la corrupción del sistema de justicia”, y porque en este caso en particular “la decisión es política y no jurídica”.

Salvador Sánchez Ocampos, abogado de la familia Villalba. (Fotos: Marcos Otaño)

 

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Caminaba por una vereda del centro y se le cayó un ladrillo en la cabeza

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mampostería

Un pedazo de ladrillo se desprendió de la fachada de una guardería posadeña e hirió en la cabeza a una inspectora municipal que caminaba por la vereda de calle Colón, casi Alvear.

El hecho ocurrió esta mañana, minutos antes de las 10.15, cuando la trabajadora Sofía E. (54) caminaba por la vereda hasta que resultó golpeada por un pedazo de mampostería que se desprendió de la fachada y cayó sobre su cabeza.

La mujer fue asistida en primera instancia por una compañera y por trabajadoras de la guardería, quienes solicitaron presencial policial en el lugar.

Fueron los efectivos de la División Grupo de Acción Preventiva quienes acudieron al llamado e improvisaron unas fajas de seguridad para preservar la integridad de otros transeúntes.

La inspectora herida sufrió heridas leves y fue asistida por personal médico en moto ambulancia, para luego ser trasladada de manera preventiva al Sanatorio Caminos.

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Posadas

El 54% de los estudiantes universitarios trabaja para alquilar en Posadas

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Los datos preliminares del primer relevamiento realizado por el colectivo Jóvenes x el alquiler demostraron que más de la mitad de los estudiantes provienen de otras localidades misioneras, el 54% trabajaba al momento de la encuesta y la mitad de ellos buscó otro trabajo para sostener los costos del alquiler en Posadas, los cuales rondan entre los $200.000 y $350.000.

El relevamiento comenzó en marzo y desde entonces el equipo de estudiantes voluntarios realizó 100 encuestas, aunque el objetivo es llegar a una población total de 400 en los próximos meses.

Desde Jóvenes x el alquiler revelaron que el objetivo de este estudio es “dar cuenta de las condiciones del alquiler universitario en la ciudad de Posadas” y que pueda “servir de insumo para el diseño de políticas públicas que contemplen la perspectiva de los actores más vulnerables en esta problemática”.

Los resultados

En esta primera etapa revelaron que el 74% de los estudiantes consultados tiene entre 17 y 25 años. En cuanto a su lugar de procedencia, el 63% nació en otra localidad misionera, un 18% es de Posadas y un 12% deriva de otra provincia argentina.

A su vez, el 66% de los encuestados son mujeres, el 54% trabajaba al momento de la encuesta y la mitad de ellos buscaba o buscó otro trabajo para poder sostener el alquiler, ya que el 40% de los estudiantes trabajadores percibe ingresos menores a $300.000.

El mismo relevamiento integrado por una muestra de 100 estudiantes, constató que el 68% alquila por dueño directo, frente a un 32% que se encuentra vinculado mediante inmobiliaria.

A su vez, el 60% cuenta con un contrato de alquiler, frente a un 33% que alquila “mediante palabra” y un 5% que tiene una vinculación de tipo comodato.

En cuanto a los montos, el 70% confirmó que tiene aumentos cada seis meses o menos y el 54% abona su alquiler solamente mediante efectivo.

Del total alcanzado hasta el momento, el 54% alquila un departamento de un dormitorio, frente a un 21% que alquila un monoambiente.

Al mismo tiempo, el 44% de los encuestados paga entre $200.000 y $350.000 por mes y el 27% no recibe ayuda (familiar ni estatal) para afrontar estos gastos.

Hasta el momento, un 53% vive solo y un 47% que cohabita su vivienda. De este segundo grupo, el 42% afirma que comparte alquiler por motivos económicos (para dividir gastos).

Finalmente, alrededor del 60% afirmó que su residencia alquilada presenta problemas. Los más comunes son: humedad, filtraciones, sistema eléctrico o costo elevado.

La encuesta

Las encuestas fueron realizadas en las tres unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) con sede en Posadas y algunas corresponden a estudiantes de instituciones privadas, como el Dachary, Cuenca del Plata o el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya.

Por estas horas buscan nuevos voluntarios para completar la muestra. “Para esta segunda parte del año, esperamos poder contar con más compañeros y compañeras encuestando y siendo encuestados.”, afirmaron desde la organización.

Accedé a la encuesta.

Estudiantes universitarios realizarán un relevamiento de alquileres en Posadas

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Vecinos resistieron al desalojo de una mujer en el barrio El Laurel de Posadas

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Para este jueves a las 9, el juez Fernando Escalante, titular del Juzgado Civil y Comercial Cinco, había ordenado desalojar la vivienda de Teresa Álvez Ferreyra (74) en la Chacra 190, del barrio El Laurel, por lo que horas atrás se apersonó en el lugar acompañado por efectivos de la Policía de Misiones, pero finalmente la medida fue suspendida. 

A media mañana, decenas de vecinos se presentaron frente a la vivienda de Teresa para resistir un quinto intento de desalojo en lo que va de los últimos siete años. 

El operativo policial recibió la orden para desalojar en el momento en que arribaron al lugar las autoridades junto a un numeroso grupo de efectivos que, en primera instancia, “intentaron proceder hacia el inmueble”, según fuentes consultadas por La Voz de Misiones

Finalmente, con un “fuerte apoyo de los vecinos” la medida terminó siendo suspendida. Consultado por este medio, el abogado Hernán Cansino confirmó que “se realizó un acta donde se dejó constancia que por disposición del juez Fernando Escalante no se llevó a cabo el desalojo por no estar dadas las condiciones”.

Por su parte, Patricia, hija de Teresa, se mostró preocupada ante la situación ya que aseguró que “en cualquier momento pueden sacar otra fecha para desalojar, porque el Juzgado Cinco es el mismo que tiene el expediente y el juez Fernando Escalante no quiere dar el brazo a torcer”. 

Frente a este escenario, expresó que sienten “intranquilidad porque todo quedó en la nada otra vez“.

El caso

Teresa Álvez reside en una vivienda del mencionado barrio desde hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cinco intentos de desalojo, contabilizando el que fue registrado en la mañana de hoy.

La maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas persisten.

La carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998 contiene boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.

Hoy la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.

Antecedentes 

La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.

Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.

Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.

Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.

Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo

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