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Empresaria arenera denunció estafa con predio de la EBY en Nemesio Parma

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La propietaria de la empresa arenera Mesovial, María Alejandra Weppler, denunció al empresario Eugenio Rafael Honecker, del corralón Transtucho, ubicado en la avenida 17 de agosto y Calle 47, de posadas, a quien acusó de estafarla con el alquiler del predio que su empresa utiliza para sus actividades industriales, en Nemesio Parma.

Hasta ahí, la situación podría configurarse como un pleito entre dos particulares, sino fuera porque la demanda en cuestión involucra un predio de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) cedido en comodato, que Honecker tenía expresamente prohibido transferir o arrendar, sin contar las irregularidades detectadas en el contrato de alquiler que firmó con Weppler, y un simulacro de desalojo violento hace 20 días, invocando una orden judicial inexistente, y la participación de policías de otra jurisdicción, a la manera de una escolta privada.

La dueña de Mesovial señaló que le alquiló el predio a Honecker hace tres años, desconociendo la prohibición de arrendamiento que pesaba sobre la propiedad, por unos $900.000 mensuales que pagaba con cargas de arena de hasta 600m3.

“Yo alquilé este lugar sin saber que pertenecía a la EBY, y fui estafada con un contrato que después supe que no era por este predio, sino por otro ubicado en El Brete”, afirmó Weppler a La Voz de Misiones.

Contó qué en el contrato, que fue legalizado por escribanía y certificado en Rentas de la provincia, figuraba el predio donde alguna vez funcionó la arenera Don Faustino, que quedó bajo agua cuando subió la cota de la represa, y no el que ahora está en conflicto.

Weppler, relató que se enteró de la irregularidad hace un año, cuando una comitiva de la EBY que estaba verificando los predios donde fueron reubicadas las areneras en Nemesio Parma, le hizo notar que tanto Honecker como ella se encontraban en infracción, y la invitó a regularizar la situación.

La mujer sostuvo que los fiscalizadores de la EBY le dijeron que la posesión del predio por parte de Honecker tampoco se ajustaba a derecho, por cuanto el comodato le había sido conferido a los propietarios originales de Don Faustino, Elena Irene Rozas y Carlos Alberto Gallos, que en 2015 le cedieron la totalidad de las acciones a Honecker, su esposa María Laura Bergallo y su cuñado, Walter Delgado; y éstos jamás regularizaron la situación ante la EBY.

El desalojo

La situación terminó de destaparse el 1° de julio pasado, cuando Honecker encabezó una comitiva integrada por su esposa, sus hijos, abogado, escribano, policías de la Seccional 15° de San Isidro, y hasta un nuevo inquilino; y atropelló el predio invocando una orden judicial de desalojo, que nunca mostró y que, finalmente, resultó no existir.

“Ellos llegaron con un camión para mudanza, trajeron máquinas; Honecker impidió que se continuara la carga de arena en los camiones; hizo bloquear el acceso a la oficina de la empresa”, relató Weppler a LVM.

La empresaria indicó que se enteró de la situación por una llamada de su hijo, e inmediatamente se comunicó con el sistema 911, y salió para Nemesio Parma.

Contó que al llegar notó la presencia de dos móviles de la policía, el que ella llamó y el que escoltó al grupo encabezado por Honecker, el móvil N° 3792 que ,según constató el abogado de Weppler, Federico Esquivel, pertenece a la comisaría ubicada en San Isidro, lejos de la jurisdicción donde se ubica el predio en cuestión, dependiente de la Seccional 17a de Itaembé Guazú.

El abogado Federico Aurelio Esquivel, que representa a Weppler en la demanda contra su locador, considera que este último dato lleva a suponer que Honecker preparó su operativo y que de camino a Nemesio Parma pasó a recoger la custodia policial propia con la que ingresó al predio.

Weppler contó que el mismo jefe de la comisaría de Itaembé Guazú se sorprendió al enterarse de la presencia de los uniformados de otra jurisdicción, y por lo que pudo saberse el tema estaría ya en el ámbito de Asuntos Internos de la Policía de Misiones.

La empresaria refirió que no es la primera vez que Honecker emplea este mismo modus operandi contra sus inquilinos, que igual situación protagonizó con la anterior locataria del predio, Claudia Woll, a quien en 2018 la desalojó con un procedimiento similar.

Como resultado de este hecho violento, el Juzgado N°2, a cargo del juez Juan Manuel Monte, dispuso la clausura del predio y el cese de las actividades de Mesovial hasta tanto se resuelvan las diligencias procesales.

“Llevamos 20 días de cierre, nosotros somos una empresa familiar; dependemos de nuestro trabajo”, señaló Weppler.

A la par de la demanda por estafa contra Honecker, la mujer solicitó a la Justicia “la posesión lisa y llana” del predio para poder volver a la actividad.

En el escrito, patrocinado por el abogado Esquivel, Weppler solicita “la posesión efectiva y material del inmueble que fuera usurpado en grado de tentativa” por Honecker en el fallido desalojo de principios de julio.

Weppler señaló que su empresa es la única arenera de la zona que se dedica a la venta minorista, y que la paralización de la actividad perjudica de forma directa, también, a unos 30 fleteros.

Indicó que envió seis cartas a la EBY, el 25 de junio de 2021, 18 de enero, 25 de marzo, 2 de junio, 7 de junio y 5 de julio, todas de 2022, pero que hasta el momento no recibió ninguna respuesta.

Papeles flojos

El caso, surgido del conflicto entre ambos empresarios, expuso también la debilidad de los mecanismos de control y fiscalización de parte de los organismos que se encargan de otorgar las licencias y permisos de extracción del mineral.

Entre todas, la Dirección de Minas y Geología se ubica en el centro del entredicho, por cuanto es la encargada natural de autorizar la actividad arenera.

“Cuando yo me fui a sacar los permisos en Minas y Geología, me pidieron un contrato de la EBY o un contrato de alquiler, pero nadie chequea si la dirección que figura en el contrato corresponde o no al lugar”, contó la misma Weppler.

Reconoció que, luego de desayunarse con que el predio que le alquilaba a Honecker no era el que figuraba en el contrato, continuó igualmente gestionando los permisos anuales con el mismo documento, sin inconvenientes.

“Yo saqué los permisos, pago los impuestos; pago minería y todo”, aseguró Weppler, lamentándose que por estos días esté acumulando una multa, ya que la clausura del predio le impide sacar las guías mineras de la oficina, para poder pagar el tributo.

“Yo quiero seguir trabajando, que me den dos años; la EBY me ofrece otro terreno igual, pero yo hice inversiones acá para poder tirar la arena del barco, y si me mudo, voy a tener que invertir 60 metros más de caño”, ilustró.

El operativo del 1° de julio terminó con la clausura del predio y las actividades de la empresa.

La denuncia de la empresaria María Alejandra Weppler en la comisaría de Itaembé Guazú.

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Proponen poder renovar licencias de conducir sin pagar multas en Posadas

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Proponen poder renovar licencias de conducir sin pagar multas en Posadas

Un proyecto de ordenanza presentado en la sesión ordinaria de este jueves en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas busca regular el régimen local de otorgamiento y renovación de la Licencia Nacional de Conducir, con el objetivo de que las multas de tránsito impagas no sean un impedimento automático para acceder al carnet.

La iniciativa del concejal Pablo Argañaraz (La Libertad Avanza) plantea que la renovación de la licencia quede vinculada exclusivamente a la aptitud psicofísica del conductor, a su idoneidad técnica y a la inexistencia de inhabilitaciones vigentes.

En ese marco, propone dejar sin efecto la “práctica” administrativa que actualmente condiciona el trámite al pago previo de infracciones de tránsito.

“Cada vez que uno tiene que renovar el carnet de conducir, tiene que pagar las multas; de lo contrario, no le renuevan la licencia. ¿Qué tienen que ver las deudas que uno pueda tener con el Estado con el registro de conducir?”, expuso Argañaraz durante la presentación de su proyecto en el recinto.

Y en esa línea, remarcó que el Municipio “lo que tiene que hacer es evaluar si la persona está capacitada o no física o mentalmente para conducir un vehículo, y las deudas que pueda tener o no son problema de cada uno”.

La iniciativa también cuestiona la utilización del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) como herramienta impeditiva.

Según el proyecto, los sistemas nacionales de antecedentes fueron creados con una finalidad “informativa”, destinada principalmente a verificar la existencia de inhabilitaciones y fortalecer la seguridad vial, “pero no para habilitar mecanismos de cobro compulsivo”.

En ese sentido, la ordenanza propone que los antecedentes de tránsito continúen figurando en el sistema, aunque con carácter exclusivamente informativo y no como impedimento automático para renovar la licencia de conducir.

Como antecedente, la iniciativa legislativa hace referencia al reciente fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Corrientes, que declaró inválida la exigencia de pagar multas para renovar la licencia de conducir en la ciudad de Paso de los Libres.

Según se cita en el proyecto, el tribunal correntino entendió que el sistema de antecedentes de tránsito tiene una finalidad meramente informativa y que “no habilita mecanismos de cobro compulsivo”.

La iniciativa deberá ser analizada ahora en las comisiones del Concejo Deliberante de Posadas, donde comenzará el tratamiento legislativo previo a una eventual votación en el recinto.

Un antecedente judicial en Posadas

La discusión no es nueva en la capital misionera. En el 2021, un vecino de Posadas presentó un recurso de amparo contra la Municipalidad luego de que le negaran la renovación de su licencia profesional para conducir vehículos pesados por mantener multas de tránsito impagas.

El caso recayó en el Juzgado Correccional y de Menores 1, donde la magistrada Marcela Leiva hizo lugar al planteo y ordenó avanzar con el trámite de renovación. Sin embargo, la Municipalidad apeló la decisión y el expediente pasó a una instancia superior.

En entrevista con La Voz de Misiones, el abogado Gonzalo Puente, representante legal del conductor, sostuvo en aquel momento que “la jueza no falló en contra de la Municipalidad sino a favor de una persona que necesitaba renovar su carnet de conducir y que por una cuestión administrativa veía impedido ese derecho”.

Además, remarcó que la legislación nacional exige la presentación del CENAT, pero no establece como requisito obligatorio el pago previo de las infracciones para renovar la licencia.

Según explicó el letrado, muchas de las multas que figuran en el sistema provienen de radares o controles automáticos y, en numerosos casos, el titular del vehículo no coincide con quien conducía al momento de la infracción.

Posadas: “Para renovar el carnet no se puede exigir el pago de multas”

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Empleados reclaman hasta cuatro meses de atraso salarial en Sanatorio Posadas

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Un grupo conformado por enfermeros, médicos y mucamos se apostó desde tempranas horas en la vereda del Sanatorio Posadas en reclamo del pago de sus salarios que en algunos casos alcanza hasta cuatro meses de deuda y aseguraron que la medida se extenderá hasta recibir una respuesta concreta.

Desde la sede ubicada sobre calle Junín al 1840, Rocío Silva, quien se desempeña como mucama en el sector de hotelería del sanatorio, explicó que se trata del primer reclamo público que realizan en el año, encabezado por alrededor de 100 empleados.

“Estamos reclamando cuatro meses de atraso en el pago de los sueldos. Algunos tienen cuatro meses, otros tres, un mes o mes y medio”, detalló Silva, quien cumple con media jornada, once guardias al mes y percibe alrededor de $400.000.

“A mí particularmente me están debiendo dos meses de atraso. A los chicos de ocho horas le están debiendo cuatro meses y se desempeñan tanto en enfermería como hotelería, administrativos e incluso médicos”, afirmó en conversación con La Voz de Misiones.

Pese a varias instancias de diálogo que mantuvieron con la empresa, los empleados aseguraron que “no están dando solución”, por lo que decidieron iniciar el reclamo público que continuará durante toda la jornada de hoy.

Respecto a las respuestas obtenidas hasta el momento, puntualizó: “Nos dicen que las obras sociales no pagan, que dependemos solamente de PAMI e IPS, pero nosotros realmente ya no damos más, yo tengo que salir a vender pan para poder cubrir mis gastos del mes”.

“Ayer hicimos una reunión porque el Sanatorio no quiere que dañen su imagen. Yo creo que no se daña porque todo el sistema continúa funcionando al 100%. Todos los que estamos acá seguimos trabajando en nuestros respectivos turnos todos los días, hay cirugías programadas, cirugías de urgencia y todo eso se cubre como siempre”.

Un reclamo al Sanatorio y al gobierno

“Inicialmente es un reclamo al sanatorio. Ahora entramos a un curso de acreedores, no sabemos qué va a pasar con el sanatorio, por eso también hacemos un pedido al gobierno y a la Justicia para que evalúe cómo salir de esto porque son más de 60 familias perjudicadas”, enfatizó Silva.

Según explicó, el objetivo de la medida de fuerza pacífica que inició esta mañana es visibilizar el reclamo salarial de los empleados y aseguró que se extenderá hasta las 20 “a menos que logremos alguna respuesta antes”.

Al mismo tiempo, agregó: “Esto también sirve para mostrar al gobierno que necesitamos ayuda de ellos. Ya no podemos hacer nada y desde el Sanatorio nos dicen que ellos tampoco. El pedido es que cobremos a término y todo junto, no en cuotas”.

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Suman nuevos puntos móviles para tramitar el boleto estudiantil en Posadas

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Estudiantes de los distintos niveles, que se encuentren radicados en la capital provincial, podrán gestionar su tarjeta para utilizar el Boleto Estatal Estudiantil Gratuito (BEEG), sin turnos y en el acto, en las paradas de calle Junín y el barrio Itaembé Guazú.

Se trata de nuevos puntos móviles que contarán con orientadores y estarán disponibles durante la jornada de hoy de 8 a 17, según confirmaron desde Servicios Urbanos S.A.

Quienes aún no cuenten con el beneficio podrán acercarse a estos nuevos puntos que se suman a los ya disponibles en la terminal Unam, la Terminal Quaranta y el Posadas Plaza Shopping.

Se trata de una política pública vigente desde el año 2016 que hoy cubre alrededor de 500 mil pasajes diarios entre ida y vuelta, para los cuales el gobierno de Misiones destina entre 500 y 600 millones de pesos diarios. 

Presentan proyecto para que mayores de 60 años no paguen boleto en Posadas

 

 

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