Posadas
Empresaria arenera denunció estafa con predio de la EBY en Nemesio Parma
La propietaria de la empresa arenera Mesovial, María Alejandra Weppler, denunció al empresario Eugenio Rafael Honecker, del corralón Transtucho, ubicado en la avenida 17 de agosto y Calle 47, de posadas, a quien acusó de estafarla con el alquiler del predio que su empresa utiliza para sus actividades industriales, en Nemesio Parma.
Hasta ahí, la situación podría configurarse como un pleito entre dos particulares, sino fuera porque la demanda en cuestión involucra un predio de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) cedido en comodato, que Honecker tenía expresamente prohibido transferir o arrendar, sin contar las irregularidades detectadas en el contrato de alquiler que firmó con Weppler, y un simulacro de desalojo violento hace 20 días, invocando una orden judicial inexistente, y la participación de policías de otra jurisdicción, a la manera de una escolta privada.
La dueña de Mesovial señaló que le alquiló el predio a Honecker hace tres años, desconociendo la prohibición de arrendamiento que pesaba sobre la propiedad, por unos $900.000 mensuales que pagaba con cargas de arena de hasta 600m3.
“Yo alquilé este lugar sin saber que pertenecía a la EBY, y fui estafada con un contrato que después supe que no era por este predio, sino por otro ubicado en El Brete”, afirmó Weppler a La Voz de Misiones.
Contó qué en el contrato, que fue legalizado por escribanía y certificado en Rentas de la provincia, figuraba el predio donde alguna vez funcionó la arenera Don Faustino, que quedó bajo agua cuando subió la cota de la represa, y no el que ahora está en conflicto.
Weppler, relató que se enteró de la irregularidad hace un año, cuando una comitiva de la EBY que estaba verificando los predios donde fueron reubicadas las areneras en Nemesio Parma, le hizo notar que tanto Honecker como ella se encontraban en infracción, y la invitó a regularizar la situación.
La mujer sostuvo que los fiscalizadores de la EBY le dijeron que la posesión del predio por parte de Honecker tampoco se ajustaba a derecho, por cuanto el comodato le había sido conferido a los propietarios originales de Don Faustino, Elena Irene Rozas y Carlos Alberto Gallos, que en 2015 le cedieron la totalidad de las acciones a Honecker, su esposa María Laura Bergallo y su cuñado, Walter Delgado; y éstos jamás regularizaron la situación ante la EBY.
El desalojo
La situación terminó de destaparse el 1° de julio pasado, cuando Honecker encabezó una comitiva integrada por su esposa, sus hijos, abogado, escribano, policías de la Seccional 15° de San Isidro, y hasta un nuevo inquilino; y atropelló el predio invocando una orden judicial de desalojo, que nunca mostró y que, finalmente, resultó no existir.
“Ellos llegaron con un camión para mudanza, trajeron máquinas; Honecker impidió que se continuara la carga de arena en los camiones; hizo bloquear el acceso a la oficina de la empresa”, relató Weppler a LVM.
La empresaria indicó que se enteró de la situación por una llamada de su hijo, e inmediatamente se comunicó con el sistema 911, y salió para Nemesio Parma.
Contó que al llegar notó la presencia de dos móviles de la policía, el que ella llamó y el que escoltó al grupo encabezado por Honecker, el móvil N° 3792 que ,según constató el abogado de Weppler, Federico Esquivel, pertenece a la comisaría ubicada en San Isidro, lejos de la jurisdicción donde se ubica el predio en cuestión, dependiente de la Seccional 17a de Itaembé Guazú.
El abogado Federico Aurelio Esquivel, que representa a Weppler en la demanda contra su locador, considera que este último dato lleva a suponer que Honecker preparó su operativo y que de camino a Nemesio Parma pasó a recoger la custodia policial propia con la que ingresó al predio.
Weppler contó que el mismo jefe de la comisaría de Itaembé Guazú se sorprendió al enterarse de la presencia de los uniformados de otra jurisdicción, y por lo que pudo saberse el tema estaría ya en el ámbito de Asuntos Internos de la Policía de Misiones.
La empresaria refirió que no es la primera vez que Honecker emplea este mismo modus operandi contra sus inquilinos, que igual situación protagonizó con la anterior locataria del predio, Claudia Woll, a quien en 2018 la desalojó con un procedimiento similar.
Como resultado de este hecho violento, el Juzgado N°2, a cargo del juez Juan Manuel Monte, dispuso la clausura del predio y el cese de las actividades de Mesovial hasta tanto se resuelvan las diligencias procesales.
“Llevamos 20 días de cierre, nosotros somos una empresa familiar; dependemos de nuestro trabajo”, señaló Weppler.
A la par de la demanda por estafa contra Honecker, la mujer solicitó a la Justicia “la posesión lisa y llana” del predio para poder volver a la actividad.
En el escrito, patrocinado por el abogado Esquivel, Weppler solicita “la posesión efectiva y material del inmueble que fuera usurpado en grado de tentativa” por Honecker en el fallido desalojo de principios de julio.
Weppler señaló que su empresa es la única arenera de la zona que se dedica a la venta minorista, y que la paralización de la actividad perjudica de forma directa, también, a unos 30 fleteros.
Indicó que envió seis cartas a la EBY, el 25 de junio de 2021, 18 de enero, 25 de marzo, 2 de junio, 7 de junio y 5 de julio, todas de 2022, pero que hasta el momento no recibió ninguna respuesta.
Papeles flojos
El caso, surgido del conflicto entre ambos empresarios, expuso también la debilidad de los mecanismos de control y fiscalización de parte de los organismos que se encargan de otorgar las licencias y permisos de extracción del mineral.
Entre todas, la Dirección de Minas y Geología se ubica en el centro del entredicho, por cuanto es la encargada natural de autorizar la actividad arenera.
“Cuando yo me fui a sacar los permisos en Minas y Geología, me pidieron un contrato de la EBY o un contrato de alquiler, pero nadie chequea si la dirección que figura en el contrato corresponde o no al lugar”, contó la misma Weppler.
Reconoció que, luego de desayunarse con que el predio que le alquilaba a Honecker no era el que figuraba en el contrato, continuó igualmente gestionando los permisos anuales con el mismo documento, sin inconvenientes.
“Yo saqué los permisos, pago los impuestos; pago minería y todo”, aseguró Weppler, lamentándose que por estos días esté acumulando una multa, ya que la clausura del predio le impide sacar las guías mineras de la oficina, para poder pagar el tributo.
“Yo quiero seguir trabajando, que me den dos años; la EBY me ofrece otro terreno igual, pero yo hice inversiones acá para poder tirar la arena del barco, y si me mudo, voy a tener que invertir 60 metros más de caño”, ilustró.

El operativo del 1° de julio terminó con la clausura del predio y las actividades de la empresa.

La denuncia de la empresaria María Alejandra Weppler en la comisaría de Itaembé Guazú.
Posadas
Presentan proyecto para regular actividades recreativas en espacios públicos
La concejal de Encuentro Misionero, Luciana Scromeda, presentó un proyecto de ordenanza para regular las actividades deportivas grupales o comerciales que se desarrollan en los espacios públicos de Posadas. “Esta iniciativa mantiene libre y gratuito el uso recreativo e individual” de los espacios comunes de la ciudad, afirmó la edil durante la sesión ordinaria de este jueves en el Honorable Concejo Deliberante (HCD).
Al hacer uso de la palabra en el recinto capitalino, Scromeda defendió su iniciativa y aseguró que el objetivo principal no es “prohibir” ni “complicar” a los posadeños que utilizan los espacios públicos, sino “cuidar”.
En esa línea, señaló que en los últimos años “cada vez son más” los vecinos que eligen las áreas de esparcimiento públicas “para entrenar, caminar, hacer actividades físicas, reunirse y compartir hábitos saludables”.
“Esto habla bien de Posadas, de una ciudad que recuperó sus plazas, sus parques, su costanera, sus circuitos aeróbicos, sus espacios verdes; una ciudad donde el espacio público volvió a ser un lugar de encuentro”, destacó la edil en su alocución.
Apoyada en ese crecimiento, Scromeda remarcó que es necesario “ordenar” estas actividades y, por ello, su proyecto de ordenanza establece nuevas normas para quienes realizan actividades “grupales” o “comerciales” al aire libre de manera “habitual”.
Seguidamente, puntualizó que se buscará establecer “un registro digital, permisos claros, sectores aptos, horarios razonables, cuidado del sonido, protección del mobiliario urbano, condiciones seguras, cobertura e idoneidad para quienes están a cargo de las clases”.
Y añadió: “Porque cuando una persona se suma a una actividad física también confía en quien la guía, en el lugar en el que entrena y en que el Estado municipal está mirando para cuidar y no para perseguir”.
Otro eje de la iniciativa legislativa, según detalló Scromeda, será descentralizar las actividades recreativas del centro posadeño y de sus “lugares más visibles”.
“Los barrios también tienen espacios verdes, plazas y sectores que pueden convertirse en puntos de encuentro, deporte y vida comunitaria. Ordenar esto también permite descentralizar y llevar actividades saludables cerca de los domicilios de nuestros vecinos”, expuso la concejal.
Al cierre de su intervención, la concejal manifestó: “La ciudad que queremos no es aquella donde cada persona usa el espacio público como puede, sino una ciudad donde todos podamos convivir mejor, donde hacer deporte no signifique molestar al vecino, donde trabajar en el espacio público implique responsabilidad y donde cuidar una plaza, un parque o una senda sea parte de una cultura ciudadana compartida”.
Sometido a votación, el proyecto de ordenanza para regular las actividades recreativas en los espacios públicos de la ciudad fue aprobado por 11 votos afirmativos y contó con las abstenciones de Santiago Horianski, de La Libertad Avanza, y de Samira Almirón y Jair Dib, de Encuentro Misionero. Finalmente, el expediente pasó a la comisión correspondiente para continuar con su tratamiento legislativo.
Posadas
Proponen registro fotográfico obligatorio en las multas de tránsito en Posadas
El concejal de Hagamos, Fernando Zarza, ingresó este miércoles al Honorable Concejo Deliberante de Posadas (HCD) un proyecto de Ordenanza para incorporar un registro visual de las infracciones de tránsito en todas las actas labradas por los agentes municipales en la ciudad.
La iniciativa propone incorporar al Anexo Único del Régimen de Penalidades para Infracciones de Tránsito, de la Ordenanza XVI N° 112, cuatro artículos que reglamentan la “incorporación de medios probatorios digitales” que documenten el hecho multado.
La propuesta establece, en su artículo 8, que “las actas de infracción de tránsito labradas por la autoridad de aplicación competente de forma presencial o por medios tecnológicos automáticos deberán contener, como requisito de validez indispensable para su posterior juzgamiento, un registro fotográfico o videográfico digitalizado como medio de prueba material”.
Agrega que “la toma fotográfica deberá anexarse de forma digital al acta o ponerse a disposición del presunto infractor mediante sistemas digitales de consulta con código QR”.
El artículo 9, especifica los requisitos técnicos y operativos de las capturas fotográficas y de video, como la patente del vehículo y el entorno mismo de la infracción: “La señal vial ignorada, la senda peatonal obstruida, la rampa de accesibilidad bloqueada o el cordón cuneta restrictivo”. Asimismo, exige la impresión en la imagen de la fecha, hora y geolocalización del hecho.
En el artículo 10, la propuesta de Zarza, exceptúa de la obligatoriedad del soporte visual a aquellas faltas de tránsito, cuya naturaleza haga imposible el registro fotográfico, como la falta de seguro, VTV vencida y conducir sin licencia; la infracciones por alcoholemia positiva, y las “situaciones de flagrante peligro común, donde la prioridad del agente sea la inmediata preservación de la seguridad vial de terceros y el cese de la conducta riesgosa”.
Posadas
Proponen reforma del SEM: nuevos horarios, menos multas y licitación pública
El concejal de Hacemos, Fernando Zarza, presentará mañana en la sesión del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas, un proyecto de ordenanza que introduce modificaciones al Servicio de Estacionamiento Medido (SEM) de la ciudad, y transfiere el peso de las decisiones al Legislativo municipal.
Según adelantó Zarza a La Voz de Misiones, la iniciativa cambia el horario, que ahora sería de 07:00 a 13:00; baja las multas y extiende el plazo de pago para los infractores, y lo más importante: le quita al Ejecutivo la facultad de concesión del SEM por la vía del contrato directo, estableciendo el mecanismo de la licitación pública; y la decisión sobre las tarifas, que ahora serían tema del Legislativo municipal.
El proyecto del edil de Hacemos modifica los artículos 9, 10, 37, 39, 41, 48 y 49 del Anexo Único de la Ordenanza XVI – Nº 106, de 2022, que versan sobre las modalidades del servicio, en materia de tarifas y contrataciones públicas, infracciones, infractores, multas, plazos de pago y la suspensión de licencia para casos extremos.
Más por menos
En los fundamentos del proyecto, el edil de Hacemos sostiene que la idea es “restablecer el equilibrio de poderes consagrado” en la Carga Orgánica de la Municipalidad de Posadas, y que cuestiones como “la delimitación de zonas de estacionamiento medido y la fijación de sus tarifas son, por naturaleza, facultades del Poder Legislativo” municipal.
“Permitir que el Departamento Ejecutivo modifique valores o extienda zonas de control de manera discrecional desvirtúa el rol de control que tiene este Concejo Deliberante”, argumenta Zarza y sostiene que “al exigir autorización legislativa previa, se garantiza el debate público y la representación de los intereses de todos los vecinos”.
Escribe que, de igual manera, “la obligatoriedad del llamado a licitación pública para la contratación de terceros privados erradica la discrecionalidad en las contrataciones directas”. “Esto promueve la máxima transparencia, la libre competencia y asegura el uso eficiente de los recursos públicos”, señala.
En materia de faltas, el proyecto considera que “las sanciones deben tener un fin disuasorio y educativo, y nunca un carácter puramente recaudatorio”, por lo que “la modificación del régimen de penalidades introduce previsibilidad jurídica y proporcionalidad”.
“Por un lado, se otorga un plazo razonable de diez (10) días hábiles para el pago voluntario del acta de infracción, protegiendo el derecho de acción cancelatoria del conductor. Por el otro, ante el incumplimiento del curso de manejo y concientización, se endurece la sanción con una suspensión mínima de tres meses de la licencia de conducir”, describe y sostiene que “con esto se demuestra que la prioridad municipal es la seguridad vial y la reeducación ciudadana, antes que la mera penalización económica”.
Finalmente, sobre la reducción del horario operativo del SEM, que sería de lunes a sábado y sin cobro vespertino y feriados, “responde a una demanda histórica de los sectores comerciales y de los trabajadores de nuestra ciudad”. “Liberar el estacionamiento durante la tarde actúa como un estímulo directo al comercio local, facilitando el acceso de los clientes al centro de la ciudad en horarios comerciales clave”, argumenta Zarza.
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