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Empresaria arenera denunció estafa con predio de la EBY en Nemesio Parma

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La propietaria de la empresa arenera Mesovial, María Alejandra Weppler, denunció al empresario Eugenio Rafael Honecker, del corralón Transtucho, ubicado en la avenida 17 de agosto y Calle 47, de posadas, a quien acusó de estafarla con el alquiler del predio que su empresa utiliza para sus actividades industriales, en Nemesio Parma.

Hasta ahí, la situación podría configurarse como un pleito entre dos particulares, sino fuera porque la demanda en cuestión involucra un predio de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) cedido en comodato, que Honecker tenía expresamente prohibido transferir o arrendar, sin contar las irregularidades detectadas en el contrato de alquiler que firmó con Weppler, y un simulacro de desalojo violento hace 20 días, invocando una orden judicial inexistente, y la participación de policías de otra jurisdicción, a la manera de una escolta privada.

La dueña de Mesovial señaló que le alquiló el predio a Honecker hace tres años, desconociendo la prohibición de arrendamiento que pesaba sobre la propiedad, por unos $900.000 mensuales que pagaba con cargas de arena de hasta 600m3.

“Yo alquilé este lugar sin saber que pertenecía a la EBY, y fui estafada con un contrato que después supe que no era por este predio, sino por otro ubicado en El Brete”, afirmó Weppler a La Voz de Misiones.

Contó qué en el contrato, que fue legalizado por escribanía y certificado en Rentas de la provincia, figuraba el predio donde alguna vez funcionó la arenera Don Faustino, que quedó bajo agua cuando subió la cota de la represa, y no el que ahora está en conflicto.

Weppler, relató que se enteró de la irregularidad hace un año, cuando una comitiva de la EBY que estaba verificando los predios donde fueron reubicadas las areneras en Nemesio Parma, le hizo notar que tanto Honecker como ella se encontraban en infracción, y la invitó a regularizar la situación.

La mujer sostuvo que los fiscalizadores de la EBY le dijeron que la posesión del predio por parte de Honecker tampoco se ajustaba a derecho, por cuanto el comodato le había sido conferido a los propietarios originales de Don Faustino, Elena Irene Rozas y Carlos Alberto Gallos, que en 2015 le cedieron la totalidad de las acciones a Honecker, su esposa María Laura Bergallo y su cuñado, Walter Delgado; y éstos jamás regularizaron la situación ante la EBY.

El desalojo

La situación terminó de destaparse el 1° de julio pasado, cuando Honecker encabezó una comitiva integrada por su esposa, sus hijos, abogado, escribano, policías de la Seccional 15° de San Isidro, y hasta un nuevo inquilino; y atropelló el predio invocando una orden judicial de desalojo, que nunca mostró y que, finalmente, resultó no existir.

“Ellos llegaron con un camión para mudanza, trajeron máquinas; Honecker impidió que se continuara la carga de arena en los camiones; hizo bloquear el acceso a la oficina de la empresa”, relató Weppler a LVM.

La empresaria indicó que se enteró de la situación por una llamada de su hijo, e inmediatamente se comunicó con el sistema 911, y salió para Nemesio Parma.

Contó que al llegar notó la presencia de dos móviles de la policía, el que ella llamó y el que escoltó al grupo encabezado por Honecker, el móvil N° 3792 que ,según constató el abogado de Weppler, Federico Esquivel, pertenece a la comisaría ubicada en San Isidro, lejos de la jurisdicción donde se ubica el predio en cuestión, dependiente de la Seccional 17a de Itaembé Guazú.

El abogado Federico Aurelio Esquivel, que representa a Weppler en la demanda contra su locador, considera que este último dato lleva a suponer que Honecker preparó su operativo y que de camino a Nemesio Parma pasó a recoger la custodia policial propia con la que ingresó al predio.

Weppler contó que el mismo jefe de la comisaría de Itaembé Guazú se sorprendió al enterarse de la presencia de los uniformados de otra jurisdicción, y por lo que pudo saberse el tema estaría ya en el ámbito de Asuntos Internos de la Policía de Misiones.

La empresaria refirió que no es la primera vez que Honecker emplea este mismo modus operandi contra sus inquilinos, que igual situación protagonizó con la anterior locataria del predio, Claudia Woll, a quien en 2018 la desalojó con un procedimiento similar.

Como resultado de este hecho violento, el Juzgado N°2, a cargo del juez Juan Manuel Monte, dispuso la clausura del predio y el cese de las actividades de Mesovial hasta tanto se resuelvan las diligencias procesales.

“Llevamos 20 días de cierre, nosotros somos una empresa familiar; dependemos de nuestro trabajo”, señaló Weppler.

A la par de la demanda por estafa contra Honecker, la mujer solicitó a la Justicia “la posesión lisa y llana” del predio para poder volver a la actividad.

En el escrito, patrocinado por el abogado Esquivel, Weppler solicita “la posesión efectiva y material del inmueble que fuera usurpado en grado de tentativa” por Honecker en el fallido desalojo de principios de julio.

Weppler señaló que su empresa es la única arenera de la zona que se dedica a la venta minorista, y que la paralización de la actividad perjudica de forma directa, también, a unos 30 fleteros.

Indicó que envió seis cartas a la EBY, el 25 de junio de 2021, 18 de enero, 25 de marzo, 2 de junio, 7 de junio y 5 de julio, todas de 2022, pero que hasta el momento no recibió ninguna respuesta.

Papeles flojos

El caso, surgido del conflicto entre ambos empresarios, expuso también la debilidad de los mecanismos de control y fiscalización de parte de los organismos que se encargan de otorgar las licencias y permisos de extracción del mineral.

Entre todas, la Dirección de Minas y Geología se ubica en el centro del entredicho, por cuanto es la encargada natural de autorizar la actividad arenera.

“Cuando yo me fui a sacar los permisos en Minas y Geología, me pidieron un contrato de la EBY o un contrato de alquiler, pero nadie chequea si la dirección que figura en el contrato corresponde o no al lugar”, contó la misma Weppler.

Reconoció que, luego de desayunarse con que el predio que le alquilaba a Honecker no era el que figuraba en el contrato, continuó igualmente gestionando los permisos anuales con el mismo documento, sin inconvenientes.

“Yo saqué los permisos, pago los impuestos; pago minería y todo”, aseguró Weppler, lamentándose que por estos días esté acumulando una multa, ya que la clausura del predio le impide sacar las guías mineras de la oficina, para poder pagar el tributo.

“Yo quiero seguir trabajando, que me den dos años; la EBY me ofrece otro terreno igual, pero yo hice inversiones acá para poder tirar la arena del barco, y si me mudo, voy a tener que invertir 60 metros más de caño”, ilustró.

El operativo del 1° de julio terminó con la clausura del predio y las actividades de la empresa.

La denuncia de la empresaria María Alejandra Weppler en la comisaría de Itaembé Guazú.

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Vecinos protestaron frente a Samsa: “El aire no se paga, basta de robar”

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Casi un centenar de vecinos provenientes de distintos barrios de Posadas se concentraron esta tarde sobre avenida Corrientes casi Tambor de Tacuarí y luego marcharon hasta la sede de Samsa, por López y Planes casi Mitre, en reclamo de cobros de facturas “exorbitantes” e irregularidades en el servicio.

Entonando al unísono “el aire no se paga, basta de robar”, los manifestantes se dirigieron a la empresa prestataria del servicio de agua potable, donde repudiaron el cobro de facturas por montos que oscilan entre los $140.000 y $1.000.000.

En comunicación con La Voz de Misiones, Horacio Enrique Koncke, abogado de varios usuarios del barrio Itaembé Guazú, manifestó: “Hoy reclamamos porque necesitamos un servicio eficiente y que la empresa invierta, renueve caños e infraestructura”. 

Y añadió: “Esto pasa en toda la ciudad, ellos reconvierten la situación a una condición individual y es colectivo lo que estamos reclamando. Actualmente nos sobrefacturan por aire y no por agua”. 

Otro vecino de Itaembé Guazú manifestó que recibió la última factura de Samsa por un monto de $140.000, por lo cual “se hace imposible pagar todos los meses”. Mientras que otro de los presentes aseguró que su boleta fue facturada en $1.000.000, por solo un mes. 

Los vecinos y vecinas estamos hartos de que nos metan la mano en el bolsillo. Le pedimos a las demás personas que no vinieron a que se sumen a este reclamo porque Samsa no es una empresa chica, es una multinacional vinculada a Urbaser”, agregó otro manifestante.  

Sobrefacturación en debate

Previo a la protesta, en la mañana del martes, la presidenta del Ente Provincial de Regulación de Agua y Cloacas (Eprac), Soledad Balán, participó de una reunión con la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas, donde abordaron reclamos vecinales vinculados a sobrefacturación y deficiencias en la prestación del servicio.

Durante ese encuentro, la funcionaria reconoció que existen casos de sobrefacturación por presencia de aire en las cañerías y pidió a los usuarios que denuncien este tipo de irregularidades ante el organismo.

En la movilización de esta tarde, los vecinos tampoco se ahorraron en reclamos hacia el Eprac. Fueron varios los usuarios afectados por sobrefacturación que señalaron haber acudido al ente encargado de fiscalizar el servicio pero se toparon con respuestas insatisfactorias.

“Hice el reclamo como piden, pero me dicen que hay que pagar no más. En algunos casos acceden a hacer un plan de pagos, pero en otros no. No hay un criterio común”, cuestionó una vecina.

Los reclamos fueron tanto para Samsa como para el Eprac.

 

Eprac reconoce sobrefacturación por aire en cañerías e insta a denunciar

 

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Vecinos se reúnen hoy para protestar frente a Samsa por sobrefacturación

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Vecinos autoconvocados de distintos barrios de Posadas convocaron para hoy miércoles, a las 18, a una protesta frente a la empresa Samsa, en reclamo por sobreprecios en las facturas del servicio de agua y por la falta de acceso al suministro en sectores alejados del centro de la ciudad.

La convocatoria nació la semana y se dará hoy, un día después de que la presidenta del Ente Provincial de Regulación de Agua y Cloacas (Eprac), Soledad Balán, participara de una reunión con la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas, donde se abordaron reclamos vecinales vinculados a sobrefacturación y deficiencias en la prestación del servicio.

Durante ese encuentro, la funcionaria reconoció que existen casos de sobrefacturación por presencia de aire en las cañerías y pidió a los usuarios que denuncien este tipo de irregularidades ante el organismo.

La concentración comenzará a las 18 en la intersección de las avenidas Tambor de Tacuarí y Corrientes, desde donde los manifestantes marcharán hacia la sede de Samsa, ubicada sobre avenida López y Planes casi Mitre.

“¡Los vecinos de Posadas decimos ya basta!”, señala el encabezado de la convocatoria que comenzó a circular en grupos de WhatsApp y redes sociales durante las últimas horas.

Según pudo consultar este medio, el abogado Horacio Enrique Koncke, quien actúa en representación de vecinos afectados del barrio Itaembé Guazú, estará presente esta tarde y explicó que ayer en el Concejo Deliberante presentó pruebas de que el sistema de agua sale con aire y eleva el monto de la facturación.

“Mañana voy a presentar esa denuncia ante el Eprac y Samsa. Después a la Justicia si no recibimos la respuesta a nuestro pedido de comprobación del funcionamiento de la red”, sostuvo el letrado.

“Por eso decimos basta de robarnos. Queremos que nuestro reclamo se haga visible. Convocamos a toda la ciudadanía de Posadas a sumarse. ¡Basta de meter la mano en nuestras billeteras!”, expresaron en el mensaje difundido para convocar a la protesta.

Eprac reconoce sobrefacturación por aire en cañerías e insta a denunciar

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Marcha por el 8M en Posadas: reclamos por derechos y llamado a la memoria

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Cientos de mujeres y disidencias, entre estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), trabajadoras de diferentes sectores y el colectivo transfemenino, marcharon por las calles de Posadas, en el marco del 8M, hasta congregarse en la Plaza 9 de Julio, donde hicieron memoria por quienes ya no están y quienes hoy luchan por los derechos a la salud, a la educación, contra el ajuste y la baja a la edad de imputabilidad.

La marcha inició a las 16.30 en el Mástil, sobre calle Junín y en esta oportunidad, de cara al 24 de Marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la columna de manifestantes se vio cubierta por una extensa tela bordada con los nombres de las y los misioneros que son parte de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar.

En su curso, se realizaron breves paradas por distintos organismos e instituciones, sobre las que las mujeres y disidencias presentes consideraron pertinente realizar una serie de reclamos. 

Uno de ellos se dio frente al Ministerio de Salud Pública donde repudiaron “sucesivos recortes en los programas de salud sexual y reproductiva“, lo que involucra una baja distribución de preservativos y, por ende, un marcado aumento de casos de sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual.

En tanto, frente al Instituto de Previsión Social (IPS), expresaron: “Esta prestación que le pertenece a los trabajadores y a las trabajadoras, pero está cooptada por el gobierno, hoy no tiene servicios, nos roban los medicamentos, no hay especialistas y hoy abandonan la salud de los trabajadores estatales. Por eso hoy también repudiamos la corrupción de un IPS pensado como caja del gobierno”. 

Otro punto de reflexión, se realizó frente a la Comisaría de la Mujer, sobre calle Félix de Azara casi Córdoba, donde señalaron: “Aquí denunciamos las políticas represivas que avanzan contra nuestras víctimas, nuestro dolor y nuestros logros, para poner más policías en las calles y más cárceles”. 

Y añadieron: “Pero eso no es lo que queremos, queremos más educación, queremos trabajo, queremos salud para nuestros pibes y nuestras pibas, queremos educación sexual en las escuelas y aulas que enseñen a los varones a respetarnos, queremos mujeres que sepan defenderse, no necesitamos más policías que busquen a nuestros pibes en los barrios y que hoy encima justifiquen nuestro dolor con la baja de la edad de imputabilidad. Los pibes no son peligrosos, nosotras vamos a salir a defenderlos y a cuidarles. No a la baja”. 

Nombres de las y los misioneros desaparecidos durante la última dictadura militar.

A lo largo de la marcha, la manifestación entonó distintos cánticos contra el gobierno nacional, la “complicidad” del gobierno provincial y la violencia contra las mujeres, como el “Ni una menos, vivas nos queremos” y “Mujer, escucha, únete a la lucha”, que logró captar la atención de algunas transeuntes que caminaban las veredas. 

Al mismo tiempo, recordaron al unísono del “ahora y siempre” a las mujeres misioneras que fueron víctimas de femicidas en los últimos años: Soledad MachucaMiriam Cubas, Paulina Portillo, Marilin Bárbaro, Lucía Maidana, Tati Piñeiro, Claudia Dino, María Belén González, Vilma Mercado y Paula Giménez.

También hubo recuerdos para Dana Sánchez, cuya madre también estuvo presente. “Mi hija fue atropellada, la mataron y no tengo justicia. Era una trabajadora. Señoras, habla una madre, una mujer, una abuela que perdió a su hija el 11 de enero del 2024, una tarde, cuando ella caminaba por esta avenida frente a su casa, cuando se le cruzó Salvador Barreyro, asesino de Dana Sánchez. Hoy sigue libre, impune y pedimos Justicia!”. 

Al llegar a la plaza 9 de Julio, iniciaron un acto durante el cual, recordaron: “Acá estamos otra vez, mujeres y disidencias trabajadoras, transfeministas en lucha. Venimos de todas partes y desde hace tiempo. Nuestra lucha no tiene fronteras. Venimos de aquellas brujas que fueron quemadas, de revolucionarias olvidadas, de trabajadoras combativas asesinadas, de feministas perseguidas, silenciadas, encarceladas, asesinadas, de las militantes de los 60`, de los 70´, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y de todas las plazas”. 

Columna de manifestantes ingresando a la Plaza 9 de Julio

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