Posadas
Empresaria arenera denunció estafa con predio de la EBY en Nemesio Parma

La propietaria de la empresa arenera Mesovial, María Alejandra Weppler, denunció al empresario Eugenio Rafael Honecker, del corralón Transtucho, ubicado en la avenida 17 de agosto y Calle 47, de posadas, a quien acusó de estafarla con el alquiler del predio que su empresa utiliza para sus actividades industriales, en Nemesio Parma.
Hasta ahí, la situación podría configurarse como un pleito entre dos particulares, sino fuera porque la demanda en cuestión involucra un predio de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) cedido en comodato, que Honecker tenía expresamente prohibido transferir o arrendar, sin contar las irregularidades detectadas en el contrato de alquiler que firmó con Weppler, y un simulacro de desalojo violento hace 20 días, invocando una orden judicial inexistente, y la participación de policías de otra jurisdicción, a la manera de una escolta privada.
La dueña de Mesovial señaló que le alquiló el predio a Honecker hace tres años, desconociendo la prohibición de arrendamiento que pesaba sobre la propiedad, por unos $900.000 mensuales que pagaba con cargas de arena de hasta 600m3.
“Yo alquilé este lugar sin saber que pertenecía a la EBY, y fui estafada con un contrato que después supe que no era por este predio, sino por otro ubicado en El Brete”, afirmó Weppler a La Voz de Misiones.
Contó qué en el contrato, que fue legalizado por escribanía y certificado en Rentas de la provincia, figuraba el predio donde alguna vez funcionó la arenera Don Faustino, que quedó bajo agua cuando subió la cota de la represa, y no el que ahora está en conflicto.
Weppler, relató que se enteró de la irregularidad hace un año, cuando una comitiva de la EBY que estaba verificando los predios donde fueron reubicadas las areneras en Nemesio Parma, le hizo notar que tanto Honecker como ella se encontraban en infracción, y la invitó a regularizar la situación.
La mujer sostuvo que los fiscalizadores de la EBY le dijeron que la posesión del predio por parte de Honecker tampoco se ajustaba a derecho, por cuanto el comodato le había sido conferido a los propietarios originales de Don Faustino, Elena Irene Rozas y Carlos Alberto Gallos, que en 2015 le cedieron la totalidad de las acciones a Honecker, su esposa María Laura Bergallo y su cuñado, Walter Delgado; y éstos jamás regularizaron la situación ante la EBY.
El desalojo
La situación terminó de destaparse el 1° de julio pasado, cuando Honecker encabezó una comitiva integrada por su esposa, sus hijos, abogado, escribano, policías de la Seccional 15° de San Isidro, y hasta un nuevo inquilino; y atropelló el predio invocando una orden judicial de desalojo, que nunca mostró y que, finalmente, resultó no existir.
“Ellos llegaron con un camión para mudanza, trajeron máquinas; Honecker impidió que se continuara la carga de arena en los camiones; hizo bloquear el acceso a la oficina de la empresa”, relató Weppler a LVM.
La empresaria indicó que se enteró de la situación por una llamada de su hijo, e inmediatamente se comunicó con el sistema 911, y salió para Nemesio Parma.
Contó que al llegar notó la presencia de dos móviles de la policía, el que ella llamó y el que escoltó al grupo encabezado por Honecker, el móvil N° 3792 que ,según constató el abogado de Weppler, Federico Esquivel, pertenece a la comisaría ubicada en San Isidro, lejos de la jurisdicción donde se ubica el predio en cuestión, dependiente de la Seccional 17a de Itaembé Guazú.
El abogado Federico Aurelio Esquivel, que representa a Weppler en la demanda contra su locador, considera que este último dato lleva a suponer que Honecker preparó su operativo y que de camino a Nemesio Parma pasó a recoger la custodia policial propia con la que ingresó al predio.
Weppler contó que el mismo jefe de la comisaría de Itaembé Guazú se sorprendió al enterarse de la presencia de los uniformados de otra jurisdicción, y por lo que pudo saberse el tema estaría ya en el ámbito de Asuntos Internos de la Policía de Misiones.
La empresaria refirió que no es la primera vez que Honecker emplea este mismo modus operandi contra sus inquilinos, que igual situación protagonizó con la anterior locataria del predio, Claudia Woll, a quien en 2018 la desalojó con un procedimiento similar.
Como resultado de este hecho violento, el Juzgado N°2, a cargo del juez Juan Manuel Monte, dispuso la clausura del predio y el cese de las actividades de Mesovial hasta tanto se resuelvan las diligencias procesales.
“Llevamos 20 días de cierre, nosotros somos una empresa familiar; dependemos de nuestro trabajo”, señaló Weppler.
A la par de la demanda por estafa contra Honecker, la mujer solicitó a la Justicia “la posesión lisa y llana” del predio para poder volver a la actividad.
En el escrito, patrocinado por el abogado Esquivel, Weppler solicita “la posesión efectiva y material del inmueble que fuera usurpado en grado de tentativa” por Honecker en el fallido desalojo de principios de julio.
Weppler señaló que su empresa es la única arenera de la zona que se dedica a la venta minorista, y que la paralización de la actividad perjudica de forma directa, también, a unos 30 fleteros.
Indicó que envió seis cartas a la EBY, el 25 de junio de 2021, 18 de enero, 25 de marzo, 2 de junio, 7 de junio y 5 de julio, todas de 2022, pero que hasta el momento no recibió ninguna respuesta.
Papeles flojos
El caso, surgido del conflicto entre ambos empresarios, expuso también la debilidad de los mecanismos de control y fiscalización de parte de los organismos que se encargan de otorgar las licencias y permisos de extracción del mineral.
Entre todas, la Dirección de Minas y Geología se ubica en el centro del entredicho, por cuanto es la encargada natural de autorizar la actividad arenera.
“Cuando yo me fui a sacar los permisos en Minas y Geología, me pidieron un contrato de la EBY o un contrato de alquiler, pero nadie chequea si la dirección que figura en el contrato corresponde o no al lugar”, contó la misma Weppler.
Reconoció que, luego de desayunarse con que el predio que le alquilaba a Honecker no era el que figuraba en el contrato, continuó igualmente gestionando los permisos anuales con el mismo documento, sin inconvenientes.
“Yo saqué los permisos, pago los impuestos; pago minería y todo”, aseguró Weppler, lamentándose que por estos días esté acumulando una multa, ya que la clausura del predio le impide sacar las guías mineras de la oficina, para poder pagar el tributo.
“Yo quiero seguir trabajando, que me den dos años; la EBY me ofrece otro terreno igual, pero yo hice inversiones acá para poder tirar la arena del barco, y si me mudo, voy a tener que invertir 60 metros más de caño”, ilustró.

El operativo del 1° de julio terminó con la clausura del predio y las actividades de la empresa.

La denuncia de la empresaria María Alejandra Weppler en la comisaría de Itaembé Guazú.
Posadas
Vecinos resistieron al desalojo de una mujer en el barrio El Laurel de Posadas

Para este jueves a las 9, el juez Fernando Escalante, titular del Juzgado Civil y Comercial Cinco, había ordenado desalojar la vivienda de Teresa Álvez Ferreyra (74) en la Chacra 190, del barrio El Laurel, por lo que horas atrás se apersonó en el lugar acompañado por efectivos de la Policía de Misiones, pero finalmente la medida fue suspendida.
A media mañana, decenas de vecinos se presentaron frente a la vivienda de Teresa para resistir un quinto intento de desalojo en lo que va de los últimos siete años.
El operativo policial recibió la orden para desalojar en el momento en que arribaron al lugar las autoridades junto a un numeroso grupo de efectivos que, en primera instancia, “intentaron proceder hacia el inmueble”, según fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
Finalmente, con un “fuerte apoyo de los vecinos” la medida terminó siendo suspendida. Consultado por este medio, el abogado Hernán Cansino confirmó que “se realizó un acta donde se dejó constancia que por disposición del juez Fernando Escalante no se llevó a cabo el desalojo por no estar dadas las condiciones”.
Por su parte, Patricia, hija de Teresa, se mostró preocupada ante la situación ya que aseguró que “en cualquier momento pueden sacar otra fecha para desalojar, porque el Juzgado Cinco es el mismo que tiene el expediente y el juez Fernando Escalante no quiere dar el brazo a torcer”.
Frente a este escenario, expresó que sienten “intranquilidad porque todo quedó en la nada otra vez“.
El caso
Teresa Álvez reside en una vivienda del mencionado barrio desde hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cinco intentos de desalojo, contabilizando el que fue registrado en la mañana de hoy.
La maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas persisten.
La carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998 contiene boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.
Hoy la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.
Antecedentes
La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.
Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.
Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.
Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.
Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo
Posadas
Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo

Teresa Álvez Ferreyra (74) se encuentra en estado de alerta, junto a vecinos de la Chacra 190, del barrio El Laurel, ubicado en la capital provincial, tras una nueva notificación por parte del Juzgado Civil y Comercial Cinco, desde donde programaron un desalojo para este jueves a las 9.
El caso fue relevado por integrantes del proyecto de extensión “Investigación Acción Participativa y Periodismo Comunitario” de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHYCS) de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), quienes a través de un comunicado buscan hacer extensiva la situación para intentar revertirla.
En el documento detallaron que Ferreyra reside en una vivienda del mencionado barrio hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cuatro intentos de desalojo. La última notificación daría cuenta de un quinto intento.
Además de señalar el período de tiempo que reside en la zona, la mujer comentó que padece hipertensión y otras enfermedades de base, por lo que lamentó: “No es justo que me quieran desalojar, tengo que hacer valer mis derechos. Son muchos años los que viví acá, no puedo quedarme sin nada. Espero una solución pronta, que consideren mi situación”.
El desalojo
El documento elaborado por un equipo de la mencionada casa de estudios, detalla que la maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas de desalojo persisten.
“La mujer cuenta con documentación que respalda su permanencia, incluyendo certificados del Renabap y haber sido beneficiaria del programa “Mi Pieza” en 2022”, sostiene la misiva.
Por otra parte, la damnificada habría presentado una carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998, como ser: boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.
Según la familia, a pesar de las evidencias, el juez Fernando Escalante, titular del juzgado interviniente, Escalante, ha negado sus presentaciones.
Al mismo tiempo, la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.
La familia rechazó un ofrecimiento de “dos meses de alquiler y un flete”, calificándolo como una burla. “Es como burlarse de la persona, porque cómo la vas a tirar a la calle a una persona mayor”, señaló Patricia, una de las hijas de Teresa.
Por este motivo, Teresa pidió la solidaridad de sus vecinos para acompañarla en el día del desalojo y “hacer entrar en razón a esa gente”.
Antecedentes
La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.
Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.
Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.
Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.
Fuente: Producción informativa realizada desde el proyecto de extensión “Investigación Acción Participativa y Periodismo Comunitario” (Resolución/2025 HCD FHyCS-UNaM)
Posadas
A cambio de un libro, historiador junta fondos para operación de su esposa

El reconocido historiador Leo Duarte busca recaudar $1.500.000 para la operación de su esposa Mercedes, quien necesita una placa de titanio en la muñeca izquierda para recuperar la movilidad tras un accidente. A quienes ayuden a juntar la suma necesaria, “como muestra de agradecimiento”, recibieran un libro.
El pasado miércoles 16, Mercedes regresaba a su hogar a bordo de su motocicleta, cuando un auto marca Fiat Palio blanco la atropelló en el barrio Itaembé Miní, en la intersección de las avenidas Arturo Jauretche y 170.
A raíz del impacto, la mujer quedó tendida en el asfalto y el conductor del Fiat Palio se dio a la fuga del lugar sin asistirla.
“La dejó tirada ahí y se fue, unos vecinos la socorrieron, ella volvió otra vez con la moto, asustada, vio que era un palio blanco, patente 836, pero no se acuerda mucho, son vagos los recuerdos que tiene del accidente”, contó el historiador posadeño en conversación con La Voz de Misiones.
En esa línea, el creador de la reconocida página de Facebook Posadas del Ayer precisó que su esposa sufrió fractura en cuatro partes de la muñeca izquierda y “le tienen que poner una placa de titanio, para que pueda recuperar la movilidad otra vez, igualmente la mano no va a quedar lo mismo, se le va a complicar mucho mover la mano”.
Para la operación, el matrimonio consiguió turno en el hospital Madariaga para dentro de seis meses. Sin embargo, es un tiempo que no pueden esperar, ya que Mercedes tiene un emprendimiento de churros y “es parte del sostén de la familia”, dijo Leo Duarte.
Ante esta situación, decidieron recaudar la suma de $1.500.000 para que Mercedes pueda operarse lo antes posible y recuperar la movilidad de su brazo izquierdo que tiene por completo enyesado y, a quienes decidan ayudar, a cambio el historiador le regalará un libro.
Número de Leo Duarte para ayudar: 3764600987
-
Policiales hace 4 días
La mujer que sobrevivió a la masacre del barrio San Lorenzo está embarazada
-
Policiales hace 4 días
Masacre en el barrio San Lorenzo: heridos permanecen con pronóstico reservado
-
Judiciales hace 3 días
Pidió el desalojo de su mamá en el microcentro y la Justicia lo rechazó
-
Policiales hace 1 día
Detienen a una mujer de 71 años por venta de marihuana en A3-2
-
Policiales hace 4 días
Mató a machetazos a dos hijos, hirió a dos familiares y se suicidó en Posadas
-
Policiales hace 7 días
Santiago Pissani se defendió en un comentario de Instagram: “No vi el perrito”
-
Policiales hace 3 días
Falleció la joven apuñalada por una adolescente en el barrio La Olla
-
Policiales hace 4 días
Masacre en barrio San Lorenzo: “Solo una bestia es capaz de hacer eso”