La propietaria de la empresa arenera Mesovial, María Alejandra Weppler, denunció al empresario Eugenio Rafael Honecker, del corralón Transtucho, ubicado en la avenida 17 de agosto y Calle 47, de posadas, a quien acusó de estafarla con el alquiler del predio que su empresa utiliza para sus actividades industriales, en Nemesio Parma.

Hasta ahí, la situación podría configurarse como un pleito entre dos particulares, sino fuera porque la demanda en cuestión involucra un predio de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) cedido en comodato, que Honecker tenía expresamente prohibido transferir o arrendar, sin contar las irregularidades detectadas en el contrato de alquiler que firmó con Weppler, y un simulacro de desalojo violento hace 20 días, invocando una orden judicial inexistente, y la participación de policías de otra jurisdicción, a la manera de una escolta privada.

La dueña de Mesovial señaló que le alquiló el predio a Honecker hace tres años, desconociendo la prohibición de arrendamiento que pesaba sobre la propiedad, por unos $900.000 mensuales que pagaba con cargas de arena de hasta 600m3.

“Yo alquilé este lugar sin saber que pertenecía a la EBY, y fui estafada con un contrato que después supe que no era por este predio, sino por otro ubicado en El Brete”, afirmó Weppler a La Voz de Misiones.

Contó qué en el contrato, que fue legalizado por escribanía y certificado en Rentas de la provincia, figuraba el predio donde alguna vez funcionó la arenera Don Faustino, que quedó bajo agua cuando subió la cota de la represa, y no el que ahora está en conflicto.

Weppler, relató que se enteró de la irregularidad hace un año, cuando una comitiva de la EBY que estaba verificando los predios donde fueron reubicadas las areneras en Nemesio Parma, le hizo notar que tanto Honecker como ella se encontraban en infracción, y la invitó a regularizar la situación.

La mujer sostuvo que los fiscalizadores de la EBY le dijeron que la posesión del predio por parte de Honecker tampoco se ajustaba a derecho, por cuanto el comodato le había sido conferido a los propietarios originales de Don Faustino, Elena Irene Rozas y Carlos Alberto Gallos, que en 2015 le cedieron la totalidad de las acciones a Honecker, su esposa María Laura Bergallo y su cuñado, Walter Delgado; y éstos jamás regularizaron la situación ante la EBY.

El desalojo

La situación terminó de destaparse el 1° de julio pasado, cuando Honecker encabezó una comitiva integrada por su esposa, sus hijos, abogado, escribano, policías de la Seccional 15° de San Isidro, y hasta un nuevo inquilino; y atropelló el predio invocando una orden judicial de desalojo, que nunca mostró y que, finalmente, resultó no existir.

“Ellos llegaron con un camión para mudanza, trajeron máquinas; Honecker impidió que se continuara la carga de arena en los camiones; hizo bloquear el acceso a la oficina de la empresa”, relató Weppler a LVM.

La empresaria indicó que se enteró de la situación por una llamada de su hijo, e inmediatamente se comunicó con el sistema 911, y salió para Nemesio Parma.

Contó que al llegar notó la presencia de dos móviles de la policía, el que ella llamó y el que escoltó al grupo encabezado por Honecker, el móvil N° 3792 que ,según constató el abogado de Weppler, Federico Esquivel, pertenece a la comisaría ubicada en San Isidro, lejos de la jurisdicción donde se ubica el predio en cuestión, dependiente de la Seccional 17a de Itaembé Guazú.

El abogado Federico Aurelio Esquivel, que representa a Weppler en la demanda contra su locador, considera que este último dato lleva a suponer que Honecker preparó su operativo y que de camino a Nemesio Parma pasó a recoger la custodia policial propia con la que ingresó al predio.

Weppler contó que el mismo jefe de la comisaría de Itaembé Guazú se sorprendió al enterarse de la presencia de los uniformados de otra jurisdicción, y por lo que pudo saberse el tema estaría ya en el ámbito de Asuntos Internos de la Policía de Misiones.

La empresaria refirió que no es la primera vez que Honecker emplea este mismo modus operandi contra sus inquilinos, que igual situación protagonizó con la anterior locataria del predio, Claudia Woll, a quien en 2018 la desalojó con un procedimiento similar.

Como resultado de este hecho violento, el Juzgado N°2, a cargo del juez Juan Manuel Monte, dispuso la clausura del predio y el cese de las actividades de Mesovial hasta tanto se resuelvan las diligencias procesales.

“Llevamos 20 días de cierre, nosotros somos una empresa familiar; dependemos de nuestro trabajo”, señaló Weppler.

A la par de la demanda por estafa contra Honecker, la mujer solicitó a la Justicia “la posesión lisa y llana” del predio para poder volver a la actividad.

En el escrito, patrocinado por el abogado Esquivel, Weppler solicita “la posesión efectiva y material del inmueble que fuera usurpado en grado de tentativa” por Honecker en el fallido desalojo de principios de julio.

Weppler señaló que su empresa es la única arenera de la zona que se dedica a la venta minorista, y que la paralización de la actividad perjudica de forma directa, también, a unos 30 fleteros.

Indicó que envió seis cartas a la EBY, el 25 de junio de 2021, 18 de enero, 25 de marzo, 2 de junio, 7 de junio y 5 de julio, todas de 2022, pero que hasta el momento no recibió ninguna respuesta.

Papeles flojos

El caso, surgido del conflicto entre ambos empresarios, expuso también la debilidad de los mecanismos de control y fiscalización de parte de los organismos que se encargan de otorgar las licencias y permisos de extracción del mineral.

Entre todas, la Dirección de Minas y Geología se ubica en el centro del entredicho, por cuanto es la encargada natural de autorizar la actividad arenera.

“Cuando yo me fui a sacar los permisos en Minas y Geología, me pidieron un contrato de la EBY o un contrato de alquiler, pero nadie chequea si la dirección que figura en el contrato corresponde o no al lugar”, contó la misma Weppler.

Reconoció que, luego de desayunarse con que el predio que le alquilaba a Honecker no era el que figuraba en el contrato, continuó igualmente gestionando los permisos anuales con el mismo documento, sin inconvenientes.

“Yo saqué los permisos, pago los impuestos; pago minería y todo”, aseguró Weppler, lamentándose que por estos días esté acumulando una multa, ya que la clausura del predio le impide sacar las guías mineras de la oficina, para poder pagar el tributo.

“Yo quiero seguir trabajando, que me den dos años; la EBY me ofrece otro terreno igual, pero yo hice inversiones acá para poder tirar la arena del barco, y si me mudo, voy a tener que invertir 60 metros más de caño”, ilustró.

El operativo del 1° de julio terminó con la clausura del predio y las actividades de la empresa.

La denuncia de la empresaria María Alejandra Weppler en la comisaría de Itaembé Guazú.

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