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Empresaria arenera denunció estafa con predio de la EBY en Nemesio Parma

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La propietaria de la empresa arenera Mesovial, María Alejandra Weppler, denunció al empresario Eugenio Rafael Honecker, del corralón Transtucho, ubicado en la avenida 17 de agosto y Calle 47, de posadas, a quien acusó de estafarla con el alquiler del predio que su empresa utiliza para sus actividades industriales, en Nemesio Parma.

Hasta ahí, la situación podría configurarse como un pleito entre dos particulares, sino fuera porque la demanda en cuestión involucra un predio de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) cedido en comodato, que Honecker tenía expresamente prohibido transferir o arrendar, sin contar las irregularidades detectadas en el contrato de alquiler que firmó con Weppler, y un simulacro de desalojo violento hace 20 días, invocando una orden judicial inexistente, y la participación de policías de otra jurisdicción, a la manera de una escolta privada.

La dueña de Mesovial señaló que le alquiló el predio a Honecker hace tres años, desconociendo la prohibición de arrendamiento que pesaba sobre la propiedad, por unos $900.000 mensuales que pagaba con cargas de arena de hasta 600m3.

“Yo alquilé este lugar sin saber que pertenecía a la EBY, y fui estafada con un contrato que después supe que no era por este predio, sino por otro ubicado en El Brete”, afirmó Weppler a La Voz de Misiones.

Contó qué en el contrato, que fue legalizado por escribanía y certificado en Rentas de la provincia, figuraba el predio donde alguna vez funcionó la arenera Don Faustino, que quedó bajo agua cuando subió la cota de la represa, y no el que ahora está en conflicto.

Weppler, relató que se enteró de la irregularidad hace un año, cuando una comitiva de la EBY que estaba verificando los predios donde fueron reubicadas las areneras en Nemesio Parma, le hizo notar que tanto Honecker como ella se encontraban en infracción, y la invitó a regularizar la situación.

La mujer sostuvo que los fiscalizadores de la EBY le dijeron que la posesión del predio por parte de Honecker tampoco se ajustaba a derecho, por cuanto el comodato le había sido conferido a los propietarios originales de Don Faustino, Elena Irene Rozas y Carlos Alberto Gallos, que en 2015 le cedieron la totalidad de las acciones a Honecker, su esposa María Laura Bergallo y su cuñado, Walter Delgado; y éstos jamás regularizaron la situación ante la EBY.

El desalojo

La situación terminó de destaparse el 1° de julio pasado, cuando Honecker encabezó una comitiva integrada por su esposa, sus hijos, abogado, escribano, policías de la Seccional 15° de San Isidro, y hasta un nuevo inquilino; y atropelló el predio invocando una orden judicial de desalojo, que nunca mostró y que, finalmente, resultó no existir.

“Ellos llegaron con un camión para mudanza, trajeron máquinas; Honecker impidió que se continuara la carga de arena en los camiones; hizo bloquear el acceso a la oficina de la empresa”, relató Weppler a LVM.

La empresaria indicó que se enteró de la situación por una llamada de su hijo, e inmediatamente se comunicó con el sistema 911, y salió para Nemesio Parma.

Contó que al llegar notó la presencia de dos móviles de la policía, el que ella llamó y el que escoltó al grupo encabezado por Honecker, el móvil N° 3792 que ,según constató el abogado de Weppler, Federico Esquivel, pertenece a la comisaría ubicada en San Isidro, lejos de la jurisdicción donde se ubica el predio en cuestión, dependiente de la Seccional 17a de Itaembé Guazú.

El abogado Federico Aurelio Esquivel, que representa a Weppler en la demanda contra su locador, considera que este último dato lleva a suponer que Honecker preparó su operativo y que de camino a Nemesio Parma pasó a recoger la custodia policial propia con la que ingresó al predio.

Weppler contó que el mismo jefe de la comisaría de Itaembé Guazú se sorprendió al enterarse de la presencia de los uniformados de otra jurisdicción, y por lo que pudo saberse el tema estaría ya en el ámbito de Asuntos Internos de la Policía de Misiones.

La empresaria refirió que no es la primera vez que Honecker emplea este mismo modus operandi contra sus inquilinos, que igual situación protagonizó con la anterior locataria del predio, Claudia Woll, a quien en 2018 la desalojó con un procedimiento similar.

Como resultado de este hecho violento, el Juzgado N°2, a cargo del juez Juan Manuel Monte, dispuso la clausura del predio y el cese de las actividades de Mesovial hasta tanto se resuelvan las diligencias procesales.

“Llevamos 20 días de cierre, nosotros somos una empresa familiar; dependemos de nuestro trabajo”, señaló Weppler.

A la par de la demanda por estafa contra Honecker, la mujer solicitó a la Justicia “la posesión lisa y llana” del predio para poder volver a la actividad.

En el escrito, patrocinado por el abogado Esquivel, Weppler solicita “la posesión efectiva y material del inmueble que fuera usurpado en grado de tentativa” por Honecker en el fallido desalojo de principios de julio.

Weppler señaló que su empresa es la única arenera de la zona que se dedica a la venta minorista, y que la paralización de la actividad perjudica de forma directa, también, a unos 30 fleteros.

Indicó que envió seis cartas a la EBY, el 25 de junio de 2021, 18 de enero, 25 de marzo, 2 de junio, 7 de junio y 5 de julio, todas de 2022, pero que hasta el momento no recibió ninguna respuesta.

Papeles flojos

El caso, surgido del conflicto entre ambos empresarios, expuso también la debilidad de los mecanismos de control y fiscalización de parte de los organismos que se encargan de otorgar las licencias y permisos de extracción del mineral.

Entre todas, la Dirección de Minas y Geología se ubica en el centro del entredicho, por cuanto es la encargada natural de autorizar la actividad arenera.

“Cuando yo me fui a sacar los permisos en Minas y Geología, me pidieron un contrato de la EBY o un contrato de alquiler, pero nadie chequea si la dirección que figura en el contrato corresponde o no al lugar”, contó la misma Weppler.

Reconoció que, luego de desayunarse con que el predio que le alquilaba a Honecker no era el que figuraba en el contrato, continuó igualmente gestionando los permisos anuales con el mismo documento, sin inconvenientes.

“Yo saqué los permisos, pago los impuestos; pago minería y todo”, aseguró Weppler, lamentándose que por estos días esté acumulando una multa, ya que la clausura del predio le impide sacar las guías mineras de la oficina, para poder pagar el tributo.

“Yo quiero seguir trabajando, que me den dos años; la EBY me ofrece otro terreno igual, pero yo hice inversiones acá para poder tirar la arena del barco, y si me mudo, voy a tener que invertir 60 metros más de caño”, ilustró.

El operativo del 1° de julio terminó con la clausura del predio y las actividades de la empresa.

La denuncia de la empresaria María Alejandra Weppler en la comisaría de Itaembé Guazú.

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El concejal Zarza solicitó extender el horario de Transferencia hasta las 23

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El concejal posadeño Fernando Zarza presentó un proyecto de comunicación para solicitar la ampliación del horario de atención hasta las 23 de las terminales de Transferencias Unam y Quaranta. 

En comunicación con La Voz de Misiones,Zarza explicó que la presentación del proyecto fue el pasado 7 de abril y este jueves, en la última sesión ordinaria del HCD, se aprobó el pase a Comisión.

El edil comentó que “la iniciativa responde a una inquietud de distintos vecinos, trabajadores que salen muy tarde de sus puestos, y de estudiantes de la Unam que tienen que retirarse antes de las clases para no perder el colectivo”.  

El horario de atención actualmente es hasta las 22:00 y, según contó, esto resulta una complicación para un gran porcentaje de ciudadanos que son usuarios de las líneas de transporte público.

“Hay una necesidad de extender la atención de las terminales como mínimo hasta las 23, por eso solicitamos que esté abierto hasta esa hora”, sostuvo.

“Ya en comisión, el presidente de la Comisión de transporte, el concejal (Santiago) Horianski, propuso que el horario se extienda hasta las 00:00 horas. Una vez resuelto veremos qué horario queda acordado”, explicó. 

Según Zarza, que aún no esté habilitada la extensión del horario se debe a una cuestión de ahorro de costos por parte de la empresa.

“El servicio siempre fue deficiente. Hay quejas de los vecinos de Itaembé Guazú porque los colectivos no llegan hasta los barrios y eso genera que, para ir a sus trabajos a las 6 de la mañana, deban tomarse Uber que muchas veces cuenta alrededor de 20 mil pesos”, puntualizó.

La iniciativa se suma al pedido de varios centros de estudiantes y alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas, de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, presentado el pasado 9 de abril al intendente Leonardo Stelatto y con copia al secretario de Movilidad Urbana Lucas Jardín.

Estudiantes de la Unam solicitan que Transferencia abra hasta las 23

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Marcha contra reforma en discapacidad: “Condena al sector más vulnerable”

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Al igual que en otros puntos del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de Misiones reunió a personas con discapacidad, familiares, instituciones categorizadas y prestadores precarizados, quienes marcharon al palacio legislativo provincial en rechazo a la reforma de la ley en Discapacidad 27.793. 

La movilización partió luego de las 9 desde la plaza central, y al llegar a destino, los presentes entregaron notas dirigidas al presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, y al diputado renovador Carlos Eduardo Rovira para que, a través de los senadores misioneros, las familias de personas con discapacidad sean escuchadas en los ámbitos de decisión nacional.

Solicitamos el compromiso de la provincia con el modelo social de discapacidad y el rechazo a cualquier medida que mercantiliza prestaciones básicas”, exclamó uno de los manifestantes. 

Según detallaron, la reforma pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales y la calidad de vida de miles de personas: “El viernes nos tomó de sorpresa el ingreso del proyecto de reforma que tiene como título Basta de fraude a las pensiones, algo que es utilizado por el gobierno nacional como pantalla”, expresó Sebastián Calderón, director general del Centro de Día (Cenemi), consultado por La Voz de Misiones.

“Lo que busca la reforma es la reconversión de pensiones por discapacidad y pensiones por invalidez que tiene sus dificultades para las personas que tienen hoy una pensión. Pero en el trasfondo quieren eliminar el nomenclador del sistema de prestaciones básicas, lo que hará que cada financiador ponga los valores que considera oportunos para cada servicio que se brindan en el área de discapacidad, lo que va a generar desigualdad en el derecho de las personas de poder elegir el servicio y los profesionales con quienes quiere trabajar”, añadió.

“Los que van a tener mayores dificultades seguro van a ser quienes tengan el programa federal Incluir Salud porque obviamente los valores ya son bajos con un nomenclador que regula, imaginate si no existiese ese nomenclador y cada financiador ponga su precio”, lamentó.

Luego concluyó: “Actualmente el que puede pagar una prepaga o una obra social muy buena y aquel que está en el programa Incluir Salud, a través del Estado, tienen o acceden a las mismas prestaciones sin ningún tipo de diferencias. Lo que este sistema de prestaciones básicas va a hacer es que no todos puedan elegir y mucha gente quede fuera del sistema”.

Marcha en Posadas

La Ley 27.793, sancionada en 2025 y publicada en el Boletín Oficial, declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable. Busca actualizar aranceles de prestaciones, garantizar la cobertura integral de salud, rehabilitaciones y regularizar pagos, en medio de tensiones por su aplicación y financiamiento.

En este marco y de manera simultánea con las marchas replicadas a lo largo y ancho del país, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en horas del mediodía.

El reclamo también incluye el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cupo laboral del 4%, la restitución de las Pensiones No Contributivas y un aumento inmediato.

Rechazo a la reforma de la Ley 27.793 frente a la Legislatura misionera

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Reclamo nacional: marchan contra reforma de ley de discapacidad en Posadas

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Luego de que el gobierno nacional presentara un proyecto que apunta a depurar pensiones por invalidez y flexibilizar prestaciones; familias, personas con discapacidad, instituciones categorizadas y profesionales, marcharán en distintos puntos del país en rechazo a la reforma de la Ley 27.793 de emergencia nacional en discapacidad. 

En Posadas la concentración iniciará este miércoles a las 8.30 en la plaza 9 de Julio para luego marchar a la explanada de la Cámara de Representantes, donde solicitarán que los legisladores nacionales por Misiones rechacen la normativa que ingresó ayer al Senado de la Nación.

Simultáneamente, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco, contarán con el apoyo de algunas organizaciones políticas, como el Partido Obrero y Tribuna Disca, quienes se sumarán a la jornada de lucha remarcando que “el ajuste en el sector pone en riesgo vidas y trabajos”. 

En ese mismo sentido, exigirán el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cupo laboral del 4%, la restitución de las Pensiones No Contributivas y un aumento inmediato, además de repudiar la nueva modificación de la ley de emergencia, la de salud mental y el cierre de la Andis. 

Cada miércoles, familiares y personas con discapacidad marchan contra el ajuste en Posadas

Los principales cambios

Según el texto oficial, la iniciativa deroga los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que eran los que garantizaban la universalidad de las prestaciones, y retrotrae el sistema al estado previo a la sanción de la emergencia. 

Además, elimina la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por concepto de invalidez laboral o zona geográfica desfavorable, suprime el nomenclador de prestaciones únicas -que fijaba un piso homogéneo de calidad- y desregula la negociación arancelaria por obra social o prepaga.

Uno de los puntos más controvertidos es la “incompatibilidad absoluta” que el proyecto establece entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado. 

De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, e incluso suprime los incisos que referenciaban programas de inclusión laboral y reconocimiento de empresas que contraten personas con discapacidad.

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