A través de un comunicado, los interventores del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, repudiaron el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

“Con profunda preocupación y absoluta firmeza repudiamos el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha consumado la proscripción política y judicial de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, actual presidenta del Partido Justicialista Nacional y referente indiscutida del campo nacional y popular”, comienzan en el documento Arrieta y Rodríguez.

En esa línea, los interventores calificaron al fallo de la Corte como “un golpe directo a la democracia, a la voluntad popular y al Estado de derecho”, y que dicha resolución del máximo tribunal del país “es el corolario de un proceso judicial manipulado, parcial y plagado de irregularidades“.

Seguidamente, bajo el título “No es justicia, es proscripción política”, Arrieta y Rodríguez afirmaron que el veredicto de la Corte Suprema conocido ayer tuvo el “objetivo claro” de “impedir” que la exvicepresidenta y titular del PJ nacional sea candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires.

“Una operación perfectamente sincronizada entre sectores del poder judicial, los medios hegemónicos y el poder económico concentrado. Cristina fue proscripta porque representa al pueblo y porque puede ganar”, añaden en el documento los interventores.

Causa Vialidad

“Cristina es víctima del lawfer“, apuntan Arrieta y Rodríguez y denuncian que la Causa Vialidad “fue desde el inicio una construcción judicial con fines políticos“.

Asimismo, enfatizan que el proceso estuvo “atravesado por irregularidades” y enumeran: “Jueces sin imparcialidad, pruebas introducidas de forma ilegal, testigos que desmintieron las acusaciones y peritajes que demostraron que no hubo sobreprecios ni perjuicio económico”.

Y continúan: “Cristina fue condenada sin pruebas directas y en base a supuestos ‘indicios’ o creencias como ‘no podía no saber'”.

Sobre el fallo de la Corte, agregaron que “confirma lo que ella misma denunció desde hace años: la existencia de un Partido Judicial al servicio del poder económico y mediático, cuya verdadera misión no es hacer justicia, sino disciplinar y proscribir”.

Para los interventores del PJ Misionero, la decisión del máximo tribunal del país consumó “una forma moderna de golpe institucional”,  y con la condena a CFK “el pueblo ha sido privado del derecho de elegirla. Se ha quebrado la equidad política y ha colocado al Poder Judicial por encima de la soberanía popular”.

En la misiva, Arrieta y Rodríguez profundizaron que la “sentencia contra Cristina llegó con un apuro inusual justo después de que anunciara su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección. No fue una coincidencia: fue una respuesta. Como tantas veces en la historia argentina, el poder actuó para sacar del juego electoral a quien representa un proyecto de país con justicia social, soberanía política e independencia económica”.

Los interventores enfatizaron que la condena contra la presidenta del PJ “es un intento de borrar del mapa al peronismo como alternativa de gobierno y resistencia popular”.

Argumentando que ante “el  avance brutal del gobierno de Milei, que recorta derechos, desmantela el Estado y entrega recursos estratégicos, Cristina sigue siendo la voz más clara, lúcida y potente de la oposición”.

En ese sentido, apuntan a que Misiones, “como casi todo el interior del país, sufre cada día las consecuencias de las políticas infames de este gobierno: las economías regionales, la producción y el turismo destrozados; el consumo registrando una caída del 35%, y una situación social que se agrava día a día y produce cada vez más excluidos”.

Movimiento nacional y popular

En los últimos párrafos del comunicado, los interventores del PJ misionero designados por CFK en febrero para “reorganizar el parido” enfatizaron: “Cristina es quien con mayor claridad enfrenta este modelo”.

Es por ello que “desde Misiones decimos: Cristina no está sola. Su lucha es nuestra. Su proscripción es una herida abierta en la democracia, y su nombre es bandera de dignidad popular”.

“Nos declaramos comprometidos a defender la democracia, la soberanía popular y la memoria histórica del movimiento nacional y popular”, cierran Arrieta y Rodríguez, en el comunicado que fue difundido este miércoles 11 de junio.

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La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó que la dirigente peronista cumpla su pena con prisión domiciliaria y sin utilizar tobillera electrónica alegando tres cuestiones principales: la edad, 72 años, su intento de homicidio en 2022 y su estirpe como ex mandataria que requiere una seguridad especial. 

El planteo fue presentado por los magistrados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, abogados defensores de CFK, quienes redactaron un escrito de trece páginas que trabaron ante el Tribunal Oral Federal Dos de Ciudad de Buenos Aires, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara la condena de 6 años de prisión en su contra, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que le impide volver a participar de algún proceso electoral como candidata.

El pedido consiste en que la ex presidenta cumpla arresto domiciliario en su departamento de calle San José 1111, donde actualmente vive y donde anoche saludó a los miles de militantes, seguidores, vecinos y dirigentes políticos que la acompañaron después de la resolución del máximo tribunal del país.

Los abogados plantearon “razones de seguridad personal” de Cristina Kirchner por haber sido presidenta. Señalaron que en ese rol tuvo “información de carácter secreto o bien confidencial”, por lo que debe tener una custodia especial de la Policía Federal.

En esa misma línea, el pedido de prisión domiciliaria recordó el intento de homicidio de la ex presidenta el 1 de septiembre de 2022 cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó a centímetros de la cara con un arma. Los abogados recordaron que uno de los investigados en esa causa “tiene relación directa con quien actualmente se desempeña como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, en cuya órbita actúa, precisamente, el Servicio Penitenciario Federal”. La defensa, sin nombrarlo, hizo referencia al diputado nacional Gerardo Milman y a su relación con Patricia Bullrich.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación a la que accedió Infobae.

El mismo medio porteño consignó que la defensa también planteó que CFK tiene 72 años. La ley establece que a partir de los 70 años puede pedir la prisión domiciliaria por cuestiones etarias, aunque su otorgamiento no es obligatorio.

La ex presidenta también solicitó que no se le coloque una tobillera electrónica para cumplir la prisión domiciliaria. Se trata de un dispositivo que controla los movimientos del detenido y que se activa en caso que viole el lugar de detención. La defensa sostuvo que Cristina Kirchner cuenta con custodia de la Policía Federal las 24 horas, lo que garantiza que no se va a fugar ni a violar la detención domiciliaria.

CFK sobre fallo de la Corte: “El partido judicial le puso cepo al voto popular”

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”En defensa de la democracia y contra la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner”, docentes universitarios nucleados en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), la Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum), Asociación del Personal NoDocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam) y la Confederación General del Trabajo (CGT), llamaron a paro sin asistencia a los lugares de trabajo para la jornada de hoy. 

“Convocamos a los trabajadores de la universidad a un paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo desde el inicio de este miércoles 11 de junio”, afirma la misiva firmada por Udum.

La medida que se replicó en distintos puntos del país, movilizada por la CGT, surge “en defensa de la democracia y contra la proscripción de Cristina Fernández”, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallara en su contra, confirmando la condena de seis años de prisión para la ex presidenta.

Al respecto, el gremio de docentes misioneros consideró que: “El fallo de la Corte Suprema convalidó un proceso judicial que interfiere en la vida política atentando contra la institucionalidad democrática”.

“El partido judicial ha decidido concretar la proscripción política y agregar al cepo de los salarios un cepo al voto popular. Dada su gravedad institucional nos expresamos públicamente en defensa de la democracia contra el ataque a las conquistas de derechos y salarios dignos”, concluye el documento. 

Un amplio abanico de trabajadores y militantes de distintas banderas políticas que hacen al “campo popular”, permanecen en estado de “estado de alerta y movilización” y no descartan sumarse a una posible marcha federal. 

Militantes en la plaza 9 de Julio: “No a la proscripción de Cristina”

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