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Asociación reclama por el agua en Posadas: “Nos roban $20.000 a cada usuario”

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El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios “Defender”, Marcos Contreras, reclamó al Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac) por los problemas en el suministro de agua potable y las “facturas cada vez más impagables” de Samsa.

“Siempre nos dicen, del Eprac y la Defensoría del Pueblo, que no reciben ningún tipo de reclamo, cosa que es una gran falacia porque los vecinos tienen notas y comprobantes”, comentó Contreras.

“Estos dos organismos del Estado no le dan respuestas a la gente, no respetan las leyes, los derechos de los usuarios, que dicen las propias leyes que tienen que prestar”, afirmó.

Contreras señaló que la organización civil que preside impulsa un “reclamo que comprende a todos los ciudadanos de Posadas que se encuentren en la órbita de la empresa Samsa”.

Defender presentó este lunes una extensa nota a la titular del Eprac, Soledad Balán, con copia al gobernador Hugo Passalacqua y al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, donde se exponen detalladamente “irregularidades” y “abusos” de la empresa proveedora de agua provincial, como “cobros por consumos que no se realizan”, “falta de servicio y/o presión”, “cómputo de consumo”, “costos de reconexión extremadamente altos” y “anatocismo, intereses de intereses”, entre otros.

Tarifas

“Nos obligan a pagar por 15 metros cúbicos cuando la mayoría de los casos, 70 boletas de 100, los usuarios no consumen 15 metros cúbicos”, indicó.

En la nota a Balán, Passalacqua y Romero Spinelli, “exigimos que se haga una nueva tarifa, que se mejore el sistema porque esto significa un robo mensual, a la fecha de hoy, de $20.000 por cada usuario”.

“Deberíamos tener una tarifa escalonada y pedimos que se ponga como base mínima 7 metros cúbicos, que se cobre la mitad que es lo que corresponde”, reclamó.

“De este sistema, la manera en que lo llevan adelante, entendemos dos cosas: o son cómplices de que nosotros estemos regalando plata, o nos están incentivando a que despilfarremos el agua”, lanzó.

Contreras responsabilizó a ente a cargo de Balán: “El que ha permitido esto es el Eprac, que tiene el deber, la obligación y las facultades, por la ley, de ver todos estos temas”, acusó.

“La lista de reclamos es larga, tenemos puntos como ‘consumo cero’, donde igual le cobran al usuario una tarifa mínima; los cortes, las reconexiones, los costos impagables; las Carta Documento que les cobran al usuario, pero nunca se envían”, enumeró.

Contreras culpó al Eprac y la Defensoría del Pueblo por “no difundir información sobre la tarifa subsidiada de agua, que por el mecanismo que tiene puede abarcar casi a todos los usuarios de Posadas”.

“La única referencia a esto se encuentra en la página web de la Defensoría en octubre de 2025, y los que deberían difundirlo son el Eprac y la Defensoría, que para eso tienen presupuestos millonarios”, afirmó.

Sobrevivencia

Contreras, incluso, acusó al Eprac, Samsa y la Defensoría del Pueblo de “violar la ley, por acción u omisión”, en lo relacionado a los cortes de suministro de agua en la provincia.

“La ley es clara en todos los aspectos”, aseguró. “En lo formal, para cortarte el servicio tienen que enviarte una notificación del Eprac; después, se abre una instancia de mediación, y después, recién viene la resolución de corte”, explicó y afirmó: “No puede ser unilateral”.

También, aseguró que ni Samsa ni el Eprac cumplen con la legislación vigente que prohíbe a la empresa la interrupción total del servicio en los casos de usuarios morosos.

“La ley dice que tienen que dejar un paso mínimo de agua para abastecimiento y para supervivencia”, dijo Contreras y señaló:” No pueden cortar totalmente, pero tampoco eso cumplen”.

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Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”

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acampe casa de gobierno

Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.

Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.

El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.

Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.

“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.

El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.

Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.

La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas. 

Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.

Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.

Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza

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Padres marcharon para pedir al Iprodha la culminación de la Escuela 76 en Posadas

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La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.

Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona. 

Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.

Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.

Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó. 

En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.

Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.

Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio. 

 

Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.

 

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