Política
Reformas en ley migratoria no alcanzan al tránsito vecinal fronterizo
El Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) está exceptuado de los alcances del DNU 366/2025, que endurece las condiciones para ingresar al país, introduce nuevas causales para la expulsión de extranjeros del territorio nacional, establece cambios en la residencia y habilita el cobro de aranceles en el sistema de salud y universidades públicas para no residentes.
“El decreto del presidente ha endurecido las condiciones en todo sentido, pero el tránsito vecinal fronterizo es la excepción”, afirmó a La Voz de Misiones el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni.
El DNU, publicado en el Boletín Oficial el 29 de mayo pasado, introdujo modificaciones a la Ley de Migraciones 25.871, la Ley de Educación Superior 24.521, la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley de Ciudadanía 346.
“El tránsito vecinal está expresamente contemplado como una excepción”, reiteró Manfroni y adelantó que el gobierno “está a la espera de que el Congreso apruebe un régimen simplificado para la frontera, para aquellas importaciones menores”.
“Yo sé que a lo largo de toda la frontera misionera hay un tránsito permanente de personas y bienes. He visitado muchas veces Misiones”, señaló.
“En Bernardo de Irigoyen y San Antonio, hay 25 kilómetros de frontera seca, donde a veces no hay ninguna línea demarcada”, ilustró el funcionario y contó: “Yo, sin querer, me metí en Brasil; sin saber que lo había hecho”.
Manfroni, mencionó, en tal sentido, el Plan Guacurarí, del que habló la ministra Patricia Bullrich en su última visita a la provincia la semana pasada, y explicó que la idea “no es alterar la convivencia de ciudades argentinas y brasileñas hermanas”, aunque adelantó que “se está buscando reforzar la vigilancia, con cámaras, más efectivos, y control en las rutas”.

Carlos Manfroni, jefe de Gabinete de la cartera de Patricia Bullrich.
Emergencias y aranceles
“Hemos tenido en los últimos 20 años una afluencia muy grande de inmigrantes irregulares y otros que llegan solo para beneficiarse de servicios que los argentinos pagan con sus impuestos”, sentenció Manfroni.
“Esto se observa, especialmente, en aquellas provincias fronterizas, como Misiones, Chaco, Salta, Jujuy, que reciben una afluencia permanente de extranjeros de países vecinos que cruzan la frontera para utilizar nuestros servicios públicos sin pagar por ellos”, puntualizó.
Manfroni, reconoció que el decreto tiene prerrogativa solamente sobre las instituciones sanitarias y educativas nacionales, y no alcanza a hospitales públicos, escuelas y colegios provinciales, aunque destacó que “insta a las provincias a adherirse” al arancelamiento de la salud para turistas y migrantes no residentes.
“Hay convenciones internacionales y no hemos podido restringir el tema de las plazas en las escuelas primarias y secundarias”, lamentó el funcionario.
“Nosotros tenemos el derecho a exigir que aquellas personas que vienen con intenciones de instalarse para trabajar, exhiban algún tipo de contrato, oferta o propuesta, que demuestre que realmente tiene un vínculo con una empresa que lo va a contratar; O, en caso contrario, que acredite los medios para subsistir en el país, de manera que podamos suponer que no viene a mendigar, robar o vivir de planes sociales”, argumentó el jefe de Gabinete de la cartera que encabeza Bullrich.
Entre las principales reformas, Manfroni resaltó la exigencia de un seguro internacional de salud para el ingreso al país, las nuevas atribuciones de los funcionarios de Migraciones en los puestos fronterizos, y las causales incorporadas a la legislación para la deportación exprés de extranjeros.
“Se les va a pedir una declaración jurada en la que manifiesten que cuentan con una cobertura internacional de salud”, explicó Manfroni.
El funcionario aseguró que “en situaciones de emergencia, la Argentina va a seguir atendiendo a cualquier extranjero, cualquiera sea su situación migratoria, por casos como accidentes o patologías de urgencia, como puede ser una peritonitis o un derrame cerebral; pero, no para hacerse un tratamiento, cualquiera sea; consultas o enfermedades estacionales”.
“Esto es un abuso que no solo mina los recursos, sino que ocupa plazas en los hospitales que bien podrían ser para un argentino que se quedó afuera, porque todas las plazas estaban ocupadas por extranjeros”, expresó.
“A los extranjeros con residencia legal, sí se los atenderá en igualdad de condiciones con los argentinos; pero, los demás, exceptuando las emergencias, tendrán que pagar por adelantado el costo de los servicios, o exhibir un seguro que le dé cobertura internacional”, remarcó.
“No podemos seguir siendo el seguro médico gratuito para toda América Latina”, lanzó Manfroni y justificó: “Bastante mal quedó el país para que tengamos que extremar esta generosidad”.
Prohibidos y expulsados
Sobre las nuevas causales para negar el ingreso al país o decidir la expulsión, el funcionario de Seguridad destacó que el decreto presidencial incorporó figuras a la legislación migratoria.
“Si tienen antecedentes penales no pueden ingresar”, precisó Manfroni y detalló: “No consideramos solo los casos de condena firme, sino también los casos de condenas no firmes; o que el extranjero tenga un procesamiento, que esté sometido a proceso por la comisión de un hecho ilícito”.
“Los extranjeros que sean rechazados por motivos de antecedentes penales no podrán ingresar más al país, y si se trata de rechazo por otra naturaleza, la prohibición de ingreso será por cinco años”, remarcó.
Asimismo, Manfroni indicó que el decreto presidencial habilita a los funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) destacados en las fronteras a decidir la suerte de quienes desean ingresar al país.
“El agente migratorio tiene facultades para evaluar las respuestas que le da el extranjero en caso de interrogarlo, y si hay una sospecha de que está mintiendo, que lo que dice no se corresponde con la realidad, tiene la posibilidad de rechazarlo”, explicó.
“La ley ha endurecido las condiciones en todo sentido, y está vigente. De hecho, ya se puede expulsar. Hace dos días se expulsó a cuatro extranjeros”, indicó.
Manfroni señaló que, más allá de las reacciones en los países vecinos, la reforma migratoria “está en línea con la voluntad del gobierno de mejorar el estándar de vida de los argentinos. Poner en primer lugar a los argentinos y a los residentes permanentes, y afianzar el equilibrio presupuestaria logrado hasta el momento”.
Política
Reforma laboral: media sanción con los votos de Rojas Decut, Arce y Goerling
Tras casi 17 horas de tratamiento, la reforma laboral logró media sanción en el Senado con 42 votos positivos, incluyendo el de los misioneros, Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling, y el aval de los 26 títulos que integran el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre último, la Ley de Modernización Laboral se convirtió en una de las leyes más importantes que el Gobierno aspira a sancionar luego de la ley Bases aprobada en el 2024.
El proyecto contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y establece límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.
La sesión comenzó a las 11:13 de ayer miércoles y cerca de la medianoche el único orador por Misiones fue el senador del bloque del PRO Martín Goerling, quien adelantó su acompañamiento en general. Mientras que los renovadores Rojas Decut y Arce también votaron en el mismo sentido.
En su lectura de datos, Goerling remarcó que con la legislación actual “El Estado se queda con un tercio del salario de un trabajador antes de que llegue a fin de mes”. Al mismo tiempo, añadió que “Argentina tiene hoy la carga laboral en contratos más alta de América Latina”.
Por lo que consideró: “Tenemos que defender el trabajo de los argentinos. Esta ley va en contra de la intermediación, en contra de la industria del juicio”. Y adelantó: “Hoy el PRO va a acompañar esta ley en general porque va a votar por el que quiere contratar y no se anima, por el joven que quiere trabajar y no puede, por los 6 millones de argentinos que hoy están en la informalidad. Debemos dar el paso de reformar esta ley para que uno de los cambios profundos que necesita la Argentina empiece a dar sus frutos”.
En el último tramo del debate en general, asistieron a la sesión desde un balcón del recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule Menem”, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Finalmente, la votación en general se dio a la 1:20, cuando los 42 votos a favor fueron marcados por los legisladores de LLA (20), el PRO (3), UCR (10), Frente Cívico (1), Independencia (1), el Frente Renovador de la Concordia (2), Primero los Salteños (1), Provincias Unidas (2), Despierta Chubut (1) y la Neuquinidad (1).
Mientras que los 30 votos de rechazo aportó el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero.

Votación por la Ley de Modernización Laboral
Luego, continuó la votación en particular de los 26 títulos que conforman el proyecto, momento en que el oficialismo no aceptó las modificaciones propuestas por diferentes senadores peronistas, como el caso del capítulo XIV donde figuraba el artículo referido a mantener el aporte obligatorio a los gremios y empresas, por lo que propusieron volver a la propuesta del Gobierno nacional para que esos aportes sean voluntarios.
En esa votación el oficialismo obtuvo 40 votos a favor, 32 en contra y la sesión concluyó pocos minutos antes de las 4.
De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, Salta Gustavo Sáenz, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de Chubut Ignacio Torres, de Neuquén Rolando Figueroa, de Corrientes Juan Pablo Valdes y de Córdoba, Martín Llaryora.
Los detalles
A lo largo de toda la jornada el oficialismo y sus aliados mantuvieron la decisión de autorizar solo a las autoridades bancarias el uso de billeteras virtuales para pagar sueldos y señalaron que, si una billetera virtual quiere tener esa posibilidad, deberá adecuarse a las normas del Banco Central.
También se votó que se mantenga el sistema de aportes que hacen los afiliados a los gremios y allí se dispuso que no habrá ningún plazo para su vigencia, pero sí un tope del 2%. Esa misma medida se aplicará a las cámaras que reciben aportes obligatorios de las empresas que tendrán un tope del 0,5%.
En el tema del Instituto Nacional del Cine (Incaa) se decidió que se mantendrá hasta el 2028 el sistema de financiamiento que tiene actualmente con el 10% del precio de las entradas de cine, 10% de la venta/alquiler de videos y 25% de la recaudación del Enacom hasta el 2028 y luego se mantendrá con partidas del Presupuesto Nacional.
El proyecto finalmente fue girado a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero.
Incidentes frente al Congreso mientras el Senado debate la reforma laboral
Política
Herrera Ahuad cuestionó el financiamiento para la reforma penal juvenil
El diputado nacional del Frente Renovador Neo, Oscar Herrera Ahuad, quien integra el interbloque Innovación Federal, participó hoy como orador en el debate del dictamen del proyectos de reforma penal juvenil en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante su exposición, puso el foco en la falta de precisiones sobre el financiamiento que deberían asumir las provincias para implementar la legislación, en caso de que sea aprobada.
“Otra vez ponen en manos de las provincias una responsabilidad que debe ser compartida con la Nación”, cuestionó frente a sus pares el legislador, también médico pediatra y ex gobernador de Misiones.
En ese marco, Herrera aseguró que la ley “genera incertidumbre” en cuanto al financiamiento y que “muchas familias” están esperando “estos equipos multidisciplinarios”. Además, aclaró que no se refería al “crimen” que pudieran cometer los menores, sino “al delito que comete y la familia no lo puede contener porque es un menor adicto y está en un sistema que lo lleva cada día a eso”.
El diputado señaló que actualmente “se pone 23 millones de pesos para el Ministerio Público Fiscal y para el Ministerio de Justicia de la Nación” y, en esa línea, interpeló a los presentes con la pregunta: “¿Ustedes están convencidos de que con ese dinero van a poder construir centros modelos en toda la Argentina, cuando se han desfinanciado hasta los centros mínimos que tenemos de desarrollo infantil?”.
“No hay plata”, arremetió Herrera citando la premisa del presidente Javier Milei y continuó: “Otra vez va esto en el lomo de los gobernadores y las provincias, y otra vez escuchamos la otra campana, de decirles a los gobernadores ‘bajen los impuestos’, ‘achiquen los gastos’. ¿Ustedes creen que con esto se soluciona este problema? Yo le puedo asegurar que no”.
El diputado por Misiones también se refirió a la situación actual del sistema de salud mental del país, al que describió como “total y absolutamente desmembrado”.
“Se quitó el financiamiento a lo que es el programa de salud mental de la Argentina, que, con errores o con aciertos, en mi provincia lo pudimos aplicar muy bien y no coincido en eso de mandarlos a un manicomio. Nosotros los socializamos: los enfermos con alguna patología mental acuden a hospitales normales y son atendidos por equipos que están ahí, pero se hace cargo la provincia”, subrayó Herrera.
Y agregó: “Le estamos dando la responsabilidad a las provincias de construir centros multidisciplinarios sin decir de dónde van a sacar los recursos”.
Seguidamente, el exgobernador volvió a poner el foco en los recursos que propone la legislación: “La discusión está dada en todos los órdenes. Nosotros, en nuestra provincia, queremos saber: ¿de dónde vamos a sacar los recursos?, ¿Quién nos va a dar? Y también queremos que nos ayuden y nos acompañen en esto de decir: bajen los impuestos, achiquen el gasto. Ese es un gasto público y lo van a asumir las provincias”.
Por último, el diputado solicitó incorporar al dictamen un “capitulo de asignación de recursos específicos y taxativo para las provincias para llevar adelante esto, esos es una gran solución no para construir cárceles, sí para construir centros modelos y recuperar lo que en algún momento tuvimos como política publica que es la contención de nuestros jóvenes”.
Herrera Ahuad designado en comisión que tratará baja de edad de imputabilidad
Política
Marcharon contra la reforma laboral en Posadas
Al igual que en otros puntos del país, esta mañana, trabajadores nucleados en diferentes agrupaciones sociales, gremiales y políticas, marcharon a la plaza central de la capital provincial en rechazo al tratamiento legislativo de la reforma laboral, conocida como Ley de Modernización Laboral que se debate hoy en el Senado.
La columna ocupó al menos dos cuadras y se desplazó por calle Junín, desde el Mástil de Uruguay y Mitre hasta la Plaza 9 de Julio, donde referentes del Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Partido Obrero (PO) y otras agrupaciones, brindaron discursos advirtiendo sobre los riesgos de la aprobación e implementación de la reforma laboral en el país.
Desde la manifestación, Jazmín Kinder, integrante del Partido Obrero, expresó: “Me parece realmente gravísimo lo que se está por votar hoy. Es una contrarreforma a la que no consideramos laboral, sino esclavista, porque lleva a una involución de los derechos laborales hasta la desaparición de los mismos”.
Y sumó: “Quiero que se llame la atención respecto al discurso del gobierno, de enfrentar a trabajadores y trabajadoras porque hay una realidad: no se puede tapar el sol con la mano, hay una gran mayoría de trabajadores que están siendo precarizados en el país y eso se debe a que no hubo control por parte de los gobernantes”.
En ese sentido, refirió a las “facilidades” que implementó el gobierno para continuar “precarizando” a distintos sectores de trabajadores “con exenciones impositivas a los empleadores y una burocracia sindical que no luchó por el pase a planta de los trabajadores, sino que abogó por aumentar a la precarización, tercerización y demás. Que unos tengan derechos y otros no es algo muy peligroso”.
En ese contexto, recordó la pérdida de más de 400 empresas en Misiones y al menos 2 mil puestos de trabajo en blanco. Por lo que también refirió al éxodo de trabajadores argentinos a Brasil, lo que, a su entender, respondería a “la destrucción de la industria y los puestos de trabajo”.
Desde la CTA, Martín Ayala, enfatizó: “Hay que buscar la mayor unidad posible en todo el campo nacional y popular de las centrales obreras y los sindicatos de base, las organizaciones sociales, políticas y de jubilados, no es reforma, es regresión. Los trabajadores sabemos que es un revanchismo social de la vieja oligarquía”.
Desde el mismo espacio, Mónica Gurina, resaltó: “Hemos trabajado como pueblo para construir un derecho protectorio para los trabajadores, para la clase trabajadora que hace la riqueza de la Argentina. Sin embargo, nuestros carteles hablan, los legisladores han traicionado sucesivamente a los trabajadores”.
A nivel provincial, la protesta se replicará en Oberá y en Eldorado, y en distintas ciudades ubicadas a lo largo y ancho del país, desde donde proponen generar un “plan de lucha para derrotar la reforma esclavista y al gobierno nacional”.

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