Tras un largo tiempo, oficialistas y opositores sostuvieron posiciones encontradas. No hubo debate, pero sí réplicas.

El oficialista bloque del Frente Renovador rechazó esta noche el tratamiento sobre tablas del rechazo de una declaración de inconstitucional del último DNU presidencial que prohibió las reuniones familiares, que fue impulsado por la oposición.

El voto dividido entre los renovadores y los integrantes del interbloque UCR-PRO, fue sorpresivo ya que hacía tiempo que no se registraban divergencias entre oficialismo y oposición en la Cámara de Representantes.

El pedido fue formulado por el radical Javier Mela en el espacio de la sesión ordinaria de este jueves, destinado al requerimiento de tratamiento preferencial o sobre tablas de determinados proyectos.

Mela fundamentó su iniciativa en que la norma aprobada por el presidente Alberto Fernández afecta derechos individuales, incursionando en cuestiones penales que están reservadas en forma exclusiva al Congreso de la nación.

Por esas razones mocionó el tratamiento inmediato de una declaración de inconstitucionalidad, en momentos en que dirigía la reunión el vicepresidente Hugo Passalacqua, en lugar del titular Carlos Rovira.

La votación fue 29 a 11, imponiéndose el rechazo al tratamiento sobre tablas, una decisión que hacía tiempo no se registraba en las sesiones del Parlamento misionero donde la convivencia política es destacada por los legisladores de distintos bloques.

Después, en distintos tramos de la sesión y antes del tratamiento del plan de labor, los diputados Rafael Pereyra Pigerl y Martín Sereno defendieron el decreto presidencial al señalar las vías para la inconstitucionalidad, en el caso del primero, y el segundo atribuyó las críticas a un “encendido antiperonismo”.

La creación está contemplada entre los 94 nuevos juzgados que se crearán en todo el país. El objetivo es “el fortalecimiento de la justicia en el interior”, dijo el Presidente al presentar la iniciativa. Funcionarán en Oberá, Puerto Iguazú, Eldorado y dos en Posadas.

El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de reforma de la Justicia que contempla la creación de 94 juzgados federales, de los cuales cinco funcionarán en Eldorado, Puerto Iguazú, Oberá y dos en Posadas, según se supo.

El dato de importancia para Misiones, no fue desglosado por el mandatario al dar a conocer aspectos generales de la iniciativa que impulsa la unificación y duplicación de los juzgados federales y la designación de un consejo de expertos para que asesore al Poder Ejecutivo.

“También propone el fortalecimiento de la justicia en el interior del país”, se limitó a señalar en su discurso, aunque una revisión periodística del contenido permitió conocer otros detalles contemplados en el proyecto.

El Jefe de Estado expuso los alcances del proyecto que enviará al Congreso de la Nación en la Casa de Gobierno, acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, e integrantes del Consejo Consultivo.

Aseguró que “la defensa del derecho reclama como indispensable que el sistema se adecue a la norma” y que “el Poder Judicial deba estar en manos dignas, no permeables a ninguna presión”.

En el acto, donde también estuvieron la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco; rectores de universidades y legisladores nacionales, el primer mandatario repasó las intromisiones de la política en la Justicia a lo largo de la historia argentina.

El proyecto

Al referirse a los propósitos que se persiguen con los cambios dijo que la iniciativa propone “organizar y mejor la justicia federal” y que “el poder decisorio no se concentre en poco magistrados”, porque eso fue lo que llevó a que ese fuero “se politizara”, los procesos “no se desarrollaran con eficacia” y se “manipularan los tiempos en función del clima político imperante”.

Fernández destacó la necesidad de una reforma judicial para que “nunca más” exista “una política que judicializa los disensos”, y aseguró que sin un sistema de justicia “independiente del poder político, no hay república y democracia”.

Asimismo, expresó que el proyecto propone, entre otras cuestiones, un “fortalecimiento de la justicia federal” con la creación de juzgados en las provincias y una “especialización por materia”.

En otra parte de su exposición, el Presidente dijo que durante el Gobierno de Mauricio Macri la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “quedó en un manto de sospecha” por intervenir en causas judiciales” y “el principio de inocencia en juicio se vulneró”.

“Lo que estamos proponiendo es consolidar una justicia independiente”, destacó, y dijo que se busca “que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia”.

Wellbach, Sartori y Morales contribuirían para alcanzar el quórum como integrantes del interbloque Unidad y Equidad Federal. Pidieron que se extienda el plazo de adhesión; exigencias para las obras sociales y ART y premios para los cumplidores.

El Gobierno nacional tiene centradas sus esperanzas en los misioneros y en los cordobeses para que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de moratoria fiscal, ya que necesita al menos once votos para conseguir el quórum y lograr este objetivo.

De acuerdo con las conjeturas que se tejen, el Frente de Todos tiene 118 votos propios, ya que José Ignacio de Mendiguren está de licencia para presidir el BICE, y necesita once para el quórum propio y podría alcanzarlo con los tres misioneros.

Son los diputados del bloque del Frente Renovador de la Concordia que preside Ricardo Wellbach y está integrado además por Diego Sartori y Flavia Morales, quienes se sumarían como miembros Unidad y Equidad Federal que encabeza José Luís Ramón.

Con el mendocino Ramón apoyarán el proyecto del Gobierno el bonaerense Pablo Ansaloni y el santacruceño Antonio Caramba, además de Beatriz Ávila y Luis Di Giácomo, Alma Sapag y los cuatro de Córdoba Federal.

El grupo se alineó con las reformas que propuso Sartori para que sean incorporadas al proyecto del oficialista para extender dos meses el plazo de adhesión a la moratoria (del 31 de octubre al último día del año).

También pretende que se instruya a las obras sociales y ART a otorgar planes de financiación de deudas “en condiciones parecidas” a los planes de pago del proyecto y establecer incentivos a los contribuyentes cumplidores mediante diferimientos de aportes previsionales e impositivos,

Las modificaciones están en manos de Carlos Heller, presidente la comisión de Presupuesto, quien recibió la propuesta antes de la última reunión de Comisión del martes y prefirió demorar una semana el dictamen para no arriesgarse a perder la votación en particular de algún artículo, cuando llegara el debate en el recinto.

Ahora Heller será el encargado de las consultas para que los cambios propuestos puedan plasmarse, que el martes se firme el dictamen y que el miércoles sea aprobado en una nueva sesión remota de la Cámara baja.

Los medios nacionales consignaron que en las tratativas previas, hasta este viernes, el gobernador Juan Schiaretti, no pidió modificaciones y agradeció las últimas ayudas del Gobierno nacional: 800 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y 857 millones a la Caja de Jubilaciones, como parte de un compromiso asumido por Alberto Fernández con los gobernadores el 20 de marzo, cuando lanzó la cuarentena.

Aspectos del proyecto

La ley que envió el Ejecutivo contempla un plan de pago para deudas vencidas hasta el 30 de junio, con una primera cuota el 16 de noviembre y planes de hasta 96 o 120 según el tamaño del contribuyente. Para las obligaciones de seguridad social habrá entre 48 y 60. No se cobran multas y el interés es fijo y mensual del 2% hasta enero. A partir de ahí, hay una tasa variable.

Se acepta cancelar pasivos con devoluciones aprobadas y pendientes de pago y hay restricciones a las empresas grandes que se sumen: no están habilitadas a girar dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado de divisas para realizar pagos a entidades vinculadas.

Cambiemos también solicitó prohibir a las firmas quebradas, a las del juego y a las de combustibles, facilidades que considera “un traje a medida” de Oil Combustibles, la compañía de Cristóbal López, el dueño de C5N, que pasó casi dos años en prisión acusado de evasión fiscal.