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Ramón Puerta figura entre los funcionarios macristas que no informaron su patrimonio

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BUENOS AIRES y POSADAS (Agencias y redacción central). El embajador en España, Ramón Puerta, figura entre unos 6000 funcionarios de distinto rango del gobierno macrista que no informaron su patrimonio en tiempo y forma, tal como establece la Ley de Ética Pública.

El dato fue proporcionado hoy por la Oficina Anticorrupción, a casi un año de haberse cumplido el plazo para el cumplimiento de dicho requisito que tiene valor de “declaración jurada”, en el que figuran 3.130 incumplidores y 2.992 cumplidores “a medias”.

En el segundo grupo se incluyeron los que remitieron su declaración jurada de bienes a la AFIP, pero no presentaron los anexos reservados (que muchas veces son claves para las investigaciones patrimoniales) ante el organismo de control. La OA hizo este relevamiento el pasado 19 de junio.

El universo de obligados a informar públicamente su patrimonio incluye a todos aquellos funcionarios que están desde la primera hora en Cambiemos y que el año pasado debieron presentar su estado patrimonial de 2016, pero también los funcionarios que se fueron -y debieron presentar el informe de “baja” de la función- y los que empezaron a ocupar cargos en los últimos meses y debieron darse de “alta”.

Los incumplidores

La universidades públicas, el Senasa, la Anses, la Cancillería, las fuerzas de seguridad, la AFIP y Pami son los organismos con mayor porcentaje de incumplidores.

Entre los morosos se encuentran 121 directores de Estado de los ministerios de Hacienda, Justicia, Modernización, Producción, Trabajo, Interior y Agroindustria, además de varios embajadores como Ramón Puerta (España), José Octavio Bordón (Chile), Normando Álvarez García (Bolivia) y Mariano Caucino (Israel).

Para estar en regla, los funcionarios tienen que cumplir con varios pasos. La primera etapa consiste llenar los formularios online N° 1245 y N° 1246 en la página web de la AFIP. En un sobre aparte, además, los ministros, secretarios y las terceras líneas tienen que llenar los “datos reservados” del patrimonio, que incluyen la declaración de familiares, los antecedentes profesionales y otra información sensible, como la vinculada a las tarjetas de crédito.

Todos los ministros y ex ministros y las primeras líneas ya hicieron público su patrimonio. La OA estipuló, en tanto, que casi 2.992 de los obligados realizaron la etapa online, pero no cumplieron con la presentación formal de toda la información (pública y reservada) ante las áreas de recursos humanos de sus ministerios.

Fue a partir de los informes patrimoniales que se iniciaron, por ejemplo, las investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito de López o de Julio De Vido; las actuaciones por presunto conflicto de interés en el caso del exministro Juan José Aranguren o del actual titular de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere: o la causa contra Mauricio Macri por presunta “omisión maliciosa” en su declaración jurada, que terminó con un resultado favorable para el Presidente.

Los funcionarios deberán presentar entre julio y agosto de este año las declaraciones juradas correspondientes al periodo 2017.

Política

Senadores misioneros votan a favor de transferencias a las provincias

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Con 56 votos a favor, entre los que se cuentan los tres senadores misioneros, los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y el macrista Martín Goerling, el Senado aprobó esta noche el proyecto de ley que obliga al gobierno a repartir entre las provincias los Aportes del Tesoro (ATN) y de fondos fiduciarios de infraestructura, transporte y vivienda, eliminados.

Fueron dos proyectos y ambos obtuvieron igual resultado de votos a favor, y el mismo rechazo del cordobés Luis Juez, que fue el único que votó en contra.

La primera de las iniciativas activa el giro automático a las provincias de los ATN que el gobierno retiene desde que asumió en diciembre de 2023.

La otra, elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Transporte, Sistema Vial Integrado, y los fondos Compensador del Transporte, de Desarrollo Eléctrico del Interior, y Nacional de la Vivienda, y redirige todos estos recursos, excepto los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos, a las provincias conforme la ley 23.548, de Coparticipación Federal.

El pleno votó el proyecto de los gobernadores, luego de un debate que se prolongó durante horas, después que aprobara el aumento para los jubilados, la moratoria previsional por dos años, la emergencia en discapacidad y la ayuda para Bahía Blanca.

Ambos proyectos superaron, holgadamente, la mayoría calificada de dos tercios que necesitaban, y eran un reclamo de los 23 mandatarios provinciales, entre los que se contó al misionero Hugo Passalacqua, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Jorge Macri, que se reunieron hace dos semanas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) porteño y consensuaron una hoja de ruta común.

El debate en el recinto plasmó el humor de los gobernadores y el primo de Mauricio Macri con Milei, que, en lugar de apaciguar los ánimos, rompió lanzas y acusó a los mandatarios de querer “destruir al gobierno”.

Hubo menciones a las deudas de Nación a las provincias por la coparticipación, la asimetría del reparto y la necesidad de rediscutir la distribución de los ingresos federales; la paralización de la obra pública, especialmente de infraestructura vial, y el interrogante que abre, en tal sentido, la decisión del gobierno de eliminar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El Bárbaro

“Los une es espanto”, dijo el formoseño José Mayans, sobre la alianza de mandatarios de credos políticos variopintos por recursos que puedan esquilmarle al plan de ajuste del gobierno, que amenaza con desfinanciar a las provincias.

“No es que los gobernadores de repente alcanzaron la madurez política”, apuntó Mayans y lanzó: “Se cansaron de ser humillados”.

“Reclaman y el presidente los manda a hablar con (Federico, ministro de Desregulación) Sturzenegger, el Bárbaro; y Sturzenegger les dice que les va a aplicar la motosierra a todos”, disparó el senador kirchnerista.

Mayans se refería a los últimos intentos de los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, por destrabar las negociaciones con el Poder Ejecutivo, que finalmente se cayeron y desembocaron en la cumbre del CFI, donde el anuncio de recurrir al Congreso por los recursos encendió la ira presidencial.

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Javier Milei ratificó el veto del gobierno al aumento de las jubilaciones

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En un discurso por el 171º aniversario de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Javier Milei adelantó que el gobierno vetará el aumento de las jubilaciones y la moratoria previsional aprobadas esta tarde por el Senado.

Ante un auditorio poblado por directivos de la Bolsa de Comercio porteña, diplomáticos, empresarios, líderes financieros y autoridades del Poder Ejecutivo, Milei aseguró que el gobierno “revertirá” todo lo aprobado por el Congreso.

“Vengo a hablar de cómo somos el mejor gobierno de la historia”, comenzó el presidente su alocución en la gala porteña y afirmó: “Lo que antes eran promesas, hoy serán datos”.

A lo largo del acto, Milei apuntó contra los economistas que cuestionan la gestión del gobierno, destacó el papel de Luis Toto Caputo, a quien calificó como “el mejor ministro de la historia” y cargó contra los “degenerados fiscales”, a quienes responsabilizó por la suba de precio del dólar.

“Ya lo veíamos venir”, comentó sobre la sesión del Senado que se desarrolla a la par del evento de la Cámara de Comercio de Caba, y aseguró que el oficialismo está “preparado” para dar vuelta el balance de fuerzas en el Congreso en octubre.

“Estamos preparados y sabemos que seremos exitosos”, proclamó y consideró que el aumento a las jubilaciones y la moratoria es un “acto de desesperación” de la oposición, que ya “sabe que en octubre la libertad ARRASA”.

“Lo vamos a vetar. Si se cae el veto, lo vamos a judicializar. Si se tarda la Justicia, aun así el daño que podrían causar sería mínimo”, anticipó y aseguró: “Lo vamos a revertir, la política del superávit fiscal es permanente”.

 

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Aprueban emergencia de discapacidad: Arce y Decut a favor, Goerling ausente

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Luego de aprobar el aumento de las jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional, el Senado convirtió en ley la emergencia de discapacidad, otro de los proyectos

La iniciativa se aprobó por unanimidad, por 55 votos a favor, entre los que figuran los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; ningún voto en contra, ni abstenciones, y la ausencia de 17 parlamentarios, entre los que se anotó el macrista Martín Goerling.

La mayoría del pleno, incluidos los parlamentarios de los bloques provinciales, el kirchnerismo, el PRO y la UCR, coincidió en que el ajuste impactó en las pensiones, las prestaciones de salud y educación y en el funcionamiento de la Andis, el organismo que aplica las políticas públicas para la discapacidad.

Según los senadores, el proyecto revierte en parte el crítico panorama con un costo fiscal mínimo y ayudará a mejorar la calidad de vida de millones de argentinos en esa situación.

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