Política
Milei envió “ley ómnibus” al Congreso: pide facultades extraordinarias
El presidente Javier Milei presentó este miércoles el paquete de leyes conocido como “ley ómnibus” que avanza con la reforma del Estado y entre sus principales propuestas figuran la declaración de emergencia pública y la delegar de facultades legislativas, exclusivas del Congreso, al Poder Ejecutivo por al menos dos años, hasta 2025, con la posibilidad de prorrogarla hasta 2027, año en que concluye su mandato.
En las redes sociales oficiales, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) difundió un video que el itinerario del proyecto de ley, de más de 600 artículos, hacia el Congreso y la entrega por parte del ministro del Interior, Guillermo Francos, al titular de Diputados, Martín Menem.
Ya en la introducción, el proyecto el gobierno explica que una de sus propuestas es que “haga efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, hasta el 31 de diciembre de 2025”.
“Las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa”, señala el texto.
Establece, además, que la declaración de emergencia “podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de DOS (2) años”.
El paquete incluye, también, en el Título X la ratificación del mega DNU 70/23, cuyo tratamiento le corresponde a la Comisión Bicameral del Congreso y después al pleno de ambas cámaras, y que ya recogió múltiples presentaciones de cautelares para suspender su aplicación.
“Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”, informa la cuenta de la Oficina del Presidente en la plataforma sucesora de Twitter.
Privatizaciones
El paquete incluye la privatización 41 empresas públicas, entre las que se encuentran: Aerolíneas Argentinas; YPF; Banco Nación; Casa de Moneda Correo Argentino; ARSAT; AySA; Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Télam y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), entre otras.
La intención del gobierno es constituir sociedades anónimas “en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.
Deuda externa
La “ley ómnibus” deroga el artículo 107 de la Ley de Fortalecimiento del Deuda Pública, que establece que “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras” que supere el porcentaje determinado en la ley de Presupuesto “requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”, y le pasa la atribución al Poder Ejecutivo.
El proyecto modifica también el artículo 194 del Código Penal y endurece las penas a los manifestantes, estén o no presentes al momento de la protesta.
El texto vigente establece de tres meses a dos años de prisión para “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
Milei aumentar de dos a cuatro años de cárcel a quienes con un arma interrumpan el servicio de transporte público; con dos a cinco años a “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado”, y con tres a seis años a quienes amenacen a una persona con sacarle la “asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole” por no asistir a una protesta.
También, reforma el artículo 34 del Código Penal y extiende la definición de la legítima defensa para habilitar que no serán penados quienes obren “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
Las ley vigente establece que “las fuerzas de seguridad podrán hacer uso del arma de fuego cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo”.
Reforma electoral
Milei también busca eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) y establecer el sistema de Boleta Única, promovido por Juntos por el Cambio (JxC).
Asimismo, modifica la composición de la Cámara de Diputados, reemplazando el sistema de conformación actual (D’Hont, que determina la cantidad de diputados de forma proporcional con la población), por un mecanismo de circunscripciones uninominales, que divide el país en 254 circunscripciones y elige un diputado por cada una.
Jubilaciones
El artículo 106 del proyecto suspende la “aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias modificatorias” y faculta al Poder Ejecutivo para “establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”.
Con esto, el gobierno elimina la movilidad jubilatoria y establece una fórmula nueva que queda librada al criterio del Poder Ejecutivo.
Según el artículo 106 de la ley enviada por Milei, “hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”.
Ley Micaela
El paquete modifica también la Ley Micaela, que establecía la capacitación obligatoria en materia de género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado.
Según el proyecto, la normativa pasaría a brindar capacitaciones solo acerca de “violencia familiar y contra la mujer”, dejando de lado cualquier atisbo de tratar temáticas vinculadas a la diversidad.
Política
Pastori y el nuevo bloque: “La Renovación caducó y lo otro duró dos meses”
El diputado provincial Luis Pastori, que hasta esta semana formaba parte del bloque de Encuentro Misionero y que ahora engrosa las filas de la bancada passalacquista en la Legislatura, afirmó que “la Renovación caducó” y que “lo otro -el espacio rebautizado por Carlos Rovira– duró una euforia de dos meses”.
Pastori reflexionó anoche sobre el reacomodamiento del oficialismo en la Cámara, entrevistado en el streaming HDP que conduce el periodista Eduardo Pérez, y explicó que el nuevo bloque de 17 legisladores alineados con el gobernador Hugo Passalacqua surgió “para interpretar las necesidades de la gente”.
“La política tiene la responsabilidad de interpretar la necesidad de la gente y transformarla en soluciones”, argumentó Pastori y señaló que “cuando la política pierde esa capacidad de interpretar lo que necesita la gente, la única obligación que tiene es cambiar de política”.
Dijo que “eso se vio con la victoria de Javier Milei en 2023” y es lo que “venimos viendo ahora en Misiones”: “Cuando un esquema político pierde la capacidad de interpretar, casi obligatoriamente nace otro espacio político”, sentenció.
-¿Cuál es el que “interpreta bien” ahora?, le preguntó el periodista.
“Claramente, creo yo que el espacio que está interpretando las necesidades de la gente es el que conduce el gobernador Hugo Passalacqua”, contestó el legislador.
“Hoy, la política misionera se transformó, ve otras cosas. Y aquel espacio político, que fue muy importante en la política misionera, perdió la capacidad de interpretar lo que la sociedad estaba demandando, y hay un nuevo espacio que está ocupando esa tarea”, resumió.
Pastori sostuvo que “la Renovación caducó de un día para el otro” y que Encuentro Misionero, el sello con el que Rovira reemplazó al Partido de la Concordia Social, “duró dos meses”; y que “en esa obligación de volver a generar una política buena, que interprete a la gente y de soluciones”, es que despuntó el Movimiento Por lo que Viene, que busca la reelección del gobernador Passalacqua en 2027.
Volver a los 17
El nuevo bloque, bautizado Por lo que viene, al que también se acopló Pastori, quedó integrado por Juan José Szychowski, que fue elegido para presidir el espacio; Arabela Soler, Rudi Bundziak, Roque Soboczinski, Hugo Benítez, Carmen Méndez Azón, Alicia Zalezak, Alejandro Arnhold, Blanca Núñez, Anazul Centeno, Enio Lemes, Carolina Butvilosky, Aryhatne Bahr, Juan Manuel Rodríguez; Rita Flores, que se pasó de la bancada de Por la Vida y los Valores, y el ex Activar Juan Ahumada.
Del otro lado, Encuentro Misionero retuvo a Rovira, Paula Franco, Sebastián Macías, presidente de la Cámara; Lilian Tartaglino, Horacio Martínez y Heidy Schierse.
Rovira
En el stream, Pastori se cuidó de mencionar a Rovira en su análisis político de la situación y la ruptura con un liderazgo que hasta hace poco era, o parecía, indiscutible.
“Hablar del Frente Renovador sin hablar de Rovira es imposible”, lanzó, por fin, después de varias requisitorias en el piso del stream. “Pero, caducó”, soltó, enseguida, y recargó: “No vio que esa forma de interpretar la política ya no generaba soluciones para la gente”.
“El Estado debe estar para ayudarle a las personas a tener lo que el libre mercado no le da: una casa, una educación buena, llegar a fin de mes; poder tener un trabajo que le dignifique; poder comprarse un remedio, tomarse vacaciones; poder comprarse un auto”, reflexionó Pastori y preguntó: “Si el Estado no está para asegurar estas cosas, ¿cuál es su razón de estar?”.
Política
Inviolabilidad Privada con media sanción: los tres misioneros votaron a favor
Con los votos de Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling, el gobierno nacional logró dar media sanción en el Senado al proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, luego de quitar el articulado sobre extranjerización de tierras y dar de baja las modificaciones a la Ley de Manejo de Fuego.
La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, y los senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y un legislador de Provincias Unidas.
El Gobierno ya había eliminado el capítulo 3 sobre extranjerización de la tierra y a última hora debió excluir los artículos sobre la Ley del Manejo del Fuego. Ese respaldo se obtuvo con los 21 votos de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la chubutense Edith Terenzi.
En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Avila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.
Sin embargo, el oficialismo fracasó en su propósito de cambiar para la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que había senadores dialoguistas que rechazaban esta propuesta.
Los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Terenzi, Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y dos representantes misioneros, rechazaron los cambios a la ley promovida por Máximo Kirchner.
La ley vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias. El Gobierno busca flexibilizar ese régimen al considerar que castiga a los propietarios de los inmuebles incendiados.
En el capítulo sobre desalojos el oficialismo junto a los aliados tuvo 36 votos ya que la chubutense Edith Terenzi decidió abstenerse.
Cómo quedan los desalojos
– Se aplicará el desalojo exprés en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios.
– El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.
– El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.
– Los propietarios podrán intimidar a los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos, pero le deberán otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.
– La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago.
– Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.
– El propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después.
– En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darles intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar.
Expropiaciones
– La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva.
– El Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida.
– Se estableció un tope 30% de indemnización por lucro cesante.
– La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días. No se realizará la transferencia sin el pago de la indemnización, aunque el Estado podrá pedir la posesión de ese bien.
– El juez podrá pedir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando hay diferencias sobre el valor que debe pagar el Estado.
Digitalización y regularización de escrituras
Se podrá presentar documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país, aunque en algunas jurisdicciones ya se permiten.
El proyecto modifica la ley “Pierri” de regularización dominial para que puedan acceder a la escritura de esa vivienda única para las familias que tengan una posesión pública durante los 10 años anteriores para poder acceder a ese beneficio.
Política
Marcha contra la Ley de Tierras en Posadas: “Basta de miseria y entrega”
Integrantes de organizaciones sociales, ambientales, educativas y políticas, se concentraron esta tarde en el Mástil de avenida Mitre de Posadas para marchar hacia la plaza 9 de Julio en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada impulsada por el gobierno nacional.
De esta manera, una columna de manifestantes que se extendió a lo largo de cuatro cuadras desplegó distintas banderas y carteles que expresaban: “Nuestra tierra es nuestra” y “La patria no se vende, no se incendia ni se desaloja”.
“El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, o Ley de Extranjerización de la Tierra, favorecería a una mayor concentración y extranjerización de la tierra, permitiendo una mayor participación de grandes grupos económicos en la compra de tierras productivas”, alertó uno de los manifestantes presentes.
Y añadió: “Misiones es capital de la biodiversidad, su territorio está sobre el Acuífero Guaraní y eso es estratégico considerando además su ubicación geográfica en la Triple Frontera. El 78% de los lagos quedaría sin protección ante la compra de tierras ribereñas, al igual que el 65% de los ríos y el 41% de las nacientes de agua quedarían desregularizadas”.

Marcha contra la Ley de Tierras en Posadas
Durante la lectura de un documento colectivo, los presentes hicieron referencia a los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, que da cuenta de que el país reúne un total de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, el equivalente a cuatro veces la superficie de Corrientes y Misiones, siendo esta última la que reúne la mayor proporción de tierras extranjerizadas.
“En la actualidad, en Misiones existen departamentos como Iguazú que representa el 40% de la superficie extranjerizada. Considerando que un 27% corresponde a áreas protegidas, el territorio disponible para el asentamiento y el desarrollo de las comunidades locales es limitado. Esta situación se ve agravada por tratarse de una región estratégica debido a la riqueza de sus recursos naturales y su ubicación fronteriza”, precisaron.
El listado lo completan los departamentos de Montecarlo (18%), General San Martín (17%), Eldorado (16%) y con el mismo porcentaje Concepción de la Sierra y San Javier. “Todos por encima del 15% establecido por la Ley 26.737”, advirtieron.
En tanto, a nivel municipal, las localidades con mayor concentración de tierras extranjeras son: Puerto Iguazú, Puerto Libertad, Puerto Esperanza, Comandante Andresito, San Antonio, Eldorado, Puerto Piray, Montecarlo, El Alcázar, Puerto Rico. “Estos municipios conforman un corredor estratégico de fuerte presencia de capitales extranjeros en el norte de nuestra provincia”, lamentaron.

Alrededor de 400 personas marcharon en la capital provincial
Al igual que en otros puntos de la provincia y del país, la movilización se realizó durante la sesión en la que se debatió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado de la Nación.
Sin la parte de extranjerización del territorio, el paquete del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, modifica el Código Procesal Civil y Comercial, habilitando los “desalojos exprés” de propiedades ocupadas mediante procesos judiciales sumarísimos que no necesitan de sentencia firme, entre otros temas.
Para finalizar, los manifestantes pidieron a los legisladores “respetar la voz del pueblo”, y añadieron: “No sean cómplices del saqueo del país, basta de miseria y entrega, voten en contra de este proyecto de ley. La tierra y la soberanía son el futuro de nuestro pueblo y por eso se deben defender”.
En el Senado el debate continúa sobre el proyecto general, mientras que a las afueras una multitudinaria movilización pregona el rechazo en medio de incidentes.
Arce, Rojas Decut y Goerling evitaron que proyecto de Milei vuelva a comisión
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