En medio de la polémica por las auditorías tercerizadas de la Andis, el presidente de La Libertad Avanza (LLA) Misiones y diputado provincial electo, Adrián Nuñez, afirmó que en la provincia “se han utilizado las pensiones por discapacidad como una herramienta política”.

“El uso político de estas pensiones no contributivas es evidente”, apuntó Nuñez y cargó: “De eso es lo que verdaderamente se trata este tema”.

En diálogo con La Voz de Misiones, el legislador electo opinó que “es un disparate que Misiones tenga 75.400 pensiones por discapacidad”. “En 25 de Mayo, tenés 3.600 pensiones; en Aurora, 1.600; una locura”, agregó.

“Son números que no se corresponden con la realidad”, afirmó Nuñez y estimó que la “cifra real” de discapacitados con derecho a una pensión no contributiva, es “un 20% del total declarado en la provincia”.

“El tema de las pensiones, no solo está el hecho de que se han otorgado como herramienta política, porque las daban los intendentes, sino que alrededor se armaron centros de atención de discapacitados, que cobraban cápitas por la atención a discapacitados que no lo eran”, señaló.

“Las otorgaban directamente los municipios, en las intendencias, con certificados de dudosa procedencia”, remarcó.

El Caos

Nuñez reconoció que las auditorías tercerizadas de la Andis, que eclosionaron el martes en 25 de Mayo con desvanecidos, episodios de violencia y auditores detenidos por la policía, fueron “un caos, un desastre”, y lo atribuyó a “gente que no conoce la provincia, ni nuestra idiosincrasia”.

“Estas auditorías las venimos haciendo desde abril en Misiones”, contó Nuñez. “Las hicimos en Posadas, Eldorado, Oberá, Iguazú, General Belgrano, y no hubo inconvenientes”, agregó.

El legislador electo de LLA explicó que, en aquellos operativos, la Andis “se respaldó en el Pami, para que, a través de sus prestadores, clínicas y médicos de cabecera, se llevaran adelante las auditorías”.

Nuñez contó que, terminada esa primera etapa, se propuso a la previsional que “en aquellas localidades pequeñas, donde no había Pami local, se organizara el trabajo con los médicos de cabecera”, pero “Nación decidió que en todos los lugares donde los prestadores estén a más de 50 km, tercerizar estas auditorías en todo el país”.

“Fue en ese contexto que esta gente vino a hacer en San Ignacio, San Pedro, 25 de mayo, y otros lugares de la provincia”, explicó.

“Fue un desastre y me comuniqué con la coordinación ejecutiva de Pami, y le pedí que suspendan porque había sido un caos y estaba perjudicando el trabajo”, afirmó Nuñez.

El legislador provincial electo sostuvo que fue por esto que se abortó la jornada prevista para el miércoles en Bernardo de Irigoyen, y adelantó que los operativos se retomarán “la semana que viene a través del Pami Misiones”, que gestiona la también diputada electa de su espacio, Samantha Stekler.

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Con el voto de los tres senadores de Misiones, los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y el macrista Martín Goerling, del PRO Misiones, el Senado de la Nación rechazó esta tarde el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, que había sido sancionada por el Congreso en julio pasado.

La insistencia de la ley obtuvo 63 votos, 16 más que la mayoría requerida de dos tercios, y registró 7 votos en contra, y su aprobación provocó festejo entre los familiares de discapacitados que seguían la sesión frente al palacio legislativo.

La emergencia en discapacidad había sido sancionada por el Senado el 10 de julio, con 55 votos a favor, que incluyó a Arce y Rojas Decut, y 17 parlamentarios ausentes, entre los que se anotó el macrista Goerling.

Hace dos semanas, el 20 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó el primero de los dos rechazos requeridos para hacer caer el veto presidencial, con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones.

En la ocasión, los diputados de la Renovación Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, sumaron a los dos tercios necesarios para el rechazo del veto.

En tanto, el radical peluca Martín Arjol, de La Liga del Interior, y el macrista Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones, votaron a favor del veto de Milei; mientras que la puertista Florencia Klipauka, que revista en el bloque de La Libertad Avanza, estuvo ausente.

En verde los senadores que votaron contra el veto de Milei.

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El Consejo General de Educación (CGE) de la provincia reubicó a la maestra y concejal del Falcon verde de Montecarlo, Patricia Buckmayer, en el área de Supervisión Escolar a partir del lunes 1 de septiembre pasado.

Según averiguó La Voz de Misiones, la Dirección de Enseñanza Primaria del CGE rectificó la Disposición 280/25, que reubicaba a la edil electa de La Libertad Avanza (LLA) en la Escuela N° 156 El Guatambú, de Montecarlo, y emitió la Disposición 305/25 que retira a Buckmayer de las aulas y le asigna una función administrativa.

La decisión inicial de reubicar a Buckmayer en Guatambú provocó la reacción de la comunidad educativa local, que rechazó a la docente sumariada por el CGE y denunciada penalmente por apología del delito de lesa humanidad, al postear en su cuenta de Facebook la imagen de un Falcon verde de la dictadura con “el baúl mejorado para acarrear zurditos llorando”.

La publicación le valió a la docente, electa concejal del distrito por LLA Misiones el 8 de junio pasado, el repudio de todo el arco político de la provincia y el rechazo del Concejo Deliberante local, donde prestará juramento el 10 de diciembre próximo.

Hasta el momento del posteo, Buckmayer se desempeñaba como maestra de grado y vicedirectora de la Escuela 661 de Montecarlo.

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