La concejal electa por La Libertad Avanza (LLA) en Montecarlo, la docente Patricia Buckmayer, fue objeto de repudio en las últimas horas por compartir en sus redes sociales una publicación sobre un ficticio nuevo Ford Falcon verde generado con IA y añadir: “Con un baúl mejorado apto para acarrear zurditos llorando”.

El posteo realizado en el Facebook personal de la recientemente electa legisladora municipal fue visibilizado por el titular del Instituto de Macroeconomía Circular (Imac), Roque Gervasoni, que utilizó la misma red social para cuestionar a Buckmayer, que más tarde respondió las críticas.

“Creo, pienso, opino que como mínimo no debería acceder a su banca o si lo hiciera pedir la expulsión del honorable cuerpo, sabemos que algunos municipios tienen una fuerte impronta NEONAZI, es a las claras como piensa esta señora”, arremetió Gervasoni, conocido por su militancia renovadora pero también por su activismo digital.

“Las semillas del odio se siembran día a día, está señora está en un lugar privilegiado para hacerlo, amigo Chun Barreto, ojalá truene el escarmiento para los odiadores seriales que enferman a nuestra sociedad y peor aún a nuestros niños”, agregó líneas más abajo, haciendo mención al intendente de Montecarlo.

El posteo que generó el repudio.

Las críticas fueron acompañadas con una captura de pantalla del posteo de Buckmayer, que en las últimas elecciones fue electa concejal por el sublema La Libertad en tu Ciudad de LLA Misiones.

La flamante edil es profesora de educación primaria, vicedirectora de la Escuela 661, y en sus redes se muestra como una acérrima defensora de “las ideas de la libertad”, militante de la motosierra y seguidora del presidente Javier Milei, con múltiples reposteos a diario de cuentas contrarias al kirchnerismo, a la renovación y a “al zurdaje”.

Entre esas publicaciones, Buckmayer aprovechó una noticia que daba cuenta de un nuevo y ficticio Ford Falcon verde generado con IA para ironizar con un comentario político: “Con un baúl mejorado para acarrear zurditos llorando”.

Tras ser señalada por dicho posteo, la docente no se quedó atrás y respondió las críticas.

Sensibilidad

“Iatata que se picó la cosa che. ¿Odiadora serial ahora? ¿En serio?”, se preguntó al comenzar su descargo publicado el domingo a la noche. 

Y continuó: “A ver, el Kirchnerismo y el Rovirismo incitó al odio durante más de 30 años mintiendo y robándonos en nuestra cara. Llevándose la gran vida con la tuya y la de tus seres queridos q laburan día a día para prosperar un poquito y en el peor de los casos llegar a fin de mes y a mí me acusan de odiadora serial?”.

“¿A cuántos silenciaron los zurdos para no destapar la olla podrida? A ver, díganme, a cuántos?”, volvió a preguntarse.

También cuestionó “la hipocresía” en Montecarlo y se describió como “una mina que se plantó con ovarios xq se hartó de quejarse sin hacer nada”.

“¿Tanta sensibilidad por un Falcon Verde? Déjense de joder y empiecen a aportar al CAMBIO CULTURAL PARA EL FUTURO DE SUS HIJOS. En serio, hay q arremangarse y ponerle ganas sino vamos a seguir en la misma xq tenemos lo q nos merecemos!!!”, añadió.

Como cierre, señaló: “Y yo no estoy manchada con sangre cm los zurdos asesinos que los hipócritas defienden en la época de facto, hoy llamados “Los Camporistas”. Y ojo, el q encubre un pecado es tan pecador cm el asesino. Antes de defender al zurdaje lean “la otra historia argentina”.

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Un grupo de afiliados del PJ Misiones y dirigentes de la agrupación Afirmación Peronista, acusaron a los interventores del partido en la provincia, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, de no ser neutrales y favorecer a los sectores internos afines a La Cámpora.

“Si uno es interventor, no tiene que jugar para ninguno de los dos lados”, opinó Myriam Acosta, presidenta de la Asociación Civil de Afirmación Peronista y dirigente del sector.

Las declaraciones de Acosta se anotan en el conflicto que su grupo arrastra desde junio pasado, por la propiedad del local político ubicado en la esquina de la Avenida Uruguay y Félix Aguirre, ocupado por afiliados que responden al dirigente y tesorero de la Asociación, José Daniel Arrúa, que desmarcaron al espacio del denominado “peronismo renovador” y se alinearon con los interventores bonaerenses del PJ Misiones.

“Nosotros pedimos una audiencia con la gente de la intervención, pero nunca nos atendieron”, comentó Acosta y aseguró: “En ningún momento nos explicaron los motivos por los que los señores interventores no podían atendernos”.

“En ningún momento, estos interventores que conocemos solo por fotos, se interiorizaron por lo que está sucediendo en la línea interna del PJ que es Afirmación Peronista”, denunció.

Acosta señaló que, por el contrario, “los interventores se reúnen y trabajan con el señor Arrúa, que no tiene ninguna representatividad y nadie lo eligió para conducir el espacio”.

Divididos por Arrúa

Acosta y el revisor de cuentas de la Asociación, Miguel Ángel Pereira, que se reivindica como “afiliado histórico del PJ Misiones, confirmaron a LVM que “hoy, nuestra agrupación está dividida en dos” y culparon a su tesorero Arrúa.

“El problema empezó después de las elecciones del 8 de junio”, relató la dirigente peronista y contó: “Nosotros trabajamos con los compañeros de la Renovación para la candidatura de María Eva Jiménez, y cuando quisimos volver a nuestro local nos encontramos que rompieron los accesos, nos rompieron la oficina y nos sacaron nuestras cosas a la calle”.

Acosta rememoró que la Asociación que preside se fundó en 1992 y que el local, usurpado supuestamente por Arrúa, fue comprado por la entidad homónima en 1993.

“Ahora, no podemos entrar en nuestro local, porque este señor no nos permite entrar a nosotros, los auténticos dirigentes de Afirmación Peronista”, señaló y mostró un acta de la Asociación donde figura la propiedad del inmueble.

“Nosotros tenemos toda la documentación, las actas, los balances, donde figura que el local le corresponde a la Asociación”, aseguró.

“Todo esto ya está en la justicia, y ya tenemos una audiencia fijada con el juez Montes, donde vamos a mostrar toda la documentación para recuperar el patrimonio de nuestra Asociación”, adelantó.

Acosta distinguió a la agrupación política que ostenta el mismo nombre que la entidad que preside y aclaró: “No son lo mismo, son dos cosas distintas”.

“Una es la Asociación y otra la línea interna Afirmación Peronista”, separó y explicó que, mientras la entidad que preside tiene su comisión directiva con mandato vigente, el espacio político homónimo, cuya conducción hoy parece haber asumido Arrúa, “se encuentra acéfalo”.

“Yo llamo la atención de los interventores, que no tienen que jugar para ningún lado, ni darle el apoyo a este señor Arrúa, que dividió a los compañeros”, alertó Acosta y adelantó que su grupo va a “seguir trabajando con la Renovación y la candidatura del compañero Oscar Herrera Ahuad.

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El subsecretario de Reformas Estructurales, del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Alejandro Cacace, advirtió que cualquier iniciativa provincial dirigida a fijar precios de la hoja de yerba “es inconstitucional” y, por lo tanto, “ilegal”.

En una entrevista telefónica con La Voz de Misiones, el funcionario de la cartera que conduce Federico Sturzenneger, señalo que las iniciativas para crear un Instituto Provincial de la Yerba Mate que reemplace al Inym en las atribuciones que le fueron retiradas por el gobierno de Javier Milei, incurrirían en la ilegalidad si el objetivo es la fijación de precios.

“La regulación de precios por la provincia es ilegal”, alertó Cacace y continuó: “No se pueden establecer normas de fijación de precios, los mercados deben operar de manera integrada, en libre competencia”.

El subsecretario de Sturzenneger argumentó que “las normas locales sobre regulación de precios son esencialmente inconstitucionales, van en contra del libre mercado proclamado en el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

Barato y más

Cacace defendió el DNU 70/2023, que le quitó al Inym la potestad de arbitrar en el precio de la hoja verde y puso a los productores misioneros en pie de guerra, y también la decisión del gobierno de eliminar las restricciones para la siembra de yerba en las zonas productoras.

“¿Por qué alguien considera que es mejor tener a la yerba como un mercado regulado?”, preguntó el funcionario y razonó: “Hay medidas que se tomaron con el DNU 70, para eliminar la fijación de precios mínimos en la materia prima, y eso resultó en la caída del precio de la yerba”.

“El precio de la yerba es un indicador en lo relativo al IPC de alimentos, y la caída de un 30% es algo que, obviamente, favorece a toda la economía”, argumentó y añadió: “Esto significó una mejora para los consumidores”.

Cacace reconoció que “hay una transferencia de renta de los productores a los consumidores”, pero aseguró que esto “es favorable porque el mercado se termina regulando por la ley de oferta y la demanda; por lo que uno quiere consumir y no porque se esté artificialmente cobrando por algo más de lo que vale”.

“Hubo una mejora para los consumidores, con un leve repunte del consumo; hubo también aumento en la producción, porque se ha eliminado la limitación de la superficie sembrada, lo que era realmente una locura, algo ilógico”, afirmó.

Mentes amplias

“Todo esto nos permite pensar en un gran potencial para adelante”, agregó Cacace y llamó “ampliar nuestra mentalidad”.

“La yerba es un producto extraordinario, lo consumen casi la totalidad de las familias argentinas”, ponderó y vislumbró: “Si en la Argentina más del 95% de las familias consumen yerba, imagínate que a nivel global hubiera un 10% de consumidores; sería un boom, no nos alcanzaría con toda la yerba del país para satisfacer esa demanda”.

“Hay que cambiar de mentalidad y, en vez de estar tratando de fijar precios y prohibir la siembra, tenemos que permitirles a los consumidores que consuman todo lo que quieran y puedan pagar”, lanzó.

“Todos queremos ganar más”, opinó Cacace sobre el reclamo de los productores misioneros por lo bajo del precio de la materia prima, y aclaró: “Yo no defendería que algo sea artificialmente más caro para los consumidores”.

El funcionario afirmó que el hecho de que el precio del kilo de yerba en góndola haya bajado, debe ser “un motivo de celebración y no de enojo”, y que “no se puede pretender que venga el Estado y sostenga artificialmente un precio, porque eso es injusto”.

“Los productores tienen que buscar producir más y vender más; ganar plata no porque el producto sea artificialmente caro, sino porque logró expandir los mercados y venderle a más gente”, argumentó.

Ajuste extraordinario

El subsecretario de Sturzenegger le bajó el tono a la disputa de los gobernadores con el gobierno por más fondos y recordó que los mandatarios provinciales, entre los que se encuentra el misionero Hugo Passalacqua, firmaron el denominado Pacto de Mayo con Milei y están obligados a pasar la motosierra en sus provincias.

“Los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, que en uno de sus puntos dice que tienen que hacer reformas en sus provincias para llevar al Estado a 25 puntos del PBI”, argumentó Cacace y precisó: “La Nación ajustó en cinco puntos y eliminó su déficit fiscal, y ahora es necesario que las provincias recorten y disminuyan”.

“Nosotros aspiramos a que el recorte y la desregulación que estamos haciendo sean una inspiración para las provincias y sirva de modelo”, apunto.

“Cada gobernador tiene que revisar su presupuesto y la estructura estatal, pero está muy claro que en todos lados hay gastos superfluos, funciones que están duplicadas, estructuras superpuestas”, afirmó.

“Tienen que hacer su parte, es un compromiso que han asumido”, señaló y aseguró que, por el peso que tiene la coparticipación en los presupuestos provinciales, “aún no haciendo un enorme recorte, se podría lograr eliminar impuestos provinciales”.

“Hay muchas provincias donde el peso de la coparticipación representa más del 70% o 90%, como el caso de Formosa, que obligarían a un recorte menor, incluso del que hizo Nación, del 12% y 15%, que ya sería suficiente para prescindir de los impuestos provinciales”, explicó.

“Fijate lo que sería eliminar ingresos brutos, sellos, todos los impuestos distorsivos”, propuso Cacace y concluyó: “Sería extraordinario”.

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