Política
Efecto DNU: proponen creación de centro de acopio provincial de yerba mate
Los diputados provinciales del Partido Agrario y Social (PAyS), Cristian Castro y Blanca Alves, presentaron este viernes en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley de creación del Centro Misionero de Acopio, Comercialización y Promoción de la Yerba Mate (Cemacop), que tendrá las facultades retiradas al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) por el DNU del presidente Javier Milei, y podrá fijar el precio de la hoja verde y de la yerba canchada en la tierra colorada.
La iniciativa, de 14 artículos, propone además el establecimiento de una “tasa por servicio yerbatero” para las operaciones comerciales hechas a través del Cemacop, secaderos y molinos ubicados en territorio misionero.
El artículo 3 establece que el directorio del Cemacop se integrará con un representante de los productores primarios, un representante de los secaderos, un representante de los tareferos, otro de las cooperativas yerbateras y uno del Gobierno de la provincia, que presidirá y desempatará en las votaciones por la fijación del precio de la materia prima.
El artículo 4 prohíbe al centro de acopio adquirir yerba a precio menor al oficial y lo faculta para adquirir yerba canchada de los pequeños secaderos y cooperativas de la provincia.
El artículo 5, dispone que la materia prima acopiada por el Cemacop se depositará en los galpones de la extinta Comisión Nacional de Regulación de la Yerba Mate (Crym), ubicados en la localidad de Santa Ana, que fueron transferidos a la provincia por la ley 24945/98.
El artículo 8 enumera las atribuciones del Cemacop, entre las que figuran la fijación del precio de la yerba mate en el territorio provincial, comercialización de la yerba mate en canchada, molida y otras formas; fomento de la actividad yerbatera y mejoramiento de la calidad de la yerba mate mediante programas específicos; firma de acuerdos comerciales con empresas del sector y organismos públicos; financiamiento para la implementación de tecnología y avances que permitan a los pequeños productores incrementar el rendimiento de sus cultivos; y regulación de plantaciones para evitar la sobreoferta.
Según explicó Castro a La Voz de Misiones, el proyecto se basa en una iniciativa de 2017 impulsada por el líder del PAyS, Héctor Cacho Bárbaro, por entonces diputado provincial, que fue enriquecida por el equipo partidario, en que se encuentra el mismo Bárbaro y el dirigente Isaac Lenguaza, entre otros.
El proyecto de los diputados del PAyS se suma a la propuesta formulada por el diputado provincial y conductor de la Renvoación, Carlos Rovira, ni bien se conoció la desregulación yerbatera del DNU de Milei, para la creación de un Instituto Misionero de la Yerba Mate (Imym), que asuma las facultades retiradas al desregulado Inym.
Fundamentos
Entre los fundamentos del proyecto, Castro y Alves, argumentan con el impacto en la cadena yerbatera del mega DNU presidencial del 20 de diciembre pasado y comparan el escenario con lo ocurrido en años ’90, cuando se eliminó la Crym y la situación se volvió insostenible al punto que
“Es una respuesta a la desregulación del mercado yerbatero instaurada por el actual gobierno nacional, que mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) le sacó al Instituto Nacional de la Yerba Mate la potestad de fijar el precio de la materia prima, dejando a los productores a expensas de las reglas de un mercado oligopólico que en otras épocas ‘esclavizó’ a plantadores y tareferos, por graficar con una figura retrógrada la terrible situación que les tocó afrontar y que amenaza con volver”, señala el escrito.
“Tal como advierten referentes del sector al reclamar que el poder político vuelva atrás con la desregulación, si persiste la vigencia del DNU ‘el productor yerbatero no va a poder levantar la cosecha porque no va a tener plata para pagar a los obreros. Va a cobrar su yerba con vales de comestibles o con cheques a 360 como nos daba un industrial. Y luego viene la migración hacia los cordones periféricos de las grandes ciudades’”, alerta.
“El escenario que describen no es más ni menos que el mismo que vivimos en la década del ‘90 tras la disolución de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate y el Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada”, compara.
Recuerda, en tal sentido, que el Inym “comenzó a gestarse en el año 2001, justo en medio de la profunda crisis que afectó a toda la sociedad argentina y que hirió de muerte al sector primario de la yerba mate por la desregulación”.
“Se sabe que en la determinación del precio de la materia prima, el mayor peso de los costos de producción recae siempre en el sector primario, pero el poder de negociación y el grado de concentración del sector industrial terminan por aplastar cualquier posibilidad de que los productores reciban un precio justo”, argumenta.
“Paralelamente, el sector de comercialización se asegura ganancias extraordinarias con la venta al público, que paga precios finales totalmente desproporcionados, ya que mientras
un kilo de hoja verde se paga al productor $169 y un kilo de yerba canchada $643, en las góndolas de los supermercados el kilo de yerba envasada supera los $ 5000”, agrega.
Asegura que “en el caso de la yerba mate, la supuesta autorregulación del mercado y el aclamado virtuosismo de las relaciones comerciales entre el sector primario y la industria que pregona el modelo de ultraderecha que gobierna el país, sumado a la desregulación, directamente implican la muerte de los pequeños productores y la concentración de la tierra en pocas manos”.
“Este proyecto de Ley es, entonces, un intento de defensa de la industria madre de la provincia de Misiones y una reafirmación de la autonomía provincial, pero sobre todo, una alternativa que nos permitiría plantarnos en resguardo del trabajo de tantas familias para decirles a los poderosos que esta vez, no pasarán”, afirma.
“Es también un ejercicio de la Carta Magna provincial que pone en cabeza del Estado, la responsabilidad de hacerse cargo de las actividades en las que la iniciativa privada sea insuficiente, monopolista o privilegiada (Art 61 de la Constitución provincial), y que además manda al Estado a promover y fomentar ‘por ley u otras medidas la radicación de industrias de elaboración de materias primas en las zonas de producción (art. 65)”, argumenta.
En otro tramo, el escrito ingresado hoy a la Legislatura provincia, aporta datos duros para ilustrar lo que denomina “atomización” del sector yerbatero.
“En nuestra provincia se planta el 90 % de la yerba mate que se produce en el país. Sin embargo, solo el 51% de la producción se industrializa en Misiones, mientras que los restantes 29% y 20% se elaboran en Corrientes y fuera de la zona productora”, precisa.
“Según las mismas estadísticas, el 70% de los más de 17 mil productores de yerba mate en Misiones, (unos 13.000) planta en yerbales de menos de 10 hectáreas y con rendimientos promedio de 4.000 kilos por hectárea, o incluso menos”, añade y afirma: “Esta atomización de una de las principales actividades productivas de Misiones -que sigue manteniendo las características de minifundio- representa no solo una realidad económica que casi no se repite en otros lugares del país, sino también un valioso estilo de vida de las familias de “colonos” que se desarrollan en el ámbito rural y subsisten con sus pequeñas unidades de producción, sus valores, sus costumbres y tradiciones”.
“En la otra punta del proceso, las nueve industrias más grandes muelen, envasan y comercializan el 75% de la producción, porcentaje que sube al 90% si se contabilizan las 17 empresas mayores”, analiza y señala que la creación del Cemacop “implica hacer realidad el Mercado Consignatario que no quiso ni pudo poner en marcha el Inym, con la diferencia de que será un mercado exclusivamente misionero que comprará, estoqueará y revenderá materia prima solamente misionera y en principio, de los pequeños productores de hasta 10 hectáreas”.
LEY- Centro Acopio Yerbatero
Política
Goerling no aceptó el aumento de la dieta: “Lo voy donar al Hospital de Niños”
El senador por el PRO, Martín Goerling, no aceptó el reciente aumento del 9,4% de la dieta de los parlamentarios, elevando el salario de los funcionarios a más de $11 millones.
“Como todos los años, no acepté el aumento”, confirmó Goerling en comunicación con La Voz de Misiones.
Así como sus pares Arce y Rojas Decut del Frente Renovador renunciaron al aumento, el jefe del Bloque del Pro, se adhirió al acuerdo que el Senado realizó este año.
Según explicó, dicho acuerdo tiene como finalidad donar el incremento de la dieta de aquellos senadores que se adhieran. “Este año corresponde que se designe al Hospital de Niños”, precisó.
“La Presidencia del Senado manda un formulario para hacer efectiva la donación”, añadió Goerling.
El legislador indicó que el listado de los funcionarios que aceptaron la donación a través del formulario, se dará a conocer en la página oficial del Senado.
“Desde que asumí lo hice, el primer año lo doné, el segundo renuncié y este aumento lo voy a donar”, señaló.
El aumento acordado fue del 12,5% acumulativo, producto de la paritaria entre las autoridades del Senado y los gremios legislativos, impacta directamente en las dietas de los senadores que esta sujeta al salario del personal por la Resolución 8/24, que fija la dieta en 2.500 módulos. A ese monto se suman gastos de representación (1.000 módulos) y desarraigo (500 módulos para legisladores del interior).
Desde junio de 2025 los senadores pueden renunciar de manera individual a estos incrementos, medida incorporada por la vicepresidenta Victoria Villarruel tras las polémicas por aumentos anteriores.
Política
Fernando Zarza: “Si Passalacqua quiere motosierra, que empiece por el Eprac”
El concejal de Posadas, Fernando Zarza, cargó contra las afirmaciones del martes en el HCD posadeño, de la titular del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), Soledad Balán, y lanzó: “La verdad que, si Passalacqua quisiera prender la motosierra, un lugar por el que puede empezar es el Eprac”.
“Ella fue a defender su postura y lo único que dijo es que la situación no es como sale en los medios, que el Eprac solo recibió 170 reclamos y que eso está dentro del rango normal”, comentó Zarza, en diálogo con La Voz de Misiones.
En tal sentido, acusó a Balán de estar “faltando a la verdad”, porque “cualquiera que vaya al Eprac, cualquier día de la semana, ve que entran más de 170 personas por día para reclamar algo”.
“Ella cree que el Eprac no tiene responsabilidad en los hechos acontecidos porque, supuestamente, son pocos los reclamos, pero la protesta de ayer frente a Samsa la desmiente por completo”, disparó.
El edil de Hacemos pidió a los usuarios “prestar atención” a los ítems que figuran en las boletas de la empresa y señaló: “Hay un descuento del 3% destinado al financiamiento del Eprac, que lo pagamos todos los usuarios con cada factura”.
“Si vos multiplicás el 3% de una factura de agua promedio por la cantidad de usuarios de Posadas, estamos hablando de $400 millones mensuales”, calculó Zarza y agregó: “Si a esto le sumamos lo que el Estado le asigna, tenemos una masa total de más de $500 millones para un ente que no cumple con su función”.
Decisión política
Zarza opinó que “la solución pasa por una decisión política del gobierno provincial”. “Habría que volver a revisar los contratos de locación, pero si no se hizo en 27 años, no creo que lo vayan a hacer ahora; la verdad que no veo por parte del Estado animosidad para solucionarle el problema tarifario a los vecinos”, afirmó.
“El poder político de Misiones es el que tiene que tomar el toro por las astas”, remarcó el edil y propuso, como “la mejor salida”, que “el Estado vuelva a hacerse cargo de la empresa y, en un plazo perentorio, entregarle de nuevo a una empresa privada”, garantizando “tarifas razonables y pagables por los ciudadanos”.
“Con la tremenda crisis que hay ahora, las boletas se vuelven imposibles de pagar”, dijo Zarza y se quejó: “Es una locura que haya montos de millones de pesos, una familia tipo ni aunque deje la canilla abierta las 24 horas va a consumir $2 millones de agua”.
Política
La sesión para tratar el caso Peyer en el Concejo de Caraguatay pasó al lunes
La sesión extraordinaria convocada por el Concejo Deliberante de Caraguatay para tratar la situación del intendente Mario Peyer, denunciado por abuso sexual, fue postergada para el lunes.
La postergación de la sesión que estaba prevista para este viernes a la tarde obedeció, en gran parte, a los plazos previstos y a las labores periciales realizadas por la Policía minutos antes del inicio de la reunión parlamentaria.
“Se pidió una sesión extraordinaria para tratar el reemplazo del intendente por su pedido de licencia, pero al concejo todavía no había llegado su pedido. ¿Cómo íbamos a convocar a sesión por algo que todavía no había ocurrido?. La nota llegó después. Nadie lo niega, ella -por Norma Gularte- va a asumir, como tiene que ser, pero hay que respetar los tiempos que la ley dice”, explicó el edil Gustavo Fleitas, presidente del Concejo.
De esta manera, los ediles presentes decidieron que la nueva fecha para tratar la situación del alcalde municipal sea el próximo lunes, a las 11 de la mañana.
Se prevé que en la sesión, convocada esta misma mañana por la concejal Norma Gularte, se trate el pedido de licencia en el cargo que el intendente.
En caso de aprobarse la licencia, se concederá la intendencia en forma interina a la concejal Gularte, que fue electa a través del Frente Renovador y en diciembre del año pasado se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
FOTO: EL TERRITORIO
Intendente denunciado por abuso se toma licencia y reclama su inocencia
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