Política
Efecto DNU: proponen creación de centro de acopio provincial de yerba mate
Los diputados provinciales del Partido Agrario y Social (PAyS), Cristian Castro y Blanca Alves, presentaron este viernes en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley de creación del Centro Misionero de Acopio, Comercialización y Promoción de la Yerba Mate (Cemacop), que tendrá las facultades retiradas al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) por el DNU del presidente Javier Milei, y podrá fijar el precio de la hoja verde y de la yerba canchada en la tierra colorada.
La iniciativa, de 14 artículos, propone además el establecimiento de una “tasa por servicio yerbatero” para las operaciones comerciales hechas a través del Cemacop, secaderos y molinos ubicados en territorio misionero.
El artículo 3 establece que el directorio del Cemacop se integrará con un representante de los productores primarios, un representante de los secaderos, un representante de los tareferos, otro de las cooperativas yerbateras y uno del Gobierno de la provincia, que presidirá y desempatará en las votaciones por la fijación del precio de la materia prima.
El artículo 4 prohíbe al centro de acopio adquirir yerba a precio menor al oficial y lo faculta para adquirir yerba canchada de los pequeños secaderos y cooperativas de la provincia.
El artículo 5, dispone que la materia prima acopiada por el Cemacop se depositará en los galpones de la extinta Comisión Nacional de Regulación de la Yerba Mate (Crym), ubicados en la localidad de Santa Ana, que fueron transferidos a la provincia por la ley 24945/98.
El artículo 8 enumera las atribuciones del Cemacop, entre las que figuran la fijación del precio de la yerba mate en el territorio provincial, comercialización de la yerba mate en canchada, molida y otras formas; fomento de la actividad yerbatera y mejoramiento de la calidad de la yerba mate mediante programas específicos; firma de acuerdos comerciales con empresas del sector y organismos públicos; financiamiento para la implementación de tecnología y avances que permitan a los pequeños productores incrementar el rendimiento de sus cultivos; y regulación de plantaciones para evitar la sobreoferta.
Según explicó Castro a La Voz de Misiones, el proyecto se basa en una iniciativa de 2017 impulsada por el líder del PAyS, Héctor Cacho Bárbaro, por entonces diputado provincial, que fue enriquecida por el equipo partidario, en que se encuentra el mismo Bárbaro y el dirigente Isaac Lenguaza, entre otros.
El proyecto de los diputados del PAyS se suma a la propuesta formulada por el diputado provincial y conductor de la Renvoación, Carlos Rovira, ni bien se conoció la desregulación yerbatera del DNU de Milei, para la creación de un Instituto Misionero de la Yerba Mate (Imym), que asuma las facultades retiradas al desregulado Inym.
Fundamentos
Entre los fundamentos del proyecto, Castro y Alves, argumentan con el impacto en la cadena yerbatera del mega DNU presidencial del 20 de diciembre pasado y comparan el escenario con lo ocurrido en años ’90, cuando se eliminó la Crym y la situación se volvió insostenible al punto que
“Es una respuesta a la desregulación del mercado yerbatero instaurada por el actual gobierno nacional, que mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) le sacó al Instituto Nacional de la Yerba Mate la potestad de fijar el precio de la materia prima, dejando a los productores a expensas de las reglas de un mercado oligopólico que en otras épocas ‘esclavizó’ a plantadores y tareferos, por graficar con una figura retrógrada la terrible situación que les tocó afrontar y que amenaza con volver”, señala el escrito.
“Tal como advierten referentes del sector al reclamar que el poder político vuelva atrás con la desregulación, si persiste la vigencia del DNU ‘el productor yerbatero no va a poder levantar la cosecha porque no va a tener plata para pagar a los obreros. Va a cobrar su yerba con vales de comestibles o con cheques a 360 como nos daba un industrial. Y luego viene la migración hacia los cordones periféricos de las grandes ciudades’”, alerta.
“El escenario que describen no es más ni menos que el mismo que vivimos en la década del ‘90 tras la disolución de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate y el Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada”, compara.
Recuerda, en tal sentido, que el Inym “comenzó a gestarse en el año 2001, justo en medio de la profunda crisis que afectó a toda la sociedad argentina y que hirió de muerte al sector primario de la yerba mate por la desregulación”.
“Se sabe que en la determinación del precio de la materia prima, el mayor peso de los costos de producción recae siempre en el sector primario, pero el poder de negociación y el grado de concentración del sector industrial terminan por aplastar cualquier posibilidad de que los productores reciban un precio justo”, argumenta.
“Paralelamente, el sector de comercialización se asegura ganancias extraordinarias con la venta al público, que paga precios finales totalmente desproporcionados, ya que mientras
un kilo de hoja verde se paga al productor $169 y un kilo de yerba canchada $643, en las góndolas de los supermercados el kilo de yerba envasada supera los $ 5000”, agrega.
Asegura que “en el caso de la yerba mate, la supuesta autorregulación del mercado y el aclamado virtuosismo de las relaciones comerciales entre el sector primario y la industria que pregona el modelo de ultraderecha que gobierna el país, sumado a la desregulación, directamente implican la muerte de los pequeños productores y la concentración de la tierra en pocas manos”.
“Este proyecto de Ley es, entonces, un intento de defensa de la industria madre de la provincia de Misiones y una reafirmación de la autonomía provincial, pero sobre todo, una alternativa que nos permitiría plantarnos en resguardo del trabajo de tantas familias para decirles a los poderosos que esta vez, no pasarán”, afirma.
“Es también un ejercicio de la Carta Magna provincial que pone en cabeza del Estado, la responsabilidad de hacerse cargo de las actividades en las que la iniciativa privada sea insuficiente, monopolista o privilegiada (Art 61 de la Constitución provincial), y que además manda al Estado a promover y fomentar ‘por ley u otras medidas la radicación de industrias de elaboración de materias primas en las zonas de producción (art. 65)”, argumenta.
En otro tramo, el escrito ingresado hoy a la Legislatura provincia, aporta datos duros para ilustrar lo que denomina “atomización” del sector yerbatero.
“En nuestra provincia se planta el 90 % de la yerba mate que se produce en el país. Sin embargo, solo el 51% de la producción se industrializa en Misiones, mientras que los restantes 29% y 20% se elaboran en Corrientes y fuera de la zona productora”, precisa.
“Según las mismas estadísticas, el 70% de los más de 17 mil productores de yerba mate en Misiones, (unos 13.000) planta en yerbales de menos de 10 hectáreas y con rendimientos promedio de 4.000 kilos por hectárea, o incluso menos”, añade y afirma: “Esta atomización de una de las principales actividades productivas de Misiones -que sigue manteniendo las características de minifundio- representa no solo una realidad económica que casi no se repite en otros lugares del país, sino también un valioso estilo de vida de las familias de “colonos” que se desarrollan en el ámbito rural y subsisten con sus pequeñas unidades de producción, sus valores, sus costumbres y tradiciones”.
“En la otra punta del proceso, las nueve industrias más grandes muelen, envasan y comercializan el 75% de la producción, porcentaje que sube al 90% si se contabilizan las 17 empresas mayores”, analiza y señala que la creación del Cemacop “implica hacer realidad el Mercado Consignatario que no quiso ni pudo poner en marcha el Inym, con la diferencia de que será un mercado exclusivamente misionero que comprará, estoqueará y revenderá materia prima solamente misionera y en principio, de los pequeños productores de hasta 10 hectáreas”.
LEY- Centro Acopio Yerbatero
El gobierno consiguió este viernes al mediodía en el Senado el dictamen de la Ley de Presupuesto 2026, que obtuvo media sanción el miércoles en Diputados, aunque no pudo volver a incluir el capítulo 11 que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, rechazado en la cámara baja en la votación en particular.
El despacho cosechó 11 firmas en la Comisión de Presupuesto del Senado, que preside el jujeño Ezequiel Atauche, y se espera que el proyecto baje al recinto el próximo viernes 26, donde se descuenta que el oficialismo intentará forzar la incorporación al texto del capítulo eliminado por la Cámara de Diputados.
Si bien, la espada del gobierno en el Senado, Patricia Bullrich, declaró a los periodistas que la esperaban a la salida del edificio que el Presupuesto “se votará tal cual vino de Diputados”, son varios los medios porteños que hablan de una ofensiva navideña de La Libertad Avanza (LLA) sobre los gobernadores para restituir al proyecto, por lo menos parcialmente, lo establecido en el capítulo eliminado, en especial la derogación de las leyes sobre discapacidad y universidades, que la Casa Rosada considera “deficitarias”.
La prensa porteña atribuye la “cautela” de Bullrich al hecho de que “muy pocos de los aliados del gobierno quieren volver a discutir los artículos perdidos” y porque, además, si se reabriera el texto se correría el riesgo de que la oposición pidiera otras modificaciones, como la eliminación del artículo 30, que elimina el piso del 6% obligatorio para inversión en Educación.
Sin embargo, horas antes, el ministro del Interior, Diego Santilli, adelantó que el gobierno iba a insistir con modificar el texto en el recinto. “Hay que corregirlo en el Senado”, afirmó y apunto, directamente, contra la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario: “La discusión está en dos leyes que tienen que ver con el exceso por arriba de la norma y que puede generarte el desequilibrio hacia adelante, entonces hay que corregirlo en el Senado”, explicó en declaraciones radiales.
Inocencia
Durante la reunión de la Comisión que preside Atauche, los senadores recibieron al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien expuso los principales lineamientos técnicos del proyecto y respondió las consultas de los parlamentarios.
Guberman señaló que la presentación del Presupuesto representa “un paso importante” y afirmó que el proyecto se apoya en tres ejes centrales: el acompañamiento social sin intermediación; la recuperación y modernización de las capacidades en defensa y seguridad; y un proceso de transformación del Estado orientado a acompañar el crecimiento del sector privado.
El secretario de Hacienda del gobierno de Javier Milei detalló, además, la distribución del gasto prevista para 2026: el 45% se destinará a previsión social, pensiones y jubilaciones; el 16 % a asistencia social; el 11% a salarios del sector público; y el 9 % al pago de intereses de la deuda, lo que concentra el 82% del Presupuesto. “El 18% restante corresponde, entre otros rubros, a subsidios al transporte y la energía y al gasto universitario”, explicó.
Un rato antes, junto a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se firmó el dictamen de la Ley de Inocencia fiscal, que también tuvo media sanción en Diputados el miércoles y se tratará el 26 próximo en el recinto. Después, el Senado cerrará hasta febrero, cuando retomará la discusión de la reforma laboral y la ley de glaciares.
Los siete diputados misioneros acompañaron la derogación de las leyes de emergencia por discapacidad y financiamiento universitario, al votar esta madrugada por el Capítulo 11, del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que contenía el artículo 75, que dejaba sin efecto ambas normativas, vetadas por Javier Milei, pero insistidas por el Congreso con mayoría calificada y, por lo tanto, vigentes.
El Capítulo 11 no pasó, sin embargo, el filtro legislativo y fue rechazado en la votación en particular, por 123 votos negativos, 117 positivos y 2 abstenciones. Entre los votos afirmativos, se anotaron Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, del Frente Renovador Neo; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.
Es cierto que el interbloque de Innovación Federal, que integran los Neo con tres diputados salteños y preside Arrúa, revalidó en el recinto la disidencia expresada en Comisión con respecto al artículo 75, un gesto que se diluyó, minutos después, en el momento de la votación.
La Renovación Neo había acompañado la sanción de ambas leyes en el Congreso. Desde el trabajo en las comisiones, el tratamiento en Diputados y el Senado; e, incluso, sumó a los dos tercios que tumbaron los vetos de Milei, que no tuvo más opción que promulgarlas, aunque nunca las aplicó.
En un comunicado, subido este jueves en sus redes sociales, el Frente Renovador Neo justificó el acompañamiento al proyecto de Presupuesto del gobierno y volvió a dejar constancia de la disidencia expresada por Innovación Federal en el recinto. ,
“Entendemos que un país necesita un presupuesto aprobado para garantizar previsibilidad, orden institucional y reglas claras en el uso de los recursos públicos”, reza el pronunciamiento y afirma: “Un Estado sin presupuesto es un Estado sin rumbo”.
“Al mismo tiempo, marcamos con claridad nuestros límites: las universidades públicas y las personas con discapacidad no pueden quedar sin respaldo ni financiamiento. Por eso, sostuvimos una disidencia responsable, que combine estabilidad institucional con la defensa de derechos sensibles”, señala en otro párrafo.
“Esa es nuestra manera de construir: responsabilidad para gobernar, compromiso para cuidar lo esencial”, finaliza.
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Recortes aprobados
Con la aprobación en general del Presupuesto 2026, los diputados nacionales de Misiones convalidaron un amplio paquete de recortes en educación y salud que, a diferencia del rechazado artículo 75, forman parte de la propuesta que pasó al Senado.
El Capítulo 2, aprobado por 130 votos afirmativos, 101 negativos y 13 abstenciones, es motosierra en estado puro: elimina el piso del 6% del PBI para educación, establecido en la Ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, creado por la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, para el sostenimiento de unas 1.500 escuelas técnicas de todo el país.
Se trata de un fondo destinado específicamente a mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas técnicas, capacitar docentes y actualizar currículas, adquirir insumos y maquinaria para talleres y laboratorios, y promover la articulación entre educación y demandas productivas regionales.
Fueron varios los diputados que advirtieron en el recinto que, sin este fondo, las escuelas técnicas corren riesgos para su funcionamiento, como obsolescencia de equipos, falta de insumos básicos y dificultades en mantenimiento.
Fuentes sindicales docentes, como Amet y Ctera, señalaron que, si bien, el proyecto de Presupuesto de Milei enuncia un aumento nominal del 8% real en educación general, la inversión educativa total equivale el 0,75% del PBI, el más bajo en décadas.
En lo referente a salud, la ley sancionada en Diputados, dispone recortes a los programas de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS), cuya atención en Misiones se concentra en el Hospital Baliña, de Posadas.
En materia de financiamiento, establece un recorte aproximado del 38% respecto a años previos, según análisis de la Fundación Huésped; reduce el número de personas atendidas con tratamientos antirretrovirales, de 79.000 en 2024 a 71.500 proyectadas para 2026; dispone menos tratamientos para tuberculosis y hepatitis C; elimina a cero la asignación para compras de PrEP (profilaxis preexposición) y PEP (postexposición), materiales educativos, preservativos, test rápidos y reactivos para diagnóstico.
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La senadora oficialista Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación General del Trabajo y Previsión Social del Senado, anunció este jueves que el debate en el recinto del proyecto de reforma laboral se trasladará al mes de febrero de 2026.
Durante el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda, Bullrich informó que se firmará el dictamen en las próximas horas o días, pero el tratamiento final en el piso de la Cámara alta se postergará para el próximo 10 de febrero.
El proyecto, enviado por el presidente libertario Javier Milei, modifica aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo, como el régimen de indemnizaciones, la ultraactividad de los convenios colectivos, el cálculo de horas extras y regulaciones sindicales.
El debate en comisiones comenzó ayer con la exposición del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y continuó este jueves con intervenciones de representantes sindicales, empresarios, abogados laboralistas y otros expositores.
En paralelo, la CGT realizó una movilización masiva a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto, que los gremios califican como regresivo para los derechos de los trabajadores.
Las movilizaciones se replicaron también en Posadas, donde sindicatos y organizaciones sociales marcharon desde El Mástil de la avenida Uruguay hasta la plaza 9 de Julio.
El oficialismo de La Libertad Avanza buscaba inicialmente sancionar la iniciativa antes del 30 de diciembre, fin del período de sesiones extraordinarias. Sin embargo, se decidió priorizar otros proyectos, como el Presupuesto 2026, y postergar el debate final de la reforma laboral.
La oposición peronista, en tanto, mantiene su rechazo al proyecto y presentó críticas durante las exposiciones en comisión.
Javier Milei envió el proyecto de reforma laboral al Congreso
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