El partido La Libertad Avanza (LLA) en Misiones confirmó que para las próximas elecciones previstas para el 8 de junio contará con una lista propia de representantes para competir a nivel provincial.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, recordaron: “Como veníamos anticipando, la libertad avanza en Misiones y hoy es una realidad que el 8 de junio habrá una lista de representantes exclusivamente de LLA para competir en las elecciones provinciales”.

Y agrega: “Para los 400.000 misioneros que en noviembre 2023 apoyaron a Javier Milei, queremos decirles que trabajamos durante todos estos meses para que hoy haya una alternativa que defienda a rajatabla las ideas de la libertad y cumplimos”.

Para finalizar, invitaron a la comunidad a sumarse a esta nueva alternativa: “Invitamos a todas las personas de bien que quieran trabajar para engrandecer a nuestro país, que se sumen para consolidar esta alternativa que batalla día a día contra la casta que, como bien sabemos, son los mismos de siempre que con tal de mantener sus privilegios recurren a cualquier herramienta, incluso la violencia, para parar lo que ya es imposible: un CAMBIO”.

El partido fue oficializado en Posadas en diciembre pasado mediante un acto que contó con la participación de la líder y armadora del partido a nivel nacional, Karina Milei, y Martín Menem.

Ambos se encargaron de terminar de dar forma a La Libertad Avanza en Misiones, siendo el abogado Adrián Núñez quien quedó al frente del partido que pregona las ideas de Javier Milei en la tierra colorada.

Afiliados de LLA Misiones piden la renuncia del presidente Adrián Nuñez

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Los interventores del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, informaron, en un comunicado emitido hace minutos, que tras una constatación por parte de un oficial de Justicia de la sede partidaria de la avenida López y Planes, el Juzgado Federal de Posadas concluyó que “la conducta” de la dirigente Myriam Comparín, que funge de titular del Consejo Provincial del partido, se encuadra en el delito de Desobediencia a la Autoridad, prescripto en el artículo 239 del Código Penal.

“El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas con Competencia Electoral dictó una resolución en la que ordenó la constatación por parte del Oficial de Justicia sobre el estado de ocupación del inmueble sito en Avenida López y Planes 2964 de la ciudad de Posadas (donde funciona la sede del Partido Justicialista)”, señala el comunicado firmado por los interventores designados por la titular del PJ Nacional, la ex presidenta Cristina Fernández (CFK).

Agrega que, al mismo tiempo, “corrió vista del expediente” al fiscal federal local, para que “se determine si la conducta” de Comparín configura un desacato de la intimación judicial para que este viernes entregue la sede y toda la documentación partidaria en su poder a los interventores Arrieta y Rodríguez.

“En este sentido, la Justicia ha confirmado el incumplimiento por parte de la ex presidenta del Consejo del Partido Justicialista de la Provincia de Misiones”, señala el pronunciamiento.

“Como es de público conocimiento, la Justicia había intimado a las autoridades salientes del Partido Justicialista de Misiones a hacer lugar a los requerimientos de los interventores designados por el Consejo Nacional Federal del PJ (entrega de las llaves de la sede partidaria, y documentación, nombres de usuarios con sus claves de email y redes sociales institucionales; y nómina de causas judiciales) en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de ordenarlo mediante uso de la Fuerza Pública”, recuerda.

“Ante la desobediencia manifiesta, la Justicia tomó esta determinación, fundamental en el avance del proceso de normalización institucional del Partido Justicialista de Misiones”, expresa.

“Seguiremos trabajando con responsabilidad y transparencia para garantizar que el partido funcione con apego a la legalidad y en un tiempo que esperamos cercano, sea un lugar abierto a todo el peronismo de Misiones”, finaliza el comunicado.

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Luego de la intimación de la Justicia Federal de Posadas, conocida ayer, para que quienes ostentan la conducción del PJ Misiones entreguen, este viernes, la sede partidaria y toda la documentación a los interventores designados por el Consejo Nacional del partido, bajo apercibimiento de usar la fuerza pública, la situación se dilató durante toda la jornada.

El hermetismo de los actores locales, Myriam Comparín, que funge de titular del Consejo Provincial, y el diputado nacional Alberto Arrúa, que ocupa la Secretaría General; y el hecho de que la sede de la avenida López y Planes permanece cerrada y con custodia policial, sugieren que la situación no se resolverá sin conflicto.

“El plazo judicial cae a la medianoche”, precisó esta tarde a La Voz de Misiones una fuente del entorno de los interventores designados por la titular del PJ Nacional, la ex presidenta Cristina Fernández (CFK), Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez.

Este último, en declaraciones periodísticas esta mañana, había marcado las 15:00 de hoy, como el horario en que iba producirse el traspaso de mando, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Federal de Posadas.

Sin embargo, a la hora señalada la actividad en torno a la sede partidaria era nula, aunque LVM pudo constatar movimientos en el interior del edificio, ocupado, aparentemente, por militantes que responden a la conducción local.

Afuera, una camioneta de la Policía de Misiones, con tres efectivos a bordo, permanecía vigilante en el estacionamiento del edificio.

“Es probable que ellos (el sector de Comparín y Arrúa) estiren el plazo lo más posible y terminen entregando el partido y la documentación requerida en la resolución judicial, un poco antes de que caiga el plazo”, especuló la fuente a LVM.

“De lo contrario, entrarán en desacato judicial y ahí deberá pedirse la intervención de la fuerza pública”, advirtió.

Entre las posibilidades, tampoco, se descarta que, a los fines de evitar el choque entre los militantes de ambas partes, los interventores Arrieta y Rodríguez dejen caer el plazo y tomen el mando del partido con ayuda de la fuerza federal que la justicia determine.

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