Provinciales
Productores autoconvocados: “Tendrán que liberar el glifosato para todos”
Tras la publicación del Decreto 1608 que establece la prórroga por cinco años del uso de glifosato, Sergio Delapierre, representante de Productores Autoconvocados Contra Delitos Rurales, aseguró que la medida se vincula a la comercialización del té, y reclamó que “El gobierno tendrá que liberar el uso del glifosato a todos los productores”, ya que, desde su punto de vista “No se va a poder controlar miles de chacras”.
En principio, entrevistado por La Voz de Misiones, el productor yerbatero celebró el reciente decreto: “Los productores y las asociaciones empresarias y de productores que estuvimos en estas gestiones, y en esta lucha, estamos contentos porque teníamos razón en que la aplicación del artículo 7, capítulo 2 de la Ley de Promoción de Bioinsumos era algo totalmente fuera del sentido común”.
El artículo 1 del reciente decreto habilita la utilización de glifosato a un sector productivo que deberá cumplir “exigencias de estándares específicos”, sobre lo que resaltó: “Los requisitos alcanzarán fundamentalmente a los tealeros porque los problemas que hubo con los contratos comerciales fue con ellos, los yerbateros no hemos tenido ningún problema y utilizamos el glifosato desde hace 40 años. Siria, Estados Unidos, Alemania, todos siguen comprando el producto y nunca dijeron que iban a dejar de comprarlo. Yo pienso que el problema era exclusivamente de los contratos del té con los comerciantes norteamericanos”.
En este sentido, profundizó: “El gobierno, de esta forma, reconoce que tiene que enfrentar un problema que es el de los tealeros, si los tealeros dejaban de tener la posibilidad de usar el glifosato y cambiaran el producto, hubieran empezado a tener problemas con los contratos comerciales a partir del año que viene. Pensamos que el gobierno actuó liberándose de un problema que se venía. Ahora, lo que nosotros creemos es que esto no termina acá. El gobierno va a tener que liberar el uso del glifosato a todos los productores, sino, esto es discriminatorio”.
“Un control irrisorio”
El decreto también establece que el Ministerio del Agro y la Producción, a cargo de Facundo López Sartori, limitará “la superficie de parcela en la que será utilizado el glifosato, sus componentes y afines” y fijará una cantidad anual del producto utilizado.
Sobre ese punto, Delapierre consideró: “Eso es algo administrativo, incumplible, no se va a poder controlar miles de chacras para ver cuánto aplica cada colono. Nosotros pensamos que no tienen que haber registros porque le complican la vida al productor, el productor tiene registros por todos lados, con el Inym, con la Afip, con Rentas, con Ecología. Ahora vamos a tener otro registro que nadie va a cumplir. Pretender controlar que 30 mil productores cada día utilicen un poquito menos de glifosato es utópico. ¿Cómo controlas que están poniendo menos herbicida en sus chacras?, ¿Cuántas veces por mes van a tener que visitar los inspectores todas las chacras? Para mí es una irracionalidad, tienen que liberar, el glifosato está permitido”.
Al recordar la transición cultural hacia una producción más amigable con el medio ambiente a la que pretende llegar el gobierno mediante el uso de bioinsumos, el productor refirió: “Nosotros pensamos que el día que haya un producto que reemplace el glifosato todos vamos a cambiar y vamos a utilizar algo que sea mejor, porque el productor es el mejor defensor de su tierra, de su suelo y de su ecosistema”.
Para finalizar, resaltó: “Nosotros vamos a seguir nuestra lucha liberando a toda la producción misionera para que quede en igualdad de condiciones con los correntinos, los paraguayos y brasileños y que puedan utilizar el herbicida que el Senasa ha aprobado y pedimo, del mismo modo, que la provincia de Misiones le solicite autorización al Senasa cuando va a sacar un producto a la venta”.
Extienden hasta 2030 el uso de glifosato para productores misioneros
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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