Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley con el que se reducirá un punto más el porcentaje de recursos de la coparticipación a la Ciudad, como le reclamaban los gobernadores.

El proyecto, que le agrega tensión a la relación de la Rosada con Horacio Rodríguez Larreta, remueve el 0,92% de la coparticipación que se destinaba a solventar los gastos del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad y dispone un mecanismo para financiar esos gastos.

En ese sentido, el expediente que entró por el Senado fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para las funciones de seguridad de la Ciudad. Ese 0,92% formaba parte del 3,5% que recibía la Ciudad por coparticipación hasta que la semana pasada el presidente redujo ese porcentaje a 2,32%.

Ahora, sin tener que transferir ese 0,92% automático para solventar a la Policía porteña, el Gobierno quiere entonces reducir la coparticipación a la Ciudad a un 1,4%, el porcentaje en el que estaba antes de que Mauricio Macri la aumentara por decreto en 2016 hasta 3,5%.

De este modo, ya son dos puntos los que se le quitan al Estado porteño, como pedían los gobernadores, con Jorge Capitanich a la cabeza. Si se aprueba esta ley, la Ciudad debería negociar con la Nación cada año el presupuesto de su seguridad.

El proyecto se presentó luego de que Larreta anticipara una presentación en la Corte Suprema para trabar la medida anunciada por el presidente. El Ejecutivo espera tener consenso para sancionar la ley, más que nada por la dificultad que tendrán los legisladores de Cambiemos del interior para oponerse a que sus provincias reciban más fondos.

La iniciativa, que lleva la firma del presidente; del ministro de Economía, Martín Guzmán; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior Eduardo De Pedro, y de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, comenzará a ser debatida en los próximos días por las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Presupuesto y Hacienda. Como titulares de ambos cuerpos asesores, los senadores del Frente de Todos María de los Angeles Sacnún y Carlos Caserio serán los encargados de conducir el debate.

En junio pasado, la ministra Frederic anunció la creación de una comisión de Actualización Institucional, Normativa y Doctrinaria de la Policía Federal para redefinir el funcionamiento estratégico de la fuerza luego del traspaso del personal a la Ciudad. En el artículo uno del texto enviado al Senado se establece aprobar el “Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA”, celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno porteño el 5 de enero de 2016.

El segundo artículo de la propuesta, según consta en su texto, fija el gasto anual que demanda durante el presente ejercicio la transferencia realizada a la Ciudad en 24.500 millones de pesos. “Dicho monto será actualizado en los ejercicios sucesivos de acuerdo a un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al año precedente”, añade la propuesta.

En el mismo artículo se sostiene que el Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos enunciados en el presente artículo. La propuesta especifica además que la suma establecida en el artículo dos se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral, explica, La Política Online.

“El Ministerio de Seguridad y el Gobierno porteño deberán informar al Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo dos, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”, agrega.

El artículo cuarto establece que el jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto para el ejercicio 2020 a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo 2° en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.

“A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad”, finaliza el texto enviado a la Cámara alta.

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