Política
Alberto quita otro punto de coparticipación a Capital para repartir entre las provincias
Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley con el que se reducirá un punto más el porcentaje de recursos de la coparticipación a la Ciudad, como le reclamaban los gobernadores.
El proyecto, que le agrega tensión a la relación de la Rosada con Horacio Rodríguez Larreta, remueve el 0,92% de la coparticipación que se destinaba a solventar los gastos del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad y dispone un mecanismo para financiar esos gastos.
En ese sentido, el expediente que entró por el Senado fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para las funciones de seguridad de la Ciudad. Ese 0,92% formaba parte del 3,5% que recibía la Ciudad por coparticipación hasta que la semana pasada el presidente redujo ese porcentaje a 2,32%.
Ahora, sin tener que transferir ese 0,92% automático para solventar a la Policía porteña, el Gobierno quiere entonces reducir la coparticipación a la Ciudad a un 1,4%, el porcentaje en el que estaba antes de que Mauricio Macri la aumentara por decreto en 2016 hasta 3,5%.
De este modo, ya son dos puntos los que se le quitan al Estado porteño, como pedían los gobernadores, con Jorge Capitanich a la cabeza. Si se aprueba esta ley, la Ciudad debería negociar con la Nación cada año el presupuesto de su seguridad.
El proyecto se presentó luego de que Larreta anticipara una presentación en la Corte Suprema para trabar la medida anunciada por el presidente. El Ejecutivo espera tener consenso para sancionar la ley, más que nada por la dificultad que tendrán los legisladores de Cambiemos del interior para oponerse a que sus provincias reciban más fondos.
La iniciativa, que lleva la firma del presidente; del ministro de Economía, Martín Guzmán; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior Eduardo De Pedro, y de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, comenzará a ser debatida en los próximos días por las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Presupuesto y Hacienda. Como titulares de ambos cuerpos asesores, los senadores del Frente de Todos María de los Angeles Sacnún y Carlos Caserio serán los encargados de conducir el debate.
En junio pasado, la ministra Frederic anunció la creación de una comisión de Actualización Institucional, Normativa y Doctrinaria de la Policía Federal para redefinir el funcionamiento estratégico de la fuerza luego del traspaso del personal a la Ciudad. En el artículo uno del texto enviado al Senado se establece aprobar el “Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA”, celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno porteño el 5 de enero de 2016.
El segundo artículo de la propuesta, según consta en su texto, fija el gasto anual que demanda durante el presente ejercicio la transferencia realizada a la Ciudad en 24.500 millones de pesos. “Dicho monto será actualizado en los ejercicios sucesivos de acuerdo a un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al año precedente”, añade la propuesta.
En el mismo artículo se sostiene que el Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos enunciados en el presente artículo. La propuesta especifica además que la suma establecida en el artículo dos se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral, explica, La Política Online.
“El Ministerio de Seguridad y el Gobierno porteño deberán informar al Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo dos, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”, agrega.
El artículo cuarto establece que el jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto para el ejercicio 2020 a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo 2° en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.
“A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad”, finaliza el texto enviado a la Cámara alta.
El Gobierno de la provincia dejó sin efecto la designación de Karina Mabel Acosta como Directora de Turismo Social del Ministerio de Turismo. La medida fue dispuesta mediante el Decreto N° 252, firmado en Posadas el 18 de febrero de 2026 y a partir de la fecha deja sin efecto el nombramiento establecido por la resolución N° 219 del 16 de febrero de 2024.
Acosta, se desempeñaba en el cargo de Directora de Turismo Social, categoría 23 del Agrupamiento Administrativo del Plantel de Cargos del Personal Permanente de la Jurisdicción 14 – Ministerio de Turismo – Unidad de Organización 01, Unidad Superior.
El decreto establece que el instrumento será refrendado por el ministro de Turismo, José María Arrúa, y dispone su registro, comunicación y notificación a las áreas correspondientes, entre ellas el Ministerio de Turismo, la Dirección General de Coordinación del Sector Público, la Dirección de Liquidaciones de Contaduría General y el Instituto de Previsión Social.
La norma lleva la firma del gobernador Hugo Mario Passalacqua y del ministro de Turismo.
Karina Acosta conocida en redes como “KarinaReina7” en TikTok (perfil que actualmente no existe), así como en sus diversas redes sociales, se presenta como creadora digital de Posadas y “counching Profesional”.
El gobierno decidió apartarla luego de la viralización de un video suyo en el que se la ve practicando parapente y afirma estar “volando por los aires de México, Cancún, para todos los pobres”. Luego esboza risas junto a quienes la acompañan y continúa con la frase: “Fuera, pobres”.
Además, en su cuenta de Facebook se presenta como presidenta de una asociación llamada Comunidad Solidaria y su última actividad publicada en redes sociales fue el 1 de febrero, durante el lanzamiento de los Carnavales Misioneros.
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Mediante el Decreto N.° 232, publicado hoy en el Boletín Oficial, el gobernador de Misiones, Mario Hugo Passalacqua, dispuso que los aumentos salariales que se establezcan para la administración pública durante todo el año no sean aplicables a sus haberes.
En los considerandos del documento oficial, el gobierno sostiene que “se mantienen las circustancias expresadas” en decretos anteriores sobre la situación económica nacional y provincial, que imponen la necesidad de “adoptar” medidas para reducir el gasto público.
En base a ello, se estableció en el primer artículo de la medida que, “a partir de la fecha de publicación y hasta el 31 de diciembre de 2026, los aumentos de haberes que se dispongan para el personal dependiente de la Administración Pública Central, no serán aplicables para los haberes que perciba el señor gobernador“.
El decreto lleva la firma del gobernador Passalacqua, así como también la del ministro de Gabinete, Héctor Safrán, y del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.
Tras retirar el artículo 44 de licencias médicas, el gobierno de Javier Milei logró, en la reunión de hoy de las comisiones de Legislación, y de Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados, el dictamen de mayoría para el proyecto de reforma laboral, que se tratará mañana en el recinto.
El anuncio del dictamen corrió por cuenta del presidente de la plenaria de comisiones, el libertario correntino Lisandro Almirón, cuando transcurría menos de la mitad de la sesión y apenas había comenzado a correr la lista de diputados anotados como oradores.
“Quiero comunicarles que tenemos dictamen de mayoría con la firma de 44 diputados”, dijo Almirón y estallaron los aplausos entre los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados.
Entre los 44 firmantes del proyecto de reforma laboral del oficialismo, se anotaron los misioneros Oscar Herrera Ahuad, del Frente Renovador Neo, y el bróker financiero obereño, Diego Hartfield, de LLA Misiones.
“En Comisiones, obtuvimos el dictamen de mayoría para la Ley de Modernización Laboral. Mañana vamos por su sanción en el recinto. Seguimos avanzando en lo que prometimos”, posteó Hartfield en su cuenta de Instagram, poco después del festejo oficialista que siguió al anuncio de Almirón.
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La plenaria de comisiones comenzó pasadas las 14:00 horas y transcurrió en un ambiente espeso, producto del cierre de Fate, y arrancó con el desfile en el micrófono de dirigentes de las tres centrales sindicales, la CGT y las dos CTA, que adhieren al paro de mañana; un CEO de la plataforma Rappi, varios empresarios y un par de jueces del fuero laboral.
Entre unos y otros, se repartieron el apoyo y las críticas al proyecto de ley que desvela a la Casa Rosada y puso en pie de guerra a la oposición política y las organizaciones obreras argentinas.
“Este proyecto de ley, de clara inconstitucionalidad, no es una ley que se pueda tratar en instancias extraordinarias; todos, los 200 artículos, son en contra de los trabajadores y a favor de un grupo muy reducido de empresarios”, lanzó Hugo Godoy, de la CTA.
La idea fue refrendada por los cegetistas Jorge Solá, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, que siguieron a Godoy en el uso de la palabra.
Después, vinieron Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de Rappi, que hizo un repaso de datos duros de la plataforma de delivery que opera en Argentina desde 2018; Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (Alal); y el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Roberto Báez.
Buenos y Baez, ponderaron la reforma laboral mileista y abogaron por un dictamen del gobierno: “Es una herramienta necesaria para construir un país más competitivo, con más producción y desarrollo”, dijo el empresario correntino. Cremonte ratificó la posición de rechazo de la Alal.
La lista de invitados continuó con Claudio Marín, de la CTA; Julio Piumato, de la CGT; Mariano Biocca, de la Cámara Argentina Fintech; Roberto Pompa, de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo; Santiago Mignone, presidente de IDEA; Gustavo Del Boca, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba; Andrea García Vior, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; y Vanesa Pagani, de la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (Apima).
Aquí también, las aguas se dividieron entre el taxativo rechazo y el apoyo incondicional. “Se escribió con una vieja máquina de escribir”, dijo, por ejemplo, Piumato. “Este proyecto no enfrenta al capital y el trabajo, los une para avanzar”, terció, por su parte Mignone. “Nos están engañando con el lenguaje”, tiró la jueza García Vior y recargó: “La intención es disolver la justicia nacional del trabajo”. “Es el fin del modelo sindical como lo tenemos actualmente”, lanzó.
Pagani, la trabajadora de Apima, pidió por dos artículos de los 219 que tiene el proyecto mileista, el 210 y 211. “No entendemos por qué forma parte de un proyecto como este”, dijo Pagani y explicó que tales normativas “desfinancian al cine independiente”, al restar de los tickets de los espectáculos un aporte que va a sector. “Se van a perder muchos empleos formales”, alertó.
El resto de la plenaria continúa todavía con la intervención de los diputados miembros de las comisiones, con el oficialismo y sus aliados con la tranquilidad de haber asegurado el dictamen de mayoría del proyecto aprobado en el Senado la semana pasada; y la oposición, del peronismo y la izquierda, fustigando el texto que bajará al recinto mañana.
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