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Alberto quita otro punto de coparticipación a Capital para repartir entre las provincias

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Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley con el que se reducirá un punto más el porcentaje de recursos de la coparticipación a la Ciudad, como le reclamaban los gobernadores.

El proyecto, que le agrega tensión a la relación de la Rosada con Horacio Rodríguez Larreta, remueve el 0,92% de la coparticipación que se destinaba a solventar los gastos del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad y dispone un mecanismo para financiar esos gastos.

En ese sentido, el expediente que entró por el Senado fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para las funciones de seguridad de la Ciudad. Ese 0,92% formaba parte del 3,5% que recibía la Ciudad por coparticipación hasta que la semana pasada el presidente redujo ese porcentaje a 2,32%.

Ahora, sin tener que transferir ese 0,92% automático para solventar a la Policía porteña, el Gobierno quiere entonces reducir la coparticipación a la Ciudad a un 1,4%, el porcentaje en el que estaba antes de que Mauricio Macri la aumentara por decreto en 2016 hasta 3,5%.

De este modo, ya son dos puntos los que se le quitan al Estado porteño, como pedían los gobernadores, con Jorge Capitanich a la cabeza. Si se aprueba esta ley, la Ciudad debería negociar con la Nación cada año el presupuesto de su seguridad.

El proyecto se presentó luego de que Larreta anticipara una presentación en la Corte Suprema para trabar la medida anunciada por el presidente. El Ejecutivo espera tener consenso para sancionar la ley, más que nada por la dificultad que tendrán los legisladores de Cambiemos del interior para oponerse a que sus provincias reciban más fondos.

La iniciativa, que lleva la firma del presidente; del ministro de Economía, Martín Guzmán; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior Eduardo De Pedro, y de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, comenzará a ser debatida en los próximos días por las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Presupuesto y Hacienda. Como titulares de ambos cuerpos asesores, los senadores del Frente de Todos María de los Angeles Sacnún y Carlos Caserio serán los encargados de conducir el debate.

En junio pasado, la ministra Frederic anunció la creación de una comisión de Actualización Institucional, Normativa y Doctrinaria de la Policía Federal para redefinir el funcionamiento estratégico de la fuerza luego del traspaso del personal a la Ciudad. En el artículo uno del texto enviado al Senado se establece aprobar el “Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA”, celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno porteño el 5 de enero de 2016.

El segundo artículo de la propuesta, según consta en su texto, fija el gasto anual que demanda durante el presente ejercicio la transferencia realizada a la Ciudad en 24.500 millones de pesos. “Dicho monto será actualizado en los ejercicios sucesivos de acuerdo a un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al año precedente”, añade la propuesta.

En el mismo artículo se sostiene que el Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos enunciados en el presente artículo. La propuesta especifica además que la suma establecida en el artículo dos se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral, explica, La Política Online.

“El Ministerio de Seguridad y el Gobierno porteño deberán informar al Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo dos, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”, agrega.

El artículo cuarto establece que el jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto para el ejercicio 2020 a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo 2° en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.

“A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad”, finaliza el texto enviado a la Cámara alta.

Política

El Senado le dio dictamen al Presupuesto tal como salió de Diputados

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Presupuesto

El gobierno consiguió este viernes al mediodía en el Senado el dictamen de la Ley de Presupuesto 2026, que obtuvo media sanción el miércoles en Diputados, aunque no pudo volver a incluir el capítulo 11 que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, rechazado en la cámara baja en la votación en particular.

El despacho cosechó 11 firmas en la Comisión de Presupuesto del Senado, que preside el jujeño Ezequiel Atauche, y se espera que el proyecto baje al recinto el próximo viernes 26, donde se descuenta que el oficialismo intentará forzar la incorporación al texto del capítulo eliminado por la Cámara de Diputados.

Si bien, la espada del gobierno en el Senado, Patricia Bullrich, declaró a los periodistas que la esperaban a la salida del edificio que el Presupuesto “se votará tal cual vino de Diputados”, son varios los medios porteños que hablan de una ofensiva navideña de La Libertad Avanza (LLA) sobre los gobernadores para restituir al proyecto, por lo menos parcialmente, lo establecido en el capítulo eliminado, en especial la derogación de las leyes sobre discapacidad y universidades, que la Casa Rosada considera “deficitarias”.

La prensa porteña atribuye la “cautela” de Bullrich al hecho de que “muy pocos de los aliados del gobierno quieren volver a discutir los artículos perdidos” y porque, además, si se reabriera el texto se correría el riesgo de que la oposición pidiera otras modificaciones, como la eliminación del artículo 30, que elimina el piso del 6% obligatorio para inversión en Educación.

Sin embargo, horas antes, el ministro del Interior, Diego Santilli, adelantó que el gobierno iba a insistir con modificar el texto en el recinto. “Hay que corregirlo en el Senado”, afirmó y apunto, directamente, contra la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario: “La discusión está en dos leyes que tienen que ver con el exceso por arriba de la norma y que puede generarte el desequilibrio hacia adelante, entonces hay que corregirlo en el Senado”, explicó en declaraciones radiales.

Inocencia

Durante la reunión de la Comisión que preside Atauche, los senadores recibieron al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien expuso los principales lineamientos técnicos del proyecto y respondió las consultas de los parlamentarios.

Guberman señaló que la presentación del Presupuesto representa “un paso importante” y afirmó que el proyecto se apoya en tres ejes centrales: el acompañamiento social sin intermediación; la recuperación y modernización de las capacidades en defensa y seguridad; y un proceso de transformación del Estado orientado a acompañar el crecimiento del sector privado.

El secretario de Hacienda del gobierno de Javier Milei detalló, además, la distribución del gasto prevista para 2026: el 45% se destinará a previsión social, pensiones y jubilaciones; el 16 % a asistencia social; el 11% a salarios del sector público; y el 9 % al pago de intereses de la deuda, lo que concentra el 82% del Presupuesto. “El 18% restante corresponde, entre otros rubros, a subsidios al transporte y la energía y al gasto universitario”, explicó.

Un rato antes, junto a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se firmó el dictamen de la Ley de Inocencia fiscal, que también tuvo media sanción en Diputados el miércoles y se tratará el 26 próximo en el recinto. Después, el Senado cerrará hasta febrero, cuando retomará la discusión de la reforma laboral y la ley de glaciares.

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Política

Presupuesto: misioneros votaron capítulo contra discapacidad y universidades

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diputados

Los siete diputados misioneros acompañaron la derogación de las leyes de emergencia por discapacidad y financiamiento universitario, al votar esta madrugada por el Capítulo 11, del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que contenía el artículo 75, que dejaba sin efecto ambas normativas, vetadas por Javier Milei, pero insistidas por el Congreso con mayoría calificada y, por lo tanto, vigentes.

El Capítulo 11 no pasó, sin embargo, el filtro legislativo y fue rechazado en la votación en particular, por 123 votos negativos, 117 positivos y 2 abstenciones. Entre los votos afirmativos, se anotaron Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, del Frente Renovador Neo; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.

Es cierto que el interbloque de Innovación Federal, que integran los Neo con tres diputados salteños y preside Arrúa, revalidó en el recinto la disidencia expresada en Comisión con respecto al artículo 75, un gesto que se diluyó, minutos después, en el momento de la votación.

La Renovación Neo había acompañado la sanción de ambas leyes en el Congreso. Desde el trabajo en las comisiones, el tratamiento en Diputados y el Senado; e, incluso, sumó a los dos tercios que tumbaron los vetos de Milei, que no tuvo más opción que promulgarlas, aunque nunca las aplicó.

En un comunicado, subido este jueves en sus redes sociales, el  Frente Renovador Neo justificó el acompañamiento al proyecto de Presupuesto del gobierno y volvió a dejar constancia de la disidencia expresada por Innovación Federal en el recinto. ,

“Entendemos que un país necesita un presupuesto aprobado para garantizar previsibilidad, orden institucional y reglas claras en el uso de los recursos públicos”, reza el pronunciamiento y afirma: “Un Estado sin presupuesto es un Estado sin rumbo”.

“Al mismo tiempo, marcamos con claridad nuestros límites: las universidades públicas y las personas con discapacidad no pueden quedar sin respaldo ni financiamiento. Por eso, sostuvimos una disidencia responsable, que combine estabilidad institucional con la defensa de derechos sensibles”, señala en otro párrafo.

“Esa es nuestra manera de construir: responsabilidad para gobernar, compromiso para cuidar lo esencial”, finaliza.

Recortes aprobados  

Con la aprobación en general del Presupuesto 2026, los diputados nacionales de Misiones convalidaron un amplio paquete de recortes en educación y salud que, a diferencia del rechazado artículo 75, forman parte de la propuesta que pasó al Senado.

El Capítulo 2, aprobado por 130 votos afirmativos, 101 negativos y 13 abstenciones, es motosierra en estado puro: elimina el piso del 6% del PBI para educación, establecido en la Ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, creado por la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, para el sostenimiento de unas 1.500 escuelas técnicas de todo el país.

Se trata de un fondo destinado específicamente a mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas técnicas, capacitar docentes y actualizar currículas, adquirir insumos y maquinaria para talleres y laboratorios, y promover la articulación entre educación y demandas productivas regionales.

Fueron varios los diputados que advirtieron en el recinto que, sin este fondo, las escuelas técnicas corren riesgos para su funcionamiento, como obsolescencia de equipos, falta de insumos básicos y dificultades en mantenimiento.

Fuentes sindicales docentes, como Amet y Ctera, señalaron que, si bien, el proyecto de Presupuesto de Milei enuncia un aumento nominal del 8% real en educación general, la inversión educativa total equivale el 0,75% del PBI, el más bajo en décadas.

En lo referente a salud, la ley sancionada en Diputados, dispone recortes a los programas de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS), cuya atención en Misiones se concentra en el Hospital Baliña, de Posadas.

En materia de financiamiento, establece un recorte aproximado del 38% respecto a años previos, según análisis de la Fundación Huésped; reduce el número de personas atendidas con tratamientos antirretrovirales, de 79.000 en 2024 a 71.500 proyectadas para 2026; dispone menos tratamientos para tuberculosis y hepatitis C; elimina a cero la asignación para compras de PrEP (profilaxis preexposición) y PEP (postexposición), materiales educativos, preservativos, test rápidos y reactivos para diagnóstico.

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Política

El debate sobre la reforma laboral en el Senado pasó para el 10 de febrero

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reforma laboral senado

La senadora oficialista Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación General del Trabajo y Previsión Social del Senado, anunció este jueves que el debate en el recinto del proyecto de reforma laboral se trasladará al mes de febrero de 2026.

Durante el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda, Bullrich informó que se firmará el dictamen en las próximas horas o días, pero el tratamiento final en el piso de la Cámara alta se postergará para el próximo 10 de febrero.

El proyecto, enviado por el presidente libertario Javier Milei, modifica aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo, como el régimen de indemnizaciones, la ultraactividad de los convenios colectivos, el cálculo de horas extras y regulaciones sindicales.

El debate en comisiones comenzó ayer con la exposición del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y continuó este jueves con intervenciones de representantes sindicales, empresarios, abogados laboralistas y otros expositores.

En paralelo, la CGT realizó una movilización masiva a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto, que los gremios califican como regresivo para los derechos de los trabajadores.

Las movilizaciones se replicaron también en Posadas, donde sindicatos y organizaciones sociales marcharon desde El Mástil de la avenida Uruguay hasta la plaza 9 de Julio.

El oficialismo de La Libertad Avanza buscaba inicialmente sancionar la iniciativa antes del 30 de diciembre, fin del período de sesiones extraordinarias. Sin embargo, se decidió priorizar otros proyectos, como el Presupuesto 2026, y postergar el debate final de la reforma laboral.

La oposición peronista, en tanto, mantiene su rechazo al proyecto y presentó críticas durante las exposiciones en comisión.

Javier Milei envió el proyecto de reforma laboral al Congreso

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