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Alberto quita otro punto de coparticipación a Capital para repartir entre las provincias

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Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley con el que se reducirá un punto más el porcentaje de recursos de la coparticipación a la Ciudad, como le reclamaban los gobernadores.

El proyecto, que le agrega tensión a la relación de la Rosada con Horacio Rodríguez Larreta, remueve el 0,92% de la coparticipación que se destinaba a solventar los gastos del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad y dispone un mecanismo para financiar esos gastos.

En ese sentido, el expediente que entró por el Senado fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para las funciones de seguridad de la Ciudad. Ese 0,92% formaba parte del 3,5% que recibía la Ciudad por coparticipación hasta que la semana pasada el presidente redujo ese porcentaje a 2,32%.

Ahora, sin tener que transferir ese 0,92% automático para solventar a la Policía porteña, el Gobierno quiere entonces reducir la coparticipación a la Ciudad a un 1,4%, el porcentaje en el que estaba antes de que Mauricio Macri la aumentara por decreto en 2016 hasta 3,5%.

De este modo, ya son dos puntos los que se le quitan al Estado porteño, como pedían los gobernadores, con Jorge Capitanich a la cabeza. Si se aprueba esta ley, la Ciudad debería negociar con la Nación cada año el presupuesto de su seguridad.

El proyecto se presentó luego de que Larreta anticipara una presentación en la Corte Suprema para trabar la medida anunciada por el presidente. El Ejecutivo espera tener consenso para sancionar la ley, más que nada por la dificultad que tendrán los legisladores de Cambiemos del interior para oponerse a que sus provincias reciban más fondos.

La iniciativa, que lleva la firma del presidente; del ministro de Economía, Martín Guzmán; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior Eduardo De Pedro, y de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, comenzará a ser debatida en los próximos días por las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Presupuesto y Hacienda. Como titulares de ambos cuerpos asesores, los senadores del Frente de Todos María de los Angeles Sacnún y Carlos Caserio serán los encargados de conducir el debate.

En junio pasado, la ministra Frederic anunció la creación de una comisión de Actualización Institucional, Normativa y Doctrinaria de la Policía Federal para redefinir el funcionamiento estratégico de la fuerza luego del traspaso del personal a la Ciudad. En el artículo uno del texto enviado al Senado se establece aprobar el “Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA”, celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno porteño el 5 de enero de 2016.

El segundo artículo de la propuesta, según consta en su texto, fija el gasto anual que demanda durante el presente ejercicio la transferencia realizada a la Ciudad en 24.500 millones de pesos. “Dicho monto será actualizado en los ejercicios sucesivos de acuerdo a un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al año precedente”, añade la propuesta.

En el mismo artículo se sostiene que el Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos enunciados en el presente artículo. La propuesta especifica además que la suma establecida en el artículo dos se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral, explica, La Política Online.

“El Ministerio de Seguridad y el Gobierno porteño deberán informar al Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo dos, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”, agrega.

El artículo cuarto establece que el jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto para el ejercicio 2020 a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo 2° en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.

“A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad”, finaliza el texto enviado a la Cámara alta.

Política

Con las firmas de Herrera y Hartfield, LLA logró dictamen de la reforma laboral

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reforma laboral

Tras retirar el artículo 44 de licencias médicas, el gobierno de Javier Milei logró, en la reunión de hoy de las comisiones de Legislación, y de Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados, el dictamen de mayoría para el proyecto de reforma laboral, que se tratará mañana en el recinto.

El anuncio del dictamen corrió por cuenta del presidente de la plenaria de comisiones, el libertario correntino Lisandro Almirón, cuando transcurría menos de la mitad de la sesión y apenas había comenzado a correr la lista de diputados anotados como oradores.

“Quiero comunicarles que tenemos dictamen de mayoría con la firma de 44 diputados”, dijo Almirón y estallaron los aplausos entre los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados.

Entre los 44 firmantes del proyecto de reforma laboral del oficialismo, se anotaron los misioneros Oscar Herrera Ahuad, del Frente Renovador Neo, y el bróker financiero obereño, Diego Hartfield, de LLA Misiones.

“En Comisiones, obtuvimos el dictamen de mayoría para la Ley de Modernización Laboral. Mañana vamos por su sanción en el recinto. Seguimos avanzando en lo que prometimos”, posteó Hartfield en su cuenta de Instagram, poco después del festejo oficialista que siguió al anuncio de Almirón.

La plenaria de comisiones comenzó pasadas las 14:00 horas y transcurrió en un ambiente espeso, producto del cierre de Fate, y arrancó con el desfile en el micrófono de dirigentes de las tres centrales sindicales, la CGT y las dos CTA, que adhieren al paro de mañana; un CEO de la plataforma Rappi, varios empresarios y un par de jueces del fuero laboral.

Entre unos y otros, se repartieron el apoyo y las críticas al proyecto de ley que desvela a la Casa Rosada y puso en pie de guerra a la oposición política y las organizaciones obreras argentinas.

“Este proyecto de ley, de clara inconstitucionalidad, no es una ley que se pueda tratar en instancias extraordinarias; todos, los 200 artículos, son en contra de los trabajadores y a favor de un grupo muy reducido de empresarios”, lanzó Hugo Godoy, de la CTA.

La idea fue refrendada por los cegetistas Jorge Solá, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, que siguieron a Godoy en el uso de la palabra.

Después, vinieron Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de Rappi, que hizo un repaso de datos duros de la plataforma de delivery que opera en Argentina desde 2018; Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (Alal); y el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Roberto Báez.

Buenos y Baez, ponderaron la reforma laboral mileista y abogaron por un dictamen del gobierno: “Es una herramienta necesaria para construir un país más competitivo, con más producción y desarrollo”, dijo el empresario correntino. Cremonte ratificó la posición de rechazo de la Alal.

La lista de invitados continuó con Claudio Marín, de la CTA; Julio Piumato, de la CGT; Mariano Biocca, de la Cámara Argentina Fintech; Roberto Pompa, de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo; Santiago Mignone, presidente de IDEA; Gustavo Del Boca, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba; Andrea García Vior, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; y Vanesa Pagani, de la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (Apima).

Aquí también, las aguas se dividieron entre el taxativo rechazo y el apoyo incondicional. “Se escribió con una vieja máquina de escribir”, dijo, por ejemplo, Piumato. “Este proyecto no enfrenta al capital y el trabajo, los une para avanzar”, terció, por su parte Mignone. “Nos están engañando con el lenguaje”, tiró la jueza García Vior y recargó: “La intención es disolver la justicia nacional del trabajo”. “Es el fin del modelo sindical como lo tenemos actualmente”, lanzó.

Pagani, la trabajadora de Apima, pidió por dos artículos de los 219 que tiene el proyecto mileista, el 210 y 211. “No entendemos por qué forma parte de un proyecto como este”, dijo Pagani y explicó que tales normativas “desfinancian al cine independiente”, al restar de los tickets de los espectáculos un aporte que va a sector. “Se van a perder muchos empleos formales”, alertó.

El resto de la plenaria continúa todavía con la intervención de los diputados miembros de las comisiones, con el oficialismo y sus aliados con la tranquilidad de haber asegurado el dictamen de mayoría del proyecto aprobado en el Senado la semana pasada; y la oposición, del peronismo y la izquierda, fustigando el texto que bajará al recinto mañana.

 

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Política

Christian Humada confirmó su candidatura para presidir el PJ Misiones

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Humada

El abogado Christian Humada, hijo del ex gobernador de Misiones, es el segundo de los dirigentes peronistas misioneros en anotar su nombre como candidato para presidir el Partido Justicialista (PJ) Misiones, de cara a las internas partidarias convocadas para el 19 de abril próximo.

En diálogo con La Voz de Misiones, Humada anunció que encabezará la lista del espacio que articuló luego de que los interventores del PJ Misiones le pusieran fecha a las elecciones partidarias, y que rinde homenaje a su padre: “La Julio Humada”.

“Hoy, terminamos con el juego de misterio y confirmamos con todos los compañeros de nuestro grupo que yo voy a ir a la cabeza de la lista”, comentó Humada a LVM.

“Nuestra propuesta se resume en la premisa de hacer un PJ más fuerte en Misiones”, sintetizó el dirigente.

Humada, que fue secretario de Cultura y Turismo, y concejal de Posadas, durante la administración de Joaquín Losada, se quejó de la deriva institucional del PJ Misiones.

“Hace 28 años que no tenemos elecciones en el PJ, desde la última de papá con Ramón Puerta”, rememoró. “Después de eso, siempre hubo quien esté a cargo, pero nunca más validado por los votos”, afirmó.

Humada abogó, en tal sentido, por unas elecciones internas de abril “amplias”, que “garanticen la participación de todos los sectores del partido y sus afiliados”, y hasta se permitió oficiar de abogado del diablo y defender al diputado nacional Alberto Arrúa, ex secretario general del PJ Misiones, suspendido del padrón y sumariado por inconducta partidaria.

“Si hablamos y pregonamos la inclusión, lo lógico es que Arrúa, como afiliado, tenga derecho a la defensa y se garantice su participación”, opinó Humada y lanzó: “Esto es una forma de proscripción”.

“No me parece bien que se haya proscripto a la gente que estaba antes de la intervención”, insistió Humada, haciendo extensivo el reclamo a quienes fueron suspendidos junto con Arrúa: Myriam Comparín, que ocupaba la presidencia del partido, y el ex apoderado Martín Kornuta.

“Yo no soy de su sector. Yo jamás hubiera votado como él votó en el Congreso, contra el Garrahan, las universidades y los jubilados”, aclaró, enseguida, Humada.

“Arrúa es afiliado y tendría que tener derechos; yo quisiera que participe porque, además, estoy seguro que ningún peronista que se precie lo va a votar”, lanzó y sugirió que, en el escenario actual del PJ Misiones, “hay parcialidades”.

Interna K

Humada opinó que, así como ve las cosas al interior del PJ misionero, la convocatoria a las elecciones de abril parece hecha a la medida de una interna kirchnerista.

“Hay tres o cuatro facciones que solo hablan de unidad y son la parte más camporista, con Cristina Brítez y (Martín) Pájaro Ayala; Juan Carlos Ríos, que está armando un grupo importante del centro de la provincia; y después están Ripoll y Lalo Arguibel”, describió.

Humada sugirió que hasta la decisión de los interventores, de suspender requisitos establecidos en los estatutos del partido, como la antigüedad, puede leerse en el contexto de un escenario que busca favorecer a actores K, que antes jugaban por afuera del partido.

“Se sacó la antigüedad para que participen todos, supuestamente; pero, a la par, suspenden afiliados”, cargó Humada y disparó contra la camporista de Eldorado y referente de Fuerza Patria: “Cristina Brítez se afilio hace menos de un año”.

“Fueron cambiando las reglas y hoy no tenemos claridad del proceso interno”, se quejó Humada.

“Todos estamos armando nuestras estructuras para participar, pero, salvo la parte más K, nadie sabe bien cuales son las reglas del juego”, lanzó.

“Yo hablé con (Gustavo) Arrieta hace dos viernes y se supone que entre mañana y el lunes van a dar a conocer los miembros de la Junta Electoral, que, según nos dijeron, son de afuera de la provincia para que nadie se sienta tocado; pero, como vienen de la Intervención, calculo que van a jugar para el lado de La Cámpora”, arremetió.

Presa

El dirigente se diferenció y diferenció a su agrupación, La Julio Humada, del kirchnerismo. “Yo soy justicialista, peronista; no soy kirchnerista”, distinguió.

“Los últimos años, pareciera que el peronismo quedó subsumido por el kirchnerismo”, reflexionó Humada y remarcó: “Nuestro partido es justicialista, no es kirchnerista”.

“Yo respeto mucho a la presidenta de nuestro partido, pero ella está presa”, cargó, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

“Probablemente haya mucha injusticia en la condena judicial, pero ella está presa; hay que dejar que vengan las nuevas generaciones”, cargó Humada y, apuntando al corazón de la campaña de los interventores por la libertad de la ex presidenta, lanzó: “Si nosotros decimos ‘Cristina libre’, ¿quién más se nos une?”.

“El leiv motiv del partido no puede ser solo ese, ser solo ella”, disparó Humada.

 

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Política

Camioneros de Misiones también adhieren al paro convocado por la CGT

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El Sindicato de Camioneros de la Provincia de Misiones informó a través de sus redes sociales que el día 19 de febrero llevará adelante un paro de actividades, en adhesión a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT).

El paro nacional de 24 horas confirmado por la Central de Trabajadores es en rechazo al proyecto de ley de reforma laboral que el oficialismo llevará mañana al recinto. 

Según informaron, la protesta de los camioneros de Misiones se desarrollará dentro de los establecimientos y lugares de trabajo.

El comunicado establece esta medida dentro del marco del ejercicio legítimo del derecho constitucional de huelga, citando al Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la Ley 23.551. 

Además, explican que la medida se realiza en defensa del salario de los trabajadores, las fuentes de trabajo, los derechos laborales y ante la reforma de la ley laboral impulsada por el Gobierno Nacional.

Cierra el comunicado con un llamado a la unidad y la organización, aludiendo que estas son la base de la defensa de sus derechos.

La CGT convocó a un paro nacional en contra de la reforma laboral

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