Política
Alberto Fernández: “La Corte se convirtió en el brazo ejecutor de la oposición”
El presidente Alberto Fernández afirmó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de suspender las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan, demuestra que el máximo tribunal “se ha convertido en el brazo ejecutor de la oposición y de los grupos concentrados de poder económico y mediático”.
Fernández dirigió un mensaje al país en cadena nacional pasado este mediodía, en el que abordó la resolución judicial sobre los comicios en las dos provincias donde se anticipaba un holgado triunfo del oficialismo, y cuestionó con dureza a los jueces de la Corte.
“Esa decisión fue tomada después de tener largo tiempo la cuestión en estudio”, sostuvo el jefe de Estado, acusando al máximo tribunal de arrogarse “una competencia dudosa”, más aún “cuando los órganos judiciales pertinentes de esas provincias ya habían avalado los comicios”.
“No puedo dejar de soslayar que la decisión afecta a dos provincias donde se proyectaba el triunfo del peronismo, que se sumaban a otros triunfos del oficialismo ocurridos el último domingo”, señaló.
Argumentó que “el fallo deviene inmediatamente después de que Mauricio Macri tratara de feudos a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía una derrota”.
“La Corte ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición, y así otra vez ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna”, indicó el presidente.
Fernández acusó a la Corte de colocar a “la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia y que cada día, a la luz de lo que se ve en la investigación que lleva adelante la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados de la Nación, están más implicados en severas irregularidades administrativas y maniobras que favorecen a la oposición”.
“Si el máximo tribunal no respeta las libertades políticas, si avasalla compulsivamente el federalismo y la autonomía de las provincias; si va contra uno de los derechos supremos de los ciudadanos en la democracia, que es el derecho al sufragio, entonces la justicia de esta república se ha degradado”, manifestó.
“La Corte no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos”, afirmó el mandatario, y disparó: “No puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria preservando los intereses de sus amigos políticos y sus amigos empresarios”.
“Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes”, acusó.
Fernández sostuvo que “tampoco es casual que hayan dictado la suspensión de los comicios en el mismo momento en que se desarrollaba una sesión del juicio político en el Congreso de la Nación, donde se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos”.
Degradación
“La degradación judicial debe concluir”, afirmó el presidente.
“No conocemos el patrimonio de ninguno de los magistrados de la corte suprema”, dijo Fernández, argumentando que “algunos jueces deben explicar en virtud de qué razón participaron de un encuentro en Lago Escondido promovido y pagado por empresarios de medios y funcionarios opositores; ¿por qué tomaron ilegalmente el Consejo de la Magistratura; ¿por qué dictaron el beneficio del dos por uno a los genocidas; ¿por qué decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inmiscuyéndose sin potestad alguna en cuestiones propias de la coparticipación”.
“Se trata del mismo poder judicial que persigue en forma sistemática a la Vicepresidenta de la Nación con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa, y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales”, arremetió.
“Ayer mismo, unas horas antes de que tomaran esta decisión, el presidente de la Corte hizo declaraciones ante empresarios sobre qué deberíamos hacer con la emisión monetaria”, graficó.
“Quiero decirle dos cosas: en primer término, no tiene autoridad, no tiene facultades, no tiene conocimiento para opinar sobre el rumbo de la política económica”, señaló. “En segundo lugar, si tanto interés tienen en la economía de este país, deberían pedirle a los tribunales inferiores que agilicen todas las causas que tienen paradas sobre la investigación de la deuda que tomó Mauricio Macri sin ser tratada por el Congreso, y que denunciamos ante el poder judicial que nunca se dedicó a investigar”, pidió.
Fernández apuntó que “la reforma del Poder Judicial es una de las grandes deudas de nuestra democracia”, y que su gobierno está “convencido que necesitamos una reforma profunda e integral”.
En tal sentido, sostuvo que en esa dirección se orientan los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo al Congreso para “mejorar el funcionamiento de la justicia federal, reformar el Consejo de la Magistratura, la elección del procurador general y la ampliación del número de miembros de la Corte”.
“Es imperioso que el congreso apruebe esas leyes. Es el único camino que tenemos para cambiar este sistema donde un puñado de jueces se erige en seres todopoderosos”, afirmó.
Fernández adelantó que enviará a la comisión de juicio político de la cámara baja “los antecedentes de esta decisión tomada ayer (sobre las elecciones en Tucumán y San Juan), para que se sumen a las causales de juicio político, para demostrar que esta Corte viola la división de poderes y el federalismo”.
La suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán deja a la democracia como rehén.
Vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones para que se sumen a las causales de juicio político, para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo. pic.twitter.com/EEtDrWeLNT
— Alberto Fernández (@alferdez) May 10, 2023
Los siete diputados misioneros acompañaron la derogación de las leyes de emergencia por discapacidad y financiamiento universitario, al votar esta madrugada por el Capítulo 11, del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que contenía el artículo 75, que dejaba sin efecto ambas normativas, vetadas por Javier Milei, pero insistidas por el Congreso con mayoría calificada y, por lo tanto, vigentes.
El Capítulo 11 no pasó, sin embargo, el filtro legislativo y fue rechazado en la votación en particular, por 123 votos negativos, 117 positivos y 2 abstenciones. Entre los votos afirmativos, se anotaron Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, del Frente Renovador Neo; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.
Es cierto que el interbloque de Innovación Federal, que integran los Neo con tres diputados salteños y preside Arrúa, revalidó en el recinto la disidencia expresada en Comisión con respecto al artículo 75, un gesto que se diluyó, minutos después, en el momento de la votación.
La Renovación Neo había acompañado la sanción de ambas leyes en el Congreso. Desde el trabajo en las comisiones, el tratamiento en Diputados y el Senado; e, incluso, sumó a los dos tercios que tumbaron los vetos de Milei, que no tuvo más opción que promulgarlas, aunque nunca las aplicó.
En un comunicado, subido este jueves en sus redes sociales, el Frente Renovador Neo justificó el acompañamiento al proyecto de Presupuesto del gobierno y volvió a dejar constancia de la disidencia expresada por Innovación Federal en el recinto. ,
“Entendemos que un país necesita un presupuesto aprobado para garantizar previsibilidad, orden institucional y reglas claras en el uso de los recursos públicos”, reza el pronunciamiento y afirma: “Un Estado sin presupuesto es un Estado sin rumbo”.
“Al mismo tiempo, marcamos con claridad nuestros límites: las universidades públicas y las personas con discapacidad no pueden quedar sin respaldo ni financiamiento. Por eso, sostuvimos una disidencia responsable, que combine estabilidad institucional con la defensa de derechos sensibles”, señala en otro párrafo.
“Esa es nuestra manera de construir: responsabilidad para gobernar, compromiso para cuidar lo esencial”, finaliza.
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Recortes aprobados
Con la aprobación en general del Presupuesto 2026, los diputados nacionales de Misiones convalidaron un amplio paquete de recortes en educación y salud que, a diferencia del rechazado artículo 75, forman parte de la propuesta que pasó al Senado.
El Capítulo 2, aprobado por 130 votos afirmativos, 101 negativos y 13 abstenciones, es motosierra en estado puro: elimina el piso del 6% del PBI para educación, establecido en la Ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, creado por la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, para el sostenimiento de unas 1.500 escuelas técnicas de todo el país.
Se trata de un fondo destinado específicamente a mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas técnicas, capacitar docentes y actualizar currículas, adquirir insumos y maquinaria para talleres y laboratorios, y promover la articulación entre educación y demandas productivas regionales.
Fueron varios los diputados que advirtieron en el recinto que, sin este fondo, las escuelas técnicas corren riesgos para su funcionamiento, como obsolescencia de equipos, falta de insumos básicos y dificultades en mantenimiento.
Fuentes sindicales docentes, como Amet y Ctera, señalaron que, si bien, el proyecto de Presupuesto de Milei enuncia un aumento nominal del 8% real en educación general, la inversión educativa total equivale el 0,75% del PBI, el más bajo en décadas.
En lo referente a salud, la ley sancionada en Diputados, dispone recortes a los programas de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS), cuya atención en Misiones se concentra en el Hospital Baliña, de Posadas.
En materia de financiamiento, establece un recorte aproximado del 38% respecto a años previos, según análisis de la Fundación Huésped; reduce el número de personas atendidas con tratamientos antirretrovirales, de 79.000 en 2024 a 71.500 proyectadas para 2026; dispone menos tratamientos para tuberculosis y hepatitis C; elimina a cero la asignación para compras de PrEP (profilaxis preexposición) y PEP (postexposición), materiales educativos, preservativos, test rápidos y reactivos para diagnóstico.
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La senadora oficialista Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación General del Trabajo y Previsión Social del Senado, anunció este jueves que el debate en el recinto del proyecto de reforma laboral se trasladará al mes de febrero de 2026.
Durante el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda, Bullrich informó que se firmará el dictamen en las próximas horas o días, pero el tratamiento final en el piso de la Cámara alta se postergará para el próximo 10 de febrero.
El proyecto, enviado por el presidente libertario Javier Milei, modifica aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo, como el régimen de indemnizaciones, la ultraactividad de los convenios colectivos, el cálculo de horas extras y regulaciones sindicales.
El debate en comisiones comenzó ayer con la exposición del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y continuó este jueves con intervenciones de representantes sindicales, empresarios, abogados laboralistas y otros expositores.
En paralelo, la CGT realizó una movilización masiva a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto, que los gremios califican como regresivo para los derechos de los trabajadores.
Las movilizaciones se replicaron también en Posadas, donde sindicatos y organizaciones sociales marcharon desde El Mástil de la avenida Uruguay hasta la plaza 9 de Julio.
El oficialismo de La Libertad Avanza buscaba inicialmente sancionar la iniciativa antes del 30 de diciembre, fin del período de sesiones extraordinarias. Sin embargo, se decidió priorizar otros proyectos, como el Presupuesto 2026, y postergar el debate final de la reforma laboral.
La oposición peronista, en tanto, mantiene su rechazo al proyecto y presentó críticas durante las exposiciones en comisión.
Javier Milei envió el proyecto de reforma laboral al Congreso
Trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), provenientes de organismos provinciales, municipales y delegaciones nacionales en Misiones, marcharon desde el Mástil de Uruguay y Mitre hacia la Plaza 9 de Julio en rechazo a la Reforma Laboral Regresiva que propone el Gobierno Nacional, entre otros reclamos afines.
La concentración inició a las 9 en la sede de ATE, ubicada en calle Salta 2362 de la capital provincial, y se masificó minutos más tarde en el Mástil, donde confluyeron distintas organizaciones sociales y políticas.
La columna de manifestantes sostuvo durante su recorrido un pasacalle sobre el que plasmaron: “No a la reforma laboral. Unidad del pueblo trabajador. Fuera Milei”.
Al petitorio incorporaron la urgente apertura de paritarias y convocatoria a mesas sectoriales, como también el cumplimiento de los acuerdos pactados en mesas: contratos, recategorizaciones y pases a plantas.
En la Plaza 9 de Julio también estuvieron presentes los estudiantes, egresados y docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), sector que también exige mejoras laborales y salariales en defensa del Conicet.
Jornada de movilización y protesta
En horas de la tarde, los trabajadores nucleados en la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) harán lo propio con una concentración que iniciará a las 15 en el Mástil de Uruguay y Mitre.
Allí estarán presentes los referentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), entre otras organizaciones sociales y políticas provenientes de la izquierda, quienes sostendrán el mismo reclamo.
En tanto, la mayor movilización se realizará de manera simultánea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las CTA, la CGT, piqueteros, agrupaciones de izquierda y sectores del Partido Justicialista (PJ) llevarán el reclamo con una marcha hacia el Congreso de la Nación.
El debate sobre la reforma laboral en el Senado pasó para el 10 de febrero
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