Política
A un año de la muerte de niñas misioneras por militares paraguayos, convocan frente a consulado
Este jueves 2 de septiembre, se cumple un año de la muerte de las niñas de Puerto Rico, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, de 11 años, a manos de militares paraguayos, durante una incursión contra el grupo guerrillero conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en una zona boscosa de Yby Yaú, Concepción, en el norte del país.
Con motivo del aniversario y frente al hermetismo del gobierno paraguayo, que parece decidido a no investigar lo sucedido, la campaña #EranNiñas convoca para mañana a las 17:00 a un acto frente al Consulado de Paraguay en Posadas.
Según explicaron los organizadores de la protesta, la convocatoria tiene alcance nacional y se replicará frente a muchas de las sedes diplomáticas del vecino país en Buenos Aires y varias capitales provinciales.
El día D
Lilian y María visitaban a sus padres, miembros del grupo insurgente, cuando se desató el infierno. Fueron las únicas dos víctimas de la incursión de esa mañana de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC), un híbrido militar-policial creado en 2013 por el gobierno del tabacalero Horacio Cartes para combatir la violencia armada en el norte, especialmente la guerrillera.
En un principio, el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez presentó el operativo como un duro golpe contra el grupo guerrillero, pero apremiado por las críticas de sectores políticos y sociales internos, y la reacción argentina al conocerse la nacionalidad de las víctimas, no tuvo más que reconocer que eran niñas y no las “dos mujeres jóvenes” del relato oficial inicial.
El 4 de septiembre, el mandatario lamentó el fatal desenlace de la incursión armada que dos días antes había presentado como una resonante victoria sobre la insurgencia guerrillera, incluso fotografiándose con militares fuertemente armados en los restos del campamento asaltado a sangre y fuego.
El Ministerio Público paraguayo abrió una carpeta fiscal, pero la investigación nunca avanzó más allá de pobres diligencias, que siempre sintonizaron con un relato gubernamental cuestionado dentro y fuera del país.
Repercusión mundial
El caso se posicionó en la agenda multilateral, por impulso de las organizaciones de derechos humanos paraguayas y argentinas, y la familia de las pequeñas, que dieron vida a la campaña internacional #EranNiñas.
Organizaciones como Human Rights Wacht, con sede en Nueva York, Estados Unidos, y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, se posicionaron al respecto, cuestionando la manera en que el gobierno paraguayo manejó el caso.
“Hay graves irregularidades en la investigación”, señaló José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno paraguayo debe permitir inmediatamente que peritos forenses argentinos realicen una autopsia y que ellos y los familiares de las víctimas tengan pleno acceso a las evidencias recogidas”, agregó.
Entre las “irregularidades” que le adjudica al Estado paraguayo la organización estadounidense puntualizó la premura con que se sepultaron los cuerpos de las niñas sin autopsia y con el oportuno argumento del covid; la destrucción de sus ropas, la poca fiabilidad del examen forense que concluyó que una de las niñas disparó un arma, y la negativa del Ministerio Público de permitir a la familia acceso a la investigación.
Desaparece Lichita
En enero pasado, el testimonio que ofrecieron otras dos jóvenes, Tania Tamara, de 19 años, y Tamara Anahí, de 14, que dijeron haber estado en el campamento la mañana del ataque y sobrevivido a la incursión militar, sumó elementos contra la versión oficial del gobierno paraguayo, que sigue sosteniendo que las niñas murieron durante la refriega, y no después.
Anahí declaró ante el Comité del Niño de Naciones Unidas, y Tania ante la Relatoría Especial de Ejecuciones Sumarias de Naciones Unidas. Ambas afirmaron que Lilian y María estaban con vida cuando fueron capturadas por la FTC, y que fueron ejecutadas por los militares.
El testimonio de las jóvenes ubica también en el campamento ese 2 de septiembre a la hermana melliza de Tania, Carmen Elizabeth Villalba, “Lichita”, que también consiguió escapar, pero que desapareció sin dejar rastros cuando junto a una de sus tías intentaban burlar el cerco militar y volver a Puerto Rico, Misiones, donde vive la familia.
La Justicia Federal hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el diputado nacional del Frente Renovador Neo, Alberto Arrúa; Myrian Analía Comparín y Martín Kornuta, y dejó sin efecto la resolución de la Intervención del PJ Misiones, de suspenderlos como afiliados al partido, mientras dure el sumario interno por inconducta partidaria.
La resolución del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, firmada por la jueza María Verónica Skanata, se conoció este martes y se fundamenta en jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE) sobre los derechos de participación política.
El escrito, de cuatro páginas, alega que “la suspensión preventiva de afiliación importa una restricción inmediata al ejercicio de los derechos inherentes a la condición de afiliación dentro de la agrupación política”, y resalta el hecho de que el PJ Misiones “ha procedido a convocar a elecciones internas, encontrándose actualmente en curso el cronograma electoral correspondiente, circunstancia que tornará especialmente relevante la tutela cautelar solicitada”.
Asimismo, argumenta que “la circunstancia de que a la fecha no se haya informado a este juzgado la existencia de resolución alguna dictada en el marco del proceso disciplinario” contra Arrúa, Comparín y Kornuta, la sanción impuesta contra ellos puede “traducirse, en los hechos, en una restricción prolongada e indeterminada en el tiempo del ejercicio de los derechos propios a la condición de afiliados, con la consiguiente afectación de sus derechos de participación política”.
“En materia electoral la tutela cautelar adquiere particular relevancia, pues el transcurso del tiempo puede tornar ilusorio el ejercicio de los derechos políticos cuya protección se reclama (Fallo CNE 3453/2005)”, reza el escrito judicial.
Señala que “el peligro en la demora” de las autoridades partidarias de avanzar con el sumario interno contra los sancionados, “podría ocasionar un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior, habida cuenta de que las oportunidades de participación política que pudieran perderse durante dicho período no resultan plenamente susceptibles de restablecimiento con posterioridad”.
“El desarrollo de los procesos electorales se encuentra sujeto a etapas sucesivas cuya consumación puede tornar irreparable el perjuicio invocado, circunstancia que justifica la adopción de precauciones destinadas a preservar la eficacia de la decisión definitiva”, cita el escrito el Fallo 4192, de la CNE, de 2009.
En la resolución, la jueza Skanata aclara que la decisión judicial no busca “interferir en el desarrollo del procedimiento partidario, sino únicamente preservar de modo provisional el ejercicio de los derechos políticos involucrados” y que, como tal, “corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada, suspendiendo provisoriamente los efectos de la suspensión preventiva de afiliación respecto de los recurrentes”.
Funcionales
Arrúa, ex secretario general del partido; Myrian Analía Comparín, ex presidenta del Consejo Político Provincial; y Martín Kornuta, ex apoderado, fueron sumariados y suspendidos como afiliados en enero pasado, acusados de obrar contra “el ideario justicialista”, ser funcionales al gobierno de Javier Milei y de boicotear el traspaso del partido a las autoridades designadas por la conducción nacional.
La resolución fue hecha pública mediante un comunicado partidario firmado por los interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, y dejó a los suspendidos fuera del proceso electoral para el 19 de abril, que por entonces ya se encontraba en marcha.
El fallo de Skanata llega dos semanas después del último comunicado de Arrieta y Rodríguez, en el que informan de un revés judicial del trío de suspendidos, con una cautelar idéntica a la aceptada hoy, y en el mismo juzgado federal de Posadas.
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El diputado nacional del Frente Renovador Neo, Oscar Herrera Ahuad, habló en Radio UP de su voto por las leyes del nuevo régimen penal juvenil y la reforma laboral impulsadas por el gobierno de Javier Milei, y argumentó que “en la desesperación por los recursos (para la provincia) es difícil decir que no”.
“Muchas veces a los diarios nacionales los vemos decir ‘con el voto de las provincias’ se aprobó tal o cual cosa; y entonces vos decís: ‘Pero, qué negociaron, porque la yerba está desastrosa, la yerba no está bien; qué peso puede tener una provincia en esto”, comentó el ex gobernador de Misiones.
“Claramente, las provincias, y esto tiene que ver también con cuestiones legislativas, no tienen una uniformidad de reclamos, toman lo que más le conviene”, afirmó.
“Esto es lo que te hace cuando vos tenés desesperación por los recursos, por más que administres bien”, dijo Herrera Ahuad y sostuvo: “Cuando vos tenés caída de coparticipación, caída en la recaudación, caída de todo, es muy difícil que cuando alguien venga, vos digas que no”.
“Hasta en los mismos bloques, hay algunos diputados que votan por los intereses de su provincia, por más que estén en tu mismo bloque”, comentó.
“¿Las provincias tienen peso hoy para discutir un problema de la economía regional?”, preguntó Herrera Ahuad y contestó: “No, y soy categórico en esto”.
“No puedo ir yo solo a plantarme y decir: ‘Yo vengo a resolver el problema de la yerba’”, agregó y aseguró que “de los misioneros me van a acompañar cuatro diputados y el resto, no”.
“Cuando uno dice que el tema de la yerba está mal, hay otro que dice que está bien”, afirmó Herrera Ahuad, apuntando, sin nombrarlos, a los diputados alineados con el oficialismo nacional, y concluyó: “Hay una agenda legislativa marcada por las cuestiones que hacen a una macro nacional y no hacia las pymes y economías regionales”.
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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, trasladó el asueto administrativo por el Día Internacional de la Mujer al 9 de marzo, promulgado por Decreto Nº 328 .
La medida firmada por el mandatario, en esta oportunidad, dispone que la jornada se traslade al lunes siguiente al 8 de marzo. El beneficio alcanza a las mujeres que se desempeñan en la administración pública central, entes autárquicos y organismos descentralizados de la provincia.
Por decreto N° 328 , acabo de disponer el traslado al día lunes 09 de marzo, del asueto administrativo instituido por Decreto N° 169/2001, para las mujeres que trabajen en la Administración Pública Central, Entes Autárquicos y Organismos Descentralizados. pic.twitter.com/yqSTZ8vWrC
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 5, 2026
En los considerandos del decreto se señala que se busca posibilitar la participación en actividades vinculadas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y promover instancias de reflexión y concientización sobre sus derechos.
El pedido para trasladar el asueto fue presentado el 4 de marzo por la secretaria general del Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Míriam López, mediante una nota dirigida al gobernador.
Según el decreto el traslado tiene como objetivo facilitar la participación en actividades alusivas, actos conmemorativos y propuestas de sensibilización en el marco del Día Internacional de la Mujer, en paralelo al pedido expuesto por la conducción del sindicato.
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