Policiales
Un celular que sería de la taxista, la pista que complica al segundo detenido
Franco Jesús Ramos (27), imputado y a la espera de juicio por el femicidio de su concubina Marina Da Silva (19), está otra vez bajo la lupa, esta vez por el crimen de la taxista Claudia Benítez (32), asesinada y descartada a un pozo de agua en una propiedad Nemesio Parma, en idénticas circunstancias a la joven ultimada en 2013, y un celular es la pista que lo conecta con el caso.
La detención de Ramos fue concretada hoy a la mañana en su casa del barrio Sol de Misiones II, a instancias de una orden efectuada por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas e interviniente en el expediente que investiga el crimen de la trabajadora del volante.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, en la vivienda del implicado se incautó un teléfono celular que podría pertenecer a la víctima y que ahora será sometido a pericias técnicas tanto por personal especializado de la Policía de Misiones como de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también incautaron otros tres aparatos e incluso una joven hizo entrega voluntaria de un celular que le compró al mismo implicado. Todos los dispositivos serán sometidos a las mismas pericias.
Por último, en el lugar se secuestraron prendas de vestir que serán examinadas científicamente para detectar si presentan rastros de ADN correspondiente a la víctima. A Ramos también se le extraerán muestras de material genético para realizar los cotejos correspondientes con las pruebas recolectadas en la escena del hallazgo del cadáver de la taxista.
Franco Jesús Ramos se trata de un viejo conocido de los sabuesos policiales y es uno de los principales imputados por el femicidio de quien era su concubina: Marina Da Silva.
La joven tenía 19 años cuando el 19 de diciembre de 2013 desapareció de su casa y once días más tarde -el 31 de diciembre- fue hallada asesinada dentro de un pozo de agua de 10 metros de profundidad en un predio de Campo Bauer, en la zona de Nemesio Parma.
Por ese hecho, Ramos y otros tres implicados deben responder en debate oral y público. En 2019 había fecha de juicio, pero se suspendió y vencido el plazo de la prisión preventiva, el implicado recuperó la libertad.
Más de ocho años después del caso Da Silva, otra mujer fue asesinada y descartada en un pozo de agua de la misma zona. Se trata de la taxista Claudia Benítez, cuya desaparición fue denunciada el 17 de mayo y cuyo cadáver fue encontrado a la mañana siguiente.
Hasta hoy, el único detenido por el crimen de la trabajadora del volante era su concubino, Juan Andrés Rodríguez (39), a quien el último fin de semana la Justicia le rechazó la excarcelación, y ahora los investigadores deberán establecer si hay conexión entre ambos implicados o no.
Por las características y la mecánica del homicidio, desde un primer momento la hipótesis principal apuntaba a que el hecho había sido cometido por dos o más personas. El objetivo ahora será establecer si ambos sospechosos actuaron en complicidad o no.
En este punto, no se descarta que Ramos pudiera haber sido el autor material del crimen o, en su defecto, haya colaborado de alguna forma, por ejemplo, aportando información sobre la existencia del pozo donde apareció Benítez. Desde un primer momento las fuentes consultadas señalaron que quienes descartaron allí el cadáver sabían con precisión la ubicación de esa cavidad, dado que la misma estaba cubierta de abundante vegetación y ni siquiera desde el aire podía ser visto con facilidad.
La pista del celular complica severamente a Ramos, dado que lo ubicaría en posesión de un elemento clave del caso y la labor investigativa también deberá concentrarse en reconstruir de qué manera ese aparato llegó a sus manos.
En cuanto a Rodríguez, las autoridades continúan a la espera de una serie de pericias que podrían ser clave, principalmente las pruebas genéticas.
Es que, en la escena del hallazgo del cadáver, los pesquisas dieron con manchas de sangre en distintos sectores y se tomaron muestras de cada una de ellas, las cuales serán cotejadas con el perfil genético de ambos involucrados. Si hay compatibilidad, se comprobaría que uno o ambos estuvieron en ese lugar y quedarían severamente comprometidos con la causa.
Lo que también será clave para el futuro del concubino de Benítez será la pericia ordenada a realizar sobre el par de zapatillas que vestía al momento de su detención, sobre la cual se detectaron muestras compatibles con sangre y hollín.
Desde su defensa, encabezada por letrados integrantes del estudio jurídico Jabornicky y Asociados, insisten en la inexistencia de pruebas contra el hombre.
Una joven de 21 años falleció y otro de 25 resultó gravemente herido esta madrugada en el despiste de un automóvil sobre la ruta nacional 12, a la altura de Colonia Mbopicuá, en Puerto Rico.
La fallecida se trata de una joven identificada como Gimena Daniela Cuba (21), quien viajaba como acompañante en un automóvil Volkswagen Gol Trend que era conducido por Nicolás C. (25).
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el vehículo circulaba en sentido Posadas-Puerto Iguazú hasta que, por causas que se intentan establecer, despistó hacia la banquina e impactó contra un árbol.
El siniestro ocurrió minutos antes de las 6 y en el lugar debieron intervenir bomberos voluntarios que procedieron a extraer a los ocupantes del rodado, instancia en la que constataron que la acompañante ya no tenía signos vitales.
El conductor, por su parte, fue rescatado con vida y fue internado de urgencia. Estaba inconsciente, con politraumatismos, hematomas y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo.
La Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias de rigor, en tanto que el juzgado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares. Los restos de Cuba serán velados a partir de las 15.30 de hoy en la funeraria La Paz de Puerto Rico.
Hechos idénticos, mismo acusado y diferentes víctimas. Todo lo que un niño de 12 años denunció haber sufrido a manos de un comerciante del Mercado Concentrador de Posadas también lo padeció otro menor en 2016, causa por la cual el implicado admitió su culpabilidad y cumplió años en prisión.
Sí. Roberto Ramón Pereira (57), el hombre detenido el último jueves acusado de violar y filmar los vejámenes a un niño de 12 años al que había ofrecido trabajo, registra una condena por otros delitos de idénticas características.
El caso que cuenta como antecedente se descubrió en marzo de 2016, cuando Pereira fue detenido por abusos perpetrados contra un adolescente de 13 años al que le había ofrecido enseñarle el oficio de herrería en un domicilio en cercanías de la avenida Santa Cruz.
El contacto con el menor había iniciado casi un año antes, pero con el correr de los días empezó a abusar de él y, no solo eso, sino que también grabó las agresiones sexuales y esas imágenes luego fueron utilizadas para extorsionar y amenazar a la víctima a cambio de que no denuncia, accionar idéntico al denunciado esta semana por un niño de 12 años.
Por esa causa Pereira quedó proceso, fue sometido a proceso y en 2018 evitó ir a debate oral al admitir su culpabilidad mediante un acuerdo de juicio abreviado en el que aceptó ser condenado a seis años de prisión por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, tres hechos en concurso real”. El acta fue homologada y transformada en sentencia por el Tribunal Penal Dos de Posadas.
Nuevo caso, nueva víctima, mismos hechos
Ahora el mismo sujeto se encuentra detenido por un hecho de idénticas características y en perjuicio de otro menor de edad que relató haber sufrido los mismos hechos.
Pereira fue detenido el jueves pasado en el vivero que atendía en el Mercado Concentrador de Posadas y ahora aguarda ser indagado por el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos.
Su detención se dio después de que un niño de 12 años le revelara a un primo los abusos que estaba padeciendo. El menor contó que el hombre luego lo llevaba a su casa sobre calle Soria, casi Santa Cruz, donde supuestamente le iba a enseñar a “arreglar sillones”, pero terminó abusando de él y filmando los vejámenes.
En diálogo con La Voz de Misiones, la madre del niño relató que al momento de revelar los sucesos el hijo contó que Pereira además le mostraba videos suyos con otros chicos.
“Además de grabarle, después que abusaba de él le mostraba videos suyos con otros chicos. Le decía que le gustan los chicos mayores de 10 años. Así que hay más víctimas y por eso cuando vinimos a buscarlo queríamos recuperar si o si el celular, ahí está toda la evidencia”, contó.
El domicilio del sospechoso fue allanado el viernes a la tarde y en el lugar los investigadores incautaron aparatos telefónicos, un pen drive, un disco rígido y bajo la almohada de su cama hallaron un sugestivo elemento que podría ser clave: un ajo con un papel escrito con el nombre de un menor de edad.
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Una carga de 190 kilogramos de marihuana, valuados en más de 700 millones de pesos, fue incautada este viernes por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) en una zona de monte cercana al límite internacional con Brasil en la localidad de Bernardo de Irigoyen.
El procedimiento fue realizado por los integrantes de la Brigada de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Puerto Iguazú, quienes realizaban patrullajes preventivos en un camino terrado, aunque nada fue fortuito ya que previamente en ese mismo lugar se habían observado movimientos sospechosos a partir de una recorrida aérea con drone controlado por el personal de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas de la misma fuerza federal.
En el sobrevuelo, los agentes advirtieron movimientos sospechosos entre la vegetación y alcanzaron a divisar dos individuos que al notar la presencia policial se internaron en el monte y lograron evadir el cerco.
Los uniformados avanzaron entonces en un rastrillaje por la zona que finalmente dio con una carga de 200 panes de marihuana ocultos entre la vegetación. Lo incautado ascendió a los 190 kilogramos y arrojó un avalúo de 730 millones de pesos, siendo uno de los secuestros más significativos para la PFA en esa región fronteriza desde el inicio del Operativo de Prevención Federal “Plan Andrés Guacurarí”.
Los estupefacientes quedaron a disposición del Juzgado Federal de Iguazú, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, con intervención de la prosecretaria Margarita Leiva.
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