Policiales
Se cumplen tres años de la desaparición de Candela en San Vicente
La adolescente tenía 15 años cuando desapareció, el 3 de febrero de 2018. Estaba embarazada de 11 semanas. Acusaciones cruzadas entre los progenitores activaron investigaciones al papá y al novio. Hasta la actualidad no hay datos sobre el paradero de la joven.
El 3 de febrero del 2018, Candela Correa de Melo, de 15 años, salió de su casa en el kilómetro 1.274 de la ex ruta 14, en San Vicente.
Según declaró la madre, Nilda Galeano, en su momento, su hija le dijo que se reuniría con su novio, Carlos D., de 22 años.
Sin embargo, si bien la pareja de Candela confirmó a la progenitora que iban a encontrarse, adujo que canceló la cita. El joven es investigado por la desaparición de su ex pareja, mientras permanece en libertad.
Al momento de desaparecer, la adolescente cursaba un embarazo de 11 semanas, el cual la madre cree que fue producto de un abuso que habría sufrido Candela en una visita al hogar paterno en Buenos Aires, meses antes de ser vista por última vez.
En ese sentido, Nilda señaló al entorno del padre por supuestos vínculos con la trata de personas, aunque a día de hoy las investigaciones no dieron resultados positivos en esa dirección.
Por su parte, el padre, Pablo Correa de Melo, negó que su familia tenga algo que ver con la desaparición de su hija y cuestionó el accionar de la Justicia. En este sentido, el progenitor dijo que la investigación tomó curso fuera de la provincia cuando Candela desapareció en Misiones.
Asimismo, Correa de Melo se vio activo en la búsqueda de la adolescente en estos tres años e insiste que aún hay lugares en la localidad en los que no se buscó.
Tres años sin rastros de Candela
Actualmente, Candela Correa de Melo tendría 18 años. En el momento que la joven salió de la casa en la que vivía junto a su mamá, durante la noche, llevó con ella una mochila con una muda de ropa, los estudios del control de embarazo, elementos de higiene personal, la planchita de pelo y el celular.
Un día después, la progenitora recibió un mensaje a su celular del número de su hija, donde la adolescente le confesaría que habría huido del hogar para tener a su hijo: “Me voy a tener a mi bebé lejos”, decía el mensaje.
Sin embargo, tanto la madre como el padre dudan que efectivamente haya sido Candela quien escribió aquel texto.
La causa
En estos tres años, declararon personas que aseguraron haber visto a la joven en otras localidades de Misiones. También los padres de Candela aportaron datos a la investigación. Incluso, la búsqueda llegó a Brasil por un dato aportado por Pablo. Sin embargo, todos los indicios que obtuvo la Justicia misionera no dieron frutos.
Por la desaparición de la joven hay dos expedientes: uno se tramita en el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, mientras el otro está en el Juzgado Federal de Oberá, en el cual se investiga si el paradero de Candela está vinculado con una red de trata de personas.
Hasta el momento, las investigaciones que se llevan a cabo no pudieron dar con el paradero de la adolescente, al tiempo que se reducen al mínimo las chances de encontrarla con vida.
Judiciales
Guirula: resta un alegato y los imputados esperarán presos el veredicto del martes
El Tribunal Penal Dos de Posadas ratificó la medida dispuesta el miércoles y decidió que los seis ex policías imputados por el caso Guirula continúen con “arresto preventivo” hasta el dictado de la sentencia, previsto para el próximo martes, una vez que se complete la ronda de alegatos iniciada ayer con el pedido de prisión perpetua formulado por la fiscalía para dos de los acusados.
Fueron las defensas de Lucas Nahuel Saravia Allosa (37), Carlos Alberto Zidorak (36), Claudio Marcelo Servián y Carlos Alberto Da Silva (34), quienes alegaron esta mañana y en paralelo al pedido de absolución para cada uno de ellos solicitaron el cese del “arresto preventivo” para que puedan aguardar el veredicto en libertad, misma condición en la que llegaron a juicio, aunque no obtuvieron respuesta favorable por parte del tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos como subrogantes legales.
Para el fiscal Vladimir Glinka, los cuatro mencionados incurrieron en el delito de “omisión” al no interceder para evitar las agresiones que derivaron en la muerte del albañil Carlos Guirula, accionar en que atribuyó a los imputados Lourdes Beatriz Tabarez (42) y Ricardo Rafael Escobar (42), para quienes pidió perpetua.
En el caso de Saravia Allosa también fue acusado por torturas, al considerar el lanzamiento de un gas pimienta contra la víctima como una acción enmarcada como vejaciones.
Los seis ex policías habían llegado a juicio acusados de “tortura seguida de muerte”, figura que se mantuvo para Tabarez y Escobar, no así para los otros cuatro imputados, a quienes el fiscal favoreció con un cambio en la calificación legal del delito atribuido, aunque las defensas insistieron en la inocencia absoluta de cada uno de ellos.

Escobar y Tabarez (foto principal) pueden ser condenados a prisión perpetua el próximo martes.
Pedido de absoluciones
“En primera instancia Da Silva propuso llevar al detenido a sanidad policial. Luego, junto a Saravia, le pidieron a Escobar que se bajara de la espalda de Guirula. Es decir, él no fue indiferente, ni guardó silencio. Entonces, no hubo omisión”, argumentó en primer turno Horacio Skanata, defensor de Da Silva, para quien Glinka pidió la menor pena: 6 años de prisión.
En defensa de Servian alegó el letrado Mauricio Vergara, quien cuestionó que la acusación del fiscal Glinka carecía de fundamentos. “Si repasan los testimonios nadie especificó qué hizo o dónde estaba Servian después de que a Guirula lo sacan del auto. Él fue a buscar la camioneta (el patrullero Hilux), si él era el chofer”, señaló.
Y ahondó: “La fiscalía no describe cuál es la conducta omisiva que atribuye a Servian. No lo colocó en algún lugar como para saber si podía o no evitar la agresión”.
Vergara reclamó “violación al principio de congruencia que afectó al derecho de defensa” y solicitó la “anulación de la imputación por falta de fundamentación”, ante lo cual correspondería la absolución de su defendido.

Los abogados Mauricio Vergara, Horacio Skanata y Julián Brites iniciaron la jornada de alegatos este viernes.
El abogado Julián Brites también pidió la absolución de Zidorak, al argumentar que la acusación era “injusta” y al mencionar que su cliente hizo lo que estaba a su alcance para evitar las patadas y pisotones contra la víctima.
“Tabarez pisó la cabeza de Guirula y en un acto reflejo y para resguardo de Guirula Zidorak la apartó con un manotazo. El puntapié que luego dieron fue a espaldas de mi defendido, si hubiera tenido ojos en la nuca lo hubiera podido ver, pero no”, afirmó.
Por último, expusieron los letrados Federico Tilli y Cristian Bareiro, en defensa de Saravia Allosa, quienes calificaron como “irrazonable” la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
Cuestionaron que en la causa no hay ningún gas pimienta incautado que acredite el accionar que le achacan a su cliente y, por ende, solicitaron que en la imputación por torturas recibida la absolución por “inexistencia de elemento probatorio” o en su defecto que se aplique el beneficio de la duda.
Sobre la omisión, advirtieron que Saravia Allosa no pudo haber evitado “las patadas a Guirula en el piso porque no estaba en ese momento” y respecto a las agresiones que le endilgan a Escobar durante el traslado del detenido recordó el testimonio de otro policía presente durante el hecho pero sobreseído en la instrucción.

Saravia Allosa en diálogo con su abogado Federico Tilli, último en alegar junto a su colega Cristian Bareiro.
“Bogado fue el testigo estrella acá y él mismo declaró que Allosa le pegó un codazo a Escobar para que deje de hacer lo que estaba haciendo. Es decir, Allosa activó un mecanismo de evitación. Allosa hizo hasta un poco más que Da Silva”, postuló Tilli, que también pidió que absolución de su cliente respecto a la segunda imputación.
Al margen sus planteos principales, las defensas también efectuaron pedidos subsidiarios y la mayoría coincidió que, en caso de que el tribunal coincida con la postura fiscal, las penas solicitadas se den por cumplidas por el tiempo que los acusados ya estuvieron con prisión preventiva (4 años) o que las mismas sean de cumplimiento condicional.
El debate continuará el próximo martes, a partir de las 9. Resta el alegato de la letrada Mónica Olivera, defensora de Escobar, para luego dar paso a la etapa de réplicas y dúplicas, antesala de lo que será el dictado de la sentencia.
Mientras tanto, los seis acusados continuarán alojados en la Unidad Penal VI en caso de los hombres y en el Unidad Penal V en el caso de Tabarez.

El debate es presidido por el magistrado Augusto Gregorio Busse. La sentencia será el martes.
El pedido de la fiscalía:
Lourdes Tabarez: prisión perpetua como autora de “tortura seguido de muerte”.
Ricardo Escobar: prisión perpetua como autor de “tortura seguido de muerte”.
Saravia Allosa: 7 años de prisión por “tortura” y “omisión”
Zidorak y Servian: 6 años y 6 meses de prisión por “omisión”
Da Silva: 6 años de prisión por “omisión”.
Caso Guirula: el fiscal pidió perpetua para dos de los seis policías imputados
Judiciales
Empleado del Casino detenido en causa de estafa fue liberado
El Juzgado de Instrucción Dos de Posadas dispuso la libertad de Héctor “Chino” Olivera, empleado del Casino Club, que permanecía detenido desde el 12 de septiembre, acusado por los delitos de “asociación ilícita”, “falsificación de documentos” y “estafas reiteradas”.
La medida quedó formalizada el último lunes mediante un acta realizada en sede judicial, donde Olivera fijó domicilio y se comprometió a cumplir las reglas impuestas mientras avanza la investigación.
Según la resolución, la Justicia decidió convertir la caución real que pesaba sobre el imputado en una caución juratoria, lo que implica que Olivera recupera la libertad bajo compromiso personal de presentarse ante el tribunal cada vez que sea requerido.
El acusado declaró como domicilio una vivienda ubicada en la chacra 152 de Posadas, y afirmó que no tiene actividades laborales que lo obliguen a ausentarse por más de 24 horas sin notificación previa a la Justicia. En tanto, el juez advirtió que cualquier incumplimiento podría derivar en la revocación del beneficio.
Olivera se desempeñaba como delegado del sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento y Afines (Aleara) en el Casino Club de Posadas, donde tenía 23 años de antigüedad. Está acusado de actuar como nexo entre empleados de la casa de apuestas y el médico Manuel Ramón G. (70), detenido luego de una denuncia de la empresa por la supuesta emisión de certificados médicos apócrifos para su personal.
Finalmente, luego de más de 50 días alojado en la dependencia Séptima de Villa Cabello, el trabajador del Casino Club de Posadas recuperó la libertad el lunes 10 de noviembre.
Esposa de empleado del Casino detenido: “Está preso por se dice qué”
Policiales
Policía absuelto en caso Wasyluk ahora fue detenido por golpear a su pareja
Tres años después de ser absuelto por el beneficio de la duda en el juicio por tortura seguida de muerte contra Hugo Wasyluk (38), el policía retirado Luis Alberto Silva (58) fue detenido por una golpiza efectuada a su pareja en la localidad de San Martín de Tours.
El hecho ocurrió el último domingo, en la vivienda que la pareja compartía junto a cinco hijos, quienes presenciaron el acto de violencia e intercedieron en defensa de su madre.
De acuerdo a la denuncia, el suboficial retirado agredió a golpes de puño a su pareja, ocasionándole traumatismos en el rostro y lesiones nasales que provocaron una profusa pérdida de sangre.
La detención del uniformado se concretó ese mismo domingo y este viernes fue oficialmente informada por la fuerza provincial. El implicado se encuentra detenido en la seccional de Mártires, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá en una causa abierta por lesiones agravadas por violencia de género.
A su vez, la Jefatura de Policía informó que inició actuaciones administrativas a través de su departamento de Asuntos Internos.
Absuelto
No es la primera vez que Silva enfrenta a la Justicia. Sin ir más lejos, durante largos años fue parte del proceso para esclarecer el crimen de Hugo Wasyluk, un fisicoculturista que en 2011 murió en la comisaría de Villa Bonita tras ser detenido y molido a golpes por una comisión policial.
El caso llegó a juicio en 2021, instancia en la que el Tribunal Penal Uno de Oberá condenó a tres imputados a la pena de prisión perpetua, aplicó penas menores a otros dos y absolvió por el beneficio de la duda a los restantes siete imputados, entre ellos a Silva.
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