Policiales
Se cumplen tres años de la desaparición de Candela en San Vicente
La adolescente tenía 15 años cuando desapareció, el 3 de febrero de 2018. Estaba embarazada de 11 semanas. Acusaciones cruzadas entre los progenitores activaron investigaciones al papá y al novio. Hasta la actualidad no hay datos sobre el paradero de la joven.
El 3 de febrero del 2018, Candela Correa de Melo, de 15 años, salió de su casa en el kilómetro 1.274 de la ex ruta 14, en San Vicente.
Según declaró la madre, Nilda Galeano, en su momento, su hija le dijo que se reuniría con su novio, Carlos D., de 22 años.
Sin embargo, si bien la pareja de Candela confirmó a la progenitora que iban a encontrarse, adujo que canceló la cita. El joven es investigado por la desaparición de su ex pareja, mientras permanece en libertad.
Al momento de desaparecer, la adolescente cursaba un embarazo de 11 semanas, el cual la madre cree que fue producto de un abuso que habría sufrido Candela en una visita al hogar paterno en Buenos Aires, meses antes de ser vista por última vez.
En ese sentido, Nilda señaló al entorno del padre por supuestos vínculos con la trata de personas, aunque a día de hoy las investigaciones no dieron resultados positivos en esa dirección.
Por su parte, el padre, Pablo Correa de Melo, negó que su familia tenga algo que ver con la desaparición de su hija y cuestionó el accionar de la Justicia. En este sentido, el progenitor dijo que la investigación tomó curso fuera de la provincia cuando Candela desapareció en Misiones.
Asimismo, Correa de Melo se vio activo en la búsqueda de la adolescente en estos tres años e insiste que aún hay lugares en la localidad en los que no se buscó.
Tres años sin rastros de Candela
Actualmente, Candela Correa de Melo tendría 18 años. En el momento que la joven salió de la casa en la que vivía junto a su mamá, durante la noche, llevó con ella una mochila con una muda de ropa, los estudios del control de embarazo, elementos de higiene personal, la planchita de pelo y el celular.
Un día después, la progenitora recibió un mensaje a su celular del número de su hija, donde la adolescente le confesaría que habría huido del hogar para tener a su hijo: “Me voy a tener a mi bebé lejos”, decía el mensaje.
Sin embargo, tanto la madre como el padre dudan que efectivamente haya sido Candela quien escribió aquel texto.
La causa
En estos tres años, declararon personas que aseguraron haber visto a la joven en otras localidades de Misiones. También los padres de Candela aportaron datos a la investigación. Incluso, la búsqueda llegó a Brasil por un dato aportado por Pablo. Sin embargo, todos los indicios que obtuvo la Justicia misionera no dieron frutos.
Por la desaparición de la joven hay dos expedientes: uno se tramita en el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, mientras el otro está en el Juzgado Federal de Oberá, en el cual se investiga si el paradero de Candela está vinculado con una red de trata de personas.
Hasta el momento, las investigaciones que se llevan a cabo no pudieron dar con el paradero de la adolescente, al tiempo que se reducen al mínimo las chances de encontrarla con vida.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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