Policiales
Piden que vaya a juicio acusado de matar a joven en un bar de San Antonio
La Fiscalía de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo de Horacio Paniagua, solicitó que el expediente que investiga el crimen de Carlos Enrique Becker, cometido en agosto del año pasado en San Antonio, sea elevado a juicio y que el único imputado por el hecho responda por el delito de homicidio simple, que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el requerimiento de elevación a juicio de la causa fue presentado la semana pasada ante el Juzgado de Instrucción Tres de la misma localidad y ahora será el magistrado Martín Brites el encargado de firmar el pedido, siempre y cuando la defensa no se oponga o solicite otras medidas.
La resolución complica la situación del único imputado por el hecho, un joven identificado como Joaquín Alcaráz, que permanece privado de su libertad y al ser juzgado como presunto autor del delito de homicidio simple podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de cárcel.
En caso de que el juez Brites firme la elevación a juicio del caso, el expediente deberá ser remitido al Tribunal Penal Uno de Eldorado, cuyas autoridades deberán fijar fecha para las correspondientes audiencias del debate oral y público.
El imputado tendrá la posibilidad de evitar la exposición pública que representa el desarrollo en un juicio oral, pero para ello deberá firmar un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía del Tribunal en el que tendrá que reconocer su culpabilidad.
El crimen de Becker, de 21 años, se registró el 7 de agosto del año pasado en un bar-pool de la localidad de San Antonio.
Según lo que se pudo reconstruir, esa noche tanto Becker como Alcaráz se encontraban en el mismo lugar hasta que en determinado momento ambos salieron del local con escasos minutos diferencia y poco después la víctima regresó con una estocada en el tórax.
Becker alcanzó a ser trasladado un centro de salud, pero falleció a los pocos minutos como consecuencia de shock hipovolémico ocasionado por la puñalada recibida.
Alcaráz, en tanto, escapó a bordo de una motocicleta y recién pudo ser detenido unos 40 kilómetros después. Se cree que huía hacia Comandante Andresito.
Si bien no hay testigos de la agresión, los investigadores recabaron el testimonio de un allegado que admitió que Alcaráz le confesó el crimen. Además, al momento de su detención el joven tenía un cuchillo entre sus prendas.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
Un hombre de 64 años se descompensó mientras esperaba un colectivo, en la parada ubicada en la intersección de las avenidas Centenario y Monseñor de Andrea de Posadas, y falleció en el lugar.
Según pudo saber este medio, alrededor de las 9 de esta mañana la Policía de Misiones recibió un alerta por una persona identificada como Jorge Ramón Ramírez, que se había descompensado en la vía pública, por lo que se solicitó atención médica.
Al arribar la ambulancia al lugar, el personal de salud constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.
En el sitio, donde se encuentra la parada de colectivos, los efectivos de la Policía Científica realizaron los trabajos de rigor y el médico policial en turno diagnosticó que Ramírez sufrió un paro cardiorrespiratorio no traumático.
En tanto, por disposición judicial, el cuerpo fue entregado a sus familiares para su velatorio y posterior inhumación.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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