Policiales
Pescadores encuentran el cuerpo decapitado de una mujer en el Paraná
El cuerpo decapitado de una mujer fue encontrado hoy en el río Paraná y los investigadores sospechan que se trata de Stella Maris Ramírez, la joven desaparecida a principios de este mes en la localidad bonaerense de Lima, informaron fuentes de la investigación.
BUENO AIRES. El hallazgo del cadáver ocurrió esta tarde, alrededor de las 14, a tres kilómetros de la orilla del Club de Pesca de dicha localidad del partido de Zárate, en el noreste de la provincia de Buenos Aires.
Fuentes de la investigación informaron que unos pescadores observaron la presencia de un cuerpo sin cráneo que estaba enganchado en unos juncos, por lo que avisaron a personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA).
Los efectivos trabajaron esta tarde con una lancha de la fuerza para retirar el cuerpo del río y al lograrlo observaron que el mismo también presentaba un largo y profundo corte longitudinal en la zona del abdomen.
Según las fuentes, el cadáver será llevado a la morgue judicial de Zárate, donde los médicos forenses realizarán la autopsia correspondiente para determinar la data y la causa de la muerte y procurar identificarlo.
Los mismos voceros señalaron que el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición y presentaba una “saponificación cadavérica” debido a que evidentemente estuvo en el agua durante varios días y eso posibilitó que flotara con facilidad.
Ese proceso, que en la práctica interrumpió la descomposición de los restos, puede ayudar al médico forense a determinar las causas de la muerte.
La saponificación, que aparece en cadáveres sumergidos en el agua, consiste en el cambio químico que presenta la grasa corporal al convertirse, por hidrólisis, en un compuesto céreo similar al jabón.
Además, con los datos obtenidos a simple vista, los investigadores sospechan que a la mujer la quisieron quemar, le cortaron la cabeza y le abrieron la panza para que se hunda, dijeron las fuentes.
Stella Maris Ramirez, la chaqueña desaparecida.
No obstante, el fiscal de la causa, Alberto Gutiérres, esperará el resultado de la autopsia para corroborar esa hipótesis.
“Posiblemente la persona que arrojó el cuerpo lo hizo en una tosquera ubicada a unos kilómetros y fue bajando hasta que finalmente apareció en este lugar”, dijo a Télam una fuente con acceso al expediente.
En tanto, Amelia Itatí Lezcano (53), madre del esposo de la víctima, llamado Carlos Entivero (36), quien fue arrestado el viernes último por el presunto femicidio de Ramírez (26), se negó hoy a declarar y seguirá detenida como copartícipe del hecho.
La sospechosa había sido apresada el domingo último en su vivienda de la localidad correntina de San Roque y ayer fue trasladada a Zárate.
Ramírez, oriunda de la provincia de Chaco, desapareció el 2 de agosto último de su casa del barrio Granja 8, en Lima, aunque la denuncia fue realizada el martes de la semana pasada, cuando su familia, que vive en esa provincia norteña, se enteró por amigos y vecinos de que no tenían rastros de ella.
Por ese motivo, voluntarios de la Brigada Canina K9 de Campana, junto con personal de diversas dependencias policiales de la zona y de Policía Científica, llevaron a cabo desde el jueves pasado rastrillajes en la zona de Lima y alrededores.
En la casa de la joven, los pesquisas hallaron mediante el reactivo luminol rastros de sangre en la pared de una habitación, en la parte trasera de una camioneta y en el lavarropas, además de tomar muestras para ser analizadas con el fin de determinar si pertenecían a la desaparecida.
Ante esta circunstancia, el fiscal Gutiérres dispuso el arresto de Entivero, quien también se negó a declarar, y pidió la detención de su madre para determinar el grado de participación en el hecho.
“Vecinos declararon que Lezcano fue la casa de su hijo días después a la desaparición de Ramírez, lavó ropa y volvió a Corrientes”, dijo un vocero encargado de la pesquisa.
Al respecto, María Estela Ramírez, madre de la joven desaparecida, declaró que su yerno “es un hombre violento” y que su madre fue cómplice del hecho.
La mujer sostuvo que el día de la desaparición de su hija, la madre del marido viajó desde Corrientes a Lima, en lo que sospecha fue para ayudarlo a deshacerse de evidencias.
Por último, la pareja tuvo una hija que ahora tiene cinco años y que quedó a resguardo de los abuelos maternos.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.
Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.
La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.
La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.
En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.
Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.
Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.
Un gendarme a juicio
Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.
Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.
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