Una trabajadora falleció este mediodía en un baño del edificio anexo de la Cámara de Representantes y los primeros datos indican que habría sufrido una muerte súbita, aunque se aguarda el avance de las labores policiales.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la fallecida se desempeñaba como empleada administrativa en el área IA de la Legislatura provincial, aunque hasta el momento no trascendió su identidad.

La información recolectada indica que todo transcurría normalmente hasta que la mujer ingresó al baño y no volvió a salir. Transcurrido unos minutos, sus compañeros de trabajo se preocuparon por ella y al entrar al sanitario la encontraron sin vida. 

Los primeros en constatar el hecho fueron los paramédicos de Medisur, mientras que después arribó al lugar una comisión de la comisaría Primera, junto a un médico policial.

En base a las primeras averiguaciones efectuadas por los agentes intervinientes, se estima que la mujer sufrió una muerte súbita.

Se aguarda la continuidad de las labores de rigor por parte de los agentes de Criminalística y en base a ello se definirán los próximos pasos a seguir. En principio se ordenará un examen de autopsia para establecer fehacientemente las causales de muerte y descartar cualquier tipo de duda. 

En el caso interviene el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.

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Una anciana de 82 años falleció esta mañana como consecuencia de un cuadro de inhalación de monóxido de carbono sufrido durante el incendio de su vivienda en el barrio 3 de Abril de Capioví.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, todo ocurrió esta mañana, minutos antes de las 10, cuando el personal de Bomberos Voluntarios de Capioví acudió al siniestro de un inmueble en el barrio 3 de Abril.

Al llegar al lugar, constataron el hecho y comenzaron las labores de sofocación del fuego, mientras que en conjunto con el personal policial rescataron del interior del inmueble a una mujer de 82 años.

La anciana, identificada como Eugenia Miranda Tapia, fue trasladada de urgencia al hospital de área local, donde horas más tarde se produjo su fallecimiento por la inhalación de monóxido de carbono padecido durante el siniestro.

Por disposición de la Justicia, el cuerpo de la víctima ya fue entrado a sus familiares para su correspondiente último adiós.

En paralelo, agentes de la división Criminalística realizan pericias en el lugar del hecho para determinar las causales del siniestro.

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A través una carta fechada el 4 de junio pasado, el ex oficial ayudante, Diego Correa escribió una carta desde la Unidad Penal VIII de Cerro Azul -donde se encuentra detenido hace casi 9 meses- en la que relata “lo vivido” previo a su detención, incluyendo denuncias a jefes y presuntos sobornos “para levantar el acampe de mayo en 2024”, rechazados por él y sus pares.

Una familiar de Correa se comunicó con La Voz de Misiones para facilitar el material y aseguró que “todo esto fue declarado en dos oportunidades ante el juez Fernando Verón, en declaración de indagatoria, pero jamás lo escucharon y mucho menos dieron lugar”. 

“270 días, casi 9 meses detenidos ilegalmente, con retraso en la tramitación, violando todos los derechos a la defensa, violando todos los derechos humanos, un abandono completo de persona por parte del gobierno y la justicia misionera” por una “denuncia falsa”, comienza la misiva en alusión a la situación que atraviesan los ocho ex policías privados de su libertad desde octubre pasado: Horacio Coutto, Iván Arrieta, Ramón Arrieta, Lisandro Canteros, Joaquín Orrego, Adolfo Guirula, Ramón Amarilla y el mismo Correa.

Hasta el momento, los detenidos no cuentan con una condena y permanecen privados de libertad con prisión preventiva. “Conté verdades que no le importaron al juez Verón. Casi 9 meses detenidos por capricho de una sola persona, un expediente con fojas de puro humo. Luego de casi 9 meses de investigación, donde no investigaron nada, por fin citaron a los testigos”, señaló Correa, que fue a indagatoria en dos oportunidades.

“Denuncié a dos jefes”

Al momento de adentrarse en los motivos por los cuales considera fue detenido, expresó: “Hoy he tomado una gran decisión que puede llevarme a la muerte, a mi o a mi familia” y ratificó que “No fue por integrar el grupo Solo Cola”.

“En el año 2023 denuncié a dos jefes de la Policía, al comisario mayor Rotela y al comisario mayor Malosky, ambos por cobrar coimas por venta ilegal de combustible, donde el señor jefe de Policía Sandro Martínez me ordenó cerrar la boca y fui tildado de traidor por varios jefes”, detalla en el escrito.

Luego, menciona una supuesta coima que le habrían ofrecido “para levantar el acampe multisectorial” realizado en mayo de 2024 sobre avenida Uruguay de Posadas: “El 21 de mayo, en una oficina de la Jefatura de Policía, el jefe de Policía, el sub jefe, el jefe de Criminalística, junto a Héctor “Kiko” Llera, en ese momento, nos ofrecieron 50 millones de pesos, una casa, una camioneta y un coche a cada uno, lo cual no aceptamos. Y nos dijeron: “Van a terminar presos, solos y en la calle”. Lo cumplieron”.

Y añadió: “Hoy Sandro Martínez sigue enviando a la Brigada para espiar a mi familia. Se detienen frente a mi casa, en la esquina, siguen a mi auto, ¡siguen infringiendo el miedo a mi familia!”. 

Diego Correa junto a sus hijos

“Por esto y mucho más hago responsable de la seguridad de mi familia al gobierno de Misiones, al gobernador, al vice gobernador, al ministro de Seguridad, al jefe de Policía, al juez Verón, al diputado Carlos Rovira y al juez Verón”.

Por último, denunció “allanamientos en la celda”, “malos tratos” y enfatizó: “No somos delincuentes, solo luchamos por una mejora salarial, por nuestros derechos y contra cualquier forma de opresión o silencio impuesto por el gobierno y jefes de Policía. No debemos permitir que la intimidación y represión nos silencien. La lucha es justa y necesaria. Nunca nos dejemos sobornar porque la dignidad y la libertad no se negocian”.

Carta escrita y firmada por Diego Correa

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