Policiales
Ocho años de cárcel por violar y embarazar a una adolescente
COLONIA ALBERDI. Juan Carlos Correa (58) cuidó, abusó y violó a la menor por años. Comenzó a manosearla a los 6 y a los 15 la violó. Con amenazas continuaron los ataques sexuales que culminaron en un embarazo. Fue sentenciado a 8 años de prisión.
El caso sucedió en Colonia Alberdi, en cercanías de Cerro Azul. Desde el 2004 que la madre de la víctima dejaba a sus hijas al cuidado de un vecino cuando debía salir hacia el pueblo, en estas circunstancias el agricultor abusaba de una de las hijas de la mujer. Sin embargo, los abusos recién salieron a la luz cuando la madre notó los primeros síntomas de embarazo en su hija, quien le confesó los ataques a la que era sometida por su vecino. La madre radicó la denuncia, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.
Se comenzó a labrar una causa por “abuso sexual con acceso carnal”. Desde el Juzgado de Instrucción 5 de Alem se solicitó un examen de ADN, tanto al bebé como al imputado, que confirmaron la paternidad y se convirtieron en una prueba importante para la causa. Con la etapa de instrucción ya cerrada, la causa fue elevada ante el Tribunal Penal 1 de Posadas.
A raíz de las pruebas que había en contra, la fiscalía y la defensa del imputado acordaron ir a un juicio abreviado, donde Correa se hizo responsable de los hechos por los que estaba investigado, como así también del delito y la pena. Por ello, los magistrados Martín Errecaborde, Eduardo D’Orsaneo y Ángel Dejesús Cardozo, homologaron el acuerdo de ocho años de prisión contra el violador, quien ya cumple esa pena en una unidad del Servicio Penitenciario Provincial.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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