Policiales
Muerte de joven paraguayo en el Paraná: “El disparo le atravesó el pulmón”
A dos días de la muerte del joven paraguayo Rodrigo Fabián Caballero Irala, luego de haber sido baleado por una patrulla de la Prefectura mientras intentaba ingresar de manera ilegal a la Argentina cruzando el río Paraná, desde el vecino país consideran que ya tienen listo el paquete con toda la información que pudieron recabar para enviar a Misiones, donde la Justicia Federal deberá investigar el hecho y determinar las responsabilidades.
Así lo confirmó a La Voz de Misiones el fiscal de Edelira, Rodrigo Vergara, interviniente en las actuaciones que se llevan adelante en la localidad paraguaya de Capitán Meza, donde la víctima falleció luego de haber ingresado a una clínica privada por una herida de arma de fuego sufrida minutos antes durante un procedimiento de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en la zona costera de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América.
El funcionario paraguayo explicó que mañana culminarán con la toma de testimoniales y después de ello tendrían todo listo para enviar la información recabada a un fiscal de asuntos internacionales que deberá encargarse de tramitar la correspondencia de ese paquete hacia Argentina, para que el Juzgado Federal de Oberá -por cuestiones de jurisdicción- avance con la pesquisa.
En ese paquete de elementos recabados se incluyen los informes de la autopsia practicada a Caballero Irala, de 22 años, la cual estableció que la víctima sufrió un disparo que le atravesó el pulmón y mediante el cual estiman que puede corresponderse a una munición de grueso calibre.
“El proyectil provocó un orificio de entrada y salida, a la altura del hombro más o menos. Tuvo una trayectoria de arriba hacia abajo, tal es así que atravesó el pulmón y uno o dos vasos principales. Él no resistió mucho, la lesión le provocó un sangrado interno que provocó su muerte”, describió Vergara a LVM.
En esa línea, agregó que “como la lesión tuvo orificio de salida, ya no había ningún proyectil con el cual cotejar. Se le tomó una placa para ver si no tenía proyectiles en el interior, pero no se halló nada. Entendemos que, por la distancia y las características del disparo, se trató de una arma larga, de alta potencia”.
Vergara consideró que está probado que el hecho se registró en jurisdicción argentina, por lo cual la investigación penal debe realizarse en Misiones y ante ello consignó que su labor es recabar toda la información que esté a su alcance en su país para luego enviarla y ponerla a disposición de sus pares argentinos.
“Nosotros creemos que lo básico, lo más importante ya tenemos. El cuerpo del finado ya fue entregado a un hermano. Se determinó acabadamente la causa de muerte y ya no habían más diligencias con el cuerpo”, precisó el fiscal interviniente al otro lado de la frontera.
Vergara enumeró que su investigación ya cuenta con la declaración de Celina Escobar Barreto -prima del fallecido y que iba con él en la misma embarcación- y los estudios forenses, en tanto que mañana esperan recabar el testimonio del pasero que los estaba transportando por el cauce.
A su vez, el fiscal señaló que, en virtud de la declaración de Escobar Barreto, se entiende que un taxista que estaba esperando a los paseros en la costa de Colonia Oasis observó todo lo sucedido y podría ser un testigo clave para la causa.
“Nadie desconoce que ellos estaban tratando de hacer un ingreso de forma irregular a la Argentina, eso no hay forma de desconocer. Lo que sí nos llama la atención es la forma irregular en el proceder de los efectivos que hicieron estos disparos. No sabemos si los efectivos que hicieron los disparos actuaron dentro del marco de lo permitido y si excedieron en sus atribuciones. Esas cuestiones deberían dilucidarse en un proceso penal en la jurisdicción argentina, para eso estamos recolectando nuestra información para enviar todo mediante protocolos de cooperación internacional”, concluyó el representante del Ministerio Público Fiscal paraguayo.
El informe de PNA
El hecho ocurrió el lunes, cerca de las 15, en la costa de Colonia Oasis. Mediante un informe elevado al consulado paraguayo en Posadas, la PNA admitió el procedimiento, aunque indicaron que se realizaron “dos disparos intimidatorios controlados hacia el suelo a los efectos de deponer la fuga” de la embarcación observada en pleno arriba a la tierra colorada.
En ese mismo informe la fuerza federal indicó que se abrió un sumario administrativo interno para determinar quiénes fueron los efectivos involucrados y luego eso sería enviado al Juzgado Federal interviniente.
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
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