Policiales
Militantes LGTBIQ+ definieron el caso Portillo como “un crimen de odio”
Mientras se aguarda que el único detenido por el hecho sea llevado a declarar ante la Justicia, colectivos LGTBIQ+ y organizaciones sociales apuntan que el asesinato de Emanuel Portillo (20), cometido la semana pasada en Azara, se trata de un crimen de odio por la orientación sexual de la víctima.
“Ante los hechos, creemos importante resaltar y subrayar que el homicidio de Alejo (nombre adoptado por la víctima) Portillo es un caso de crimen de odio. A Alejo lo acuchillaron por homosexual. Por su orientación e identidad de género. Por ser una persona de identidad no heterosexual”, consigna el comunicado difundido ayer por organizaciones sociales y “comunidades trans, travestis, no binarie, maricas, gays y lesbianas de Misiones”.
En esa línea, agregan que “su asesinato es resultado de la violencia de género que sufre la comunidad LGTBIQ+ en Misiones, invisibilizada en y por los discursos políticos, mediáticos y jurídicos cisheteronormativos”.
En el mismo comunicado recuerdan los asesinatos de Evelyn Rojas, la joven trans asesinada en Posadas en 2016, y Fabián Kreischer, pastor gay de Oberá ultimado en Buenos Aires en 2021. El primer caso llegó a juicio el año pasado y culminó en un histórico fallo que condenó al único acusado, Ramón “Junior” Da Silva, a la pena de prisión perpetua por tratarse, entre otros agravantes, de un crimen de odio hacia la identidad de género de la víctima, estipulado en el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal de la Nación Argentina.
El texto es acompañado por la firma de varios colectivos LGTBIQ+ y organizaciones sociales de toda la provincia, entre ellos, la ONG Somos Diverses, la CTA, el FOL, Movimiento Evita Azara y la CCC.
Indagatoria, mañana
El único detenido por el crimen de Portillo, que declarará mañana ante el juez, se trata de un joven identificado como Catriel P. (19), quien mantenía un vínculo sentimental con la víctima.
Una hipótesis del caso, según fuentes consultadas por La Voz de Misiones, refiere que el detenido se habría enojado con Portillo por revelar la relación existente entre ambos en el pueblo. De igual manera, todo deberá ser corroborado a partir del avance de la investigación y la recolección de testimonios y otros elementos de prueba.
El crimen de Portillo se descubrió el viernes a la mañana, cuando su cuerpo fue hallado en medio de un tacuaral próximo a un arroyo ubicado en la zona conocida como Lote 200 de Azara.
La autopsia estableció que el muchacho recibió un total de 42 lesiones punzocortantes, seis de las cuales fueron “penetrantes” y le causaron la muerte.
Un minucioso análisis de los últimos chats y llamados realizados por la víctima permitieron llegar a un testigo clave y al principal sospechoso, quien incluso habría admitido el crimen durante una conversación telefónica con otro joven del pueblo.
Un hombre acusado de abuso sexual e incluido en el registro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (Cufre) fue localizado y detenido este fin de semana en la localidad misionera de Wanda.
Sobre el implicado recaía un pedido de captura emitido por el Juzgado de Garantías en lo Penal 4 de San Martín, provincia de Buenos Aires, a raíz de una investigación iniciada por un hecho de abuso sexual.
En ese marco, una serie de pistas recabadas por los investigadores ubicaron al sospechoso en la localidad de Wanda y la misión de su captura fue encomendada a los agentes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales del Escuadrón 50 Eldorado de GNA.
Dichos uniformados se abocaron al caso y en las últimas horas interceptaron al implicado en plena vía pública, donde lo detuvieron y tras cotejar su identidad lo trasladaron a una celda de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú.
En el caso intervino el Juzgado de Instrucción Tres de la Ciudad de las Cataratas, cuyas autoridades continuarán los trámites pertinentes para poner el detenido a disposición del juzgado que lo requiere.
La comunidad garupaense inició una colecta solidaria destinada a recaudar fondos para cubrir los costos del sepelio de Ludmila Michelle Olivera, la adolescente de 13 años que este domingo falleció ahogada en aguas del río Paraná.
El trágico hecho ocurrió ayer a la tarde, en circunstancias en que la jovencita ingresó al cauce a la altura del barrio Horacio Quiroga, en inmediaciones al Acceso Sur y la calle San Ignacio.
La niña se encontraba junto a su familia hasta que, en determinado momento, desapareció de la superficie y allí se activó un intenso operativo de búsqueda que culminó de la peor manera horas después.
Del operativo participaron agentes policiales y buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina (PNA), quienes unas tres horas después de la denuncia por desaparición encontraron el cuerpo de Ludmila.
Ahora además del dolor por la tragedia, la familia afronta la necesidad de llevar adelante el último adiós y para ello una vecina de Garupá inició una colecta solidaria.
A partir de pistas obtenidas con pericias a un teléfono celular, la Policía de Misiones concretó viernes la detención de un supuesto cómplice del psiquiatra imputado por la confección de certificados médicos truchos.
De acuerdo a lo consignado por la fuerza provincial, el nuevo implicado se trata de Héctor Gabriel O. (44), quien aparece señalado como “el nexo” entre el médico y los interesados que adquirían los certificados falsas a cambio de dinero.
La detención se efectuó en un domicilio de la chacra 152 de Posadas y el nuevo sospechoso quedó bajo la lupa a partir de pistas obtenidas mediante las pericias realizadas por el personal de la Dirección Cibercrimen al aparato telefónico del psiquiatra Ramón Manuel G. (70).
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves 4 de septiembre, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La pesquisa comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una investigación interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención al Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.
Hasta el momento se pudo determinar que el médico emitía certificados falsos a cambio de dinero, que eran utilizados para defraudar a organismos públicos como el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, el Ministerio de Educación y el Servicio Penitenciario Federal, además de empresas privadas como Casino Club. Asimismo, se investiga que esas constancias también habrían sido utilizadas en demandas civiles de gran magnitud.
Desde la Unidad Regional I informaron que la investigación continúa en curso y que no se descartan nuevas detenciones, dado que la causa apunta a un entramado delictivo con múltiples implicados.
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