Policiales
Marcha a un año del doble femicidio de San Antonio: “Quiero que lo encuentren”
Al cumplirse hoy un año del doble femicidio de Gabriela Agüero (39) y su hija Débora Elizalde (20), familiares, amigos y personas autoconvocadas organizaron una movilización para reclamar justicia y solicitar la detención del único sospechoso del hecho, Sergio Kozak (37), que permanece prófugo con pedido de captura internacional.
El doble asesinato se registró el 21 de febrero del año pasado, en el barrio Nueva Esperanza de San Antonio, pero la movilización de hoy fue organizada en Puerto Iguazú, donde tiene asiento el Juzgado de Instrucción que interviene en la causa por cuestiones de jurisdicción.
Según consignaron, la concentración se realiza en el plaza San Martín y de allí los manifestantes planean avanzar hasta el juzgado.
La Voz de Misiones dialogó con Jorge Agüero, padre de Gabriela y abuelo de Débora, quien clamó por la captura del doble femicida prófugo.
“Pido que no lo maten”
“Desde hace un año que vivimos sacando fuerzas de no sé dónde. A quien lo encuentre, yo pido que no lo maten a él (por Kozak), yo quiero que se lo encuentre y se haga justicia. Quiero que la Justicia se haga cargo de su trabajo. No podemos ir nosotros a encontrarlo, no tenemos esa autoridad”, señaló.
El testimonio está relacionado a los datos que Jorge asegura haber recolectado en el pueblo, los cuales indicarían que Kozak se refugia en una chacra ubicada en territorio brasileño y a unos 50 kilómetros de la frontera con San Antonio.
“Yo ya pasé todos estos datos, pero nadie hace nada. Sólo nos dicen que están atados de manos”, agregó el hombre.
Gabriela (39) y Débora (20) fueron asesinadas a balazos ejecutados a corta distancia.
Otra de las presentes en la movilización realizada en Iguazú es Chela, tía de Débora, quien también avanzó sobre la misma hipótesis respecto al posible paradero del sindicado doble femicida.
“En el pueblo corren muchos rumores y detrás de los rumores siempre hay algo de verdad, pero nadie se anima a hablar. Nadie se anima arriesgar su vida por la recompensa que ofrecen. Creemos que si el Estado actuase de oficio esta persona ya podría estar detenida. Evidentemente él es una persona que tiene mucha banca para seguir viviendo prófugo, su local está a nombre de su hermana y sigue funcionando, es decir, financiando su vida en clandestino”, expresó.
El caso
Sergio Kozak era dueño de un telecentro en San Antonio. La investigación trazada reconstruyó que el hombre era novio de Débora Elizalde y yerno de Gabriela Agüero, a quienes el 21 de febrero del año pasado atacó a balazos en la puerta de su casa.
El hecho fue captado por cámaras de seguridad cuyas imágenes muestran que las víctimas descendieron de un Volkswagen Gol y antes de ingresar a su casa fueron interceptadas por la camioneta Fiat Toro de Kozak, quien desde su butaca abrió fuego en tres oportunidades con un revólver 38 milímetros.
Toda la escena fue presenciada por otro hijo y hermano de las víctimas, respectivamente, que alcanzó a trenzarse con Kozak, pero no pudo impedir su fuga.
Los exámenes de autopsia confirmaron que madre e hija recibieron disparos ejecutados a corta distancia. Elizalde sufrió un balazo en una zona cercana al hombro izquierdo y su madre una de idénticas características en lado derecho del cuello.
Kozak tiene pedido de captura internacional. La hipótesis apunta a que huyó a Brasil aprovechando la frontera seca.
La cronología del suceso indica que horas antes las mujeres estuvieron en un bar de Bernardo de Irigoyen, hasta que decidieron volver a casa y fueron seguidos por Kozak en su Fiat Toro.
Tras el hecho, el sindicado femicida abandonó la camioneta en una chacra de su propiedad a unos 10 kilómetros del pueblo, en dirección hacia Irigoyen. De su paradero, nunca más se supo nada, aunque la principal hipótesis es que huyó a Brasil aprovechando la frontera seca.
Según pudo averiguar en ese entonces LVM, el hombre registraba en su contra una denuncia por agresiones y maltratos verbales radicada por Elizalde el 6 de diciembre de 2021.
En la denuncia intervino el Juzgado de Violencia Familiar de la localidad de Comandante Andresito, cuyas autoridades emitieron una restricción de acercamiento que hasta el día del doble crimen estuvo vigente, pero aparentemente la medida fue desobedecida por la pareja, ya que luego de esa acusación habrían retomado la relación.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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