Tras más de seis años detenido, purgando la pena de 12 años de prisión impuesta por delitos de lesa humanidad, el represor devenido en locutor Carlos Luis Carvallo (70) fue trasladado desde Entre Ríos a la cárcel federal de Candelaria y solicitó la prisión domiciliaria, aunque se la negaron.

Desde su captura en 2018, concretada tras más de cuatro años evadiendo un pedido de captura internacional en su contra, Carvallo estuvo detenido en Paraná, Entre Ríos, donde fue identificado como uno de los policías que integraba grupos de tareas dedicados a secuestrar y torturar presos políticos durante la última dictadura militar.

En esa misma ciudad fue juzgado en diciembre de 2020 y finalmente fue condenado como autor de los delitos de “privación ilegítima de la libertad perpetrada por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades previstas por la ley, agravada por el empleo de violencia o amenazas y por haber durado más de un mes, en concurso real con la imposición de torturas a personas privadas de su libertad agravada por ser la víctima un perseguido político”.

Todos estos hechos fueron cometidos en perjuicio de Manuel Ramat, un dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que estuvo secuestrado en la comisaría paranaense de El Brete y que logró reconocer al imputado como uno de sus captores.

Como era época de pandemia, Carvallo oyó todo el proceso en su contra desde la Unidad Penal I de Paraná, donde continuó purgando la pena de 12 años de prisión impuesta en su contra por el juez Pablo Seró.

Sin embargo, en los últimos meses, la Justicia autorizó el traslado del represor a la Unidad Penal 17 de Candelaria para que pueda estar cerca de un familiar directo con una enfermedad terminal, según precisaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.

En paralelo, Carvallo también pidió acceder a la prisión domiciliaria, pero dicho planteo fue denegado por las mismas autoridades intervinientes, ante lo cual deberá continuar privado de su libertad.

Represor en Entre Ríos

El juicio contra Carvallo había comenzó en marzo de 2020, pero debió suspenderse a razón de la emergencia sanitaria decretada en todo el país por la pandemia de Covid-19.

Meses después, las audiencias se reanudaron en forma remota y, en esas circunstancias, en octubre se realizaron los alegatos, ocasión en la que la fiscalía había pedido 11 años de prisión y las partes querellantes 21.

El expediente que se ventiló en debate oral fue un desprendimiento de la causa Aérea Paraná I en 2014, en la que Ramat brindó declaración testimonial y allí volvió a identificar a Carvallo como uno de los integrantes del grupo de tareas que lo detuvo ilegalmente y lo torturó durante 45 días.

En su alegato, el fiscal García Escalada destacó “la cantidad de declaraciones sustancialmente coincidentes” de la víctima Ramat y detalló que “se cuenta en la causa con cinco actas de declaración testimonial de Ramat. En las cinco fue claro describiendo los hechos que padeció, identificando con nitidez a Carvallo como uno de sus autores principales, al menos en lo que refiere a la primera fase de su padecimiento, la va desde el 30 de septiembre de 1976 hasta 45 días más tarde, cuando es llevado del centro clandestino de detención de El Brete a la UP I de Paraná”.

Carvallo se mantuvo cuatro años prófugo, con pedido de captura de Interpol en su contra.

La investigación realizada reconstruyó que Ramat conoció a Carvallo cuando éste llegó a su casa y se presentó como oficial de la Policía para llevar adelante un allanamiento vinculado a un hermano del dirigente que ya había sido asesinado en Campana.

Después de ese episodio, el dirigente se presentó ante la Policía, donde volvió a encontrarse con Carvallo y allí comenzó su padecimiento.

“Ramat concurrió por consejo de su abogado a la Dirección de Investigaciones. Allí el jefe le dijo que debía esperar a Carvallo y cuando llegó Carvallo comenzó el periplo de padecimientos. Lo llevaron a Santa Fe, lo obligaron a bajarse del auto, a ingresar al baúl, lo reingresaron a Paraná y lo alojaron en El Brete. Allí permaneció en situación infrahumana, comiendo con la mano, sometido a interrogatorio con trompadas y submarino seco (…) Allí le dijeron ‘vos sos boleta, nadie sabe que estás acá, vos tenés tu DNI’. Con eso querían demostrar la plena disposición que Carvallo y los otros tenían sobre la vida y la integridad física de Ramat”, siguió García Escalada en su alegato.

En esa misma audiencia expuso Lucía Tejera, quien además de recordar todos los hechos sufridos por Ramat también repasó el legajo de Carvallo para dar cuenta de la historia del imputado dentro de las filas de la Policía.

“En octubre de 1975 participó del secuestro de material ideológico y de la detención de varias personas, resaltando una felicitación por su extraordinaria dedicación, energía, serenidad y espíritu puesto en ese procedimiento. Figura también en ese legajo la realización satisfactoria de un curso contra subversivos en agosto de 76. Meses después formó parte de patota que secuestró y torturó a Ramat”.

Tejera recordó que después de esos 45 días privado de su libertad en clandestino, Ramat fue declarado preso legal y “sometido a un consejo de guerra, parodia de juicio como dicen las víctimas, y condenado bajo jurisdicción militar”.

Allí la víctima inició un periplo de detención en el cual pasó por los penales de Sierra Chica, La Plata, Caseros y Paraná, donde fue liberado en 1984 y donde ahora, casi 40 años después, se encuentra encerrado su captor.

De locutor a prófugo

La historia de Carvallo, en tanto, fue muy distinta. Después de la dictadura llegó a Misiones y ocultando su pasado se desempeñó como locutor en varias radios de Posadas, entre ellas en FM Show, siendo ladero al micrófono de Alfredo Abrazian y transformándose incluso en un personaje altamente conocido.

Su situación recién cambió en 2014, después del juicio por la causa Aérea Paraná I que derivó en el dictado de un pedido de detención internacional por parte de la Justicia de Entre Ríos.

Después de ello, el locutor se mantuvo prófugo durante un largo tiempo hasta que finalmente en 2018 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lograron ubicarlo en la casa de unos familiares en el barrio Santa Rita de Posadas.

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Alfredo Rafael Remskij (30) firmó un acuerdo de juicio abreviado este lunes a la mañana, minutos antes del inicio del debate oral que estaba programado en el Tribunal Penal Dos de Posadas, y fue condenado a la pena de prisión perpetua por el asesinato de su madre Dominga Huzy, cometido en 2017 en Apóstoles.

El acuerdo llevó la rúbrica del acusado, de su abogado defensor Fausto Vergara y del fiscal Vladimir Glinka. En el documento, Remskij admitió la autoría del crimen y aceptó ser condenado a perpetua, que equivale a 35 años de prisión efectiva.

La ex pareja de Remskij, Mayra Dutra, había llegado hasta este instancia imputada por “encubrimiento”, pero resultó sobreseída. Estaba acompañada por el defensor oficial Marcelo Ozuna.

El acuerdo alcanzado entre las partes posteriormente fue aceptado por los magistrados César Yaya, Gregorio Busse y Marcela Leiva (subrogante), quienes transformaron el acta en sentencia.

Dominga Huzy era madre de dos hijos.

Estrangulada y arrojada al basural

El crimen que aún conmociona a Apóstoles se descubrió el domingo 10 de septiembre de 2017, cuando dos personas revolvían cosas en el basural y al estirar de un cable descubrieron un cadáver envuelto en mantas.

La víctima allí fue identificada como Dominga Isabel Huzy, separada, madre de dos hijos y residiendo en ese entonces en una vivienda ubicada sobre la calle Moreno, en pleno centro de la ciudad.

Con el correr de las horas los investigadores posaron la lupa sobre Rafael, uno de sus hijos, quien tenía antecedentes de violencia contra ella y quien los días previos al descubrimiento del asesinato había desparramado por el barrio la versión de que su mamá se había mudado a Virasoro, Corrientes.

El devenir de la investigación lo acorraló aún más. Cámaras de seguridad dispuestas en varios puntos de la ciudad detectaron que entre el sábado y domingo el muchacho utilizó el camión pluma de su padre para trasladar todas las pertenencias de su madre hasta el basural.

En uno de esos viajes, también habría llevado el cuerpo de Huzy y una prueba de ello es que en el camión se halló una cadenita de la mujer.

La autopsia estableció que la víctima murió por un estrangulamiento y la principal hipótesis es que el crimen fue cometido para quedarse con la vivienda de Huzy.

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La operatoria estaba coordinada. Él manejaba y ella llevaba la mercadería. Pero no iban en auto, ni tampoco transportaban nada legal. Iban en un colectivo de larga distancia conducido por el hombre, mientras la mujer iba como pasajera junto a varios bolsos que contenían más de 20.000 pastillas de éxtasis.

Él se llama Gustavo Eden Rodríguez (45), es chofer de colectivos, nació y vive en Puerto Iguazú. Su esposa es Marisa María Almada (31), bonaerense, aunque compartiendo domicilio con su marido hace varios años. Ambos ahora también comparten condena por  narcotráfico.

Todo comenzó el 29 de marzo de 2023, cuando en Paso de los Libres (Corrientes) la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) controló un micro larga de distancia que cumplía el recorrido Puerto Iguazú-Retiro (Buenos Aires).

Los uniformados constataron que Almada, una de las pasajeras, transportaba una serie de bolsos que llamaron la atención y ante la sospecha de una posible maniobra de narcotráfico decidieron bajarla del colectivo para efectuar una requisa más exhaustiva y liberaron el micro para que pueda continuar viaje.

Los gendarmes acertaron, porque descubrieron que la mujer efectivamente trasladaba sustancias ilegales, más precisamente 20.655 comprimidos de MDMA (éxtasis), en diferentes variantes, algunas con el sello de Kit Kat, además de 4 kilogramos de crack.

Almada fue inmediatamente detenida y los investigadores decidieron extender la pesquisa con el objetivo de dar con más involucrados en el ardid. La sorpresa fue que en esa labor descubrieron que su marido era, ni más ni menos, que el chofer que ese mismo día conducía el micro que se detuvo en el control.

Se realizaron tareas de vigilancia, labores de seguimiento y, fundamentalmente, pericias telefónicas, trabajo que permitió establecer que efectivamente el matrimonio orquestó el traslado de la mercadería ilícita.

Según reconstruyeron, antes de emprender el viaje la pareja pasó la noche en Posadas, donde se sospecha que obtuvieron la mercancía y recién allí partieron hacia Buenos Aires. Mientras lo hacía, Rodríguez alertaba su Almada sobre los puestos de control próximos, pero no pudieron sortear el de Paso de los Libres.

El colectivero fue detenido durante un operativo ejecutado el 20 de junio de ese mismo año y desde ese entonces enfrentan una causa federal por el delito de transporte de estupefacientes.

Dicho expediente fue tramitado ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres, que luego elevó a debate oral la causa y ahora ambos admitieron su responsabilidad en el hecho al firmar un acuerdo de juicio de abreviado.

La pareja fue condenada a 5 años y 6 meses de prisión.

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