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Su papá está preso y le ordenan a su hermano cumplir con cuota alimentaria

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cuota alimentaria

El Juzgado Multifuero de Apóstoles intervino una demanda de cuota alimentaria en favor de una niña (13 años) cuyo padre se encuentra purgando una condena por femicidio y, basándose en el principio de solidaridad familiar, resolvió que la demanda sea absorbida por un hermano de la menor, resolución que quedó firme en las últimas semanas.

El litigio comenzó hace varios años, cuando la madre de la niña se presentó ante la Justicia solicitando el cumplimiento de una cuota alimentaria por parte del padre de la menor, aunque la medida era imposible de ejecutar dado que el hombre se encuentra privado de su libertad, cumpliendo desde 2015 una pena por un hecho de homicidio calificado por el vínculo cometido en 2010, con una consecuente certificación negativa de Anses ya que no tenía ingresos activos bajo estas circunstancias.

Ante esta situación, la demanda recayó contra un hermano paterno de la niña. Se trata de un joven mayor de edad que es hijo del mismo hombre, aunque con diferente madre. 

La Justicia analizó el caso y certificó que el demandado es propietario de un importante comercio en Posadas, con bienes e ingresos activos que lo ubicaban con capacidad económica como para afrontar la demanda requerida por su hermana quien, en contrapartida, se encontraba atravesando un contexto de vulnerabilidades.

Durante el proceso, las partes intentaron arribar a un acuerdo pero al no poder lograrlo fue la Justicia, por intermedio del magistrado Juan Manuel Lezcano, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar -multifuero- de Apóstoles, quien dirimió la cuestión.

En su resolución, el juez Lezcano planteó que jurisprudencia relacionada al caso dejó sentado que “el fundamento de la prestación alimentaria, en el marco de las relaciones de familia, debe buscarse en términos de solidaridad humana y, más precisamente, en la necesidad de que todos quienes estén ligados por lazos de sangre concurran a hacer posible el bien personal de los integrantes de la comunidad familiar”.

En esa línea, y considerando la situación en la que se encuentra el padre de la niña, Lezcano sostuvo que la cuota alimentaria debía ser afrontada por “quien pueda responder mejor a la naturaleza del derecho en juego porque evitar dilaciones innecesarias y obtener una rápida satisfacción de la prestación alimentaria”, además de anteponer ante todo “el interés superior del niño”.

En consecuencia, y en base al criterio de solidaridad familiar, el magistrado resolvió imponer al hermano mayor de la niña demandante una cuota alimentaria equivalente al 35% del salario mínimo, vital y móvil, dinero que deberá ser depositado de manera mensual hasta el febrero de 2032.

La resolución ya fue notificada a los actores y comunicada en lenguaje claro al demandado. El fallo fue confirmado en instancias superiores de análisis.

Año récord para el juzgado multifuero de Apóstoles con 386 sentencias dictadas

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Muerte del soldado: motociclista que lo chocó haciendo willy continuará preso

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soldado willy

La Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por el joven de 18 años que el domingo pasado provocó la muerte de un soldado al chocarlo mientras hacía willy con su motocicleta por la costanera de Posadas.

La medida fue firmada por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, que en su resolución planteó el estado incipiente de la investigación y consideró que la liberación del implicado representaría riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa.

De esta manera, el muchacho identificado como Juan Gabriel D. N. (18) continuará detenido mientras la Justicia avanza con el expediente que lo tiene imputado por homicidio culposo en perjuicio del soldado Rodrigo Adán Barrientos (27).

Rodrigo Adán Barrientos tenía 27 años.

El trágico episodio ocurrió el domingo pasado, alrededor de las 5.30 de la madrugada, luego de los festejos por la victoria de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del mundial.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad que captaron el momento justo en que un motociclista perdió el control de su rodado durante una maniobra de willy y embistió a Barrientos, que cruzaba la costanera a pie junto a un compañero.

Como consecuencia del impacto, el soldado cayó de espaldas contra el asfalto y su muerte se produjo prácticamente en el acto. El motociclista, en tanto, fue abordado por testigos y abandonó el lugar dejando su moto Gilera Smash en el lugar.

El implicado fue arrestado horas después, luego de que los investigadores de la Policía lograran individualizarlo y ubicarlo en el barrio Madariaga de Posadas.

Desde ese momento permanece detenido a disposición de la Justicia y ahora la familia de la víctima, representada por el abogado Federico Esquivel como querellante, solicitan agravar la acusación a homicidio simple con dolo eventual.

Motociclista que chocó y mató a un soldado hacía willy en la Costanera

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Ordenaron un examen psiquiátrico para la madre del niño asesinado en Santa Ana

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El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, suspendió la indagatoria a la mujer sospechada de asesinar a su hijo Ilán Mareco Vázquez (8) y ordenó que la detenida sea sometida a una junta médica-psiquiátrica para evaluar si se encuentra en condiciones de afrontar la audiencia.

El procedimiento judicial estaba programado para esta mañana, pero finalmente solo se limitó al cumplimiento de la designación de un abogado defensor oficial para María M. (30) que, a la espera de los resultados de su estudio, continuará detenida en una dependencia policial.

La suspensión de la indagatoria fue resulta por el propio magistrado, quien consideró oportuno la realización de una junta médica-psiquiátrica para determinar si la implicada se encuentra en condiciones de afrontar la citación y para garantizar que, en caso de lo que hiciera, esté en uso de sus facultades mentales plenas.

De esta manera, la Justicia ahora programará una fecha para la realización del estudio y recién cuando se conozcan los resultados de ese examen avanzará con la indagatoria, instancia en la que la mujer tendrá la oportunidad de brindar su versión de los hechos o bien guardar silencio.

La mujer está detenida desde el martes, aunque previo a ello estuvo 24 horas internada con custodia policial por las lesiones autoinfligidas que presentaba cuando la socorrieron de su casa, donde fue hallada junto al cuerpo sin vida de su hijo Ilán.

El crimen de Ilán se descubrió el lunes, cerca de las 10, cuando un llamado al 911 alertó sobre un episodio de extrema violencia en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este de Santa Ana.

Al llegar, los uniformados se encontraron con dos niñas adolescentes que narraron haberse topado con la escena luego de despertarse.

La escena era la siguiente: el niño Ilan Mareco Vázquez, de 8 años, sin vida sobre su cama, y su madre al lado, semi inconsciente, con lesiones cortantes en el cuello de características auto infligidas.

La autopsia practicada posteriormente confirmó que el niño falleció como consecuencia de una lesión corto-punzante en el cuello. En la escena los investigadores incautaron un cuchillo que será sometido a pericias. También encontraron una carta presuntamente escrita por su madre, ahora detenida.

Autopsia confirmó un corte en el cuello de Ilán, el niño asesinado en Santa Ana

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Piden 22 años de cárcel para misionero acusado de liderar red de trata de menores

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Angelotti Notarbartolo

La fiscalía pidió 22 años de prisión para el misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, acusado de liderar una organización que se dedicó a captar menores de edad en la tierra colorada para explotación sexual en Buenos Aires, y 11 años de cárcel para Leandro Aguiar, otro coterráneo.

Los alegatos fueron formulados por el fiscal general Juan García Elorrio ante el Tribunal Oral Federal Tres de Buenos Aires, en una audiencia que también tuvo como dato sobresaliente el pedido de absolución para el ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo Marcelo Corazza. En su caso, el representante del Ministerio Público entendió que el único hecho de abuso sexual que se le atribuye ocurrió en 2001 y prescribió, además de sostener que no existen pruebas para responsabilizarlo por el delito de asociación ilícita.

Además de las penas requeridas para los dos misioneros, la fiscalía pidió 10 años de prisión para Fernando Charpenet y Raúl Mermet, a quienes consideró partícipes necesarios de los delitos investigados. La querella, en tanto, mantuvo la acusación contra los cinco imputados, incluido Corazza, según amplió el medio porteño Infobae.

El juicio comenzó a mediados del año pasado y se desarrolla a puertas cerradas para proteger la integridad de los denunciantes y las víctimas.

Acusación

Según la investigación, la organización funcionó entre 1999 y marzo de 2023 y se dedicó a reclutar niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, principalmente en Misiones, para trasladarlos a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con fines de explotación sexual.

Para la fiscalía, Angelotti Notarbartolo era quien lideraba la estructura y se encargaba de captar y manipular a las víctimas, además de coordinar los encuentros con los demás integrantes de la organización.

Aguiar, también oriundo de Misiones, habría ingresado a la red en 2018. De acuerdo con la acusación, junto a Charpenet, Mermet y Corazza solicitaba encuentros con las víctimas para luego abusar de ellas y explotarlas sexualmente.

La causa incluye denuncias por abuso sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, corrupción de menores y tenencia de material de abuso sexual infantil. Entre las pruebas mencionadas durante el debate figuran promesas de viajes, regalos y dinero para captar a las víctimas, que tenían entre 11 y 16 años al momento de los hechos denunciados.

Inicio

El expediente se inició en octubre de 2022, luego de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). A partir de esa presentación, la investigación derivó en la detención de los cinco acusados en marzo de 2023 y posteriormente en la elevación de la causa a juicio oral.

Tras los alegatos de la fiscalía y de las querellas, restan las exposiciones de las defensas antes de que el tribunal fije la fecha del veredicto. Además de las condenas, el Ministerio Público solicitó que, en caso de sentencia condenatoria, los acusados afronten de manera solidaria una reparación económica para las víctimas.

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