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Sobreseyeron por muerte a represor misionero acusado de crímenes en la dictadura

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Parece una obviedad, pero todo debe estar plasmado en documentos y, a tres años de su muerte y a cuatro meses de la finalización del juicio en el que era uno de los 22 imputados, la Justicia bonaerense dictaminó el sobreseimiento por fallecimiento del represor misionero Benito Ángel Rubén Omaecheverría.

Según en las actas oficiales, el coronel Omaecheverría nació el 26 de abril de 1928 en Posadas y falleció el 14 de mayo de 2019, apenas dos semanas después del inicio del debate oral en el marco de la denominada “megacausa de Campo de Mayo”, el primero que enfrentaba por su participación en el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar argentina.

En esa causa, el militar misionero estaba acusado por hechos de abuso sexual en perjuicio de al menos cinco presos políticos que pasaron por el centro clandestino de detención “El Campito”, ubicado dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, un predio de 4.000 hectáreas con distintos recintos para alojamiento y tortura de prisioneros.

De acuerdo a la acusación formulada por la Fiscalía que llevó adelante la investigación del expediente, en ese momento Omaecheverría cumplía funciones como Jefe del Departamento de Personal del Estado Mayor del Comando de Instituto Militares.

El juicio por esta causa comenzó el 29 de abril de 2019. Tras la pandemia se reanudó el 27 de mayo de 2020 por vía telemática y culminó el 6 de julio de 2022. En total se desarrollaron 127 audiencias y se recabaron 327 declaraciones testimoniales.

Nueve de los imputados fueron condenados a prisión perpetua y otros nueve acusados recibieron penas de entre 22 y 4 años de prisión, entre ellos otro misionero Bernardo “El Ángel” Caballero, oriundo de San Ignacio, quien era uno de los pocos represores privado de su libertad en una celda de la Unidad Penal 34 de Campo Mayo, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Justamente, en la resolución judicial firmada hoy por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín (Buenos Aires), que declara la “extinguida” la acción penal y decreta el sobreseimiento de Omaecheverría, consta que su último domicilio fue la “residencia Tercera Edad -geriátrico Hospital Militar Campo de Mayo”-, dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo.

El mismo fallo dispone “el levantamiento de las medidas cautelares oportunamente decretadas al dictarse el procesamiento por los hechos objeto de este proceso”. Con ello Omaecheverría se llevó a la tumba todos sus hechos y falleció sin recibir sentencia por las acusaciones de lesa humanidad que pesaban en su contra.

El testimonio de una víctima

Entre las víctimas de los hechos imputados al misionero aparece María Celia Torres, prisionera política que sobrevivió a su paso por El Campito y esposa de Héctor Jofre, que aún permanece desaparecido.

El 14 de abril de 2021, Torres declaró en el juicio que se llevó adelante en el expediente por la megacausa de Campo de Mayo.

Sobre el secuestro de su esposo, concretado el 25 de febrero de 1977, Torres recordó que “lo estaban esperando en la puerta de su trabajo, lo tomaron los policías y personal del ejército, lo golpearon, lo hirieron y lo llevaron en un camión”.

Luego explicó que ese mismo día automóviles Falcon de color verde y un camión del ejército rodearon su casa, le dijeron que a su marido no lo iba a ver más, que ella también iba a desaparecer y agregó: “Rompieron toda la casa, paredes y vidrios. Nos encerraron en una habitación bajo llave durante muchas horas. Nos azotaban y nos tiraban del cabello, nos trataron muy mal”

En su exposición, replicada luego en la web oficial del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Torres explicó que la llevaron en un Falcon vendada con un pañuelo, que la ingresaron a un galpón y le colocaron una capucha: “Me dijeron no sos nadie, sos el  número 176”.

La testigo relató que fue torturada por medio de picana eléctrica y que fue abusada sexualmente y describió como “el infierno en la tierra” lo que tuvo que vivir durante su secuestro: “Fue aterrador. Me ponían picanas en los brazos y en las piernas. Después de un rato de torturarme volvían a traerme para que me acostase en la colchoneta, y así varios días”.

Antes del inicio del juicio, uno de los abogados querellantes, Pablo Llonto, había marcado especial interés en la figura de Omaecheverría. “Uno de los máximos responsables de la represión. Era quien tenía listas de todos los detenidos desaparecidos que estaban en El Campito. Este tipo es el que sabía y sabe qué pasó con cada desaparecido”, expresó el letrado a Tiempo Argentino en 2019.

 

Omaecheverría

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Piden controlar a represor misionero con domiciliaria que hizo mega fiesta

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A dos semanas de la ampulosa fiesta realizada por las bodas de oro del represor misionero con prisión domiciliaria Jorge Antonio Olivera (73), trascendieron más fotografías del evento y en una de ellas aparece como uno de los invitados Gustavo Ramón De Marchi, otro militar con causas por lesa humanidad, ante lo cual la fiscalía interviniente solicitó avanzar en la investigación de lo sucedido y amplió medidas de control en contra del ex militar oriundo de la tierra colorada.

El festejo se llevó adelante el 3 de febrero en la casa de Vicente López donde el misionero Olivera cumple prisión domiciliaria por las tres penas de prisión perpetua que registra en su contra, aunque nunca pidió permiso ni avisó de su realización, pero el jolgorio con más de 60 presentes y show de Palito Ortega tomó estado público a partir de fotografías y videos publicados en redes sociales por algunos de los invitados, entre ellos la negacionista Cecilia Pando.

Luego de ello, los fiscales generales de San Juan Francisco Maldonado y Dante Vega solicitaron que los pormenores del evento sean objeto de una investigación y también pidieron que a Olivera se le imponga “la obligación de abstenerse de realizar eventos sociales que supongan la concurrencia de un número considerable de personas ajenas al entorno familiar, la contratación de servicios de música, mobiliario, catering o cualquier otra actividad que, en definitiva, desnaturalice el alcance y sentido de la pena impuesta, y ponga en crisis la motivación estrictamente humanitaria que justifica dicho régimen de excepción, sin que ello deba interpretarse, claro está, como un impedimento para el desarrollo de su vida familiar y social”.

Ahora, al conocerse además la posible presencia en la fiesta de Gustavo De Marchi, también condenado a perpetua junto a Olivera en una de las causas en San Juan y además cómplice del misionero en la fuga de ambos registrada en 2013, los mismos funcionarios requirieron nuevos informes e incluso solicitaron la detención del represor.

De Marchi fue apartado del último juicio por motivos de salud psiquiátrica y estuvo en la fiesta de Olivera.

Apartado del juicio y luego de fiesta

Según consignaron desde el portal oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación, De Marchi se encontraba en libertad al momento de la fiesta debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan había dictado la suspensión de la ejecución de sus dos condenas por razones de salud, aunque la orden fue anulada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación el 6 de julio pasado.

“Se advierte que han transcurrido siete meses desde que la Sala III de la Cámara Federal de Casación (CFCP) anuló la resolución citada y ordenó el reenvío de las actuaciones. Por tal motivo, solicito al Tribunal que -imprimiendo la celeridad que amerita el caso- se dé cumplimiento a lo ordenado por la CFCP, ordenándose la inmediata detención del condenado Gustavo Ramón De Marchi”, indicó el fiscal Maldonado en su presentación efectuada el 7 de febrero, aunque el planteo no fue hecho público para reducir los riesgos procesales que ello podría conllevar.

En paralelo a ello, informaron que el TOF de San Juan hizo lugar hoy al pedido presentado por el fiscal Dante Vega respecto a la realización de un nuevo examen físico a De Marchi, ya que el imputado había sido apartado del juicio por la denominada Megacausa III “en razón de su condición psiquiátrica, neurológica y psicológica”.

“Resulta evidente que la presencia del nombrado en la celebración llevada a cabo en la casa de Jorge Antonio Olivera torna ineludible la necesidad de realizar un nuevo examen médico a los efectos de determinar si las condiciones médicas oportunamente constatadas se mantienen, particularmente teniendo en cuenta que en la imagen publicada por el diario Tiempo de San Juan se lo observa en condiciones que -prima facie- parecieran no condecirse con aquellas que mostraba al momento de realizarse la pericia que derivó en la suspensión de los procesos en su contra”, sostuvo Vega en su requerimiento.

Respecto al misionero Olivera, Vega sumó pedidos y planteó que al condenado se le imponga, además, la “prohibición de que ingrese a su domicilio cualquier persona imputada, procesada o condenada por crímenes contra la humanidad”, como así también “la realización de controles sorpresivos y periódicos semanales, en diferentes horarios, diurnos y nocturnos, debiendo informarse cualquier situación que suponga la violación de a las restricciones antes referidas” y, por último, “rondines policiales con la frecuencia que el Tribunal estimare pertinentes”.

El TOF corrió a la defensa de Olivera los requerimientos planteados por la Fiscalía y se aguarda resolución al respecto.

Olivera, junto a su esposa y Palito Ortega en pleno festejo el 3 de febrero.

Represor misionero

Según consta en los registros oficiales, Olivera nació en Posadas el 10 de agosto de 1950 y en San Juan se desempeñaba bajo el rango de Teniente y operaba como jefe de Inteligencia del RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña), en una de las esferas de mayor poder dentro de la estructura.

El año pasado recibió su tercera condena a prisión perpetua tras un extenso juicio realizado por la Megacausa III, donde se acumularon seis expedientes con hechos padecidos por un total de 96 víctimas, de las cuales trece permanecen desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. También se investigan secuestros, torturas y casos de violencia sexual.

Las otras condenas a perpetuas contra el misionero bautizado como “El Carnicero” fueron dictadas en julio de 2013 y octubre de 2018.

Entre las víctimas de las desapariciones, secuestros y torturas que se investigaron en las causas donde Olivera fue imputado aparecen la francesa criada en Misiones, Marie Anne Erize, y el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja.

El misionero, además, estuvo prófugo en dos oportunidades. Primero a mediados de los 2000 y luego en 2013, cuando 22 días después de recibir su primera condena escapó del hospital militar Cosme Argerich de Buenos Aires junto a su cómplice y hasta hoy compañero de andanzas Gustavo De Marchi.


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Dictan prisión preventiva para detenido por crimen de una niña en Aurora

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niña aurora

El magistrado Pedro Benítez Piriz, a cargo del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, dictó en las últimas horas el procesamiento con prisión preventiva para Daniel Alberto Nacimiento (62), el único acusado por el asesinato de la niña Milagros Ayelén Prestes en Colonia Aurora.

En su resolución, el juez a cargo de la pesquisa del hecho decidió procesar a Nacimiento como presunto autor del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido para ocultar otro delito” y mantenerlo tras las rejas mientras avance la causa en su contra.

Según lo que se pudo reconstruir, en la mañana del jueves 11 de enero la niña Milagros Ayelén Prestes salió de su casa en el Kilómetro 20 de Aurora para ir a hacer compras, pero nunca regresó.

Al día siguiente, su cuerpo sin vida fue hallado en un maizal cercano y la autopsia confirmó que fue violada y estrangulada con el cordón de una zapatilla.

Ese mismo viernes por la noche, investigadores policiales, entre ellos agentes de la Dirección Homicidios, concretaron la detención de Nacimiento (62) como único sospechoso del crimen de Milagros.

Sobre el hombre, se supo que purgó una condena por abuso sexual en perjuicio de una menor edad en la localidad bonaerense de San Isidro y tras recuperar la libertad recaló en Aurora, hace aproximadamente seis años.

La detención del sospechoso se dio a partir de varios testimonios que apuntaron haberlo visto en cercanías a la escena del hallazgo del cuerpo. Según la información del mismo matutino, los vecinos señalaron haberlo visto el jueves a primera con la ropa limpia y más tarde pasó embarrado y nervioso.

En su vivienda se secuestraron prendas de vestir, calzados y un teléfono celular. Todos estos elementos serán sometidos a pericias. Se espera, además, próximos cotejos genéticos para obtener más información.

FOTO: El Territorio.


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Represor misionero con domiciliaria hizo fiesta con Palito Ortega y 60 invitados

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represor misionero jorge olivera

El represor misionero Jorge Antonio Olivera (73), condenado a prisión perpetua en tres causas por delitos de lesa humanidad perpetrados en San Juan, celebró este fin de semana las bodas de oro junto a su esposa con una gran celebración llevada adelante en la casa donde cumple prisión domiciliaria. La fiesta contó con al menos 60 invitados, entre ellas la negacionista Cecilia Pando, e incluyó un show de Palito Ortega. La fiscalía pidió investigar el evento.

Olivera, nacido en Posadas el 10 de agosto de 1950, no solo colecciona condenas a perpetua en su contra (tiene tres, dictadas en 2013, 2018 y 2013), sino que también acumula registros de fuga (estuvo dos veces prófugo) y maniobras evasivas, pero aún así julio del año pasado la Justicia le concedió la prisión domiciliaria por “razones humanitarias”.

El beneficio fue otorgado la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal que existe por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), con la firma de los magistrados Juan Carlos Gemignani y Daniel Petrone, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia.

La resolución fue firmada el 6 de julio del año pasado, un día antes de que el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan dictase la tercera sentencia de prisión perpetua contra Olivera, quien en ese momento todavía se encontraba en una celda de la Unidad 34 – Instituto Penal Federal de Campo Mayo, aunque ya sabía que tenía vía libre para regresar a su casa.

Y, justamente, su casa en Vicente López fue ahora el epicentro de un gran festejo que no fue debidamente informado y los fiscales generales de San Juan, Francisco Maldonado y Dante Vega -este último además titular de la Oficina de Asistencia en causas por violencias a los derechos humanos en Mendoza- solicitaron que se investiguen los pormenores del evento, según detalló la periodista Luciana Bertoia para Página 12.

Quien abrió la puerta a la fiesta fue el propio hijo de Olivera, el sacerdote católico apostólico romano Javier Olivera Ravasi, muy cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien el viernes pasado felicitó los 50 años de casados de sus padres con una foto junto a ellos en su cuenta de X.

“Antaño los hombres se casaban por Iglesia, tenían los hijos que Dios les mandara y permanecían juntos hasta la muerte”, escribió y celebró: “¡Felices bodas de oro, queridos papá y mamá! 50 años, 5 hijos varones y una vida entregada a Cristo, la Patria y la familia. ¡Y gracias enseñarme a vivir de pie!”.

El resto de la fiesta también se supo, en parte, a través de redes sociales. La dirigente negacionista Cecilia Pando fue una de las invitadas a la fiesta y en su Facebook publicó una foto junto a Ramón “Palito” Ortega, artista estrella que desplegó parte de su repertorio para Olivera y su esposa, la psicóloga Marta Ravasi.

Página 12 añadió que la fiesta contó al menos 60 invitados y los fiscales a cargo de los expedientes contra el represor misionero también conocido como “El Carnicero” solicitaron que los pormenores del evento sean objeto de una investigación.

También pidieron que al condenado se le imponga la obligación de abstenerse de realizar eventos sociales “que supongan la concurrencia de un número considerable de personas ajenas al entorno familiar, la contratación de servicios de música, mobiliario, catering o cualquier otra actividad que, en definitiva, desnaturalice el alcance y sentido de la pena impuesta, y ponga en crisis la motivación estrictamente humanitaria que justifica dicho régimen de excepción, sin que ello deba interpretarse, claro está, como un impedimento para el desarrollo de su vida familiar y social”.

Olivera, historia de torturas, fugas y perpetuas

Olivera recibió su tercera condena a prisión perpetua el 7 de julio de 2023, luego de un extenso juicio oral que comenzó el 25 de junio de 2019 y que se desarrolló durante más de 100 jornadas realizadas ante el TOF de San Juan.

En esas audiencias se reconstruyeron las operaciones ilegales realizadas por el misionero y el resto de los imputados con anterioridad y posterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Fue bautizado como “El Carnicero”.

En la denominada Megacausa III se acumularon seis expedientes con hechos padecidos por un total de 96 víctimas, de las cuales trece permanecen desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. También se investigan secuestros, torturas y casos de violencia sexual.

Según consta en los registros oficiales, Olivera nació en Posadas el 10 de agosto de 1950 y en San Juan se desempeñaba bajo el rango de Teniente y operaba como jefe de Inteligencia del RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña), en una de las esferas de mayor poder dentro de la estructura.

Las otras condenas a perpetuas contra el misionero fueron dictadas en julio de 2013 y octubre de 2018.

Entre las víctimas de las desapariciones, secuestros y torturas que se investigaron en las causas donde Olivera fue imputado aparecen la francesa criada en Misiones, Marie Anne Erize, y el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja.

Olivera, cuando era buscado tras escaparse junto a otro genocida de un hospital militar en 2013.

El misionero además fue noticia en varias oportunidades por su historial de fugas y maniobras para evadir a la Justicia.

Ese tendal de antecedentes comienza ya en la década del 2000, cuando viajó a refugiarse a Italia pero fue detenido tras un pedido de la Justicia de Francia que investigaba la desaparición de la joven Marie Anne Erize, aunque solo permaneció 43 días tras las rejas.

Es que sus defensores presentaron un documento que consignaba una supuesta fecha de fallecimiento de la joven francesa y los magistrados locales entonces entendieron que el delito estaba prescripto, aunque todo se trató de una maniobra fraudulenta y un certificado falso, dado que el paradero de Erize aún no fue revelado.

Posteriormente, llegó la primera condena en Argentina. Fue el 3 de julio de 2013 y tan sólo 22 días después Olivera logró escapar junto Gustavo De Marchi -otro represor condenado- del hospital militar Cosme Argerich de Buenos Aires, donde habían sido trasladados desde el Penal de Chimbas (San Juan) por supuestas dolencias.

En esa instancia, el represor misionero permaneció en condición de prófugo de la Justicia y recién fue recapturado el 30 de enero de 2017, durante un allanamiento realizado en la casa de su esposa, Marta Ravasi, en la localidad bonaerense de San Isidro. El represor misionero estaba escondido en el baúl de un auto.

Tras su recaptura, el Olivera regresó a San Juan, donde quedó detenido y en 2018 fue condenado por segunda vez. Luego obtuvo la domiciliaria y en esa condición afrontó las audiencias del tercer juicio oral en su contra, aunque en que marzo de 2023 volvió a la cárcel por adulterar un certificado médico con el que pretendía autorización para salir de su casa para realizar actividades físicas.

De allí regresó a la UP 34 y permaneció detenido hasta julio, cuando finalmente la Cámara Federal de Casación Penal le restituyó el beneficio de purgar su pena en la casa, en la misma casa donde ahora realizó una gran fiesta.


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