Judiciales
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, decretó en las últimas horas la elevación a juicio de la causa contra los dos sicarios brasileños acusados de acribillar a un comerciante del barrio Yacyretá a mediados de 2022, hecho que encierra un posible trasfondo vinculado al narcotráfico, aunque la hipótesis no pudo ser acreditada.
Los imputados en esta causa son los brasileños Gabriel Junio Guimaraes Da Silva (22) y David Weslley de Oliveira Silva (24), ambos oriundos de Porto Alegre, y el último de ellos presuntamente ligado al temible Bala Na Cara, calificado como el segundo grupo narco-criminal más potente de Río Grande Do Sul.
Según fuentes de La Voz de Misiones, los dos están alojados en una Unidad Penal VI de Posadas y tras la resolución del juez Mattos irán a juicio acusados por el delito de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
En la causa figura un tercer involucrado, acusado de brindar alojamiento y prestar logística a los extranjeros, aunque se mantiene prófugo desde el día en que el comerciante Cristian Javier Díaz (34) encontró la muerte a balazos.
El expediente ahora será remitido al Tribunal Penal Dos de Posadas, cuyas autoridades deberán programar fecha para la realización del correspondiente debate oral para terminar de esclarecer lo sucedido.

El Fiat Duna utilizado por los extranjeros captado por cámaras de seguridad.
Timbre y ráfaga de disparos
El crimen de Díaz se registró el 8 de mayo de 2022 en su casa y también kiosco ubicado en la esquina de las calles 74 y 95, de la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.
Eran las 3.30 de la madrugada cuando tocaron el timbre del kiosco y al asomar por la ventana de atención fue acribillado. En la escena se recogieron vestigios de siete disparos y en el cuerpo de seis, localizadas en cuello (lesión fatal), tórax y abdomen.
La esposa de Díaz fue quien alertó de lo sucedido a la Policía y en menos de 24 horas los investigadores de la Dirección Homicidios dieron con los dos extranjeros hoy detenidos mediante el relevamiento de testimoniales y rastreo de cámaras de seguridad.
La pesquisa trazada permitió reconstruir que los brasileños habían ingresado a la Argentina el 3 de mayo a través del paso fronterizo Santo Tomé-Sao Borja y tenían pasajes de regreso para el 9 de mayo, poco más de 24 horas después de la ejecución de Díaz.
Justamente, ambos extranjeros fueron aprehendidos esa misma madrugada en la terminal de colectivos, mientras esperaban el micro de regreso y desde ese momento permanecen privados de la libertad.

La carga de droga incautada en 2021.
Se cree que los brasileños pernoctaron en Posadas desde el mismo día en que ingresaron al país y que lo hicieron en una vivienda prestada por el sospechoso que permanece prófugo, a quien además le sindican una carga de 155 kilogramos de marihuana incautada frente al mismo lugar por Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en 2021 y el trasfondo del crimen podría estar vinculado a ese episodio, aunque no hay pruebas concretas de que ese sea el móvil del hecho. Tampoco se pudo identificar a un posible autor intelectual.
En contrapartida, indicaron las fuentes de LVM, de lo que sí hay pruebas consistentes, principalmente registros de cámaras de seguridad, es que los extranjeros llegaron y huyeron de la escena del crimen en un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras, características idénticas a las del rodado incautado en el inmueble donde se alojaron en el barrio Luis Piedrabuena.
En su momento el juez Mattos se declaró incompetente y remitió la causa al Juzgado Federal de Posadas al entender que el crimen podría estar vinculado al narcotráfico, pero la medida no prosperó y el expediente volvió a su juzgado. Ahora la investigación culminó y todo el material probatorio deberá ser ventilado en instancia de juicio oral, donde finalmente se decidirá el futuro de los dos foráneos imputados.
Judiciales
La fiscalía pidió el sobreseimiento de Peyer, intendente denunciado por abuso
Tras el analizar el compendio de pruebas recabadas, entre las que se sumó ayer la declaración indagatoria del propio acusado, el fiscal Héctor Simón solicitó este jueves el sobreseimiento total y definitivo de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy mismo retomó sus funciones tras tomarse una licencia de 30 días para ponerse a disposición de la Justicia y someterse a la investigación abierta en su contra.
El pedido fue planteado ante el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, quien ahora deberá resolver la situación conforme a los elementos que obran en el expediente por abuso sexual con acceso carnal y amenazas abierto en febrero pasado, tras una denuncia radicada contra el intendente por parte de una trabajadora del concejo deliberante de Caraguatay.
En su presentación, la mujer acusó al jefe comunal por dos episodios puntuales. En uno afirmó que Peyer se sobrepasó con miramientos y tocamientos indebidos, mientras que en el segundo hecho fue sometida sexualmente.
En la indagatoria de ayer, el alcalde negó cada una de las acusaciones y en su defensa sostuvo que el día en que la muchacha afirma haber sido abusada él se encontraba en otro lugar.
Peyer retomó la intendencia de Caraguatay tras un mes de licencia
Judiciales
Este miércoles indagan a Mario Peyer, intendente denunciado por abuso
El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, fijó para este miércoles la audiencia de declaración indagatoria para Mario Peyer, intendente en uso de licencia de Caraguatay, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del concejo deliberante de ese mismo municipio.
La citación llega tras más de un mes de investigación, que incluyó secuestro de documentos, inspecciones oculares, pericias a dispositivos, informes médicos y toma de testimoniales por parte del juzgado que dirige el magistrado Balanda Gómez.
Al momento de comparecer ante la Justicia, Peyer tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad.
La indagatoria, además, se dará un día antes del vencimiento de la licencia solicitada por el implicado como jefe comunal de Caraguatay, cargo que temporalmente quedó en menos de la concejal Norma Gularte, que obtuvo su banca por la Renovación y en diciembre se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).
Esta mañana, en diálogo con Radio Up, el letrado Sergio Rafael Báez, adelantó que Peyer aceptará declarar y ante la Justicia negará los hechos y reafirmará su inocencia, tal como lo hizo a través de sus redes sociales apenas estalló el escándalo.
Báez resaltó que desde el comienzo de la investigación el jefe comunal se puso a disposición de la Justicia y afirmó que durante el avance del expediente han presentado un “gran caudal de pruebas” para demostrar la inocencia de Peyer.
Denuncia y causa
La denuncia contra el jefe comunal fue radicada el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, más tarde la denunciante volvió a comparecer ante el juzgado y ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias -amplia la denuncia-, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por su condición de alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Judiciales
Encerró, violó y filmó a su amiga en Oberá: lo condenaron a 15 años de prisión
El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó este martes a 15 años de prisión a un joven comerciante que en 2023 fue denunciado por encerrar, violar reiteradas veces y grabar los ultrajes en perjuicio de una amiga con la que previamente había compartido una salida.
El debate constó de una sola jornada, instancia en la que se oyó el testimonio de la víctima, como así también de dos testigos, y se reprodujeron los cinco videos de absoluta explicitud que el acusado grabó durante la noche del hecho.
El implicado, que ahora deberá cumplir una pena de 15 años de prisión como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, amenazas privación ilegítima de la libertad”, se trata de Marcelo José Duran (26), que hasta el momento del hecho se desempeñaba como comerciante y vendedor de libros.
Tras la etapa de incorporación de pruebas y durante el desarrollo de los alegatos, el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi consideró plenamente acreditado el hecho y solicitó que el imputado sea condenado a 17 años de prisión, mientras que la defensa, encabezada por el letrado particular Roberto Bondar, pidió la absolución de su cliente.
El tribunal que llevó adelante el proceso y dictó sentencia estuvo presidido por el magistrado Horacio Gabriel Paniagua e integrado por sus pares David Ezequiel Augusto Milicich y Amado Julio Dante Carvallo (subrogante).
Noche de terror
El hecho que se ventiló en debate oral y que la Justicia consideró acreditado ocurrió entre la noche del 1 de octubre de 2023 y la madrugada siguiente, en un departamento ubicado sobre la avenida José Ingenieros de Oberá, donde residía la víctima, una joven de 20 años que mantenía una relación de amistad con Duran.
Según relató la víctima, esa noche se habían juntado a compartir un rato en una plaza de la ciudad hasta que cerca de las 00 ella se fue a su casa y él se ofreció a acompañarla, pero cuando arribaron al lugar el hombre cambió completamente de actitud, se tornó violento, le sustrajo la llave y la encerró en el departamento.
Una vez dentro -amplió la muchacha-, el joven la sometió a un calvario que se extendió durante largas horas. Lo que la denunciante describió fueron reiterados abusos sexuales, perpetrados bajo amenazas de muerte con un cuchillo, golpes y grabación de videos realizados a la fuerza por parte del implicado.
Fueron al menos cinco los audiovisuales luego recuperados del celular del sospechoso y que ahora, en el transcurso del debate oral de hoy, fueron reproducidos en la sala e incorporados como prueba por la fiscalía.
Este martes, Duran declaró ante las partes, aunque no contestó preguntas, y en su testimonio admitió que hubo relaciones sexuales, pero negó que los hechos se hayan producido sin el consentimiento de la muchacha.
Diametralmente opuesta fue la declaración de la denunciante, quien detalló que durante los abusos el hombre le confesó que cometía la violación porque estaba “obsesionado” con ella y que filmaba el acto para extorsionarla a cambio de que no radicara ninguna denuncia sobre lo sucedido.
De acuerdo al mismo relato, los abusos se extendieron desde las 00 hasta aproximadamente las 5, cuando Durán se retiró del inmueble y ese mismo día, aunque horas más tarde, fue detenido por la Policía, condición en la que continúa y ahora deberá permanecer varios años más.
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