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Rojas acusó de traición a su primo: “Debería ser hombrecito y presentarse”

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Negro Rojas juicio

En la novena audiencia del juicio oral contra el sindicado narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (47), el acusado declaró por tercera vez en lo que va del proceso y volvió a desligarse de la multiplicidad de los delitos que endilgan, apuntando una supuesta “persecución judicial” en su contra, tildando de corruptos a los investigadores involucrados y pidiendo por su primo: “Él me entregó, también debería estar sentado acá”.

La declaración del imputado en dos expedientes acumulados, uno por el asesinato de su antiguo socio Aldo Andrés Canteros (33) y otra por la creación del Primer Comando de Frontera (PCF), se dio esta mañana, minutos antes de las 9.30 y se extendió durante 40 minutos.

Desde un pabellón de la cárcel federal de Marcos Paz, Rojas insistió en su inocencia y buscó contrarrestar la batería de pruebas que lo ubican como uno de los delincuentes más peligrosos de la provincia.

Para empezar, confrontó lo dicho instantes antes de por dos penitenciarios que habían participado de las requisas realizadas en su contra cuando el misionero aún se encontraba alojado en el penal de Ezeiza, de donde debió ser trasladado porque fue acusado de dirigir el PCF, una empresa narco-criminal con la que pretendía emular a las grandes bandas brasileñas.

“Yo tenía un cuidado muy riguroso, muy intenso. Tres grupos especiales me controlaban. Era imposible que yo tenga un aparato y menos aún manejar una organización criminal como se me acusa”, se defendió.

Sindicalista y perseguido

Luego, entró al terreno de insistir en una “persecución judicial” en su contra. “Yo siempre fui visto como un sindicalista en el servicio, por defender el derecho de mis compañeros. Mis reclamos le costaron el trabajo a varios muchachos, porque denuncié a varios torturadores. Es por eso que me han plantado de todo, porque tienen una bronca inmensa contra mí. Me la junaron toda la vida”, lanzó.

También criticó a la fiscalía y sostuvo que “me tienen hace 5 años como un animal, porque quieren una confesión. Esto es como una sumisión, una persecución por mis denuncias”.

Rojas sigue el juicio de manera telemática desde un pabellón de la cárcel federal de Marcos Paz.

En otro punto de su testimonio, el misionero que enfrenta una acusación que prevé prisión perpetua cuestionó la forma en que la Prefectura Naval Argentina (PNA) afirma haber conseguido su línea telefónica para comenzar a rastrearlo mientras él se movía entre las sombras.

“El que aportó mi número no fue ningún campana. Ese era Francisco Fernández, uno que estuvo preso, pero que es pupilo de la Prefectura, porque acá también hay prefecturianos corruptos, que son soldados del señor Guerrero. Se encargan de hacer la parte sucia”, señaló Rojas, haciendo referencia a Miguel Ángel Guerrero, juez federal de Eldorado, quien instruyó el expediente por el PCF, cuestión que le valió un llamado de atención por parte de Víctor Alonso, presidente del Tribunal Oral Federal de Posadas, para que mantenga los modales durante su comparecencia, sin adjetivar de manera peyorativa ni insultar.

En el medio de ello, también se dirigió a los testigos y lanzó: “Por más que acá tengan la cámara apagada yo sé quiénes son, qué hacen y de qué trabajan”.

La traición

Más tarde, también puso los cañones en dirección a Eduardo Martínez, su antigua mano derecha a quien reconoció como su primo y a quien le confesó el crimen de Canteros durante una llamada que fue interceptada por los investigadores que estaban tras sus pasos, aunque él niegue tal conversación grabada. 

Él tiene que ser hombrecito y presentarse, hacerse cargo de los hechos, como estoy yo acá. Él señor Martínez no está acá porque es un colaborador también de la Prefectura. Él me llevó a mí hasta acá, entregándome, igual que Negrito Gómez”, repartió acusaciones Rojas, como marcando también las rencillas que aún tiene abiertas.

Rojas no paró de asociar apellidos y hechos como para argumentar la supuesta operación judicial craneada en su contra, aunque en ningún momento profundizó en detalles sobre nada. “A mí me mataron tres compañeros y todas las causas fueron archivadas, por eso ahora buscan acabar conmigo”, dijo, aunque no mencionó ni quiénes fueron esas víctimas, ni cuándo se cometieron los crímenes, ni quiénes fueron los autores. Tampoco fue consultado.

Para cerrar, insistió en su inocencia: “No maté a nadie. Soy inocente y sigo siendo inocente. En mi celda duermo muy tranquilo sabiendo eso”.

Próxima audiencia el viernes

Tras su declaración, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 6 de septiembre, jornada en la que se prevé la comparecencia de otros cinco testigos.

El tribunal que lleva adelante el juicio está íntegramente conformado por magistrados subrogantes: Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco).

Por la acusación intervienen la fiscal Vivian Barbosa y los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona por la Procuraduría General de la Nación (Procunar).

Rojas es representado por el defensor oficial Marco Racagni, mientras que su consorte de la causa en el expediente que investiga el accionar del PCF, Pablo Antonio Campos Retamar (53,) cuenta con la tutela legal de Mariano Romero.

Campos Retamar también pidió la palabra hoy y se desligó de la imputación que pesa en su contra como supuesto ladero de Rojas en la causa por el PCF.

El bonaerense está acusado de gestionar la logística necesaria para que los cargamentos de drogas enviados desde Misiones sean recibidos y acondicionados en Buenos Aires.

El juicio al Negro Rojas y una escucha clave: “Le volé la cabeza”


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Van a juicio los acusados de robar y matar con fuego a una anciana en Posadas

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Dora Ramírez juicio

El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, dispuso la elevación a juicio del expediente que investiga el homicidio de Dora Ramírez (71), una anciana que el 2 de mayo de 2022 fue sorprendida por asaltantes que además de robarle provocaron un incendio que provocó su muerte. 

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la elevación a juicio de la causa se formalizó tras una resolución firmada por la Cámara de Apelaciones, cuyos magistrados confirmaron lo actuado por el juez Mattos y rechazaron los recursos presentados por la defensa de los imputados.

De esta manera, el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Dos de Posadas, donde se deberá realizar el juicio otra contra los imputados identificados como Elvio Omar Jede (49), José Luis “Kuby” Cabral (28), Ángela Yesenia Pereyra (33), Mercedes Angélica Pereyra (45) y un joven que al momento del hecho tenía 16 años.

Según detallaron, los primeros cuatro están acusados por el delito de “homicidio en ocasión de robo y daños, en concurso real”, mientras al adolescente solo lo imputan por “homicidio en ocasión de robo”. Las calificaciones prevén penas de entre 10 y 25 años de prisión, según lo establece el artículo 165 del Código Penal de la Nación. 

Dora Ramírez tenía 71 años y vivía sola en una casa de la chacra 105. FOTO: El Territorio.

Fuego y muerte en la 105

El crimen de Ramírez se registró el 2 de mayo de 2022. Esa noche, vecinos de la chacra 105, ubicada en cercanías al Chango Más de la avenida Tacuarí, llamaron a la Policía porque una de las viviendas de la zona ardía en llamas.

Cuando los uniformados llegaron, poco y nada pudieron hacer para contener las llamas, mucho menos para salvar la vida de la anciana, que falleció calcinada en el interior de la vivienda.

Según señalaron los vecinos en ese entonces, Ramírez vivía sola y tenía problemas de movilidad por osteoporosis.

La hipótesis inicial apuntó a un hecho desafortunado y trágico desencadenado como consecuencia de un cortocircuito, pero las pistas recolectadas por los especialistas de la Dirección Homicidios de la Policía marcaron completamente lo contrario.

Las fuentes de LVM indicaron que, en medio de las averiguaciones, los investigadores obtuvieron testimonios que dieron cuenta de que la muerte de Ramírez para nada se trató de un accidente, sino que más bien la anciana fue asesinada después de un robo.

A partir de ahí, avanzaron en la identificación de posibles sospechosos y así llegaron a cinco personas y en los allanamientos se secuestraron varios elementos de prueba más que comprometedores.

Los primeros detenidos fueron Jede y Pereira, en cuyo poder los investigadores incautaron un automóvil Peugeot 205 que habría sido utilizado para sustraer elementos de la casa de Ramírez e incluso fue captado por cámaras de seguridad dispuestas en cercanías a la vivienda de la víctima.

Durante la madrugada siguiente, es decir, el 6 de mayo, en tanto, los pesquisas avanzaron hasta una casa ubicada en el barrio Nuevo de Garupá, donde detuvieron a Romero y demoraron a un adolescente.

En ese lugar, los uniformados dieron con una importante cantidad de objetos que comprometieron a los involucrados como, por ejemplo, un televisor de 50 pulgadas, una garrafa de 10 kilogramos, un nebulizador, un monedero y documentaciones vinculadas a Ramírez y familiares de la anciana asesinada.

Se estima que dichos objetos fueron parte del botín sustraído por la banda que esa semana ingresó a la casa de Ramírez y luego asesinó a la anciana y provocó un incendio en el lugar para borrar huellas.

El último en caer fue Kuby. Su detención se concretó durante un procedimiento en la chacra 181 y desde un comienzo fue apuntado como el “organizador” o “ideólogo” del golpe.


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Registraron la oficina de Germán Kiczka en la Legislatura

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Efectivos de la Dirección Cibercrimen, junto a agentes de la Secretaria de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) realizaron un registro del despacho que era utilizado por el diputado Germán Kiczka en el edificio anexo de la Legislatura.

La medida se concretó esta tarde, con presencia del magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien tiene imputado tanto a Germán Kiczka como a su hermano Sebastián en una causa por tenencia y distribución de archivos Masi.

El procedimiento fue similar al realizado en la oficina que el mismo legislador utilizaba en una propiedad de la familia Puerto en Apóstoles, dónde la empresa Cigarros Misioneros tiene domicilio fiscal y además funcionan la radio y bar Social Club.

Todo lo hallado, principalmente soportes informáticos, serán anexados a la causa y quedarán a la espera de peritajes.

Comisión investigadora firmó dictamen para expulsar al diputado Germán Kiczka


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Caso Kiczka: la fiscal Dupuy ofreció colaboración en peritaje de archivos Masi

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Daniela Dupuy

La fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de Ciudad de Buenos Aires, donde se inició la investigación que terminó comprometiendo a los hermanos Kiczka en una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), puso a disposición de la Justicia misionera todo su equipamiento de alta tecnología para analizar las imágenes halladas en los aparatos incautados a manos de los imputados a fin de determinar tanto la edad como la identidad de las víctimas, entre otras especificaciones técnicas.

En declaraciones televisivas brindadas recientemente, la funcionaria porteña calificó como “aberrantes” las imágenes detectadas en la primera pericia realizada antes de remitir la causa al Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dirigido por el magistrado Miguel Ángel Faría, y respecto a los archivos revisados detalló que “en este caso estamos hablando de niños y niñas muy pequeños. Bebés siendo abusados, niñas y niños menores de 13 años llevando a cabo actividades sexuales con adultos”.

En ese marco, ahora se supo que Dupuy se comunicó con el juez Faría y se puso a entera disposición para colaborar en todas las labores de investigación, tareas técnicas y peritaje informático que aún se encuentren en proceso.

La ayuda consistiría en el aporte de todas las herramientas y software de alta tecnología con la que Dupuy cuenta para analizar las imágenes de manera tan minuciosa que posibilita determinar la edad de las víctimas, como así también la identidad de los menores filmados, aunque este último punto también depende de muchos otros factores.

Según indicaron fuentes de La Voz de Misiones, desde el juzgado no sólo que agradecieron el gesto, sino que también aceptaron la colaboración y se avanzará ahora en la gestión de los trámites correspondientes para trazar un convenio a través de la Procuración General de la provincia.

Tanto el diputado Germán Kiczka como su hermano Sebastián están desde el domingo presos en la cárcel de Cerro Azul.

En ese marco, las mismas fuentes consignaron que se fijó para el 10 de septiembre la medida de apertura de los sobres con los todos los soportes informáticos incautados durante el allanamiento realizado el lunes a la mañana en una oficina que el aún diputado -este jueves se trata su expulsión de la Legislatura- Germán Kiczka utilizaba en su rol de comisionista en Cigarros Misioneros, empresa son domicilio radicado en una propiedad de la familia Puerta y donde actualmente funcionan un bar y una radio bajo el nombre de Social Club.

A esa oficina hubo que acceder mediante la intervención de un cerrajero y en su interior se hallaron una notebook, un teléfono celular, CD’s y documentos, elementos se sumarán a los otros aparatos que aún se encuentran en etapa de arduo peritaje por parte de agentes tanto de Cibercrimen de la Policía como de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Poder Judicial.

Voceros con acceso al expediente añadieron que en el despacho también se halló un dibujo infantil que estaba acompañado con el nombre “Germán”, elemento que levanta suspicacias de todo tipo pero que hasta el momento no configura valor de prueba.

Además, las fuentes hicieron mención a un grupo de Telegram denominado “Los Cigarros” que fue extraído de las pericias a los teléfonos celulares de los imputados y en donde se observan conversaciones sobre intercambio de imágenes Masi, pero todavía quedan análisis por realizar para unir piezas e intentar identificar ramificaciones del delito investigado.

Mientras tanto, los hermanos Germán y Sebastián Kiczka continúan detenidos en celdas de la Unidad Penal VIII, presidio al cual fueron trasladados el domingo a la noche tras permanecer unos días en la comisaría Segunda de Apóstoles, dependencia policial que no estaba preparada para alojar internos de “alto perfil”.

Ambos presentaron un pedido de excarcelación a través de su abogado defensor Gonzalo De Paula, pero el planteo fue rechazado este miércoles por el juez Faría, quien argumentó riesgo de fuga, entre otros factores. 


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