Judiciales
Rojas acusó de traición a su primo: “Debería ser hombrecito y presentarse”

En la novena audiencia del juicio oral contra el sindicado narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (47), el acusado declaró por tercera vez en lo que va del proceso y volvió a desligarse de la multiplicidad de los delitos que endilgan, apuntando una supuesta “persecución judicial” en su contra, tildando de corruptos a los investigadores involucrados y pidiendo por su primo: “Él me entregó, también debería estar sentado acá”.
La declaración del imputado en dos expedientes acumulados, uno por el asesinato de su antiguo socio Aldo Andrés Canteros (33) y otra por la creación del Primer Comando de Frontera (PCF), se dio esta mañana, minutos antes de las 9.30 y se extendió durante 40 minutos.
Desde un pabellón de la cárcel federal de Marcos Paz, Rojas insistió en su inocencia y buscó contrarrestar la batería de pruebas que lo ubican como uno de los delincuentes más peligrosos de la provincia.
Para empezar, confrontó lo dicho instantes antes de por dos penitenciarios que habían participado de las requisas realizadas en su contra cuando el misionero aún se encontraba alojado en el penal de Ezeiza, de donde debió ser trasladado porque fue acusado de dirigir el PCF, una empresa narco-criminal con la que pretendía emular a las grandes bandas brasileñas.
“Yo tenía un cuidado muy riguroso, muy intenso. Tres grupos especiales me controlaban. Era imposible que yo tenga un aparato y menos aún manejar una organización criminal como se me acusa”, se defendió.
Sindicalista y perseguido
Luego, entró al terreno de insistir en una “persecución judicial” en su contra. “Yo siempre fui visto como un sindicalista en el servicio, por defender el derecho de mis compañeros. Mis reclamos le costaron el trabajo a varios muchachos, porque denuncié a varios torturadores. Es por eso que me han plantado de todo, porque tienen una bronca inmensa contra mí. Me la junaron toda la vida”, lanzó.
También criticó a la fiscalía y sostuvo que “me tienen hace 5 años como un animal, porque quieren una confesión. Esto es como una sumisión, una persecución por mis denuncias”.

Rojas sigue el juicio de manera telemática desde un pabellón de la cárcel federal de Marcos Paz.
En otro punto de su testimonio, el misionero que enfrenta una acusación que prevé prisión perpetua cuestionó la forma en que la Prefectura Naval Argentina (PNA) afirma haber conseguido su línea telefónica para comenzar a rastrearlo mientras él se movía entre las sombras.
“El que aportó mi número no fue ningún campana. Ese era Francisco Fernández, uno que estuvo preso, pero que es pupilo de la Prefectura, porque acá también hay prefecturianos corruptos, que son soldados del señor Guerrero. Se encargan de hacer la parte sucia”, señaló Rojas, haciendo referencia a Miguel Ángel Guerrero, juez federal de Eldorado, quien instruyó el expediente por el PCF, cuestión que le valió un llamado de atención por parte de Víctor Alonso, presidente del Tribunal Oral Federal de Posadas, para que mantenga los modales durante su comparecencia, sin adjetivar de manera peyorativa ni insultar.
En el medio de ello, también se dirigió a los testigos y lanzó: “Por más que acá tengan la cámara apagada yo sé quiénes son, qué hacen y de qué trabajan”.
La traición
Más tarde, también puso los cañones en dirección a Eduardo Martínez, su antigua mano derecha a quien reconoció como su primo y a quien le confesó el crimen de Canteros durante una llamada que fue interceptada por los investigadores que estaban tras sus pasos, aunque él niegue tal conversación grabada.
“Él tiene que ser hombrecito y presentarse, hacerse cargo de los hechos, como estoy yo acá. Él señor Martínez no está acá porque es un colaborador también de la Prefectura. Él me llevó a mí hasta acá, entregándome, igual que Negrito Gómez”, repartió acusaciones Rojas, como marcando también las rencillas que aún tiene abiertas.
Rojas no paró de asociar apellidos y hechos como para argumentar la supuesta operación judicial craneada en su contra, aunque en ningún momento profundizó en detalles sobre nada. “A mí me mataron tres compañeros y todas las causas fueron archivadas, por eso ahora buscan acabar conmigo”, dijo, aunque no mencionó ni quiénes fueron esas víctimas, ni cuándo se cometieron los crímenes, ni quiénes fueron los autores. Tampoco fue consultado.
Para cerrar, insistió en su inocencia: “No maté a nadie. Soy inocente y sigo siendo inocente. En mi celda duermo muy tranquilo sabiendo eso”.
Próxima audiencia el viernes
Tras su declaración, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 6 de septiembre, jornada en la que se prevé la comparecencia de otros cinco testigos.
El tribunal que lleva adelante el juicio está íntegramente conformado por magistrados subrogantes: Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco).
Por la acusación intervienen la fiscal Vivian Barbosa y los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona por la Procuraduría General de la Nación (Procunar).
Rojas es representado por el defensor oficial Marco Racagni, mientras que su consorte de la causa en el expediente que investiga el accionar del PCF, Pablo Antonio Campos Retamar (53,) cuenta con la tutela legal de Mariano Romero.
Campos Retamar también pidió la palabra hoy y se desligó de la imputación que pesa en su contra como supuesto ladero de Rojas en la causa por el PCF.
El bonaerense está acusado de gestionar la logística necesaria para que los cargamentos de drogas enviados desde Misiones sean recibidos y acondicionados en Buenos Aires.
El juicio al Negro Rojas y una escucha clave: “Le volé la cabeza”
Judiciales
Su papá está preso y le ordenan a su hermano cumplir con cuota alimentaria

El Juzgado Multifuero de Apóstoles intervino una demanda de cuota alimentaria en favor de una niña (13 años) cuyo padre se encuentra purgando una condena por femicidio y, basándose en el principio de solidaridad familiar, resolvió que la demanda sea absorbida por un hermano de la menor, resolución que quedó firme en las últimas semanas.
El litigio comenzó hace varios años, cuando la madre de la niña se presentó ante la Justicia solicitando el cumplimiento de una cuota alimentaria por parte del padre de la menor, aunque la medida era imposible de ejecutar dado que el hombre se encuentra privado de su libertad, cumpliendo desde 2015 una pena por un hecho de homicidio calificado por el vínculo cometido en 2010, con una consecuente certificación negativa de Anses ya que no tenía ingresos activos bajo estas circunstancias.
Ante esta situación, la demanda recayó contra un hermano paterno de la niña. Se trata de un joven mayor de edad que es hijo del mismo hombre, aunque con diferente madre.
La Justicia analizó el caso y certificó que el demandado es propietario de un importante comercio en Posadas, con bienes e ingresos activos que lo ubicaban con capacidad económica como para afrontar la demanda requerida por su hermana quien, en contrapartida, se encontraba atravesando un contexto de vulnerabilidades.
Durante el proceso, las partes intentaron arribar a un acuerdo pero al no poder lograrlo fue la Justicia, por intermedio del magistrado Juan Manuel Lezcano, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar -multifuero- de Apóstoles, quien dirimió la cuestión.
En su resolución, el juez Lezcano planteó que jurisprudencia relacionada al caso dejó sentado que “el fundamento de la prestación alimentaria, en el marco de las relaciones de familia, debe buscarse en términos de solidaridad humana y, más precisamente, en la necesidad de que todos quienes estén ligados por lazos de sangre concurran a hacer posible el bien personal de los integrantes de la comunidad familiar”.
En esa línea, y considerando la situación en la que se encuentra el padre de la niña, Lezcano sostuvo que la cuota alimentaria debía ser afrontada por “quien pueda responder mejor a la naturaleza del derecho en juego porque evitar dilaciones innecesarias y obtener una rápida satisfacción de la prestación alimentaria”, además de anteponer ante todo “el interés superior del niño”.
En consecuencia, y en base al criterio de solidaridad familiar, el magistrado resolvió imponer al hermano mayor de la niña demandante una cuota alimentaria equivalente al 35% del salario mínimo, vital y móvil, dinero que deberá ser depositado de manera mensual hasta el febrero de 2032.
La resolución ya fue notificada a los actores y comunicada en lenguaje claro al demandado. El fallo fue confirmado en instancias superiores de análisis.
Año récord para el juzgado multifuero de Apóstoles con 386 sentencias dictadas
Judiciales
Maldonado, el agresor del periodista Ortiz, pagó 1 millón y quedó en libertad

El abogado Gustavo Maldonado recuperó la libertad este viernes tras presentarse ante el Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, dondé prestó testimonial y pagó una fianza de 1 millón de pesos en el marco de una denuncia por “amenazas agravadas y lesiones leves” contra el periodista Enrique Ortiz.
La medida se concretó de inmediato tras la fianza “otorgada por dos personas como garantes de que cumplirá con las medidas y se presentará ante el juzgado cuando sea llamado”, según confirmó a LVM el juez Pedro Piris, titular subrogante del mencionado juzgado.
De esta manera, le fue otorgada la libertad provisional con medidas de restricción que incluyen la prohibición de contacto, ausentarse del país y presentarse periódicamente, con posibilidad de implementación de un botón de pánico a los denunciantes, entre los que se encuentran el periodista Ortiz y su pareja.
También quedó en libertad Gastón Machado, quien estuvo detenido durante una semana por acompañar a Maldonado el día en que se produjo la agresión contra el periodista.
Tanto el abogado Maldonado como Machado, seguirán imputados por el delito de “amenazas agravadas” y “lesiones leves” y deberán continuar a disposición del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem.
Antecedentes
El miércoles 16 de enero el abogado y secretario legislativo del Honorable Concejo Deliberante de Posadas (HCD), se presentó en el domicilio del periodista, Enrique Ortiz (49), a quien propició golpes y empujones. En ese momento, estuvo acompañado por Gastón Machado, quien habría portado un arma de fuego, según los videos viralizados en redes sociales.
Hasta el mes de diciembre, Maldonado fue certificado por su trabajo como planta permanente en la legislatura local. El documento que circuló en forma de denuncia, expone una lista de 17 trabajadores en la misma condición, cuyas actividades fueron aprobadas por el concejal Pablo Velázquez, que estampó su firma al final de la nota titulada: Certificación de Servicios.
Tras la denuncia por “amenazas agravadas y lesiones leves” y el inicio de la causa judicial, el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), solicitó la suspensión inmediata de la matrícula profesional de su agresor, por lo menos, hasta que se resuelva su situación procesal y jurídica.
La institución analizará su desempeño por presuntas vinculaciones con autoridades del gobierno provincial, lo que viola el código de ética de la mencionada institución en sus artículos 26 y 27.
Piden suspensión de la matrícula del abogado Gustavo Maldonado
Judiciales
Liberaron a Pernigotti y no podrá acercarse a sus denunciantes

El periodista Mario Pernigotti recuperó la libertad este viernes tras permanecer más de 24 horas detenido por una denuncia de agresión y amenazas contra inspectores municipales.
La medida se concretó hoy y al comunicador se le impuso una restricción de acercamiento y contacto hacia sus denunciantes.
Para la excarcelación se tuvo en cuenta su avanzada edad (67 años) y razones de salud (cuadro de hipertensión).
El periodista continuará imputado por el delito de “amenazas” y deberá seguir a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.
El caso
El periodista fue detenido el martes pasado, tras un allanamiento en su vivienda en el barrio Alta Gracia, por el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, en el marco de una denuncia por agresiones y amenazas de muerte a inspectores municipales.
El hecho ocurrió el viernes pasado cuando acudió al Centro de Evaluación Vial, ubicado en el Hiper Libertad, para renovar su carnet de conducir.
Tal como quedó filmado por las cámaras de seguridad, en un momento dado, estalló en ira, empujando, arrinconando y amenazando con golpear a los empleados, mientras portaba un matafuego en una de sus manos.
Por su parte, una de las afectadas relató: “Le dijimos que como tenía vencida la licencia no podía llegar manejando y nos empezó a decir como si a nosotros nunca se nos venció una boleta de luz”.
“Después en un momento agarró el matafuegos y sentí que no tenía escapatoria. Quise salir a pedir ayuda porque nosotros no estamos preparados con nada en nuestra defensa”, añadió en estado de shock.
Al presentarse ante la Justicia, el periodista negó las acusaciones en su contra y alegó que bajó con el matafuego en manos porque así se lo habían solicitado para verificar su aptitud, sin ahondar en mayores detalles ni tampoco hizo mención a las imágenes de seguridad que trascendieron y se viralizaron.
-
La Voz de la Gente hace 2 días
Garupá: denuncian a policía por quincho clandestino para fiestas privadas
-
Posadas hace 5 días
Exponen red de Telegram que distribuye contenido filtrado de chicas misioneras
-
Policiales hace 1 día
Doble homicida de Colonia Victoria falleció en la cárcel de Eldorado
-
Policiales hace 7 días
Mató de un palazo al perro de su vecino y arrojó el cuerpo a un arroyo
-
Policiales hace 16 horas
Se entregó el gitano acusado de atropellar y matar a Traico
-
Judiciales hace 21 horas
Su papá está preso y le ordenan a su hermano cumplir con cuota alimentaria
-
Cultura hace 6 días
Blas Martínez Riera abandona los escenarios: “Siento que estoy vacío”
-
Policiales hace 7 días
Detuvieron al “ideólogo” de las amenazas de muerte a un empresario de Posadas