Judiciales
Rita declaró en la etapa cúlmine del juicio: “No puedo entender qué pasó”
En el cierre de la etapa de testimoniales, en la antesala de los alegatos de mañana y ante una sala totalmente conmovida, Rita Marianela Cervantes Martínez (31) declaró durante exactamente una hora ante el Tribunal Penal Dos de Posadas, instancia en la que repitió y una otra vez no recordar, ni entender qué sucedió aquella tarde de 2020 en la que la acusan de intentar matar a su hija recién nacida.
“No puedo entender qué pasó. Hace tres años que pienso y pienso, pero no entiendo. Trato de acordarme y tampoco puedo. No sé lo que pasó, le pregunto a todo el mundo y nadie puede explicarme qué pasó. Me da bronca. Yo amo a mi hija. Ella es lo más lindo que vi”, declaró entre lágrimas Rita, lágrimas que a su vez se replicaron en varios de los presentes en una sala de debates que oyó el tajante testimonio en medio del más absoluto silencio.
La palabra de Rita era esperada desde el primer día de debate, cuando adelantó que quería ser escuchada y el momento llegó esta mañana, al cierre de la etapa de incorporación de pruebas y luego del testimonio vertido por un total de 28 testigos, entre familiares, vecinos, médicos, enfermeros, psicólogos y psiquiatras que comparecieron ante el tribunal a lo largo de seis audiencias.
Delante de todos, la joven de 31 años, madre de otro pequeño y que antes de esta causa se desempeñaba como auxiliar de maestra jardinera, relató todo. Desde el momento en que se enteró de su embarazo hasta su internación y el parto, aunque aseguró no tener registros en su memoria de qué sucedió entre el alta y su regreso a casa.
“En febrero ya me habían dicho que tenía piedras en la vesícula, pero yo dejé pasar los controles, dejé pasar el tiempo. Yo no me quería operar para no dejar solo a mi hijo, pero empecé a vomitar, me dolía mucho y casi no podía comer nada. Entonces volví a ir al médico. Ahí me hacen una ecografía y el médico me dice que estaba embarazada de 34 semanas. Recién ahí me enteré del embarazo”, expresó Rita al inicio de su testimonio.
Y continuó: “Yo no entendía nada. El médico me dijo que no tenía panza como para un embarazo tan avanzado. Yo ya había estado embarazada antes y no fue así, ahí yo sentía todo, tenía panza grande, el bebé se movía. Acá eso no pasó. Pensé que el médico se había equivocado y no le dije nada a mi pareja”.
La imputada añadió que aguardó una semana para someterse a un nuevo control de vesícula, instancia a la que acudió con el DNI de su amiga y fue atendida por un médico diferente pero que también le confirmó el embarazo.
“Ahí no sabía cómo decirle a mi pareja que estaba embarazada. Él se iba a enojar porque yo no me di cuenta de nada. Entonces pensé en no contar nada hasta comprar cosas para mí bebé porque no habíamos preparado nada”, agregó.
La defensora Sommer Aromí, el fiscal Glinka y la imputada Rita Cervantes durante su declaración. FOTO: Gentileza Marcos Otaño.
El parto, el alta y el regreso
Rita recordó que en esas circunstancias llegó el 4 de septiembre, noche en la cual comenzó con fuertes dolores y a la mañana siguiente decidió ir al hospital cuando ya prácticamente se encontraba con trabajo de parto, aunque su pareja tampoco notó nada extraño.
“No aguantaba más el dolor. Ya no podía pararme derecho. Me fui caminando al (hospital) Favaloro, pero de ahí me mandaron al Neonatal. Ahí quise volver al departamento para decirle a mi pareja que no aguantaba más, pero no pude, no llegué. En una esquina me senté y un señor me ayudó a pedir un taxi. Fue así que llegué al hospital”, recordó.
Y así llegó el momento del parto, que también describió como traumático. “Tenía mucho miedo de no poder tenerlo. A mi otro hijo lo tuve por cesárea, no me había dolido nada. Yo no sabía lo que era una contracción”.
Tras el alumbramiento, registrado el 5 de septiembre de 2020 a las 11.10, admitió que confundió a su beba recién nacida con su anterior hijo y volvió a pensar en las respuestas que iba a obtener de parte de su pareja y su familia por las condiciones en las que se produjo todo.
“No sabía cómo decirle a mi mamá y tampoco quería, porque me iban a culpar de no haber dado cuenta del embarazo, de no haber preparado nada. Yo a mi bebé la hablaba todo el tiempo, le decía que la iba a cuidar, que su papá se iba a enojar un rato con nosotros pero que nos iba a perdonar y nos iba a querer”, narró.
El Tribunal Penal Uno pasó a cuarto intermedio hasta mañana para la ronda de alegatos. FOTO: Gentileza Marcos Otaño.
Mientras para sus familiares estaba desaparecida, Rita permaneció internada en estado puerperal y registrada con el nombre de su amiga hasta el 7 de septiembre al mediodía, cuando fue dada de alta junto a su beba, sin ninguna compañía y en contexto de cuarentena aún estricta por la pandemia de Covid-19.
“No sabía si ir a lo de mi mamá o a lo de mi pareja. Quería ir a la parada del 23. No sé a qué colectivo subí pero recuerdo que la tenía conmigo en un colectivo. No sé dónde me bajé después pero sé que camine mucho. Llovía y yo le tapaba para que no se moje y le hablaba, pero no llegaba a mi casa, no sabía cómo llegar”, contó.
Rita afirmó que ese fue el último registro que tiene sobre lo sucedido en su memoria, dado que lo siguiente que recuerda es haber llegado a su casa en un cuadro de total confusión y desesperación porque no tenía a su beba consigo.
“Yo no puedo entender que pasó. Hace tres años que pienso y pienso qué pasó y no entiendo. Traté de acordarme y no puedo”, sostuvo entre lágrimas de dolor, angustia e impotencia.
“Si yo sabía que estaba embarazada antes me iba a cuidar, me iba a preparar. Ella es lo más lindo que vi. No sé lo que pasó. A todo el mundo le pido que me explique y nadie me puede explicar qué pasó. Me da bronca”, agregó.
La imputada también aceptó responder preguntas, tanto de sus defensoras Luciana Sommer Aromí y Karen Rodríguez de Olivera como del fiscal Vladimir Glinka.
Glinka, al igual que lo realizado con otros testigos, le exhibió a Rita imágenes de una cámara de seguridad ubicada en cercanías al lugar donde finalmente encontraron abandonada y apuñalada a la hija de la imputada, pero la joven negó ser ella quien aparecía en el video.
Una de las testigos de la jornada y las imágenes de la cámara de seguridad exhibida por el fiscal. FOTO: Gentileza Marcos Otaño.
Mañana, alegatos
Previo a la declaración de Rita comparecieron los últimos cinco testigos que aparecían citados, entre ellos una amiga de la familia, dos enfermeras y más trabajadoras del hospital Materno Neonatal de Posadas.
Con ellos, sumado al posterior relato de la imputada, el tribunal presidido por el magistrado César Yaya e integrado por sus pares Gregorio Busse y Carlos Giménez, dieron por cerrada la etapa de incorporación de pruebas y pasaron a un cuarto intermedio hasta mañana a las 8.30.
El miércoles, entonces, será el turno de la ronda de alegatos, donde tanto la fiscalía como la defensa deberán exponer sus conclusiones finales y elevar al tribunal sus respectivos pedidos punitivos.
Rita llegó a esta instancia detenida, con los plazos de prisión preventiva excedidos e imputada por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo, en grado de tentativa, hurto y alteración de la identidad de un menor de 10 años, todos en concurso real”.
La defensa, en tanto, basada en aportes de profesionales de psiquiatría y psicología, los cuales en su mayoría declararon a lo largo de estas seis audiencias, sostiene que Rita experimentó un embarazo sin síntomas como consecuencia de un síndrome de negación/disociación vinculado a un trauma de abuso infantil y que todo se produjo en el contexto de una psicosis puerperal.
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
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