Judiciales
Rita declaró en la etapa cúlmine del juicio: “No puedo entender qué pasó”
En el cierre de la etapa de testimoniales, en la antesala de los alegatos de mañana y ante una sala totalmente conmovida, Rita Marianela Cervantes Martínez (31) declaró durante exactamente una hora ante el Tribunal Penal Dos de Posadas, instancia en la que repitió y una otra vez no recordar, ni entender qué sucedió aquella tarde de 2020 en la que la acusan de intentar matar a su hija recién nacida.
“No puedo entender qué pasó. Hace tres años que pienso y pienso, pero no entiendo. Trato de acordarme y tampoco puedo. No sé lo que pasó, le pregunto a todo el mundo y nadie puede explicarme qué pasó. Me da bronca. Yo amo a mi hija. Ella es lo más lindo que vi”, declaró entre lágrimas Rita, lágrimas que a su vez se replicaron en varios de los presentes en una sala de debates que oyó el tajante testimonio en medio del más absoluto silencio.
La palabra de Rita era esperada desde el primer día de debate, cuando adelantó que quería ser escuchada y el momento llegó esta mañana, al cierre de la etapa de incorporación de pruebas y luego del testimonio vertido por un total de 28 testigos, entre familiares, vecinos, médicos, enfermeros, psicólogos y psiquiatras que comparecieron ante el tribunal a lo largo de seis audiencias.
Delante de todos, la joven de 31 años, madre de otro pequeño y que antes de esta causa se desempeñaba como auxiliar de maestra jardinera, relató todo. Desde el momento en que se enteró de su embarazo hasta su internación y el parto, aunque aseguró no tener registros en su memoria de qué sucedió entre el alta y su regreso a casa.
“En febrero ya me habían dicho que tenía piedras en la vesícula, pero yo dejé pasar los controles, dejé pasar el tiempo. Yo no me quería operar para no dejar solo a mi hijo, pero empecé a vomitar, me dolía mucho y casi no podía comer nada. Entonces volví a ir al médico. Ahí me hacen una ecografía y el médico me dice que estaba embarazada de 34 semanas. Recién ahí me enteré del embarazo”, expresó Rita al inicio de su testimonio.
Y continuó: “Yo no entendía nada. El médico me dijo que no tenía panza como para un embarazo tan avanzado. Yo ya había estado embarazada antes y no fue así, ahí yo sentía todo, tenía panza grande, el bebé se movía. Acá eso no pasó. Pensé que el médico se había equivocado y no le dije nada a mi pareja”.
La imputada añadió que aguardó una semana para someterse a un nuevo control de vesícula, instancia a la que acudió con el DNI de su amiga y fue atendida por un médico diferente pero que también le confirmó el embarazo.
“Ahí no sabía cómo decirle a mi pareja que estaba embarazada. Él se iba a enojar porque yo no me di cuenta de nada. Entonces pensé en no contar nada hasta comprar cosas para mí bebé porque no habíamos preparado nada”, agregó.
La defensora Sommer Aromí, el fiscal Glinka y la imputada Rita Cervantes durante su declaración. FOTO: Gentileza Marcos Otaño.
El parto, el alta y el regreso
Rita recordó que en esas circunstancias llegó el 4 de septiembre, noche en la cual comenzó con fuertes dolores y a la mañana siguiente decidió ir al hospital cuando ya prácticamente se encontraba con trabajo de parto, aunque su pareja tampoco notó nada extraño.
“No aguantaba más el dolor. Ya no podía pararme derecho. Me fui caminando al (hospital) Favaloro, pero de ahí me mandaron al Neonatal. Ahí quise volver al departamento para decirle a mi pareja que no aguantaba más, pero no pude, no llegué. En una esquina me senté y un señor me ayudó a pedir un taxi. Fue así que llegué al hospital”, recordó.
Y así llegó el momento del parto, que también describió como traumático. “Tenía mucho miedo de no poder tenerlo. A mi otro hijo lo tuve por cesárea, no me había dolido nada. Yo no sabía lo que era una contracción”.
Tras el alumbramiento, registrado el 5 de septiembre de 2020 a las 11.10, admitió que confundió a su beba recién nacida con su anterior hijo y volvió a pensar en las respuestas que iba a obtener de parte de su pareja y su familia por las condiciones en las que se produjo todo.
“No sabía cómo decirle a mi mamá y tampoco quería, porque me iban a culpar de no haber dado cuenta del embarazo, de no haber preparado nada. Yo a mi bebé la hablaba todo el tiempo, le decía que la iba a cuidar, que su papá se iba a enojar un rato con nosotros pero que nos iba a perdonar y nos iba a querer”, narró.
El Tribunal Penal Uno pasó a cuarto intermedio hasta mañana para la ronda de alegatos. FOTO: Gentileza Marcos Otaño.
Mientras para sus familiares estaba desaparecida, Rita permaneció internada en estado puerperal y registrada con el nombre de su amiga hasta el 7 de septiembre al mediodía, cuando fue dada de alta junto a su beba, sin ninguna compañía y en contexto de cuarentena aún estricta por la pandemia de Covid-19.
“No sabía si ir a lo de mi mamá o a lo de mi pareja. Quería ir a la parada del 23. No sé a qué colectivo subí pero recuerdo que la tenía conmigo en un colectivo. No sé dónde me bajé después pero sé que camine mucho. Llovía y yo le tapaba para que no se moje y le hablaba, pero no llegaba a mi casa, no sabía cómo llegar”, contó.
Rita afirmó que ese fue el último registro que tiene sobre lo sucedido en su memoria, dado que lo siguiente que recuerda es haber llegado a su casa en un cuadro de total confusión y desesperación porque no tenía a su beba consigo.
“Yo no puedo entender que pasó. Hace tres años que pienso y pienso qué pasó y no entiendo. Traté de acordarme y no puedo”, sostuvo entre lágrimas de dolor, angustia e impotencia.
“Si yo sabía que estaba embarazada antes me iba a cuidar, me iba a preparar. Ella es lo más lindo que vi. No sé lo que pasó. A todo el mundo le pido que me explique y nadie me puede explicar qué pasó. Me da bronca”, agregó.
La imputada también aceptó responder preguntas, tanto de sus defensoras Luciana Sommer Aromí y Karen Rodríguez de Olivera como del fiscal Vladimir Glinka.
Glinka, al igual que lo realizado con otros testigos, le exhibió a Rita imágenes de una cámara de seguridad ubicada en cercanías al lugar donde finalmente encontraron abandonada y apuñalada a la hija de la imputada, pero la joven negó ser ella quien aparecía en el video.
Una de las testigos de la jornada y las imágenes de la cámara de seguridad exhibida por el fiscal. FOTO: Gentileza Marcos Otaño.
Mañana, alegatos
Previo a la declaración de Rita comparecieron los últimos cinco testigos que aparecían citados, entre ellos una amiga de la familia, dos enfermeras y más trabajadoras del hospital Materno Neonatal de Posadas.
Con ellos, sumado al posterior relato de la imputada, el tribunal presidido por el magistrado César Yaya e integrado por sus pares Gregorio Busse y Carlos Giménez, dieron por cerrada la etapa de incorporación de pruebas y pasaron a un cuarto intermedio hasta mañana a las 8.30.
El miércoles, entonces, será el turno de la ronda de alegatos, donde tanto la fiscalía como la defensa deberán exponer sus conclusiones finales y elevar al tribunal sus respectivos pedidos punitivos.
Rita llegó a esta instancia detenida, con los plazos de prisión preventiva excedidos e imputada por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo, en grado de tentativa, hurto y alteración de la identidad de un menor de 10 años, todos en concurso real”.
La defensa, en tanto, basada en aportes de profesionales de psiquiatría y psicología, los cuales en su mayoría declararon a lo largo de estas seis audiencias, sostiene que Rita experimentó un embarazo sin síntomas como consecuencia de un síndrome de negación/disociación vinculado a un trauma de abuso infantil y que todo se produjo en el contexto de una psicosis puerperal.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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