Judiciales

Rita declaró en la etapa cúlmine del juicio: “No puedo entender qué pasó”

Publicado

hace 3 años

05/12/2023

Por

Jorge Posdeley

En el cierre de la etapa de testimoniales, en la antesala de los alegatos de mañana y ante una sala totalmente conmovida, Rita Marianela Cervantes Martínez (31) declaró durante exactamente una hora ante el Tribunal Penal Dos de Posadas, instancia en la que repitió y una otra vez no recordar, ni entender qué sucedió aquella tarde de 2020 en la que la acusan de intentar matar a su hija recién nacida.

“No puedo entender qué pasó. Hace tres años que pienso y pienso, pero no entiendo. Trato de acordarme y tampoco puedo. No sé lo que pasó, le pregunto a todo el mundo y nadie puede explicarme qué pasó. Me da bronca. Yo amo a mi hija. Ella es lo más lindo que vi”, declaró entre lágrimas Rita, lágrimas que a su vez se replicaron en varios de los presentes en una sala de debates que oyó el tajante testimonio en medio del más absoluto silencio.

La palabra de Rita era esperada desde el primer día de debate, cuando adelantó que quería ser escuchada y el momento llegó esta mañana, al cierre de la etapa de incorporación de pruebas y luego del testimonio vertido por un total de 28 testigos, entre familiares, vecinos, médicos, enfermeros, psicólogos y psiquiatras que comparecieron ante el tribunal a lo largo de seis audiencias.

Delante de todos, la joven de 31 años, madre de otro pequeño y que antes de esta causa se desempeñaba como auxiliar de maestra jardinera, relató todo. Desde el momento en que se enteró de su embarazo hasta su internación y el parto, aunque aseguró no tener registros en su memoria de qué sucedió entre el alta y su regreso a casa.

“En febrero ya me habían dicho que tenía piedras en la vesícula, pero yo dejé pasar los controles, dejé pasar el tiempo. Yo no me quería operar para no dejar solo a mi hijo, pero empecé a vomitar, me dolía mucho y casi no podía comer nada. Entonces volví a ir al médico. Ahí me hacen una ecografía y el médico me dice que estaba embarazada de 34 semanas. Recién ahí me enteré del embarazo”, expresó Rita al inicio de su testimonio.

Y continuó: “Yo no entendía nada. El médico me dijo que no tenía panza como para un embarazo tan avanzado. Yo ya había estado embarazada antes y no fue así, ahí yo sentía todo, tenía panza grande, el bebé se movía. Acá eso no pasó. Pensé que el médico se había equivocado y no le dije nada a mi pareja”.

La imputada añadió que aguardó una semana para someterse a un nuevo control de vesícula, instancia a la que acudió con el DNI de su amiga y fue atendida por un médico diferente pero que también le confirmó el embarazo.

“Ahí no sabía cómo decirle a mi pareja que estaba embarazada. Él se iba a enojar porque yo no me di cuenta de nada. Entonces pensé en no contar nada hasta comprar cosas para mí bebé porque no habíamos preparado nada”, agregó.

La defensora Sommer Aromí, el fiscal Glinka y la imputada Rita Cervantes durante su declaración. FOTO: Gentileza Marcos Otaño.

El parto, el alta y el regreso

Rita recordó que en esas circunstancias llegó el 4 de septiembre, noche en la cual comenzó con fuertes dolores y a la mañana siguiente decidió ir al hospital cuando ya prácticamente se encontraba con trabajo de parto, aunque su pareja tampoco notó nada extraño.

“No aguantaba más el dolor. Ya no podía pararme derecho. Me fui caminando al (hospital) Favaloro, pero de ahí me mandaron al Neonatal. Ahí quise volver al departamento para decirle a mi pareja que no aguantaba más, pero no pude, no llegué. En una esquina me senté y un señor me ayudó a pedir un taxi. Fue así que llegué al hospital”, recordó.

Y así llegó el momento del parto, que también describió como traumático. “Tenía mucho miedo de no poder tenerlo. A mi otro hijo lo tuve por cesárea, no me había dolido nada. Yo no sabía lo que era una contracción”.

Tras el alumbramiento, registrado el 5 de septiembre de 2020 a las 11.10, admitió que confundió a su beba recién nacida con su anterior hijo y volvió a pensar en las respuestas que iba a obtener de parte de su pareja y su familia por las condiciones en las que se produjo todo.

“No sabía cómo decirle a mi mamá y tampoco quería, porque me iban a culpar de no haber dado cuenta del embarazo, de no haber preparado nada. Yo a mi bebé la hablaba todo el tiempo, le decía que la iba a cuidar, que su papá se iba a enojar un rato con nosotros pero que nos iba a perdonar y nos iba a querer”, narró.

El Tribunal Penal Uno pasó a cuarto intermedio hasta mañana para la ronda de alegatos. FOTO: Gentileza Marcos Otaño.

Mientras para sus familiares estaba desaparecida, Rita permaneció internada en estado puerperal y registrada con el nombre de su amiga hasta el 7 de septiembre al mediodía, cuando fue dada de alta junto a su beba, sin ninguna compañía y en contexto de cuarentena aún estricta por la pandemia de Covid-19.

“No sabía si ir a lo de mi mamá o a lo de mi pareja. Quería ir a la parada del 23. No sé a qué colectivo subí pero recuerdo que la tenía conmigo en un colectivo. No sé dónde me bajé después pero sé que camine mucho. Llovía y yo le tapaba para que no se moje y le hablaba, pero no llegaba a mi casa, no sabía cómo llegar”, contó.

Rita afirmó que ese fue el último registro que tiene sobre lo sucedido en su memoria, dado que lo siguiente que recuerda es haber llegado a su casa en un cuadro de total confusión y desesperación porque no tenía a su beba consigo.

“Yo no puedo entender que pasó. Hace tres años que pienso y pienso qué pasó y no entiendo. Traté de acordarme y no puedo”, sostuvo entre lágrimas de dolor, angustia e impotencia.

“Si yo sabía que estaba embarazada antes me iba a cuidar, me iba a preparar. Ella es lo más lindo que vi. No sé lo que pasó. A todo el mundo le pido que me explique y nadie me puede explicar qué pasó. Me da bronca”, agregó.

La imputada también aceptó responder preguntas, tanto de sus defensoras Luciana Sommer Aromí y Karen Rodríguez de Olivera como del fiscal Vladimir Glinka.

Glinka, al igual que lo realizado con otros testigos, le exhibió a Rita imágenes de una cámara de seguridad ubicada en cercanías al lugar donde finalmente encontraron abandonada y apuñalada a la hija de la imputada, pero la joven negó ser ella quien aparecía en el video.

Una de las testigos de la jornada y las imágenes de la cámara de seguridad exhibida por el fiscal. FOTO: Gentileza Marcos Otaño.

Mañana, alegatos

Previo a la declaración de Rita comparecieron los últimos cinco testigos que aparecían citados, entre ellos una amiga de la familia, dos enfermeras y más trabajadoras del hospital Materno Neonatal de Posadas.

Con ellos, sumado al posterior relato de la imputada, el tribunal presidido por el magistrado César Yaya e integrado por sus pares Gregorio Busse y Carlos Giménez, dieron por cerrada la etapa de incorporación de pruebas y pasaron a un cuarto intermedio hasta mañana a las 8.30.

El miércoles, entonces, será el turno de la ronda de alegatos, donde tanto la fiscalía como la defensa deberán exponer sus conclusiones finales y elevar al tribunal sus respectivos pedidos punitivos.

Rita llegó a esta instancia detenida, con los plazos de prisión preventiva excedidos e imputada por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo, en grado de tentativa, hurto y alteración de la identidad de un menor de 10 años, todos en concurso real”.

La defensa, en tanto, basada en aportes de profesionales de psiquiatría y psicología, los cuales en su mayoría declararon a lo largo de estas seis audiencias, sostiene que Rita experimentó un embarazo sin síntomas como consecuencia de un síndrome de negación/disociación vinculado a un trauma de abuso infantil y que todo se produjo en el contexto de una psicosis puerperal.

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La Justicia suspendió desalojo de escuela campesina Ñande Kokue en Montecarlo

Publicado

hace 1 día

11/06/2026

Por

Valeria Druckmann

El Juzgado Civil y Comercial Tres de Eldorado resolvió suspender de manera provisoria el desalojo en los lotes 48 y 49 de Montecarlo, previsto para este jueves, lo que habría afectado a 112 familias de campesinos que asisten a la escuela de formación agroecológica aledaña, espacio que sería trasladado a otra zona próximamente.

Luego de la mesa de diálogo concretada el pasado lunes 8 de junio, entre campesinos y docentes de la escuela Ñande Kokue, donde funciona el Bachillerato Provincial (BOP) 126, el ministro de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, entre otras autoridades del gobierno provincial, el juzgado interviniente decidió postergar el desalojo “atento a las delicadas circunstancias sociales y humanas relevadas en las actuaciones efectuadas”.

En la resolución, a la que accedió La Voz de Misiones, la Justicia determinó que “corresponde imperioso destacar la preeminencia del orden institucional y el compromiso social que debe guiar la actividad jurisdiccional”.

En ese contexto, también advirtió sobre la configuración social del grupo en cuestión y la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos: “Ante situaciones que evidencian un estado de vulnerabilidad de los sujetos que concurren -menores y adultos, días sábados- al inmueble, el servicio de justicia no puede permanecer ajeno a las derivaciones materiales de sus pronunciamientos, resultando indispensable articular mecanismos de contención interinstitucional que resguarde los derechos fundamentales en juego”.

En este sentido, asumieron el compromiso de diseñar y ejecutar medidas de apoyo específicas, por lo que también reiteraron la inmediata intervención a los organismos competentes: la secretaría de Niñez del municipio, la Dirección de Acción Social municipal, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno e intendencia municipal.

A estos se sumarían la Secretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia y la Dirección de Catastro del municipio, a fin de adoptar las “medidas conducentes para la reubicación de las actividades de formación en oficios”, que actualmente se desarrollan en el mencionado espacio.

Finalmente, el juzgado interviniente dictaminó que, las instituciones mencionadas deberán informar, dentro del plazo de tres días de notificados, las acciones implementadas y, posteriormente, remitir informes periódicos cada cinco días hasta la efectiva solución de la situación planteada.

De esta manera, la sentencia de desalojo, firme ante la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida provisoriamente, lo que “no altera ni afecta la firmeza de la sentencia de desalojo, limitándose exclusivamente a diferir temporalmente su ejecución material a fin de posibilitar la intervención coordinada, y de carácter urgente, de los organismos estatales involucrados en resguardo de la paz social y la tutela judicial efectiva para efectivizar la desocupación del inmueble”.

Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo

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Piden entre 16 y 3 años de prisión para ex gendarmes narcos misioneros en Salta

Publicado

hace 2 días

10/06/2026

Por

Valeria Druckmann

El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes, ex miembros de la fuerza y aspirantes a ingresar a la institución, acusados de transportar 334 kilogramos de cocaína en dos operativos realizados en Salta durante 2024.

Entre los principales imputados aparecen varios misioneros, señalados como piezas clave de la estructura delictiva.

Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, Toranzos pidió la pena máxima de 16 años de prisión para los misioneros Richar Ariel Delgado y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), además de Gabriel Ruiz Apaza, al considerarlos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos distintos.

Para los otros ex gendarmes misioneros Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado, el fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión, respectivamente.

La causa expuso el funcionamiento de una organización con fuerte impronta misionera que quedó al descubierto en mayo de 2024, cuando Diego Delgado fue detenido en Salta mientras trasladaba más de 300 kilos de cocaína ocultos en una Volkswagen Amarok. El secuestro de su teléfono celular permitió a los investigadores reconstruir la trama criminal, identificar a los demás involucrados y desarticular la estructura.

El fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión para Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado

Según la investigación encabezada por Toranzos, Ostapowicz y Richar Delgado eran dos de los principales organizadores de la maniobra. Ambos fueron detenidos meses después en operativos realizados en Posadas y Bernardo de Irigoyen, respectivamente. Los investigadores sostienen que tenían un rol central en la logística de los viajes y en la provisión de vehículos utilizados para transportar la droga desde el norte salteño hacia Buenos Aires.

Richar Delgado, oriundo de Azara, había pertenecido a Gendarmería Nacional y llegó a desempeñarse en áreas de investigación de la fuerza. Su hermano menor, Diego Hernán Delgado, también integró la institución hasta ser expulsado tras quedar involucrado en actividades vinculadas al narcotráfico. Ambos quedaron ubicados por la fiscalía entre los actores más relevantes de la organización.

Otro de los misioneros alcanzados por el pedido de condena es Escarlata, domiciliado en Apóstoles. El ex gendarme fue detenido en octubre de 2024 cuando transportaba otros 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda de auxilio. Junto a él viajaba su esposa, Marlene Leonor Hañek, también oriunda de esa localidad.

La fiscalía sostuvo que la banda operaba mediante una estructura estable y organizada, aprovechando conocimientos adquiridos dentro de las fuerzas de seguridad para ocultar cargamentos y eludir controles. Entre las pruebas incorporadas al debate figuran conversaciones extraídas de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los acusados coordinaban traslados y compartían instrucciones sobre cómo acondicionar la droga en los vehículos y cómo actuar ante eventuales inspecciones.

El tribunal ya declaró la responsabilidad penal de los acusados y resta conocer la sentencia definitiva, que se dará a conocer el próximo jueves. Además de las penas de prisión, el fiscal solicitó el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación, entre ellos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y otros activos que presuntamente habrían sido adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilícita.

Contrabando de granos y lavado de activos, otras causas de los narcogendarmes

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Remisero detenido por el femicidio de Candia se abstuvo y fue imputado

Publicado

hace 1 semana

05/06/2026

Por

Jorge Posdeley

El remisero detenido por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia (17) se abstuvo de declarar ayer y fue formalmente imputado por el hecho que investiga el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo de la magistrada María Laura Rodríguez.

El hombre, identificado como Mario Alberto Yung (46), fue trasladado ayer a la mañana hasta la dependencia judicial y una vez dentro optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.

Un día antes había designado como abogado a un defensor oficial y ahora se aguarda que el juzgado continúe con la instrucción de la causa, que todavía aguarda por la recepción de testimoniales y el resultado de varias pericias que podrían arrojar luz sobre el hecho.

Entre esas pericias hay estudios de telefonía y análisis genéticos sobre prendas de vestir y, principalmente, sobre un retazo de tela que, se especula, pudo haber sido elemento utilizado para estrangular a la víctima.