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Pareja acusada de homicidio acordó penas de hasta 10 años y medio en Eldorado

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Lorenzo Fabián Acosta (28) y Clara Soledad Riveros (33), la pareja acusada por el crimen de un vecino del barrio 1° de Mayo de Puerto Iguazú en 2020, reconocieron sus culpabilidades en el hecho y mediante la firma de un juicio abreviado acordaron penas de hasta 10 años y 6 meses de cárcel.

Ambos imputados debían enfrentar esta mañana el debate oral en que iba a ventilar el homicidio ante los magistrados del Tribunal Penal Uno de Eldorado, pero minutos antes de la hora prevista para el inicio aceptaron los cargos impuestos por el fiscal Federico Rodríguez.

De esta manera, tanto Acosta como Riveros reconocieron haber participado del crimen y aceptaron ser condenados a penas de 10 años y 6 meses y 5 años y 4 meses de prisión, respectivamente.

Las actas fueron firmadas, elevadas al tribunal y, en consecuencia, el juicio oral fue suspendido, evitando ambos imputados la exposición pública.

Según añadieron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, una vez que el acuerdo se homologado por los camaristas y la sentencia quede firme, se procederá al cálculo de una única para imponer a Acosta, quien ya registra una condena previa por el mismo delito.

El crimen de Quiroz

El hecho por el cual la pareja iba a ser juzgada hoy se registró el 26 de septiembre de 2020, entre las 3 y las 4 de la madrugada, y la víctima fue identificada como César David Quiroz (28).

La reconstrucción del caso indica que esa madrugada Quiroz estaba junto a su pareja, María Florencia Caballero, frente a su casa hasta que al lugar arribó la pareja conformada por Acosta y Riveros, con quienes se produjo una breve discusión que derivó en un ataque mortal.

La secuencia trazada por los investigadores señala que tras la discusión los acusados se retiraron del lugar, pero regresaron a los pocos minutos y armados con cuchillos.

Allí Acosta asestó una seguidilla de estocadas a Quiroz en diversas partes del cuerpo, mientras que Riveros atajaba y golpeaba a la pareja de la víctima para que no pudiera auxiliar al hombre.

El crimen de Quiroz se registró en septiembre del 2020 en Puerto Iguazú.

La posterior autopsia estableció que Quiroz falleció producto lesiones de carácter “letal” en los pulmones y que las heridas fueron provocadas con dos armas blancas de diferentes dimensiones.

Tras el ataque, los agresores huyeron de la escena, mientras que la víctima fatal acabó tendido boca abajo en el interior de una pileta pelopincho que había en el lugar.

Horas después, la pareja fue detenida e imputada por el homicidio. Desde ese día permanecen privados de su libertad.

Antecedente homicida

Posteriormente, los investigadores además determinaron que Acosta registraba una condena previa por homicidio y desde febrero se encontraba en libertad condicional.

El hecho anterior se registró el 8 de febrero de 2014 en Iguazú y la víctima fue identificada como Porfirio Martínez (65), quien fue ultimado a puñaladas tras un ataque perpetrado por un grupo de hombres en medio de una aparente disputa de tierras.

Por ese caso Acosta fue condenado a nueve años de prisión tras un juicio abreviado firmado en 2016, pero para 2020, tras seis años detenido, obtuvo el beneficio de la libertad condicional, aunque sus días en libertad no duraron mucho.

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Admitió haber matado a machetazos a su vecina y firmó un abreviado por perpetua

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Casi cuatro años después del hecho, el hombre acusado de asesinar a machetazos a su vecina Rosula Concepción Benitez Garcete (73) admitió su culpabilidad y aceptó ser condenado a prisión perpetua.

Se trata de Héctor Raúl Fernández (33), quien esta mañana debía sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Uno de Eldorado para enfrentar un debate oral como autor del delito de “amenazas calificadas por el uso de arma blanca y homicidio calificado por alevosía en concurso real”.

Sin embargo, horas antes tomó otra decisión y finalmente decidió admitir su responsabilidad en el hecho, aceptando la pena de prisión perpetua. El acuerdo fue alcanzado entre el imputado, su defensa y la fiscalía, lo cual ahora debe ser homologado por los magistrados del tribunal para transformarse en sentencia.

El hecho que Fernández confesó ocurrió el 5 de noviembre de 2022, en el paraje Aguaray Guazú de Puerto Esperanza, donde atacó a machetazos a su vecina Benítez Garcete, de 73 años y no vidente.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, aquella tarde Fernández se dirigió a la casa de sus vecinos y con un machete en manos amenazó de muerte al esposo de Benítez Garcete.

En esas circunstancias, apareció el padre de Fernández, que lo retiró del lugar, pero minutos más tarde el imputado regresó a la casa de sus vecinos, donde la mujer se encontraba sola debido a que su esposo se había dirigido a la comisaría para radicar la denuncia del primer suceso.

Allí Benítez Garcete fue atacada a machetazos y falleció tras más de una semana internada en terapia intensiva como consecuencia de las graves lesiones sufridas, principalmente en la cabeza.

Las pericias del caso revelaron que el homicida registraba 2,5 gramos de alcohol en sangre y bajo ese estado pretendió ser declarado inimputable, aunque los planteos tuvieron respuesta negativa.

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Compañeros de Barreto reconstruyeron la fuga y colisión que provocó su muerte

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El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.

Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.

El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.

El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.

“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.

Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.

El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.

Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.

Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.

El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.

Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.

Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”

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Comisario denunciado por abuso: declaró, fue imputado y seguirá detenido

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El comisario retirado denunciado por abuso sexual en perjuicio de dos hijastras se defendió de las acusaciones en su contra, fue imputado y continuará detenido mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el ex uniformado identificado como Adolfo Miguel González (63), quien permaneció más de una semana en condición de prófugo, fue trasladado esta mañana hacia la dependencia judicial interviniente y ante el magistrado Juan Manuel Monte eligió declarar.

Si bien no trascendieron mayores detalles sobre su declaración, se pudo saber que el implicado negó las acusaciones que lo señalan por hechos de abuso contra dos hijas de quien fuera de su pareja.

En la misma audiencia, González fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y continuará detenido a disposición de la Justicia.

El comisario retirado se encuentra privado de su libertad desde el martes a la tarde, cuando se entregó después de más de una semana en condición de prófugo.

Comisario retirado denunciado por abuso se entregó tras ocho días prófugo

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