Judiciales
Pareja acusada de homicidio acordó penas de hasta 10 años y medio en Eldorado
Lorenzo Fabián Acosta (28) y Clara Soledad Riveros (33), la pareja acusada por el crimen de un vecino del barrio 1° de Mayo de Puerto Iguazú en 2020, reconocieron sus culpabilidades en el hecho y mediante la firma de un juicio abreviado acordaron penas de hasta 10 años y 6 meses de cárcel.
Ambos imputados debían enfrentar esta mañana el debate oral en que iba a ventilar el homicidio ante los magistrados del Tribunal Penal Uno de Eldorado, pero minutos antes de la hora prevista para el inicio aceptaron los cargos impuestos por el fiscal Federico Rodríguez.
De esta manera, tanto Acosta como Riveros reconocieron haber participado del crimen y aceptaron ser condenados a penas de 10 años y 6 meses y 5 años y 4 meses de prisión, respectivamente.
Las actas fueron firmadas, elevadas al tribunal y, en consecuencia, el juicio oral fue suspendido, evitando ambos imputados la exposición pública.
Según añadieron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, una vez que el acuerdo se homologado por los camaristas y la sentencia quede firme, se procederá al cálculo de una única para imponer a Acosta, quien ya registra una condena previa por el mismo delito.
El crimen de Quiroz
El hecho por el cual la pareja iba a ser juzgada hoy se registró el 26 de septiembre de 2020, entre las 3 y las 4 de la madrugada, y la víctima fue identificada como César David Quiroz (28).
La reconstrucción del caso indica que esa madrugada Quiroz estaba junto a su pareja, María Florencia Caballero, frente a su casa hasta que al lugar arribó la pareja conformada por Acosta y Riveros, con quienes se produjo una breve discusión que derivó en un ataque mortal.
La secuencia trazada por los investigadores señala que tras la discusión los acusados se retiraron del lugar, pero regresaron a los pocos minutos y armados con cuchillos.
Allí Acosta asestó una seguidilla de estocadas a Quiroz en diversas partes del cuerpo, mientras que Riveros atajaba y golpeaba a la pareja de la víctima para que no pudiera auxiliar al hombre.
El crimen de Quiroz se registró en septiembre del 2020 en Puerto Iguazú.
La posterior autopsia estableció que Quiroz falleció producto lesiones de carácter “letal” en los pulmones y que las heridas fueron provocadas con dos armas blancas de diferentes dimensiones.
Tras el ataque, los agresores huyeron de la escena, mientras que la víctima fatal acabó tendido boca abajo en el interior de una pileta pelopincho que había en el lugar.
Horas después, la pareja fue detenida e imputada por el homicidio. Desde ese día permanecen privados de su libertad.
Antecedente homicida
Posteriormente, los investigadores además determinaron que Acosta registraba una condena previa por homicidio y desde febrero se encontraba en libertad condicional.
El hecho anterior se registró el 8 de febrero de 2014 en Iguazú y la víctima fue identificada como Porfirio Martínez (65), quien fue ultimado a puñaladas tras un ataque perpetrado por un grupo de hombres en medio de una aparente disputa de tierras.
Por ese caso Acosta fue condenado a nueve años de prisión tras un juicio abreviado firmado en 2016, pero para 2020, tras seis años detenido, obtuvo el beneficio de la libertad condicional, aunque sus días en libertad no duraron mucho.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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