Judiciales

Ni con Patricia Méndez, ni con su abuela: beba fue entregada a familia adoptiva

Publicado

hace 5 meses

18/12/2024

Por

Cecilia Britez

Ni con Patricia Méndez, ni con su abuela: beba fue entregada a familia adoptiva

Finalmente, y a pesar de la aparición de la abuela biológica de la niña, la Justicia avanzó con el proceso de adopción y esta mañana le quitó la guarda de la beba a Patricia Méndez, la posadeña que la semana pasada hizo público el caso que comenzó en enero, cuando acogió a una recién nacida en condiciones de vulnerabilidad y luego denunció las irregularidades del proceso. A partir de hoy, la pequeña estará a cargo de una familia adoptante.

El caso se hizo visible la semana pasada, pero en realidad comenzó a fines del año pasado, cuando a Méndez le propusieron hacerse cargo de manera provisoria de una bebé recién nacida cuya madre se encontraba en un contexto de extrema vulnerabilidad.

La posadeña, que es madre de otros tres hijos, contó que aceptó el ofrecimiento con la intención de ayudar y a sabiendas de que no se encontraba inscripta en ningún programa de acogimiento, ni de familia sustituta. La mujer denunció esa como la primera de otras de tantas irregularidades que advirtió en el proceso, que se extendió durante once meses, llegando ahora a una situación límite.

Méndez sostuvo que en todo ese tiempo ningún organismo atendió las necesidades de la niña ni tampoco realizó algún tipo de seguimiento, hasta que a partir de sus propios reclamos se reactivó el proceso de adopción, aunque para ese entonces la mujer ya había decidido en solicitar la guarda definitiva de la niña, lo que la Justicia desestimó.

Tras hacer pública la historia, el caso tuvo un contundente giro el fin de semana, cuando la abuela materna de la beba apareció reclamando la tenencia que, por derecho, le correspondía.

Según Méndez, la abuela biológica de la niña se enteró por los medios que tenía una nieta y de inmediato se puso en contacto con ella.

Allí la mujer le manifestó que no sabía que su hija había tenido una bebé y sostuvo que la Justicia misionera nunca la buscó para constatar si estaba en condiciones de hacerse cargo del cuidado o si bien debían iniciar un proceso de adopción para encontrarle un hogar a la menor que cuya guarda estaba en manos de Méndez.

“La aparición de la abuela biológica cambió absolutamente todo, porque nosotros estábamos pidiendo una guarda considerando el estado de la salud de la menor, que se nos otorgue una guarda y la posibilidad de competir como adoptantes, teniendo en cuenta un montón de cosas que le presentamos al juez”, expresó Méndez a La Voz de Misiones, durante una transmisión en vivo realizada hoy en las escalinatas del Palacio de Justicia, donde se concretó la última audiencia y tuvo que entregar a la bebé que cuidó desde enero.

La posadeña también explicó que Blanca, abuela biológica, por medio de su abogada Valeria Perego, solicitó acceso al expediente que se tramita en el Juzgado de Familia Dos de Posadas, a cargo del magistrado Roberto Andersson Frank, para interiorizarse en el caso y hacerse cargo de la niña, pero no obtuvieron respuestas.

“Ella nunca fue contactada, es una persona que vive en Santa Inés (Garupá). Ante eso, se puso en contacto con una abogada y el lunes presentó un escrito donde pidió la nulidad del estado de adoptabilidad, la guarda, porque es su abuela y está en condiciones de cuidarla, y que además que se investigue el posible delito de sustracción de menores”, precisó Patricia.

Y, en esa línea, apuntó: “A partir de que ella hace la denuncia, esta gente que trabaja acá adentro -por el Palacio de Justicia- empezó a apresurar todos los instrumentos legales posibles para arrebatarnos a la menor, cosa que finalmente hicieron hoy, supuestamente en la tercera entrevista de vinculación”.

Blanquear el proceso

Visiblemente conmocionada por la situación, la mujer volvió a remarcar las irregularidades de los organismos del Estado que durante un año -asegura- no realizaron un seguimiento del caso e “hicieron abandono” de la menor.

Esta mañana, tanto Méndez como Blanca se presentaron en las oficias del juzgado interviniente y se despidieron de la niña. “Hoy se presentó la abuela con su abogada y no solo que no le dieron acceso al expediente original, sino que además le inventaron una causa nueva, para no vincularla al expediente. Estamos convencidos de que está lleno de irregularidades administrativas, informes que se inventaron y que por eso no lo quieren mostrar”, denunció la mujer.

Sobre la situación de la madre biológica de la beba, Méndez señaló que “jamás buscaron a su familia. Ella tiene siete hermanos y ninguno sabía que tenían una sobrina que acaba de ser entregada en adopción”.

Y lanzó: “Yo digo están entregando menores aparentemente de manera legal, donde los papeles dice que hizo todo legal, pero cuando vos mirás el procedimiento está todo inventado y para eso tenés que tener demasiada gente laburando con vos. Entonces estamos hablando de una red de tráfico de menores, donde acorralan a los pobres que no tienen recursos, traen los bebés, hacen los papeles y se los llevan al interior, porque está criatura se fue al interior”.

Aún conmocionada, Méndez recordó cómo fue el encuentro con la abuela de la niña, con quien comparten el deseo de su cuidado. “Nos reunimos y era un solo llanto. A mí me angustió mucho darme por enterada en ese momento que de verdad están cometiendo un delito y cuando ella me dice que está en condiciones y quiere a su nieta, yo en ningún momento me opuse. Al contrario, me puse a disposición de ella y de lo que la familia necesite para poder pelear por sus derechos, más que nada para blanquear el proceso, porque si la nena va a ir en adopción que estén los papeles legales”.

La abuela buscará recuperar a la niña

Por su parte, la abogada de la abuela, Valeria Perego, sostuvo: “Cuando ella se enteró por los medios que existía esta niña quería poder tener la guarda y cuidarla. Nosotros hicimos la presentación el lunes y hasta el día de hoy no tuvimos respuestas, en ese ínterin el juez decide darla en adopción”.

En ese punto, la letrada expuso: “Al juez le dijimos ‘usted no pudo frenar el procedimiento ante un hecho nuevo de suma gravedad para decir espero y veo qué resuelvo’. Lamentablemente él siguió el procedimiento como si nada, jamás se contactó a la familia de origen, es realmente grave lo que pasó”.

La abogada Perego confirmó a LVM que continuarán trabajando con la familia biológica de la niña para recuperar su guarda: “Yo todavía no estoy vinculada al expediente, el juez me dijo que algo va a salir el viernes, no sé qué es, y depende de eso, vamos a seguir hasta el final”.

Pese a los últimos acontecimientos que tuvo el caso, el proceso judicial de adopción avanzó este miércoles y la pequeña de un año fue entregada a una familia de Puerto Rico por orden del magistrado Andersson Frank.

“Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, así tengamos que llegar a los tribunales de la Nación, porque esto hay que denunciar, yo no puedo ser cómplice, vamos a agotar todas las instancias judiciales”, cerró Patricia Méndez en entrevista con LVM.

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Rechazan nulidades y el juicio por coimas en el puente sigue el 27 de mayo

Publicado

hace 24 horas

20/05/2025

Por

Jorge Posdeley

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas rechazó esta mañana todas las nulidades planteadas por las defensas de los cuatro aduaneros que llegaron a juicio por una causa de coimas en el puente internacional Posadas-Encarnación y programó la próxima audiencia para el 27 de mayo, instancia en la que los imputados tendrán la oportunidad de declarar.

Tras culminar la lectura de los documentos del plexo probatorio que restaban, las partes procedieron al planteo de cuestiones preliminares y las defensas desarrollaron diversos pedidos, aunque ninguno prosperó.

El primero en tomar la palabra fue el letrado Ramón Camargo, en representación de los aduaneros Orlando Ariel Alfonso (56) y Lorenzo René Juárez (67). Ambos están imputados por “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho, en calidad de coautores”, aunque el primero también afronta otra causa por “contrabando de importación agravado por la intervención de un funcionario aduanero”.

En ese otro expediente está involucrado Miguel Ángel Jara, quien en 2017 fue detenido tras cruzar el puente al mando de un vehículo repleto de mercadería de contrabando y ya reconoció su culpabilidad al acogerse a un acuerdo de juicio abreviado con la fiscalía, aunque su homologación por parte del tribunal depende de cómo avance el juicio en proceso.

Ambas cuestiones fueron atacadas por el abogado Camargo, quien pidió la nulidad de la conexicidad de ambas causas en un solo juicio y también la nulidad del acuerdo firmado entre Jara y la fiscalía.

Para el letrado, la incorporación de ese otro expediente en este juicio podría vulnerar el “principio de imparcialidad” en los magistrados del tribunal ya que podría “generar elementos de convicción” previo a dictar sentencia, consideración al cual adhirieron sus colegas.

Luis Palma, por su parte, defensor particular de Francisco Antonio Llorente (64), sumó otro planteo y solicitó declarar la nulidad del dictamen por el cual se ordenaron las escuchas telefónicas que permitieron develar el esquema de corrupción que reinaba en el puente e identificar a los involucrados en el ardid.

Lo mismo pidió Roberto Benítez, abogado del cuarto imputado, Bernardino Castor Esquivel (51), quien añadió que la medida se ejecutó sin los fundamentos necesarios y viola “el derecho a la privacidad de las personas”.

Tanto la fiscal Vivian Barbosa, como la querellante particular por Arca (ex Afip) Rossana Sienra, se opusieron a todos los planteos y requirieron al tribunal no hacer lugar a nada, lo cual finalmente fue la resolución adoptada por los jueces Gustavo Cardozo, Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrique Bosch.

Después de comunicar el dictamen, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 27 de mayo, instancia en la cual los imputados tendrán la posibilidad de declarar ante las partes.

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Judiciales

Condena de 15 años para acusado de violar a su hijastra en Campo Grande

Publicado

hace 6 días

15/05/2025

Por

Jorge Posdeley

El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó esta mañana a 15 años de prisión a un hombre acusado de un abuso sexual perpetrado en contra de una hijastra con discapacidad que residía con él en Campo Grande.

El hombre, identificado como Félix Eduardo Fernández, llegó a juicio imputado en una causa que se inició el 21 de enero de 2023, tras ser denunciado por violar a su hijastra de 17 años.

Según indicaron las fuentes, la víctima padece un grado de retraso moderado e hipoacusia, cuadro bajo el cual requiere de atención de permanente y se encuentra imposibilitada de consentir libremente una relación sexual.

Durante el juicio declararon como testigos cinco personas, entre ellas la madre de la víctima y denunciante del hecho, como así también una vecina, una maestra integradora y una psicopedagoga.

Tras escuchar sus testigos, las partes dieron inicio a la ronda de alegatos, donde el fiscal Elías Bys solicitó una pena de 18 años de cárcel para el acusado, mientras que el abogado defensor solicitó la absolución de Fernández o en forma subsidiaria una condena por abuso sexual simple.

Finalmente, tras un cuarto intermedio para deliberar, el tribunal conformado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Erasmo Villalba (subrogante) decidieron condenar al imputado a 15 años de prisión como autor del delito de “abuso sexual con acceso carnal calificado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con la víctima menor de 18 años”, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

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Judiciales

Dictaron el procesamiento del ex fiscal federal general Rubén González Glaría

Publicado

hace 1 semana

13/05/2025

Por

Jorge Posdeley

Tras más de cinco años de investigación y en el marco de un proceso judicial que se extendió más de la cuenta por las reiteradas evasivas al llamado a declaración indagatoria del imputado, finalmente este martes se dictó el procesamiento del ex fiscal federal general Rubén González Glaría (70) por un total de seis hechos delictivos presuntamente cometidos mientras ocupaba el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación en Misiones.

Si bien la medida dictaminada es sin prisión preventiva, atento a su avanzada edad y a su estado de salud, si incluye un embargo por 10 millones de pesos y una prohibición de salida del país en su contra, según pudo averiguar La Voz de Misiones.

Las mismas fuentes precisaron que el procesamiento de González Glaría se resolvió esta mañana y lleva la firma del juez federal José Luis Casals, quien interviene en el expediente por subrogancia legal.

En su dictamen, Casals consideró que existen los elementos suficientes para dar por acreditado seis hechos o conductas delictivas que le endilgaban al ex fiscal: exigencia de parte del sueldo a funcionaria a su cargo; amenazas a dos funcionarios judiciales; incumplimiento de las tareas asignadas como subrogante; utilización particular de un vehículo asignado para uso oficial; ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, todo ello con en carácter de autor, con el agravante de haber sido cometido mediante violencia de género y en concurso real.

A su vez, la medida dispone el sobreseimiento del procesado en relación a los hechos vinculados a malversación de caudales públicos, violación de secreto y amenazas y extorsión.

Proceso judicial

González Glaría se desempeñó como el jefe de todos los fiscales federales de Misiones desde su designación en 1993 hasta su renuncia en septiembre 2024, en medio de constantes citaciones a declaración indagatoria y luego de un pedido de desafuero formulado en su contra.

La investigación en su contra fue impulsada por el fiscal Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, a partir de una serie de denuncias que arrancaron en 2019 y que se multiplicaron con el correr de los meses posteriores.

Entre otras cosas, el ahora ex fiscal está acusado de solicitar dos tercios del sueldo a una funcionaria judicial desde 2008 hasta 2012, de hacer uso particular de una camioneta entregada como depositario judicial y destinada para uso oficial de la Fiscalía General y de emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

La primera vez que fue citado a prestar declaración indagatoria fue en noviembre de 2021 y a partir de ahí su sucedieron otros siete llamados, pero evitó todos a partir de certificados médicos o recursos judiciales defensivos que retrasaron el avance del expediente. En el medio hubo juntas médicas, apelaciones y hasta pedidos de recusamiento contra el juez Casals.

La audiencia clave finalmente se concretó en octubre de 2024, dos meses después del pedido de desafuero en su contra y un mes después de la presentación de su renuncia, la cual fue aceptada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial de la Nación con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

González Glaría compareció a la indagatoria de manera telemática y se abstuvo de declarar. La única vez que habló sobre las acusaciones en su contra fue durante una entrevista concedida a La Voz de Misiones en febrero de 2022.

En esa ocasión, el funcionario acusado afirmó que todas las acusaciones en su contra consistían en una “conspiración” armada con el objetivo de quedarse con el cargo de que ocupaba hacía casi dos décadas.

“A mí me nombran en 1993 y la primera denuncia de que no soy intachable fue en el año 2018 o 2019. Con la cantidad de años y expedientes que pasaron, nunca jamás nadie me acusó ni de que lo miré feo y, de golpe y porrazo, aparecen todas estas denuncias”, sostuvo, entre otras cuestiones, en esa exclusiva entrevista a este medio.