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Misionero nexo entre proveedores y jefes narcos fue condenado por segunda vez

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Un misionero que operaba como nexo entre proveedores y jefes narcos fue condenado a seis años de prisión en Córdoba y acumuló su tercera condena -la segunda por narcotráfico-, por lo que ahora deberá purgar tras las rejas una pena única de diez años de cárcel.

El involucrado en esta historia narcocriminal es Gustavo Gabriel González (42), actualmente detenido pero con último domicilio radicado en el barrio Néstor Kirchner de Posadas y quien ya registra otra condena por narcotráfico impartida en 2020 por el Tribunal Oral Federal de Salta.

El posadeño fue recientemente juzgado en la provincia de Córdoba junto a otros siete integrantes de una banda imputada por delitos de asociación ilícita, confabulación, comercialización y transporte de estupefacientes, entre otros.

Según pudo reconstruir La Voz de Misiones en base a documentos recabados, la causa tuvo su inicio en marzo de 2014, cuando los investigadores federales posaron la lupa sobre una banda liderada por Juan Francisco “Gordo Loly” Britos, un hombre con presuntos vínculos con Héctor Alejandro “El Patrón” Gallardo, un sindicado capo de una organización narco acusada de tres homicidios en la zona comprendido en el límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba.

En el marco de la pesquisa contra Britos apareció el nombre del misionero González, quien -según la investigación- operaba como nexo en proveedores y compradores de marihuana.

En esta causa se ventilaron tres hechos, pero el que terminó condenando a González derivó de la incautación de casi 300 kilogramos de marihuana, carga que él había gestionado su compra y organizado su envío desde Paraná hasta Córdoba, donde iba a quedar en manos de la empresa criminal adjudicada a Britos.

El ardid finalmente se llevó adelante entre los días 20 y 24 de noviembre de 2014 y la carga de 276,992 kilogramos de marihuana en total, fue transportada en una Chevrolet S-10 robada pero con documentaciones adulteradas hasta una vivienda en el barrio Talleres Este de Córdoba, donde finalmente arribaron los agentes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que ya venían siguiendo a la banda a través de labores de vigilancia y escuchas telefónicas.

A partir de los elementos recabados en la pesquisa, el Tribunal Oral Federal Uno de Córdoba decidió condenar a González a la pena de seis años de prisión como autor de los delitos de comercialización de estupefacientes y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.

Sin embargo, el misionero deberá purgar un total de diez años de prisión, dado que el tribunal decidió unificar su pena teniendo en cuenta otro fallo en su contra dictado en 2020 por el Tribunal Oral Federal de Salta en el marco de otra investigación narcocriminal y en donde su función dentro de la operación fue prácticamente la misma.

La causa salteña

En su prontuario González suma otra dos condenas. Una fue de dos años de prisión en suspenso dictada en agosto de 2014 por Tribunal Penal Uno de Posadas por robo con escalamiento en grado de tentativa y otra de nueve años de cárcel impartida en marzo de 2020 por el mencionado tribunal federal salteño.

Esa causa investigada por autoridades judiciales salteñas fue producto del desprendimiento de una pesquisa local, en la cual un arrepentido aportó datos de una organización que operaba enviando droga desde Misiones hasta Córdoba, donde los líderes del grupo impartían órdenes desde la cárcel.

Allí el nombre de González -nuevamente libre después de la causa de 2014 iniciada en Córdoba- volvió a aparecer y el hombre cumplía la misma función dentro de la estructura criminal: ser el nexo entre los proveedores (esta vez en Paraguay) y los compradores (en Córdoba) de la droga y cabecillas de la maniobra.

El expediente vinculado a ese caso consigna que efectivos de la GNA volvieron a efectuar escuchas telefónicas y vigilancia encubierta, labores mediante las cuales pudieron determinar que en febrero de 2017 la banda iba a preparar el envío de una tonelada de marihuana desde Misiones hasta Córdoba.

En principio, el envío iba a ser de 500 kilogramos de cannabis sativa, pero luego apareció otro “inversor” que aportó el dinero suficiente como para poder llevar adelante la operación por una tonelada y de una sola vez.

Según reconstruyó en el juicio el fiscal Carlos Amad, el dinero -$100.000 en aquel entonces- llegó a manos del misionero González, quien pagó la carga procedente de Paraguay y se encargó de coordinar los preparativos para el transporte, para lo cual tenía listo un camión con un doble fondo acondicionado en la caja.

Sin embargo, la plan se frustró por un desperfecto mecánico que llevó al conductor del cambión abandonar todo y escapar. El rodado fue hallado e incautado a un costado de la ruta nacional 12, a la altura de la localidad de Eldorado, con más de una tonelada de marihuana oculta.

El camión abandonado con una tonelada de marihuana fue incautado el 19 de febrero de 2017 en Eldorado.

Después de ello, uno a uno fueron cayendo los involucrados en la frustrada maniobra, develando que los sindicados líderes del grupo, Juan Marcos Ríos y Roberto “Ñoño” Aguirre, ya estaban presos en distintas unidades penales de Córdoba y que González nuevamente aparecía vinculado al ardid.

El hecho fue ventilado en juicio y el 10 de marzo de 2020 el Tribunal Oral Federal de Salta impartió sentencia, condenando a González a la pena de nueve de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de participantes, en tanto que otros acusados recibieron condenas de hasta 12 años de encierro.

Durante el proceso de investigación penal, el misionero negó tener vinculación con la carga de una tonelada de marihuana hallada en el camión abandonado, pero los instructores del expediente -entre otras conclusiones- sostuvieron que “González sería un referente para el desarrollo de las actividades ilícitas que se venían planificando, por cuanto era “conocedor” de diferentes personas vinculadas al narcotráfico”, teniendo como prueba de ello el contenido de las interceptaciones telefónicas realizadas.

fallo - condena gonzález

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Suspendieron a la funcionaria judicial que habló con Kiczka durante su fuga

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kiczka funcionaria judicial

La abogada, funcionaria judicial y pareja del defensor particular de los hermanos Kiczka, María Carla Dalmaroni, fue suspendida por 30 días a raíz de los contactos telefónicos mantenidos con el ex legislador durante sus días en clandestinidad.

La medida fue dictaminada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), cuyas autoridades dispusieron el inicio de un sumario administrativo y la suspensión por 30 días en sus funciones a Dalmaroni.

La sancionada se desempeña como secretaria en el Juzgado de Paz de Apóstoles, pero además de ello es pareja del abogado Gonzalo De Paula, quien asumió el patrocinio legal tanto de Germán Kiczka, como de su hermano Sebastián.

La mujer quedó en la mira de todos tras conocerse una pericia que confirmó que ella mantuvo contacto telefónico con el ex diputado mientras el imputado se encontraba prófugo y no informó sobre lo sucedido, a pesar de que en su carácter de funcionaria judicial estaba obligada a hacerlo.

Esta situación fue advertida por el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien lleva adelante la investigación contra los hermanos imputados por tenencia y distribución de archivos Masi (material de abuso sexual infantil) tras lo cual el STJ resolvió la medida.

La suspensión podría extenderse por 30 días más e incluso Dalmaroni podría ser excluida del cargo en caso de que el juez Faría avance judicialmente contra ella por su accionar en la causa Kiczka.

Sebastián Kiczka se negó a declarar ante un faltazo de su abogado defensor


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“Con esto se pudre copado”: los chats sobre el armado de otra revuelta policial

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revuelta policial

La detención el último lunes del oficial ayudante Diego Hernán Correa y el secuestro de su teléfono celular fueron clave para que la Justicia desactive el armado de otra revuelta policial en Misiones.

El uniformado con prestación de servicios en la comisaría Décima de Posadas fue denunciado por otro camarada a quien incitaba a participar de nueva protesta policial y cuando los peritos analizaron su teléfono celular encontraron todas las pruebas que derivaron ayer en la detención de -hasta ahora- siete agentes, tanto activos como retirados, entre ellos el vocero Ramón Amarilla.

Las medidas ordenadas ayer por el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, fueron en el marco de una causa que investiga posibles delitos caratulados como “intento de sedición y conspiración” y encontraron sustento en una serie de chats detectados en un grupo de whatsapp llamado “Solo Cola”, donde los involucrados proponían diferentes acciones para desestabilizar a la cúpula de la institución.

“Con esto se pudre copado”, celebró Diego Correa -según los chats que se filtraron- cuando otro de los miembros del grupo propuso provocar incendios de malezas en diferentes puntos de la ciudad para luego sustraer los móviles de Bomberos.

“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los ahora detenidos.

“Nosotros tenemos que hacer primero los móviles de bomberos. Porque si ya robaron un móvil de cualquier comando o comisaría, el móvil de bombero no va a salir por un incendio de malezas, solo por un incendio de QTH (casas) o una persona atrapada”, respondió y redobló la apuesta otro.

Y agregan: “Eso se planifica. Primero nos podemos centrar en el móvil de bomberos y otro grupo en el móvil de las comisarías. Para eso estábamos hablando con los choferes a ver si se prestan”.

Entre quienes se alcanzan a ver como integrantes de ese grupo están los tres agentes detenidos ayer a la tarde Ramón Alejandro Arrieta, Elías Horacio Coutto y Lisandro Ramón Cantero, quienes también están imputados en la otra causa que se tramita en forma separada en el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas por el acampe policial que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado.

Pero no fueron los únicos detenidos, ya que el número ascendió anoche a siete, siendo el último aprehendido Ramón Amarilla, a quien fueron a buscar a su casa pero él se presentó en la Jefatura de Policía para ponerse a disposición de las autoridades.

En ese lugar, Amarilla fue subido a un patrullero y trasladado a la comisaría Segunda, donde quedó pasó la noche y quedó detenido en carácter de incomunicado.

“Esto podía haber sido una citación”

El vocero estuvo acompañado de su abogado defensor, el ex juez penal Ramón Grinhauz, que dialogó con La Voz de Misiones y confirmó que la nueva causa se desencadenó a partir de los chats mencionados.

“Esta causa dio origen a través de una denuncia de un oficial de policía que supuestamente había recibido un pedido para tomar la jefatura. A raíz de esa denuncia se desencadena todo esto y hay un chats y se desencadenó todo este operativo”, precisó.

“Como siempre, todos quisieron estar a disposición de la Justicia. En esta, no hacía falta hacer todo este despliegue, desgaste jurisdiccional. Amarilla como hombre de la Justicia, como auxiliar de la Justicia, se presentó para comparecer”, agregó.

El letrado afirmó “esto es todo nuevo, no tengo idea de lo que hay dentro del expediente. Me llamó la atención este despliegue. Esto podía haber sido un comparendo, una citación y la gente se iba a presentar. Acá no hay posibilidad de fuga, ni entorpecimiento. No hay nada que amerite tamaña detención”.

Grinhauz también es defensor de Correa, el primer policía detenido, quien se abstuvo de declarar ante el juez Verón y se pidió por su excarcelación, aunque la solicitud todavía no tuvo respuesta.

“Ellos buscaban un pequeño aumento nuevamente, porque como todo sube, todo cuesta, las cosas siguen subiendo (de precio), todos tienen conocimiento de ello. Así que entonces sí, ellos estaban luchando con sus compañeros para que las cosas sigan mejorando. O sea, no esperaba, creo yo, no tenía deseos de que pasara esto. Él quería seguir luchando con sus compañeros para que se pueda conseguir ese aumento (salarial)”, expresó a Agencia Hoy la pareja de Correa tras la detención del agente.


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Detuvieron a Ramón Amarilla en nueva causa por intento de sedición

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Ramón Amarilla

A últimas horas de este jueves, el titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, el magistrado Fernando Verón, ordenó la detención del suboficial retirado Ramón Amarilla, uno de los voceros y referentes de la protesta policial realizada en mayo.

Por estas horas, Amarilla se encuentra detenido en la Comisaría Segunda de Posadas, junto a otros seis agentes detenidos este mismo jueves por la tarde en una nueva causa que se investiga como “intento de sedición y conspiración”.

Detención de Ramón Amarilla en la Comisaría Segunda

Está nueva investigación se inició esta semana tras la detención de Diego Correa, a quien acusaron de haber instigado a una nueva revuelta con toma de la Jefatura de Policía, denunciado por un camarada.

Previamente, una comisión policial se había dirigido hacia el domicilio de Amarilla en el barrio Itaembé Guazú para detenerlo allí, pero no se encontraba en dicho lugar. Minutos después se presentó en la Jefatura de Policía, se puso a disposición de las autoridades y desde ahí fue trasladado hacia la Comisaría Segunda, en compañía de su abogado defensor, el ex juez Ramón Grinhauz.

Al salir de la comisaría y en diálogo con La Voz de Misiones, Grinhauz confirmó que en los próximos días darán declaración indagatoria. Respecto al operativo, el letrado afirmó: “No hay posibilidad de fuga, por lo que no hubo necesidad de semejante despliegue. Nos sorprendió todo esto”.

Las detenciones se produjeron a raíz del hallazgo, mediante pericias al celular de Correa, de chats y audios de WhatsApp en los que los policías pretendían iniciar una nueva revuelta. En uno de los audios, de uno de los aparatos incautados, se logra escuchar:

“El tema de los móviles de bomberos, tenemos que llamar al 911 en simultáneo, en la zona del Parque de la Ciudad, prender fuego y que vayan los bomberos de Itaembé Guazú o los dos bomberos del Oeste, tienen que estar atentos. Una vez que va el chofer, agarrar el móvil y así en las demás jurisdicciones. Que bajen bomberos de Candelaria, Garupá… Se hace un incendio grande y cuando bajan tomamos los móviles”.

A lo que en el grupo responden: “Debemos aprovechar ahora. Pronto. No tardar tanto”. Y agregan: “Exactamente, yo estoy re jugado. Si se tiene que pudrir, que se pudra y que esa causa que iniciaron se termine judicial y administrativamente, porque el gobernador tiene la potestad de anular todo y que todo se termine”.

El número de detenidos podría aumentar en las próximas horas.

La Policía confirmó detención de seis agentes por intento de sedición

 

 


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