Judiciales
Misionero nexo entre proveedores y jefes narcos fue condenado por segunda vez




Un misionero que operaba como nexo entre proveedores y jefes narcos fue condenado a seis años de prisión en Córdoba y acumuló su tercera condena -la segunda por narcotráfico-, por lo que ahora deberá purgar tras las rejas una pena única de diez años de cárcel.
El involucrado en esta historia narcocriminal es Gustavo Gabriel González (42), actualmente detenido pero con último domicilio radicado en el barrio Néstor Kirchner de Posadas y quien ya registra otra condena por narcotráfico impartida en 2020 por el Tribunal Oral Federal de Salta.
El posadeño fue recientemente juzgado en la provincia de Córdoba junto a otros siete integrantes de una banda imputada por delitos de asociación ilícita, confabulación, comercialización y transporte de estupefacientes, entre otros.
Según pudo reconstruir La Voz de Misiones en base a documentos recabados, la causa tuvo su inicio en marzo de 2014, cuando los investigadores federales posaron la lupa sobre una banda liderada por Juan Francisco “Gordo Loly” Britos, un hombre con presuntos vínculos con Héctor Alejandro “El Patrón” Gallardo, un sindicado capo de una organización narco acusada de tres homicidios en la zona comprendido en el límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba.
En el marco de la pesquisa contra Britos apareció el nombre del misionero González, quien -según la investigación- operaba como nexo en proveedores y compradores de marihuana.
En esta causa se ventilaron tres hechos, pero el que terminó condenando a González derivó de la incautación de casi 300 kilogramos de marihuana, carga que él había gestionado su compra y organizado su envío desde Paraná hasta Córdoba, donde iba a quedar en manos de la empresa criminal adjudicada a Britos.
El ardid finalmente se llevó adelante entre los días 20 y 24 de noviembre de 2014 y la carga de 276,992 kilogramos de marihuana en total, fue transportada en una Chevrolet S-10 robada pero con documentaciones adulteradas hasta una vivienda en el barrio Talleres Este de Córdoba, donde finalmente arribaron los agentes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que ya venían siguiendo a la banda a través de labores de vigilancia y escuchas telefónicas.
A partir de los elementos recabados en la pesquisa, el Tribunal Oral Federal Uno de Córdoba decidió condenar a González a la pena de seis años de prisión como autor de los delitos de comercialización de estupefacientes y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.
Sin embargo, el misionero deberá purgar un total de diez años de prisión, dado que el tribunal decidió unificar su pena teniendo en cuenta otro fallo en su contra dictado en 2020 por el Tribunal Oral Federal de Salta en el marco de otra investigación narcocriminal y en donde su función dentro de la operación fue prácticamente la misma.
La causa salteña
En su prontuario González suma otra dos condenas. Una fue de dos años de prisión en suspenso dictada en agosto de 2014 por Tribunal Penal Uno de Posadas por robo con escalamiento en grado de tentativa y otra de nueve años de cárcel impartida en marzo de 2020 por el mencionado tribunal federal salteño.
Esa causa investigada por autoridades judiciales salteñas fue producto del desprendimiento de una pesquisa local, en la cual un arrepentido aportó datos de una organización que operaba enviando droga desde Misiones hasta Córdoba, donde los líderes del grupo impartían órdenes desde la cárcel.
Allí el nombre de González -nuevamente libre después de la causa de 2014 iniciada en Córdoba- volvió a aparecer y el hombre cumplía la misma función dentro de la estructura criminal: ser el nexo entre los proveedores (esta vez en Paraguay) y los compradores (en Córdoba) de la droga y cabecillas de la maniobra.
El expediente vinculado a ese caso consigna que efectivos de la GNA volvieron a efectuar escuchas telefónicas y vigilancia encubierta, labores mediante las cuales pudieron determinar que en febrero de 2017 la banda iba a preparar el envío de una tonelada de marihuana desde Misiones hasta Córdoba.
En principio, el envío iba a ser de 500 kilogramos de cannabis sativa, pero luego apareció otro “inversor” que aportó el dinero suficiente como para poder llevar adelante la operación por una tonelada y de una sola vez.
Según reconstruyó en el juicio el fiscal Carlos Amad, el dinero -$100.000 en aquel entonces- llegó a manos del misionero González, quien pagó la carga procedente de Paraguay y se encargó de coordinar los preparativos para el transporte, para lo cual tenía listo un camión con un doble fondo acondicionado en la caja.
Sin embargo, la plan se frustró por un desperfecto mecánico que llevó al conductor del cambión abandonar todo y escapar. El rodado fue hallado e incautado a un costado de la ruta nacional 12, a la altura de la localidad de Eldorado, con más de una tonelada de marihuana oculta.

El camión abandonado con una tonelada de marihuana fue incautado el 19 de febrero de 2017 en Eldorado.
Después de ello, uno a uno fueron cayendo los involucrados en la frustrada maniobra, develando que los sindicados líderes del grupo, Juan Marcos Ríos y Roberto “Ñoño” Aguirre, ya estaban presos en distintas unidades penales de Córdoba y que González nuevamente aparecía vinculado al ardid.
El hecho fue ventilado en juicio y el 10 de marzo de 2020 el Tribunal Oral Federal de Salta impartió sentencia, condenando a González a la pena de nueve de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de participantes, en tanto que otros acusados recibieron condenas de hasta 12 años de encierro.
Durante el proceso de investigación penal, el misionero negó tener vinculación con la carga de una tonelada de marihuana hallada en el camión abandonado, pero los instructores del expediente -entre otras conclusiones- sostuvieron que “González sería un referente para el desarrollo de las actividades ilícitas que se venían planificando, por cuanto era “conocedor” de diferentes personas vinculadas al narcotráfico”, teniendo como prueba de ello el contenido de las interceptaciones telefónicas realizadas.
fallo - condena gonzález
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Crimen del enfermero Aquino en 2018: juzgan desde el martes al único acusado

Mientras se aguarda la finalización del juicio por el crimen del olero Ramón Fretes (63), en el Tribunal Penal Dos ya preparan el inicio del debate oral para esclarecer el homicidio de Raúl Roberto Aquino (57), el enfermero posadeño que a fines de 2018 fue asfixiado con una media en su casa del barrio Patotí.
El inicio de las audiencias sobre este caso será el martes y el juicio tendrá un total de siete jornadas que se extenderán hasta el miércoles 14, según pudo averiguar La Voz de Misiones.
El acusado en este expediente es Carlos Tomás Prokopio, un joven que tenía 22 años al momento del hecho y era conocido de la víctima.
El muchacho está imputado por el delito de homicidio simple, figura que prevé entre 8 y 25 años de prisión.

Prokopio está detenido desde enero de 2019. Pruebas científicas lo vinculan al crimen.
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el crimen del enfermero Aquino se registró en la madrugada del 24 de noviembre de 2018, dentro de uno de los departamentos del inquilinato familiar que administraba sobre la calle Chile, casi avenida Corrientes, del barrio Patotí de Posadas.
El homicidio se descubrió mediante una alerta emitida por vecinos del barrio que comenzaron a ver humo salir desde el departamento de la víctima.
En esas circunstancias, al lugar arribó el personal de la División Seguridad Costanera, quienes forzaron la puerta del departamento y en el baño dieron con el enfermero sin vida.
Según los informes forenses, la víctima sufrió una golpiza y fue asfixiado con una media o tela que obstruyó sus vías respiratorias.
Tras el crimen, su asesino pretendió borrar pistas iniciando un incendio, aunque el fuego no alcanzó a tomar suficiente fuerza y el rápido accionar conjunto entre los vecinos y la Policía permitieron que la escena se preserve.
La primera pista que condujo la investigación fue la desaparición del vehículo Toyota Ethios de la víctima, el cual fue hallado al mediodía siguiente en el barrio San Isidro. Quien huyó en ese rodado también pretendió quemarlo, pero volvió a fallar.

El auto de Aquino fue abandonado en el barrio San Isidro de Posadas.
El acusado fue detenido tiempo después, el 8 de enero de 2019, luego de un seguimiento digital realizado por el personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) sobre la línea telefónica de la víctima.
Es que el celular también desapareció de la escena y las pistas obtenidas a partir de ese aparato condujeron a Prokopio, que residía en el mismo barrio donde el vehículo de Aquino fue abandonado.
La casa del sospechoso fue allanada días después y en un placar los investigadores hallaron una zapatilla con manchas de sangre, fluido que luego se determinó mediante estudios científicos que pertenecía a la víctima.
Además, los restos biológicos recolectados en el interior del automóvil robado a la víctima eran compatibles al ADN de Prokopio, según lo determinó un cotejo realizado en el Parque de Salud.
La causa fue llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, y elevada a juicio en el primer semestre de 2021.
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Juicio por crimen del olero: “Él era agresivo, tomaba y no quería pagar”

Es 21 de agosto de 2020. El covid azota al mundo y un frío extremo a Posadas. En el barrio El Porvenir II un grupo de oleros comparte unos tragos y cierra la jornada laboral. El ladrillo está cotizado. De repente, una discusión. Hay una pelea y hay un crimen. Hay una víctima y hay un asesino.
Ahora, en el Tribunal Penal Dos hay un juicio para esclarecer aquél crimen de 2020. También hay una historia de marginalidad que emerge y una hipótesis que toma fuerza: un jornalero -se presume- reclamó su paga y terminó matando a su patrón.
El caso tiene protagonistas. La víctima fue Ramón Fretes, un pensionado de 63 años, manco del lado derecho, solitario y con una olería instalada en su terreno. El acusado es Elisandro Ramón Cruz, “Totito”, de 25 años en la actualidad, jornalero, analfabeto y sin antecedentes.
El juicio para develar qué sucedió entre ambos aquella fría noche de 2020 comenzó ayer, siguió hoy, continuará el viernes y -se prevé- terminará el lunes. Cruz enfrenta cargos por el delito de “homicidio simple”, que contempla penas entre 8 y 25 años de prisión, aunque la estrategia defensiva apuntaría a demostrar que el imputado se defendió y con ello atenuar una posible condena.
Cruz optó por guardar silencio en el inicio del debate, pero en la sala se leyó su declaración indagatoria vertida en la etapa de investigación: “Ese día trabajé todo el día, por eso le reclamé $5.000 que me debía hace un año y él me atacó con una piedra que me golpeó el ojo y después con un garrote que me pegó en el cuello, yo tuve miedo de que me lastime con un cuchillo y me defendí. Él era un viejo jodido con los empleados, se empedaba y no quería pagar”.
En esa primera audiencia declararon cuatro testigos, entre ellos dos peritos, la médica forense Silvina Lanzos y el bioquímico Carlos González. Los profesionales aportaron que la víctima murió un puntazo de 16 centímetros que afectó el área cardíaca y que registraba 3,21 gramos de alcohol por litro de sangre al momento de ser examinado.

Elisandro Ramón Cruz, de 25 años, está detenido desde 2020.
“Agresivo” y “traicionero”
Hoy, en tanto, el turno de declarar le correspondió a otros oleros y vecinos del barrio El Porvenir II, quienes conocían a ambos protagonistas.
El primero en comparecer ante el estrado conformado por los magistrados César Yaya, Gregorio Busse y Carlos Giménez fue Javier Escobar, olero desde los 14 años y uno de los vecinos que esa noche alertó a la Policía sobre lo sucedido.
El hombre contó que al momento del crimen la paga semanal era de unos $7.000 u $8.000 porque el “ladrillo estaba caro ahí por la pandemia” y describió a Fretes como “agresivo” y “traicionero”.
Apenas le mencionaron el nombre de la víctima, el testigo recordó anteriores episodios de violencia. “Él siempre tomaba y se descontrolaba, comenzaba a buscar pleito para no pagar. Si esa noche hubo una cuestión de plata la habrá comenzado Fretes. Una vez casi mató con un hacha a otro muchacho por lo mismo. Lo salvó un tendedero de alambre porque si no le partía la cabeza en dos”, señaló.
Y, además, describió que “él no tenía una mano pero era bien hábil, se ataba un cuchillo en el brazo para pelear”.
Sobre la noche del crimen, Escobar narró que fue su hermano el que llegó a su casa para alertar lo sucedido y luego de eso llamó a la Policía y colaboró en la ubicación de Cruz. “Yo llevé a la Policía hasta la casa de él y el muchacho se entregó. Después me querían involucrar a mí también pero él dijo que yo no tenía nada que ver y me largaron”, recordó ante las consultas de Vladimir Glinka, fiscal del tribunal.

El fiscal Vladimir Glinka con el testigo Escobar observando imágenes de la escena.
El siguiente testigo fue Luis Galeano, vecino y también jornalero de Fretes. Un día antes había trabajado para él.
“Esa noche estaban en la olería quemando hornos, hubo una discusión y después vi que el señor quedó tirado. Me asusté y me fui a avisarle a mi hermano”, comenzó.
Sin poder precisarlo, afirmó que en la pelea cree que Fretes “agarró algo del piso y lo tenía en la mano”, aunque admitió que era el lugar era “oscuro” y que él estaba “de espaldas” al hecho.
Sí fue claro y coincidente con su hermano a la hora de describir a la víctima: “Fretes era de tomar todo el día hasta quedar borracho. Ahí se ponía agresivo y no quería pagar. Venía con un machete en la cintura y no se podía trabajar tranquilo, pero bueno, tampoco había otro laburo para hacer”.
“Se aprovechaban de él”
En tercer término declaró una hermana de la víctima, quien pidió hacerlo sin el acusado en la sala, aunque luego lo cruzó en los pasillos del tribunal y le recriminó a los gritos lo sucedido.
En lágrimas, la mujer señaló que su hermano “no molestaba a nadie, a él le vivían robando sus cosas. Él era discapacitado y se aprovechaban de él. Los vecinos dijeron que Totito le robó una vez y mi hermano también me comentó eso una vez”.
En un momento, ante la consulta del letrado Miguel Ángel Varela, defensor oficial del imputado, la testigo indicó que “mi hermano era justo para él. Defendía lo suyo, por eso tenía carácter. La gente iba a molestarlo, por eso la gente decía que él era malo”.
Al finalizar, suplicó justicia por el crimen: “Él era discapacitado, no tenía una mano. Esto que hicieron fue una alevosía, una falta de respeto hacia una persona grande lo que hicieron”.

La hermana de la víctima pidió declarar sin la presencia del acusado en la sala.
El último en declarar fue el médico policial que intervino en la noche del crimen. “Fue el día que más frío pasé en mi vida”, describió.
Luego fue consultado sobre una lesión que el acusado presentaba en el rostro al momento de su detención, sobre lo cual estimó que la misma pudo deberse a un golpe, aunque aclaró que no podía acreditarlo.
Ese testimonio cerró la jornada y el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes, jornada en la que se prevé oír a los demás testigos citados, varios de los cuales hasta el momento no fueron localizados.
La siguiente cita será el lunes. Para ese día se espera la realización del alegato de las partes y quizás también haya sentencia.
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Judiciales
Liberan a boxeador que golpeó a un recolector en Posadas

Luego de una semana privado de su libertad tras golpear a un recolector de residuos en Posadas, el boxeador José Eduardo “Waly” Mareco recuperó la libertad esta mañana.
La decisión del Juzgado de Instrucción Dos se dio luego de la declaración indagatoria realizada el último lunes, en la que además se le imputó al acusado el delito de lesiones. Tras esa instancia, su defensa presentó un pedido de excarcelación.
El comerciante estaba detenido en la comisaría Tercera desde el último 24 de mayo, luego de ser denunciado por Remigio Gómez, un trabajador municipal.
En su denuncia, el joven señaló que el hecho tuvo lugar en horas del mediodía del pasado miércoles, en inmediaciones a la intersección de las avenidas López Torres y Trincheras de San José.
El empleado de 29 años indicó que se encontraba en ese punto realizado el acopio, cuando vio que su compañera de cuadrilla discutía con tres hombres, entre ellos, el boxeador Waly Mareco, quien trabaja en el local Autoservicio Chiqui.
En ese momento, y sin mediar palabras, “me propina un golpe de puño en el pómulo derecho, por lo que pierdo el conocimiento y caigo al piso, donde recibo varios golpes más, hasta que mis compañeros logran sacar al masculino”, indica la denuncia del trabajador.
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