Judiciales
Misionera rescatada de la trata en Corrientes relató que la obligaron a abortar
Captada en un contexto de extrema vulnerabilidad, trasladada bajo engaños, reducida a la explotación sexual, sometida a la dependencia económica, golpeada por cómplices de la organización y obligada a un aborto inducido que casi le provoca la muerte. Ese cúmulo de padecimientos fue relatado por una misionera que fue víctima de la red de trata que operó entre 2010 y 2016 en la localidad correntina de Paso de los Libres y el testimonio fungió como uno de los cimientos para la condena impartida en septiembre contra cinco de los imputados.
El testimonio de la joven damnificada -cuya identidad se mantiene bajo reserva- fue aportado en la etapa de investigación, ratificado en el debate oral y volcado en los fundamentos de la sentencia, documento de 340 páginas al que accedió La Voz de Misiones.
Su relato, al igual que el de las demás víctimas, sirvieron para reconstruir los mecanismos de captación llevados adelante por la red, como así también la distribución de roles de sus involucrados y el modo en que operaban los burdeles “Roxi” o “Puro Movimiento”, “Balizas” y “Kilómetro de Oro”.
En ese contexto, el testimonio de la misionera consigna que ella fue captada en 2010, cuando tenía 17 años y era madre de un niño de 2. En ese entonces, atravesada un contexto familiar complicado, signado por la violencia y la pobreza, a punto tal que al recordar esa época graficó que “robar mandioca te salvaba la comida”.
Su captación se dio un pool de Puerto Rico. La joven contó que acudió al lugar en compañía de una amiga y allí conocieron a una mujer que les ofreció trabajo en una casa de familia en Corrientes.
En principio ambas jóvenes dijeron que no, pero volvieron a ser contactadas por teléfono y al otro día aceptaron ir a tomar un helado para interiorizarse un poco más en la propuesta.
En ese segundo encuentro estuvo presente Estela Rosana Rodríguez (38), más conocida como Yanet o Yani, también misionera, quien fue condenada como una de las líderes de la organización y recibió una pena de 8 años de prisión por el delito de “explotación sexual de víctimas de trata”.
La víctima misionera narró que luego de ese encuentro aceptó la propuesta, más aún teniendo en cuenta que Rodríguez le dio $300 a su familia. El sueño era progresar, pero apenas llegó a Paso de los Libres fue alojada en una vivienda y tuvo que comenzar a prostituirse para devolver el dinero y pagar la vestimenta que le dieron para trabajar.
A partir de allí comenzó a realizar “pases” y “copas”, aunque nunca logró obtener nada del dinero que obtuvo mediante sus encuentros con los clientes, entre los cuales mencionó a “narcos” y tanto policías como gendarmes que actuaban en connivencia con los administradores de la red proxeneta.
En ese contexto, también contó que a los seis meses de llegar quedó embarazada, instancia en la cual Rodríguez la obligó a abortar, primero mediante la ingesta de una pastilla y luego con la introducción de una sonda que le provocó una hemorragia que casi le causó la muerte.
Producto de esta situación, la misionera añadió que permaneció siete días hospitalizada, aunque tuvo prohibido revelar la causa de su cuadro. Incluso, contó que Rodríguez le dio dinero a cambio de su silencio, pero una vez dada de alta le volvió a quitar la plata.
Y los padecimientos parecían nunca terminar. La joven también contó que un día reveló todo lo que sufría a un cliente, aunque éste le contó todo a la madama del lugar y fue castigada, lo cual la llevó a intensar suicidarse.
Todo ello se extendió hasta 2016, cuando finalmente se ejecutaron los allanamientos que pusieron fin a una larga historia de sometimiento e impunidad, dado que la pesquisa derivó en el apartamiento del ex fiscal federal Benito del Pont por su complicidad con la banda.
Sin embargo, para la celebración del juicio hubo que esperar un largo tiempo más, dado que el proceso oral recién se realizó este año.
Allí de los 15 imputados en total, cinco fueron sentenciadas a penas de entre 8 y 4 años. La misionera Rodríguez fue una de las que recibió la condena más alta y además deberá abonar 50 millones de pesos a dos de las víctimas.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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