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Misionera rescatada de la trata en Corrientes relató que la obligaron a abortar

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Captada en un contexto de extrema vulnerabilidad, trasladada bajo engaños, reducida a la explotación sexual, sometida a la dependencia económica, golpeada por cómplices de la organización y obligada a un aborto inducido que casi le provoca la muerte. Ese cúmulo de padecimientos fue relatado por una misionera que fue víctima de la red de trata que operó entre 2010 y 2016 en la localidad correntina de Paso de los Libres y el testimonio fungió como uno de los cimientos para la condena impartida en septiembre contra cinco de los imputados.

El testimonio de la joven damnificada -cuya identidad se mantiene bajo reserva- fue aportado en la etapa de investigación, ratificado en el debate oral y volcado en los fundamentos de la sentencia, documento de 340 páginas al que accedió La Voz de Misiones. 

Su relato, al igual que el de las demás víctimas, sirvieron para reconstruir los mecanismos de captación llevados adelante por la red, como así también la distribución de roles de sus involucrados y el modo en que operaban los burdeles “Roxi” o “Puro Movimiento”, “Balizas” y “Kilómetro de Oro”.

En ese contexto, el testimonio de la misionera consigna que ella fue captada en 2010, cuando tenía 17 años y era madre de un niño de 2. En ese entonces, atravesada un contexto familiar complicado, signado por la violencia y la pobreza, a punto tal que al recordar esa época graficó que “robar mandioca te salvaba la comida”.

Su captación se dio un pool de Puerto Rico. La joven contó que acudió al lugar en compañía de una amiga y allí conocieron a una mujer que les ofreció trabajo en una casa de familia en Corrientes.

En principio ambas jóvenes dijeron que no, pero volvieron a ser contactadas por teléfono y al otro día aceptaron ir a tomar un helado para interiorizarse un poco más en la propuesta.

En ese segundo encuentro estuvo presente Estela Rosana Rodríguez (38), más conocida como Yanet o Yani, también misionera, quien fue condenada como una de las líderes de la organización y recibió una pena de 8 años de prisión por el delito de “explotación sexual de víctimas de trata”.

La víctima misionera narró que luego de ese encuentro aceptó la propuesta, más aún teniendo en cuenta que Rodríguez le dio $300 a su familia. El sueño era progresar, pero apenas llegó a Paso de los Libres fue alojada en una vivienda y tuvo que comenzar a prostituirse para devolver el dinero y pagar la vestimenta que le dieron para trabajar.

A partir de allí comenzó a realizar “pases” y “copas”, aunque nunca logró obtener nada del dinero que obtuvo mediante sus encuentros con los clientes, entre los cuales mencionó a “narcos” y tanto policías como gendarmes que actuaban en connivencia con los administradores de la red proxeneta.

En ese contexto, también contó que a los seis meses de llegar quedó embarazada, instancia en la cual Rodríguez la obligó a abortar, primero mediante la ingesta de una pastilla y luego con la introducción de una sonda que le provocó una hemorragia que casi le causó la muerte.

Producto de esta situación, la misionera añadió que permaneció siete días hospitalizada, aunque tuvo prohibido revelar la causa de su cuadro. Incluso, contó que Rodríguez le dio dinero a cambio de su silencio, pero una vez dada de alta le volvió a quitar la plata.

Y los padecimientos parecían nunca terminar. La joven también contó que un día reveló todo lo que sufría a un cliente, aunque éste le contó todo a la madama del lugar y fue castigada, lo cual la llevó a intensar suicidarse. 

Todo ello se extendió hasta 2016, cuando finalmente se ejecutaron los allanamientos que pusieron fin a una larga historia de sometimiento e impunidad, dado que la pesquisa derivó en el apartamiento del ex fiscal federal Benito del Pont por su complicidad con la banda.

Sin embargo, para la celebración del juicio hubo que esperar un largo tiempo más, dado que el proceso oral recién se realizó este año.

Allí de los 15 imputados en total, cinco fueron sentenciadas a penas de entre 8 y 4 años. La misionera Rodríguez fue una de las que recibió la condena más alta y además deberá abonar 50 millones de pesos a dos de las víctimas.

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Prisión preventiva para joven mbya acusado por el femicidio de su ex en Iguazú

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El magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dictaminó la prisión preventiva por femicidio contra Ismael Centurión (29), único acusado por el asesinato de su ex pareja Juana Maciel, cometido dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú, donde ambos residían.

La resolución se firmó esta martes y mantiene la imputación del sospechoso por el delito de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja y en un contexto de violencia de género”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

El dictamen firmado por el juez Brites también dispone el traslado de Centurión hacia una unidad penitenciaria, donde continuará detenido mientras avance la causa que se instruye en su contra. 

Femicidio en Yryapú

El hecho que se investiga se registró en la noche del 4 de mayo dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú de Puerto Iguazú, donde Juana Maciel (23) fue asesinada de 27 puñaladas.

El crimen fue alertado a la Policía por uno de los integrantes de la comunidad y al llegar la Policía encontró el cadáver de Maciel a unos 20 metros de su casa, mientras que bajo la lupa quedó su ex pareja, quien fue detenido poco después durante un rastrillaje por la zona.

El sospechoso se trata de Centurión y, según señalaron fuentes consultadas por LVM en ese entonces, el hombre se había separado de Maciel pocos meses antes, tras ser acusado de un intento de abuso en contra de una sobrina de la víctima, hecho que aunque no fue denunciado formalmente habría generado conflictos en la relación.

Se cree que por ese mismo motivo esa noche de mayo se desató una nueva discusión que acabó en femicidio. En el lugar la Policía también secuestró un cuchillo que pudo haber sido utilizado como arma homicida.

De acuerdo a las conclusiones forenses, el cuerpo de la muchacha presentaba 27 lesiones cortantes localizadas en cabeza, cara, cuello y miembros superiores, estos últimos de características defensivas.

De ese total de puñaladas, uno alcanzó a penetrar en la zona del hemitórax anterior izquierdo y a perforar un pulmón, lesión que finalmente provocó la muerte de la víctima.

Femicidio en comunidad mbya: Juana recibió 27 puñaladas e imputaron a su ex

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Recibió 15 años de prisión por abusar de dos hijastras en San Javier

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Tribunal Oberá

Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.

El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.

De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.

El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.

Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.

En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.

El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.

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Acusado de trata contra dos adolescentes firmó un juicio abreviado por 9 años

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Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.

El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.

Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.

Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.

Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.

La causa

La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.

Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.

Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.

El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.

De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.

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